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Vicios del consentimiento en los cont...

Vicios del consentimiento en los contratos

Actualidad Civil, Nº 4, Sección Monografías de Jurisprudencia, Quincena del 16 al 29 Feb. 2004, pág. 423, tomo 1, Editorial LA LEY

LA LEY 5/2004

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CUESTIONES GENERALES, 1 y 2.

PRUEBA, 3 y 4.

ERROR

Generalidades, 5.

Requisitos para su apreciación

En general, 6 a 15.

Excusabilidad,16 a 20.

Efectos, 21 y 22.

Supuestos de hecho

Compraventa, 23 a 33.

Otras negocios jurídicos, 34 a 38.

INTIMIDACIÓN

Generalidades, 39.

Requisitos para su apreciación, 40 a 48.

Supuestos de hecho, 49 a 51.

DOLO

Generalidades, 52 a 56.

Requisitos para su apreciación, 57 a 67.

Supuestos de hecho, 68 a 74.

CUESTIONES GENERALES

1.-- El principio genérico de libertad de contratación que proclama el art. 1255 CC no impide en modo alguno que pueda ser declarada judicialmente la nulidad de un contrato en cuya celebración haya mediado algún vicio del consentimiento, determinante de su invalidación.

(TS 1.ª S 2 Feb. 1998.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 3801/1998)

2.-- Los arts. 1261, 1265 y 1269 CC establecen las normas generales para regular la nulidad de los contratos cuando en el consentimiento prestado concurra algún vicio, siempre entendiendo el término legal de nulidad como correspondiente a la figura doctrinal de la anulabilidad, o sea, una clase de invalidez contractual dirigida a la protección de un determinado sujeto -- una de las partes del contrato--, de manera que únicamente él pueda alegarla, hasta tal punto que el contrato anulable se puede estimar como inicialmente eficaz, si bien con una eficacia, como afirma la doctrina, de tipo claudicante, e incluso como válido mientras no se impugne, o sea, mientras no sea firme la resolución judicial que declare su anulación.

(TS 1.ª S 27 Nov. 1998.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 81/1999)

PRUEBA

3.-- Los vicios del consentimiento sólo son apreciables en juicio si existe una prueba cumplida de la existencia y realidad de los mismos, prueba que incumbe a la parte que los alega (Cfr. TS 1.ª SS 4 Dic. 1990 y 13 Dic. 1992).

(TS 1.ª S 30 May. 1995.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 16877-R/1995)

4.-- Es reiteradísima la jurisprudencia según la cual la invocación de un vicio del consentimiento sólo puede ser apreciable en juicio si existe prueba cumplida de su existencia y realidad, prueba que, lógicamente, incumbe a la parte que la alega, y al ser un concepto jurídico, ha de resultar de los hechos, conductas y circunstancias que conforman la base fáctica, siendo su concurrencia, o no, de la libre apreciación del Tribunal sentenciador (Cfr. TS SS 30 May. 1995 y 10 Mar. y 30 Sep. 1996).

(AP Badajoz Secc. 2.ª S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. Paumard Collado) (LA LEY 2005/1998)

ERROR

Generalidades

5.-- La teoría de los vicios de la voluntad en los contratos surge en el principio incuestionable que establece la voluntad libremente emitida como base del contrato, y no es que los referidos vicios supongan una inexistencia de tal voluntad, sino que la misma adolece de un defecto. Y, concretando más, si ese defecto proviene de una equivocada información acerca de aquello sobre lo que se contrata y sobre las cualidades del objeto contractual, surge, entonces, el vicio de la voluntad denominado error.

(TS 1.ª S 10 Sep. 1996.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 8586/1996)

Requisitos para su apreciación

En general

6.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1265 CC, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración -- art. 1261.1 CC-- (Cfr. TS SS 16 Dic. 1923 y 27 Oct. 1964), que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (Cfr. TS SS 1 Jul. 1915 y 22 Dic. 1944), que no sea imputable a quien lo padece (Cfr. TS SS 21 Oct. 1932 y 16 Dic. 1957) y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado (Cfr. TS 1.ª SS 14 Jun. 1963 y 18 Abr. 1978).

(TS 1.ª S 14 Jul. 1995.-- Ponente: Sr. González Poveda) (LA LEY 14636/1995)

7.-- La jurisprudencia exige que el error que invalida el consentimiento contractual sea esencial, apreciándose cuando se tiene conocimiento defectuoso importante de cuantas circunstancias tenían que contribuir a la recta formación del debido consentimiento, y con mayor incidencia cuando se trata de situación impuesta, que sólo posibilitaba en el ámbito de la realidad práctica tener que soportar los perjuicios consiguientes, o acceder a las pretensiones del recurrente, ya que se falseó la realidad de las cosas y se provocó decididamente error, no leve, sino transcendental y decisivo.

(TS 1.ª S 19 Feb. 1996.-- Ponente: Sr. Villagómez Rodil) (LA LEY 2325/1996)

8.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1266 CC, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración -- art. 1261.1 CC--, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (Cfr. TS S 26 Dic. 1944), que no sea imputable a quien lo padece (Cfr. TS S 16 Dic. 1957), y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado (Cfr. TS S 21 May. 1963).

(TS 1.ª S 28 Sep. 1996.-- Ponente: Sr. González Poveda) (LA LEY 9111/1996)

9.-- El error en la prestación del consentimiento no solamente debe contemplarse con extraordinaria cautela y carácter excepcional en aras de la seguridad jurídica y del fiel y exacto cumplimiento de lo pactado, sino que, además, para que pueda llegar a alcanzar trascendencia anulatoria queda condicionado a la concurrencia en el caso de determinados presupuestos, a saber: a) que sea esencial e inexcusable, pues de no ser así habría que estar a la norma de que los efectos del error propio son imputables a quien lo padece (Cfr. TS 1.ª SS 21 Oct. 1932 y 26 Dic. 1944); b) que sea sustancial y derivado de actos desconocidos para el que se obliga (Cfr. TS SS 16 Dic. 1943 y 16 Dic. 1957); c) que no se haya podido evitar con una regular diligencia (Cfr. TS S 12 Jun. 1982), y d) que quede suficientemente acreditado en las actuaciones (Cfr. TS S 26 Dic. 1944).

(AP Málaga Secc. 6.ª S 30 Jun. 1997.-- Ponente: Sr. Díez Núñez) (LA LEY 11197/1997)

10.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1265 CC, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituya su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración -- art. 1266.1 CC--, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado. En definitiva, para que el error en el objeto, al que se refiere el art. 1266.1 CC, pueda ser determinante de la invalidación del respectivo contrato -- en el aspecto de su anulabilidad o nulidad relativa-- ha de reunir estos dos requisitos fundamentales: a) que sea esencial, es decir, que recaiga sobre la propia sustancia de la cosa, o que ésta no tenga alguna de las condiciones que se le atribuyen, y aquella de la que carece sea, precisamente, la que, de manera primordial y básica, atendida la finalidad del contrato, motivó la celebración del mismo, y b) que, aparte de no ser imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado mediante el empleo, por el que lo padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en cuenta la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza provocada por las afirmaciones o por la conducta de ésta; es decir, que el error sea excusable, entendida esa excusabilidad en el sentido ya dicho de inevitabilidad del mismo por parte del que lo padeció.

