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ACTOS DE ENCUADRAMIENTO EN EL RÉGIMEN...

ACTOS DE ENCUADRAMIENTO EN EL RÉGIMEN GENERAL

LA LEY 3172/2006

Véase INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS; AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL; ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL; BAJA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

Definición

Conjunto de actos administrativos, sucesivos en el tiempo ‐inscripción de empresas y afiliación y alta de trabajadores‐, en virtud de los cuales nace la relación jurídica de Seguridad Social entre el potencial beneficiario de la protección y la Entidad que cubre los riesgos protegidos.

Los actos de encuadramiento son obligación del empresario, sin perjuicio de que en caso de incumplimiento de los deberes de afiliación y alta del trabajador puedan los afectados subsanar.

El incumplimiento de los actos de encuadramiento genera responsabilidades administrativas al suponer una infracción grave y da lugar al nacimiento de la responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones.

Referencias normativas

RD 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (LA LEY 857/1996)

Ley de infracciones y sanciones en el orden social: artículo 22 (LA LEY 2611/2000)

LGSS: artículos 12 a 14 (LA LEY 2305/1994), artículos 99 y 100 (LA LEY 2305/1994)

Interpretación jurisprudencial

STS 15 de noviembre de 2005 (LA LEY 263974/2005): «el acto administrativo de encuadramiento es un acto formal, cuya eficacia se produce fuera de él en el marco de relaciones materiales de cotización y prestación. El acto administrativo de encuadramiento no debe entrar en estas relaciones, porque si lo hace está invadiendo el contenido propio de otros actos de signo distinto: el acto de declaración y liquidación de la deuda contributiva y los actos de reconocimiento de prestaciones. Se está prejuzgando el contenido de estos actos administrativos sobre los que eventualmente hay una atribución de competencias distintas: en el ámbito administrativo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras entidades gestoras en materia de acción protectora y en el ámbito jurisdiccional a los órdenes social y contencioso- administrativo. Como viene advirtiendo la Sala desde hace tiempo, las declaraciones de retroactividad del encuadramiento que está realizando la Tesorería General de la Seguridad Social no resuelven ningún problema de gestión, exceden de su competencia, crean confusión y están produciendo una litigiosidad artificial e injustificada, como muestra el presente recurso. Pero mientras sigan produciéndose, la solución no puede ser la de negar a los afectados la posibilidad de reaccionar contra ellas. Hay un interés en eliminar un acto administrativo que restringe de forma indebida los efectos de un encuadramiento, creando incertidumbre y estableciendo, con apariencia de firmeza y de ejecutividad, una restricción en la esfera jurídica de los interesados. La solución está en anular esa declaración, sin perjuicio de lo que pueda resultar a la hora de enjuiciar esos efectos en el ámbito adecuado».

STS 23 de mayo de 2005 (LA LEY 115559/2005): «El artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral impide a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social revisar por si mismos los actos declarativos de derecho en perjuicio de los beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar ante el Juzgado de lo Social competente la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido. Se exceptúan, en el párrafo segundo de tal mandato, la rectificación de los errores materiales o de hecho, y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Por otra parte, el artículo 55 del Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, permite modificar la afiliación, altas, bajas y variaciones obrantes en los sistemas de documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando no sean conformes con lo establecido en las leyes, en dicho Reglamento y demás disposiciones complementarias, revisión que podrá practicarse de oficio, pero con la limitación, establecida en el párrafo segundo de dicho artículo, de que no podrán afectar a los actos declarativos de derecho, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario. Es evidente que estos actos declarativos de derecho, a que se contrae la excepción, no pueden referirse a las consecuencias legales inherentes a tales variaciones, que no son actos sino consecuencia inmediata del acto administrativo. De otra manera quedaría sin efectividad la afirmación que realiza el precepto de poder practicarse de oficio tales cambios. Rige por tanto, la regla, sin que haya lugar a aplicar la excepción.

Por otra parte, el precepto transcrito forma parte del desarrollo reglamentario del art. 13 de la Ley General de Seguridad Social, en cuyo párrafo 4 se ordena que "tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y demás variaciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando a raíz de las actuaciones de los Servicios de Inspección o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.»

STSJ Andalucía de Málaga de 31 de julio de 2003 (LA LEY 133380/2003): «cuando proceda practicar un cambio de encuadramiento de Regímenes, las "cuotas de Seguridad Social" abonadas por el interesado en el Régimen precedente (Régimen General) se considerarán debidamente ingresadas.»

STC (Pleno), 124/1989, 7 de julio (LA LEY 2203/1989): «La inscripción de empresas en la Seguridad Social, la afiliación, las altas y las bajas de los trabajadores son actos instrumentales respecto al mantenimiento de la obligación de contribuir, pero también respecto a la obtención del derecho a la correspondiente protección por el sistema de la Seguridad Social, suponiendo también la unidad del sistema la relevancia nacional de la inscripción de la empresa, que determina además el régimen de Seguridad Social aplicable, el carácter único de la afiliación y el que las altas y bajas de los trabajadores tengan efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea el lugar en que se produzcan, y como incidencias de una única carrera dentro de aquel sistema, ya que se trata de actos que inciden muy directamente en la obligación de cotizar, y por ello, no pueden entenderse totalmente ajenos al régimen económico de la Seguridad Social, en cuanto son instrumento imprescindible para la posibilidad de obtención de ingresos y también como medios de información y control necesarios para el funcionamiento de la caja única, actuación administrativa que no puede decirse sea ajena al régimen económico de la