(AP Salamanca S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. García del Pozo) (LA LEY 104/1998)

11.-- Para que el error, como vicio en la prestación del consentimiento contractual, pueda llegar a alcanzar trascendencia anulatoria, han de concurrir los siguientes presupuestos: a) que sea esencial e inexcusable, pues de no ser así habría que estar a la norma de que los efectos del error propio son imputables a quien lo padece; b) que sea sustancial y derivado de actos desconocidos para el que se obliga; c) que no se haya podido evitar con una regular diligencia, y d) que quede suficientemente acreditado en las actuaciones.

(AP Málaga Secc. 6.ª S 30 Ene. 1998.-- Ponente: Sr. Alcalá Navarro) (LA LEY 7589/1998)

12.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato conforme a lo dispuesto en el art. 1266 CC es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración (art. 1261.1 CC), que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio concertado (Cfr. TS S 28 Sep. 1996).

(AP Palencia S 9 Mar. 1998.-- Ponente: Sr. Martínez García) (LA LEY 6817/1998)

13.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1266 CC, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración -- art. 1261.1 CC--, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado (Cfr. TS SS 16 Dic. 1957, 21 May. 1963, 27 Oct. 1964, 18 Abr. 1978).

(AP Barcelona Secc. 4.ª S 19 Mar. 1998.-- Ponente: Sr. Conca Pérez) (LA LEY 4619/1999)

14.-- El error que vicia el consentimiento ha de ser de hecho y sustancial, y que no se haya podido evitar con una normal diligencia (Cfr. TS SS 25 May. y 15 Jun. 1983 y 4 Dic. 1990).

(AP Barcelona Secc. 13.ª S 10 Feb. 1999.-- Ponente: Sra. Carriedo Mompín)

15.-- El error en el objeto, a que se refiere el párrafo 1.º del art. 1266 CC, será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio, atendida la finalidad de éste, y b) que no sea imputable al que lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe, el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de trasladarse la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida por la declaración (Cfr. TS 1.ª SS 9 Abr. 1980, 4 Ene. y 27 May. 1982 y 14 y 18 Feb. y 3 Mar. 1994).

(TS 1.ª S 12 Jul. 2002.-- Ponente: Sr. Romero Lorenzo) (LA LEY 310/2003)

Excusabilidad

16.-- Para que sea invalidante el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencial, ha de ser excusable, requisito que el CC no menciona expresamente y que se deduce de los principios de autorresponsabilidad y de buena fe, este último consagrado en el art. 7 CC. Es inexcusable el error (Cfr. TS S 4 Ene. 1982) cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular; y de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida por la declaración (Cfr. TS S 18 Feb. 1994).

(TS 1.ª S 28 Sep. 1996.-- Ponente: Sr. González Poveda) (LA LEY 9111/1996)

17.-- La doctrina jurisprudencial viene reiteradamente exigiendo que el error alegado sea inexcusable, habiéndose pronunciado por su no admisión si éste recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o si se hubiere podido evitar el error con una normal diligencia.

(TS 1.ª S 6 Nov. 1996.-- Ponente: Sr. Burgos y Pérez de Andrade) (LA LEY 9971/1996)

18.-- Es excusable el error cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, y de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurren en el caso, incluso las personales y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida por su declaración. Y el problema no estriba en la admisión del requisito, que debe considerarse firmemente asentado, cuanto en elaborar los criterios que deben utilizarse para apreciar la excusabilidad del error, señalando que, en términos generales, la jurisprudencia utiliza el criterio de la imputabilidad del error a quien lo invoca y el de la diligencia que era exigible, en la idea de que cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información les es fácilmente accesible, y que la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas, sobre la base de que nadie debe omitir aquella atención y diligencia exigible a cualquier persona medianamente cuidadosa antes de vincularse por un contrato, máxime si éste es de cierta trascendencia económica (Cfr. TS S 29 Mar. 1994).

(AP Salamanca S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. García del Pozo) (LA LEY 104/1998)

19.-- Para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1265 CC, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado. Dicho de otro modo, el error para invalidar el contrato ha de ser esencial y excusable. Es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, cuestión que ha de apreciarse valorando todas las circunstancias que concurren en el caso concreto, incluso las personales de cada contratante. Con ello se trata de impedir que el ordenamiento proteja a quien no merece esa protección por ser imputable el error padecido a su conducta negligente (Cfr. TS S 6 Feb. 1998).

(AP Jaén Secc. 2.ª S 15 Mar. 1999.-- Ponente: Sr. Requena Paredes) (LA LEY 8474/1999)

20.-- Para que el error invalide el consentimiento ha de tratarse de un error excusable, es decir, aquél que no se puede atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar al consentimiento, habiéndose pronunciado la doctrina y la jurisprudencia por su no admisión si recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar con una normal diligencia (Cfr. TS 1.ª SS 14 y 18 Feb. 1994, 6 Nov. 1996 y 30 Sep. 1999).

(TS 1.ª S 24 Ene. 2003.-- Ponente: Sr. De Asís Garrote) (LA LEY 12063/2003)

Efectos

21.-- Si se declara expresamente probado que, en la celebración de un contrato, el consentimiento de una de las partes contratantes estuvo viciado por error sustancial, lo jurídicamente correcto y preceptivamente obligado es decretar la nulidad del referido contrato -- art. 1265 CC--, de conformidad con la acción ejercitada -- en forma alternativa--, y no la resolución del mismo, como, con evidente y lamentable desconocimiento de la distinción entre ambas instituciones jurídicas, había hecho la sentencia de primera instancia, ya que la resolución de todo contrato presupone, necesariamente, la previa validez del mismo, que en el caso no se había dado, por razón de los expresados vicios del consentimiento, que determinaron su nulidad.

(TS 1.ª S 12 Nov. 1996.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 10755/1996)

22.-- El error, como vicio del consentimiento, da lugar a la anulabilidad del contrato (arts. 1300 y ss. CC), como dice reiterada jurisprudencia, que declara, precisamente, que no se produce ipso iure, sino que debe ejercitarse por medio de una acción, en demanda principal o reconvencional, teniendo en cuenta que la acción se extingue por el transcurso del plazo de caducidad de 4 años, tal como dispone el art. 1301 CC (Cfr. TS SS 29 Abr. y 4 Jul. 1986 y 17 Oct. 1989).

(TS 1.ª S 21 May. 1997.-- Ponente: Sr. O'Callaghan Muñoz) (LA LEY 6328/1997)

Supuestos de hecho

Compraventa

23.-- Hubo error en los vendedores, considerando como tal el falso conocimiento de la realidad capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración no efectivamente querida (Cfr. TS S 25 May. 1963).

(TS 1.ª S 25 Feb. 1995.-- Ponente: Sr. Santos Briz) (LA LEY 447/1995)

24.-- En el caso, analizada la cuestión desde la perspectiva del error en el consentimiento invalidante del contrato (art. 1265 CC), es palpable que los adquirentes sufrieron un error, recayendo éste sobre las condiciones de los bienes comprados, desconocidas para ellos -- indisponibilidad decretada judicial y administrativamente--, error inexcusable determinador de nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía obtener en el negocio jurídico concertado, lo que, en buena lógica jurídica, habrá de producir en el ámbito civil la nulidad contractual pretendida.

(AP Málaga Secc. 6.ª S 30 Dic. 1995.-- Ponente: Sr. Díez Núñez) (LA LEY 4666/1996)

25.-- En el caso, el error declarado recae sobre la sustancia del contrato, y sobre las condiciones del mismo que constituían la base de su celebración -- la posibilidad de transmitir libremente las acciones de la entidad dedicada a la explotación de una sala de bingo, objeto de adquisición--, hasta el punto de poder entenderse que, denegada la transmisibilidad de las acciones por la Administración, la compraventa no pudo válidamente celebrarse; luego no puede prosperar la pretendida validez de los contratos, ni la aplicación del contenido del art. 1306.1 CC, pues el vicio tenido en cuenta se refería a un error, no a una causa ilícita o torpe, y que el inductor de ese error era la parte vendedora, viciando la voluntad de la compradora.

(TS 1.ª S 26 Nov. 1996.-- Ponente: Sr. Burgos y Pérez de Andrade) (LA LEY 10802/1996)

26.-- Creyendo el demandante, y así se pactó, que compraba un solar, esto es, según el Diccionario de la Real Academia, terreno donde se ha edificado o se destina a edificar, y que implica una actitud o posibilidad inmediata de edificación, lo que se le entregó fue una pequeña parcela de naturaleza rústica y no solo no urbanizable, sino incapaz de parcelación y división propiamente, y sin acceso al Registro como finca independiente. Así las cosas, adquirida con la finalidad de construir, y resultando imposible ello al momento del contrato, e incluso un año después, cuando fue inviable su escrituración, ante la imposibilidad de alcanzar ese fin por no reunir la condición urbanística de solar que la vendedora le había dado, debe apreciarse la existencia de un error o vicio invalidante del consentimiento prestado por el apelante al recaer sobre las condiciones esenciales de la cosa vendida, como es su calificación urbanística, determinante de su aprovechamiento en uno y otro sentido. Error, en definitiva, sobre las condiciones de la venta, su objeto y los motivos determinantes de una adquisición que, de haber conocido su imposibilidad, no habría aceptado contratar, o lo habría hecho de otro modo (Cfr. TS S 28 Sep. 1996).

(AP Jaén Secc. 2.ª S 15 Mar. 1999.-- Ponente: Sr. Requena Paredes) (LA LEY 8474/1999)

27.-- No puede el comprador alegar la existencia de vicio alguno en la prestación del consentimiento por la existencia de un embargo sobre el camión adquirido, que ni siquiera el trasmitente conocía, por ser anterior a su adquisición, y que en modo alguno impidió aquella transmisión, como tampoco la que aquí se enjuicia, pues el embargo en nada empece a que se otorgue el correspondiente permiso de circulación, ya que el camión pueda circular, por lo que se trata de un pretendido vicio no esencial que por ello no invalida el consentimiento, pues el alegado e inexistente error pudo fácilmente obviarse mediante una sencilla consulta a la correspondiente Jefatura de Tráfico, diligencia necesariamente predicable de un profesional del ramo como era el comprador.

(AP Toledo Secc. 2.ª S 29 Mar. 1999.-- Ponente: Sr. Gutiérrez Sánchez-Caro) (LA LEY 9920/1999)

28.-- El recurrente alega la existencia de error que vicia el consentimiento por cuanto cuando compró ignoraba la calificación urbanística de la finca como suelo no urbanizable, y que de haber conocido esta conceptuación no la hubiera adquirido. El inmueble trasmitido se encuentra en zona calificada como suelo no urbanizable de especial protección en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Oviedo; en virtud de esta calificación, durante 2 años se suspende cualquier tipo de permiso de obras, y como la compradora pensaba realizar algunas reformas al adquirir la propiedad, de haber conocido esta circunstancia no habría efectuado la compra. El motivo es inconsistente. La suspensión de las licencias fue acordada el 11 Ene. 1994, y la compraventa privada se otorgó el 5 Nov. 1992; además, el simple error sobre los motivos no produce ningún efecto invalidador, ya que, además, nada se hizo constar en el contrato sobre las intenciones de la compradora (Cfr. TS S 30 Sep. 1993).

(TS 1.ª S 29 Jul. 1999.-- Ponente: Sr. Menéndez Hernández) (LA LEY 10553/1999)

29.-- Se aprecia error invalidante cuando, como en el caso de autos, se ha comprado la finca para construir y no se puede por prohibirlo las normas de ordenación urbanística, existiendo además dolo por callar, no advirtiéndose debidamente a la otra parte la existencia de esa prohibición. Podría incluso mantenerse que el art. 62 TR LS permite presumir la existencia de error o dolo cuando no se cumplan las previsiones en ella contenidas, pero tales previsiones de la existencia de la presunción de error o dolo no se cumplen en la sentencia de instancia, estableciendo expresamente lo contrario -- el conocimiento anterior a la compra que tenían los compradores de la irregularidad urbanística-- (Cfr. TS 1.ª S 27 Mar. 1998).

(TS 1.ª S 16 Oct. 1999.-- Ponente: Sr. De Asís Garrote) (LA LEY 12113/1999)

30.-- El error obstativo es un caso de falta de coincidencia entre voluntad y declaración en el negocio jurídico, que tiene la característica de que tal desacuerdo es inconsciente y, como consecuencia, excluye la voluntad interna real y hace que el negocio jurídico sea inexistente. El art. 1300 CC sólo se aplica al contrato que reúne todos los elementos -- consentimiento, objeto y causa--, es decir, a aquél en que ha habido error en la voluntad y no error en la declaración o error obstativo; aquél provoca la anulabilidad, éste la inexistencia. Este último es el producido en el caso, en el que nunca se quiso declarar, porque nunca se quiso, la compraventa de una finca registral que estaba separada del resto y seguía estando ocupada por una entidad arrendataria, lo cual es la definición exacta de error obstativo (Cfr. TS SS 23 May. 1935 y 17 Oct. 1989).

(TS 1.ª S 22 Dic. 1999.-- Ponente: Sr. O'Callaghan Muñoz) (LA LEY 3246/2000)

31.-- En el caso de autos, un contrato privado celebrado por las partes no indica en ninguna de sus cláusulas la necesidad de la condición urbana de la parcela vendida, ni menos aún que el destino de lo adquirido fuera el de proceder a la división en solares para edificar. La certificación emitida por el Ayuntamiento claramente indica que según las Normas Subsidiarias de Planteamiento Urbanístico, el terreno en cuestión se clasifica como suelo no urbanizable con unas condiciones de edificación para uso de vivienda y uso de alacenas. Todo ello permite concluir que la demandada conocía o cuando menos pudo conocer la situación de la parcela que adquirió consultando los datos de la misma en el Registro de la Propiedad y la situación urbanística en el Ayuntamiento, si no lo hizo al error le falta uno de los requisitos necesarios para ello, cual es el de ser inexcusable, es decir, que con una regular diligencia pudo haberlo evitado.

(TS 1.ª S 4 Abr. 2000.-- Ponente: Sr. Almagro Nosete) (LA LEY 8063/2000)

32.-- La doctrina en materia de error sustancial se ajusta plenamente a la postura que mantiene la jurisprudencia, con un solo matiz, que el requisito exigido es la excusabilidad, que significa inevitabilidad, en el sentido de que el error no haya podido evitarse mediante una diligencia normal. En el caso, existió una equivocada representación mental acerca de las condiciones de la cosa comprada, ya que se creía y se quería un pozo productor de agua y el comprado no lo es. Se niega también la esencialidad, requisito del error exigido por el art. 1266 CC y la doctrina jurisprudencial. El carácter de cualidad relevante, de importancia decisiva, auténtica base y finalidad del negocio, del agua, resulta incuestionable. La razón de ser de la compra no fue comprar un pozo, cualesquiera que fueran las posibilidades de producción, sino los derechos sobre un pozo con agua para su explotación. Se niega por último el requisito de la excusabilidad no previsto en el Código, pero exigido por reiterada doctrina jurisprudencial. El error es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o normal. En el caso hay que estimar que se da la excusabilidad porque dados los informes técnicos realizados y la conducta de la propia vendedora que llevó a cabo la entubación, que es actividad posterior al aforo, es natural la confianza de las compradoras en las condiciones positivas del pozo, sin que pueda exigirse de los contratantes que tuvieran que agotar las posibilidades de información.

(TS 1.ª S 17 Jul. 2000.-- Ponente: Sr. Corbal Fernández) (LA LEY 10038/2000)

33.-- En el caso, ha concurrido un error obstativo en el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Promotores y compradora habían formado una voluntad exenta de vicio alguno, relativa a la cesión mediante precio por los primeros a favor de la segunda de dos parcelas cuya cabida y localización sólo habían sido fijadas de modo provisional y aproximado, y cuya determinación únicamente dependía del definitivo replanteo del polígono de la urbanización del que las mismas formaban parte. La compraventa, por tanto, ya se había perfeccionado en dicho momento, según previene el art. 1450 CC, y la recurrente había entregado el precio convenido, a reserva del incremento o devolución que fuera procedente una vez se concretase la superficie exacta de las parcelas enajenadas. Al proceder al otorgamiento de las escrituras públicas de la totalidad de las parcelas se sufre error en la extensión al manifestarlo ante el notario autorizante, por cuanto los promotores atribuyen a las mismas una cabida superior a la que realmente les correspondía, en detrimento de la parcela colindante, que era la de los demandantes, por tanto es claro el error obstativo padecido, que determina la nulidad radical del convenio plasmado en la escritura pública, determinando la absoluta ineficacia de la misma, que puede ser reclamada -- sin la limitación que para la acción de anulabilidad establece el art. 1302 CC-- no sólo por quienes han intervenido en el otorgamiento, sino también por quienes han resultado perjudicados (Cfr. TS SS 15 Feb. 1977 y 5 Nov. 1990).

(TS 1.ª S 10 Abr. 2001.-- Ponente: Sr. Romero Lorenzo) (LA LEY 4347/2001)

Otros negocios jurídicos

34.-- Siendo el error el vicio de la voluntad que da lugar a la formación de la misma sobre la base de una creencia inexacta y que precisa ser esencial -- determinante de la voluntad declarada-- e inexcusable -- que no pudo ser evitado mediante una diligencia media--, lo contempla el art. 1266 y lo califica el art. 1265, ambos CC, como vicio del consentimiento, que conlleva la anulabilidad del contrato regulada en los arts. 1300 y ss. CC. En el caso, no concurre el error, ya que los dos avalistas, recurrentes en casación, conocían la obligación que asumieron, no hubo desconocimiento, ni siquiera conocimiento equivocado, ni tampoco la falta de un tercer fiador era un elemento esencial para la prestación del consentimiento.

(TS 1.ª S 21 May. 1997.-- Ponente: Sr. O'Callaghan Muñoz) (LA LEY 6328/1997)

35.-- El error es un vicio de la voluntad que se da o no en el momento de la perfección del contrato. Así, no cabe alegar error en el contrato respecto a un hecho que se ha producido en la fase de consumación. Y en el caso, el que uno de los fiadores que se mencionan en el contrato no aceptara posteriormente tal posición -- y no firmase como avalista las letras de cambio--, no alcanza a la perfección del contrato -- y, por tanto, a un posible vicio de la voluntad--, sino a la consumación del mismo. En suma, avatares posteriores y ajenos a las partes no vician el consentimiento (Cfr. TS S 8 Feb. 1993).

(TS 1.ª S 21 May. 1997.-- Ponente: Sr. O'Callaghan Muñoz) (LA LEY 6328/1997)

36.-- Alega la recurrente la nulidad del contrato de arrendamiento basándose en un error en el consentimiento por falta de objeto, ya que siendo objeto del contrato de arrendamiento un negocio de hostelería, la demandante no puede explotar el mismo por no haberle concedido licencia el Ayuntamiento, al no disponer el local de uno de los servicios. Ha quedado acreditado que entre la demandante y el demandado se celebró contrato de arrendamiento, recayendo el mismo sobre el local propiedad del demandado, pactándose que el arrendamiento se destinaría a la actividad de hostelería. Ha quedado probado también que por parte del Ayuntamiento se denegó la licencia de apertura del local, pues los aseos existentes en el mismo no reunían los requisitos exigidos. Alega la recurrente que dado lo limitado del local, es imposible realizar las obras necesarias que lo habiliten, por lo que el demandado le ha entregado en arrendamiento un negocio inservible, de lo que era desconocedora la actora, por lo que el contrato adolece del vicio de error en el consentimiento por falta de objeto, pues lo entregado por el demandado no era lo que la demandante quería contratar. De la prueba pericial practicada se desprende que ninguno de los aseos existentes en el local cumple los requisitos, pero con una obra quitando metros de la cocina y de la barra, y cuyo importe asciende a 824.539 ptas., sería posible adecuar a la normativa vigente uno de los aseos. Por tanto, no es admisible la alegación efectuada por la actora de que es imposible realizar las obras para habilitar el local. Bien es cierto que la realización de dichas obras le supondría un gasto adicional a la demandante, pero ello no equivale a inhabilidad o ineptitud del objeto del contrato de arrendamiento. Solicitando la apelante la nulidad del contrato por la existencia de un error en el consentimiento por falta de objeto, y habiendo quedado acreditado que es posible adecuar el local a la normativa vigente, y por tanto, que le puede ser concedida la licencia de apertura si se realizan las obras necesarias, hay que estimar que no puede apreciarse la existencia de un error invalidante del contrato.

(AP Valencia Secc. 8.ª S 8 Abr. 1999.-- Ponente: Sr. Vives Reus) (LA LEY 10936/1999)

37.-- De la prueba pericial se concluye que todo el texto de la participación en la lotería de Navidad, a excepción de los guarismos del número finalmente premiado, fue manuscrito por la demandada, prueba a la que se une la resultancia probatoria de la testifical, en el sentido de que tal participación lo era de otro número no premiado. De ello se deduce que el recibo de la participación de lotería se entregó con la numeración en blanco, para que el demandante lo rellenara de acuerdo, evidentemente, al número correspondiente. Este hecho deducido determina la apreciación de la calificación jurídica de la existencia de un error esencial en el recibo, bien se trate de un error in negocio, bien de un error in substantia, error que, en todo caso, priva de eficacia a la participación de lotería, por invalidar ambos el consentimiento, de acuerdo a lo dispuesto, respectivamente, en los arts. 1261 o 1266.1 CC.

(TS 1.ª S 25 Sep. 1999.-- Ponente: Sr. De Asís Garrote) (LA LEY 12163/1999)

38.-- En el caso de autos, la aportación de la finca a la agrupación realizada fue un acto voluntario de los recurrentes, acomodado a sus conveniencias e intereses, no tratándose de una situación impuesta. No puede confundirse el error con la falta de diligencia requerida, ya que con una moderada y elemental atención pudo haberse evitado, excluyendo de la agrupación la finca litigiosa y manteniéndola al margen como independiente, lo que evidentemente no cumplió el recurrente, pues de actuar correctamente y de conformidad a la realidad de las cosas, el error se hubiera evitado, al no derivarse de hechos desconocidos para los mismos. Por tanto, el error se le ha de imputar al demandante en razón al deber que tenían de informarse de las circunstancias referentes a la situación de las fincas, lo que resulta relevante, a la vista de la información de la que disponían (Cfr. TS SS 1 Jul. 1915, 21 Oct. 1932, 26 Dic. 1944, 16 Dic. 1957, 4 Jun. 1992, 14 y 18 Feb. y 29 Mar. 1994, 25 Ene. y 19 Feb. 1996 y 30 Sep. 1999).

(TS 1.ª S 30 Abr. 2002.-- Ponente: Sr. Villagómez Rodil) (LA LEY 6515/2002)

INTIMIDACIÓN

Generalidades

39.-- Salvo supuestos muy excepcionales, la intimidación, vis compulsiva, aunque vicia el consentimiento, no lo excluye ni elimina -- voluntas coacta, voluntas est--, y, en consecuencia, como norma general, sólo da lugar a la mera anulabilidad, no a la nulidad radical del contrato respectivo (art. 1300 CC).

(TS 1.ª S 5 Mar. 1992.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 2774-JF/0000)

Requisitos para su apreciación

40.-- Para que la intimidación vicie el consentimiento se precisa que la coacción moral que se aduzca como su causa esté integrada por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico, y tan fuerte que obligue al sujeto que la padece a que su voluntad se manifieste en sentido contrario a sus intereses, anulando su consentimiento, de manera que se produzca entre éste y la invocada intimidación nexo causal, lo que no puede apreciarse cuando el hecho pretendido como injusto emane de una situación proveniente del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho (Cfr. TS 1.ª SS 25 May. 1944, 28 Oct. 1947, 13 Jun. 1950, 15 Dic. 1966 y 21 Mar. 1970).

(TS 1.ª S 11 Mar. 1985.-- Ponente: Sr. Fernández Rodríguez) (LA LEY 9801-JF/0000)

41.-- Cuando los hechos imputados en el ámbito penal son ciertos, en manera alguna pueden constituir un mal injusto, ni pueden, por tanto justificar la aplicación del art. 1267.2 CC (Cfr. TS 1.ª S 21 Jun. 1943).

(TS 1.ª S 11 Mar. 1985.-- Ponente: Sr. Fernández Rodríguez) (LA LEY 9801-JF/0000)

42.-- No existió intimidación en la rescisión del primitivo contrato, que se aduce derivada de venir supeditada a su otorgamiento la no continuidad de un procedimiento penal por un posible delito de cheque en descubierto, porque no establecido en la sentencia impugnada que tal proceso penal tuviese una causa injusta, sino revelando implícitamente que tenía su base en una razón justificante, no se da uno de los presupuestos esenciales para apreciar situación intimidante posibilitadora de generar ausencia de consentimiento, que consiste en que la coacción moral esté integrada por una amenaza injusta o ilícita.

(TS 1.ª S 11 Mar. 1985.-- Ponente: Sr. Fernández Rodríguez) (LA LEY 9801-JF/0000)

43.-- La violencia moral o vis compulsiva, viciante del consentimiento, necesita en todo caso de prueba irrefutable, por lo mismo que la libertad del consentimiento ha de presumirse (Cfr. TS SS 27 Feb. 1964, 15 Dic. 1966, 13 Oct. 1967 y 21 Mar. 1970); requiere, además de su inminencia y gravedad, el elemento de su producción antijurídica, por lo que salvo supuestos excepcionales, no podrá constituir un mal significativo de amenaza el anuncio del ejercicio de un derecho (Cfr. TS S 27 Jun. 1963).

(TS 1.ª S 6 Dic. 1985.-- Ponente: Sr. De Castro García) (LA LEY 10571-JF/0000)

44.-- Para que la intimidación definida en el art. 1267.2 CC pueda provocar los efectos previstos en el art. 1265 CC y conseguir la invalidación de lo convenido, es preciso que uno de los contratantes, o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar, influya su ánimo induciéndole a emitir una declaración de su voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses; es decir, que consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en atención a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimado, y no un temor leve, y que, entre ella y el consentimiento otorgado, medie un nexo eficiente de causalidad (Cfr. TS SS 27 Feb. 1964, 15 Dic. 1966 y 21 Mar. 1970).

(TS 1.ª S 22 Abr. 1991.-- Ponente: Sr. González Poveda) (LA LEY 1944-JF/0000)

45.-- La intimidación supone siempre, para ser acogida, una fuerte coacción moral, que se ejerce sobre el sujeto para que su voluntad contractual se determine en sentido contrario a sus intereses (Cfr. TS S 22 Abr. 1991).

(TS 1.ª S 16 Jul. 1991.-- Ponente: Sr. Villagómez Rodil) (LA LEY 44324-JF/0000)

46.-- Para que la intimidación, definida en el art. 1267.2 CC, pueda provocar los efectos previstos en el art. 1265 CC y conseguir la invalidación de lo convenido es preciso que uno de los contratantes, o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar influya sobre su ánimo, induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses; es decir, consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en atención a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimidado, y no un temor leve, debiendo mediar entre ella y el consentimiento otorgado un nexo de causalidad (Cfr. TS S 21 Mar. 1970).

(TS 1.ª S 21 Jul. 1993.-- Ponente: Sr. González Poveda) (LA LEY 22905-JF/0000)

47.-- El vicio de intimidación ha de quedar integrado, para su virtualidad, por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico y tan fuerte que obligue a quien la padece a que su voluntad se determine en sentido contrario a sus intereses (Cfr. TS 1.ª SS 26 Nov. 1991 y 5 y 30 Mar. 1992).

(TS 1.ª S 6 Oct. 1994.-- Ponente: Sr. Santos Briz)

48.-- Para que la intimidación vicie la voluntad del contratante se exige fundamentalmente la existencia de amenaza de un mal inminente y grave que influya sobre su ánimo, induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses (Cfr. TS SS 15 Dic. 1966, 21 Mar. 1970 y 26 Nov. 1985).

(TS 1.ª S 7 Feb. 1995.-- Ponente: Sr. Ortega Torres) (LA LEY 361/1995)

Supuestos de hecho

49.-- Los supuestos vicios del consentimiento aducidos en la instancia, que son los denominados de nulidad relativa o anulabilidad, necesitan de una cumplida demostración para llegar a la nulidad de lo convenido, habida cuenta de que la libertad de consentimiento ha de presumirse, exigiéndose para que la intimidación invalide el mismo que la coacción moral que se aduzca como su causa esté integrada por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico, y tan fuerte que obligue al sujeto que la padece a que su voluntad se manifieste en sentido contrario a sus intereses, anulando su consentimiento, de manera que se produzca entre éste y la invocada intimidación un nexo causal, lo que no puede apreciarse cuando el hecho pretendido como injusto emane de una situación proveniente del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho; no puede estimarse como tal, por consiguiente, la alegación aducida en autos por la demandada de que los actores le amenazaron con ponerle una serie de trabas legales para la constitución de la urbanización que pretendía, por cuanto era una facultad que les asistía, en todo caso, en defensa de su derecho.

(AP Tarragona S 13 Mar. 1991.-- Ponente: Sra. Aparicio Mateo)

50.-- El ofrecimiento de exoneración parcial o total, hecho por el banco perjudicado, respecto a la hipotética responsabilidad civil por la apropiación de la que es autor el demandado en el proceso que da origen al recurso de casación, si bien pudo determinar la voluntad transmitente de dicho demandado y su esposa respecto al piso de su propiedad, con cuyo precio de venta satisfarían las cantidades adeudadas, en modo alguno puede identificarse con la inspiración de temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave, en que por definición legal (art. 1267 CC) consiste el vicio intimidatorio, que, en cambio, ha de quedar integrado para su virtualidad por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico y tan fuerte que obligue a quien la padece a que su voluntad se determine en sentido contrario a sus intereses.

(TS 1.ª S 5 Mar. 1992.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 2774-JF/0000)

51.-- La existencia de vicios del consentimiento consiste en un hecho que, como tal, ha de probar quien lo alegue, y en el caso enjuiciado no se produce la nulidad del contrato, pues no ha resultado acreditado que la demandada asumiera la obligación contenida en el documento de formalización del contrato en el que basan su petición los actores bajo una presión ejercida por la otra parte susceptible de producirle un temor de tal intensidad que la privara de la libertad de decisión. No aparecen datos que permitan ni siquiera sospechar que pudiera haber sufrido obnubilación ni miedo, ni se detecta un cambio de circunstancias de la demandada, entre las concurrentes al celebrar el referido contrato y durante el tiempo en que lo estuvo cumpliendo, y las existentes a partir del momento en que dejó de cumplirlo. No consta, pues, que ello obedeciera a la desaparición del miedo por eliminación de la causa que se lo hubiera producido hasta el punto de verse forzada a contratar obligándose a pagar la renta o cuota mensual objeto del pleito so pena de ser víctima de un daño grave e inminente (Cfr. TS S 21 Jul. 1998).

(AP Las Palmas Secc. 3.ª S 7 Dic. 1999.-- Ponente: Sr. Martí Sánchez) (LA LEY 6980/2000)

DOLO

Generalidades

52.-- La nulidad contractual por la concurrencia de error o dolo apareja una equivocación sustancial al contratar, no vencible por la normal diligencia en la información o, en el caso de dolo, la inducción del error por maquinaciones graves que formen un mecanismo engañoso captatorio de la voluntad del contratante, elementos uno y otro de orden fáctico, pues el dolo supone la conjunción de dos elementos, el subjetivo o ánimo de perjudicar, y el objetivo, consistente en el acto o medio externo.

(TS 1.ª S 23 Jul. 1998.-- Ponente: Sr. Fernández-Cid de Temes) (LA LEY 7972/1998)

53.-- El dolo no sólo aparece a través de una maquinación directa, sino también en virtud de una reticencia del que calla o no advierte debidamente al otro contratante, sin que ello lo pueda invalidar la confianza, buena fe o ingenuidad de la parte afectada (Cfr. TS 1.ª S 15 Jun. 1995). En conclusión, la existencia de una conducta insidiosa no puede ser enervada por una confianza ajena derivada de una ingenuidad simplicitas de la otra parte contratante (Cfr. TS 1.ª S 26 Oct. 1981).

(TS 1.ª S 27 Nov. 1998.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 81/1999)

54.-- En la interpretación de los arts. 1265, 1266, 1269 y 1270 CC, mantiene en forma reiterada la jurisprudencia que las alegaciones de dolo y error en el consentimiento prestado por una de las partes a una relación negocial requieren, para que pueda prosperar la nulidad contractual, la demostración cumplida de tales vicios, prueba que es, en general, de la exclusiva apreciación del órgano judicial sentenciador, sin que, en absoluto, quepa posibilidad de presumir los expresados vicios que, en cualquier caso, corresponderá acreditar en debida forma al demandante.

(AP Alicante Secc. 5.ª S 12 May. 1999.-- Ponente: Sr. Tejada del Castillo) (LA LEY 1638/2000)

55.-- El Código Civil, amén de la acepción que del dolo ofrece como vicio del consentimiento -- art. 1269 CC--, estudia tal manifestación de la culpabilidad en sede de incumplimiento contractual -- arts. 1101 y ss. CC--, y lo configura como el incumplimiento consciente y voluntario de la obligación surgida a consecuencia de la perfección del contrato, y a diferencia del dolo penal, no se basa, exclusivamente, en la intención de dañar, sino en la de quebrar la norma, equivaliendo, por ello, a la mala fe. Por esta vía se entienden dolosamente queridos los resultados que sin ser intencionalmente perseguidos, aparecieran como consecuencia necesaria de la acción, surgiendo el llamado dolo eventual como una de sus manifestaciones fronterizas con la culpa consciente o culpa con previsión.

(AP Barcelona Secc. 15.ª S 19 May. 1999.-- Ponente: Sr. Concepción Rodríguez) (LA LEY 4081/2000)

56.-- Para que pueda ser apreciado que el dolo -- o, en su caso, el error-- produzca la nulidad del contrato, éste ha de ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes; en todo caso ha de probarse, puesto que no se presume, debiendo ser acreditado por quien lo ha alegado y pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones. Por otra parte, no puede confundirse el llamado dolo in contrahendo, esto es, la maquinación o engaño empleado por una parte para inducir a otra a celebrar un contrato, al que se refieren los arts. 1269 y 1270 CC, con el que se comete en el cumplimiento de las obligaciones, a tenor del art. 1101 del mismo texto legal, por ser de distinta naturaleza y producir distintos efectos (Cfr. TS SS 28 Feb. 1969 y 29 Mar. 1994).

(TS 1.ª S 31 May. 2001.-- Ponente: Sr. De Asís Garrote) (LA LEY 5727/2001)

Requisitos para su apreciación

57.-- En la contratación civil el dolo se caracteriza por la concurrencia de un acto ilícito, consistente en el empleo de palabras o maquinaciones insidiosas por parte de uno de los contratantes, o de un tercero a instancia de éste, siempre que afecte a alguno de los elementos esenciales y no de forma incidental o secundaria, pudiendo haber dolo no sólo por insidia, sino también mediante la reticencia del que calla o no advierte debidamente a la contraparte (Cfr. TS SS 20 May. 1959 y 15 Jul. 1987). En este sentido, se trata de un complejo de malas artes, contrario a las leyes de la honestidad e idóneo por sí para sorprender la buena fe ajena en propio beneficio.

(AP Barcelona Secc. 14.ª S 29 Abr. 1995.-- Ponente: Sr. Valls Gombau) (LA LEY 14734/1995)

58.-- Conforme al art. 1269 CC, el dolo se caracteriza por ser producto de la astucia, maquinación o artificio, incidente en el momento esencial determinante de la decisión de otorgar un contrato, abarcando no sólo la insidia o maquinación directa, sino también la reticencia del que calla o no advierte deliberadamente a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe; por tanto, la apreciación de tal vicio del consentimiento exigirá la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir en una actuación positiva o en una abstención u omisión; b) la inducción que tal comportamiento ejerce en la voluntad de la parte contraria, determinándole a realizar el negocio, de forma que de haber conocido con anterioridad la situación real no lo hubiese efectuado; c) que sea grave, si se trata, como en el caso, de anular el contrato, y d) que no haya sido causado por tercero ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS 1ª SS 26 Oct. 1981, 15 Jul. 1987, 27 Sep. 1990, 21 Jul. 1993 y 24 Mar. 1994).

(AP Málaga Secc. 6.ª S 30 Dic. 1995.-- Ponente: Sr. Díez Núñez) (LA LEY 4666/1996)

59.-- Partiendo de que el dolo no se presume y debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones, y aunque el CC no dice qué se entiende por él ni cuáles son las características de la conducta dolosa, los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son los siguientes: a) una conducta insidiosa, intencionada y dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave, si se trata de anular el contrato, y d) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS SS 11 May. 1993 y 23 Mar. 1994).

(AP Salamanca S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. García del Pozo) (LA LEY 104/1998)

60.-- La doctrina jurisprudencial ha señalado que, definido el dolo en el art. 1269 CC como vicio del consentimiento contractual, comprensivo no sólo de la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también de la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, tal concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos: a) el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente, que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una abstención u omisión, y b) la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte contratante para determinarla a realizar el negocio que de otra forma no hubiera realizado.

(AP Salamanca S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. García del Pozo) (LA LEY 104/1998)

61.-- El dolo, según cabe desprender de la redacción del art. 1269 CC, comprende no sólo la insidia directa o inductora del error en el otro contratante, sino también la reticencia del que calla o no advierte cuando tenía el deber de informar, que exige la buena fe; y, para su concurrencia, son precisos los siguientes requisitos: a) una maquinación engañosa o una conducta insidiosa, que tanto puede consistir en una conducta activa cuanto omisiva -- reticencia en la omisión de hechos--, dirigida a provocar la declaración negocial, que determine a la voluntad de la otra parte a realizar el negocio, que de otro modo no hubiese realizado; b) que esa voluntad quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento, a causa del engaño o coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave, es decir, que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto negocial, o sobre las condiciones que hubieran motivado su celebración, si se trata de anular el contrato, y d) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS SS 29 Mar. 1994 y 18 Mar. y 9 Sep. 1996).

(AP Badajoz Secc. 2.ª S 11 Nov. 1997.-- Ponente: Sr. Paumard Collado) (LA LEY 2005/1998)

62.-- En cuanto al dolo en el consentimiento, si se pone en conexión el concepto y los requisitos que se exigen para apreciar la existencia de ese vicio de la voluntad, se ha dicho que dicho dolo comprende no sólo la insidia directa o inductora del error en el otro contratante, sino también la reticencia del que calla o no advierte cuando tenía el deber de informar, que exige la buena fe; y, para su concurrencia, son precisos los siguientes requisitos: a) una maquinación engañosa o una conducta insidiosa, que tanto puede consistir en una conducta activa cuanto omisiva -- reticencia en la omisión de hechos--, dirigida a provocar la declaración negocial, que determine a la voluntad de la otra parte a realizar el negocio, que de otro modo no hubiese realizado; b) que esa voluntad quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento, a causa del engaño o coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave, es decir, que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto negocial, o sobre las condiciones que hubieran motivado su celebración, si se trata de anular el contrato, y d) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS SS 13 Jul. 1981, 27 Ene. 1988, 29 Mar. 1994 y 18 Mar. y 9 Sep. 1996).

(AP Badajoz Secc. 2.ª S 4 Mar. 1998.-- Ponente: Sr. Sánchez Ugena) (LA LEY 4738/1998)

63.-- La doctrina jurisprudencial tiene sentado que, definido en el art. 1269 CC el dolo como vicio del consentimiento contractual, comprende no sólo la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, exigiendo tal concepto legal la concurrencia de dos requisitos: a) el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una abstención u omisión, y b) la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio que de otra forma no hubiera realizado (Cfr. TS SS 27 Sep. 1990 y 11 May. y 21 Jul. 1993).

(AP Barcelona Secc. 13.ª S 10 Feb. 1999.-- Ponente: Sra. Carriedo Mompín)

64.-- El dolo ha de ser antecedente o concomitante en el perfeccionamiento del negocio, pues no basta para viciar el consentimiento cualquier actitud maliciosa sobrevenida con posterioridad, y ello, a tenor del principio mala fides superveniens non nocet.

(AP Barcelona Secc. 13.ª S 10 Feb. 1999.-- Ponente: Sra. Carriedo Mompín)

65.-- Conforme al art. 1269 CC, el dolo se caracteriza por ser producto de la astucia, maquinación o artificio, incidente en el momento esencial determinante de la decisión de otorgar un contrato, abarcando no sólo la insidia o maquinación directa, sino también la reticencia del que calla o no advierte deliberadamente a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe. Por tanto, la apreciación del vicio indicado exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos: a) el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir en una actuación o en una abstención u omisión; b) la inducción que tal comportamiento ejerce en la voluntad de la parte contraria, determinándole a realizar el negocio de forma que de haber conocido con anterioridad la situación real no lo hubiera efectuado; c) que sea grave, y d) que no haya sido causado por tercero ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS SS 27 Sep. y 4 Dic. 1990, 13 May. 1991, 21 Jul. 1993 y 29 Mar. 1994).

(AP Alicante Secc. 5.ª S 12 May. 1999.-- Ponente: Sr. Tejada del Castillo) (LA LEY 1638/2000)

66.-- Los requisitos que se exigen para que el dolo pueda actuar en la realización de los contratos son: a) una conducta insidiosa dirigida a provocar la declaración negocial; b) que la otra voluntad negociadora quede viciada en su libertad y conocimiento por tal conducta; c) que todo ello determine la actuación negocial; d) que sea grave, y e) que no se haya causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes (Cfr. TS S 13 May. 1991).

(TS 1.ª S 29 Dic. 1999.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 3241/2000)

67.-- El concepto legal de dolo exige dos elementos: uno, el empleo de maquinaciones engañosas, o conducta insidiosa del sujeto que lo causa, que tanto pueden consistir en acciones como en omisiones; y otro, la inducción producida por las maniobras dolosas sobre la voluntad de la otra parte, en términos tales que la determinan a celebrar el negocio. El dolo no se presume, sino que debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones, y aunque el CC no dice qué entiende por él ni cuáles son las características de la conducta dolosa, toda vez que se limita a definir el que inicia el contrato, señalando algunas formas de manifestación dolosa, los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son: a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas, aunque es admisible el dolo negativo o por omisión siempre que exista un deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico; b) que la voluntad del declarante quede iniciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave si se trata de anular el contrato, y d) que no haya sido causada por un tercero, ni empleado por las dos partes contratante (Cfr. TS 1.ª SS 25 May. 1945, 22 y 28 Feb. 1961, 21 Jun. 1978 y 29 Mar. 1994).

(TS 1.ª S 12 Jun. 2003.-- Ponente: Sr. Auger Liñán) (LA LEY 13178/2003)

Supuestos de hecho

68.-- Es constitutiva del dolo civil toda maquinación insidiosa de parte de uno los contratantes que induce al otro a celebrar un contrato, que sin tal maquinación no hubiera celebrado (art. 1269 CC); es evidente que tales circunstancias concurrieron en la conducta de la recurrente, la cual manifestó al comprador que actuaba como representante de los demás copropietarios de la casa objeto del contrato, los cuales habían prestado su consentimiento expreso para ello, ante cuya manifestación el referido comprador se decidió a celebrar el contrato, habiéndose probado posteriormente que ello era totalmente incierto, pues los referidos copropietarios no habían conferido mandato alguno a dicha recurrente para que vendiera la casa en nombre de ellos, lo que impidió el perfeccionamiento del expresado contrato con el consiguiente perjuicio para el comprador, que actuó de buena fe y confiado en dicha manifestación, por lo que la sentencia recurrida, al condenarla al pago de la indemnización correspondiente, ha hecho una aplicación correcta de los arts. 1269 y 1270 CC.

(TS 1.ª S 26 Jun. 1995.-- Ponente: Sr. Morales Morales) (LA LEY 824/1995)

69.-- En el caso, la parte recurrente -- antes demandada-- ha ejercitado la exceptio doli como motivo de oposición a la parte demandante -- recurrida--, alegando el vicio de consentimiento contractual enmarcado en el dolo, para desvirtuar la pretensión de dicha parte actora, sin tratar más profundamente de dejar el contrato sin efecto y rechazar la indemnización correspondiente. Es ésta una postura procesal totalmente admisible, no sólo por coherencia con el principio de economía procesal, sino porque el dolo -- sinónimo de engaño malicioso-- no puede quedar impune al negarse la vía excepcional para deducirlo, pues las formas de ejercicio de los derechos subjetivos no se operan únicamente a través de acciones propiamente dichas -- posición procesal de demandante--, sino también a través de las correspondientes excepciones que contrarrestan la acción contraria y que responden a la posición procesal de demandado. Y es ésta la razón de que ya el pretor en el Derecho civil romano concediera contra el doloso los recursos procesales precisos para dejar el contrato sin efecto, recursos que eran la actio doli contra el culpable del engaño, cuya finalidad era reclamar la indemnización de todos los daños sufridos, pudiendo determinar también la revocación del negocio, y la exceptio doli, con la cual el defraudado podía defenderse contra la acción que entablara la otra parte para exigir el cumplimiento del negocio jurídico viciado. Y lo que se contempla en el caso, sin duda, es el ejercicio de una exceptio doli por la parte recurrente, debiendo, en principio, garantizarse el éxito de la misma, a tenor de lo dispuesto en el art. 1300 en relación al art. 1265, ambos CC.

(TS 1.ª S 27 Nov. 1998.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 81/1999)

70.-- A la hora de examinar si el desconocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en que se redactó un contrato de arrendamiento urbano fue una maniobra o ardid para conseguir la firma de tal contrato y, en última instancia, el desalojo del inquilino, habrá que considerar la más reciente concepción del dolo a la luz de la jurisprudencia del TS, que considera como tal el producto de la astucia, maquinación o artificio incidente en el motivo esencial que determinó la decisión de otorgar el contrato, alcanzando tanto la maquinación directa como la obtenida por omisión o reticencia -- art. 1269 CC-- (Cfr. TS SS 27 Sep. 1990 y 21 Jul. 1993).

(AP Gerona Secc. 2.ª S 23 Nov. 1998.-- Ponente: Sr. Abril Campoy)

71.-- La versión que ofrece el demandado acerca de la justificación de la solicitud del segundo poder viene a concretarse, sintéticamente, en lo siguiente: el temor a que un empeoramiento de la enfermedad tuviere al demandante en la cama mucho tiempo o llegare el fallecimiento y que parte de su patrimonio se perdiere. Pues bien, la mendacidad de tal exposición queda patente: a) en cuanto al riesgo de la muerte, nada resolvía el poder, en la medida en que la muerte del mandante extinguiría el mandato -- art. 1733 CC-- ; b) en cuanto a un posible empeoramiento del poderdante, el poder se otorga justamente el día anterior a ser dado de alta en el centro hospitalario y trasladarse a su domicilio; c) la pérdida del patrimonio no es excusa lógica y admisible, cuando estaba vigente un testamento abierto en el que se instituía herederos a los esposos demandados y se declaraba sustitutos a sus hijos y, d) el poder fue utilizado exclusivamente para el otorgamiento, a medio de autocontratación, del contrato de vitalicio cuya validez se impugna. Se concluye, pues, que el poder anterior no era suficiente para la retirada del dinero y esta es su causa justificativa real. Siendo ello así, se está, sin duda, ante una afirmación insidiosa que movió al actor al otorgamiento del poder, que de conocer la finalidad que al mismo iba a dar el demandado, no hubiera lógicamente conferido -- art. 1269 CC--, y tal actividad puede reconducirse a lo que se conoce por dolo grave, en cuanto afecta a la causa del contrato -- art. 1270 CC-- .

(AP Pontevedra Secc. 1.ª S 28 Abr. 1999.-- Ponente: Sr. Carrera Ibarzábal)

72.-- En el supuesto litigioso, un contrato plasmado en documento privado, cuyo objeto era la compraventa de una finca coto de caza, indicaba una extensión superior a la real. El sustratum esencial del mencionado contrato era la venta de una sociedad que implicaba la adquisición de una finca rústica como cuerpo cierto, siendo puramente accidental y nunca esencial la extensión superficial de la misma. Todo ello lleva ineludiblemente a la proclamación de la ausencia total de dolo en la actuación de la parte vendedora, ya que el comprador visitó la finca en cuestión, incluso la conocía perfectamente en el momento de formalizar el contrato, y la estuvo utilizando después a su entera satisfacción, incluso, al reclamar extrajudicialmente por la menor extensión superficial de la finca al vendedor, éste ofreció la total resolución del contrato con devolución de la finca y del precio.

(TS 1.ª S 29 Dic. 1999.-- Ponente: Sr. Sierra Gil de la Cuesta) (LA LEY 3241/2000)

73.-- Señala el TS que el dolo que permite la anulación de un contrato nace de la conjunción de dos elementos: a) el empleo de maquinaciones engañosas por parte de un contratante, y b) la inducción que esos comportamientos ejercen sobre la voluntad de la otra parte para determinarla a realizar el contrato. Para que tal nulidad se produzca, el dolo debe ser grave, entendiendo como dolo causante y grave el acto o serie de actos y actuaciones antijurídicas utilizadas para obtener como resultado la emisión del consentimiento necesario para la formación del contrato. En el caso, los actores, socios de los demandados en una empresa, procedieron a venderles las acciones que poseían, estipulando que el precio de venta se abonaría a través de determinados pagarés a distintas fechas. Antes del vencimiento de los pagarés comunicaron los compradores a los vendedores que anulaban la venta, a lo que no accedieron éstos, y al vencimiento de los mismos los pusieron al cobro. Los firmantes de los pagarés alegan que las acciones las habían pagado a un precio muy superior a su valor real, ya que el negocio de la empresa era la concesión de vehículos, cuya regulación obligaba a comunicar la transferencia del negocio, así como el cambio en los cargos de gerentes o personas de confianza, y a consecuencia de no haberlo efectuado, se había rescindido la concesión, por lo que existía un engaño manifiesto por parte de los vendedores al transmitirles las acciones a un precio muy superior al satisfecho, al haber quedado sin contenido la empresa. Sin embargo, ello no es admisible, ya que el comprador era el propio presidente de la sociedad que tenía la concesión que después rescindió, por lo que conocía, o al menos debía conocer, las condiciones en que se realizó la venta (Cfr. TS SS 1 Oct. 1986 y 30 Jun. 1998).

(AP Lérida Secc. 2.ª S 9 Mar. 2000.-- Ponente: Sr. Gil Martín) (LA LEY 9179/2000)

74.-- La maquinación que lleve a la prestación de un consentimiento por ella viciado hasta producir efectos de nulidad contractual ha de ser grave y ocasionada sólo por el otro contratante, en exigencia expresa de los arts. 1269 y 1270 CC, porque el dolo procedente de un tercero que no interviene directamente por sí ni debidamente representado en el contrato cuya nulidad se pida por razón del engaño de que fuese víctima quien la reclama no anula, en general, el consentimiento prestado mediante tal engaño, y podrá, si acaso, producir como única consecuencia en el orden civil el resarcimiento del perjuicio a cargo de quien urdió la maquinación. La sentencia de instancia afirma que las maquinaciones de determinado familiar de la demandante llevaron a ésta a creer que, al firmar ante notario los controvertidos contratos, firmaba primero su testamento y después la subsanación del mismo. Introduce así la resolución un elemento permisivo de esa invocada superchería que choca frontalmente con lo que disponen los arts. 1 L 28 May. 1862 (Ley Orgánica del Notariado) y 193 D 2 Jun. 1944 (Regl. Notarial), haciendo a los notarios depositarios de la fe pública. Falta, pues, toda prueba de superchería amparada por la fe pública que evidencie el consentimiento viciado que se invoca en la demanda (Cfr. TS SS 8 Mar. 1929 y 29 Mar. 1994).

(TS 1.ª S 13 Dic. 2000.-- Ponente: Sr. Vázquez Sandes) (LA LEY 1312/2001)

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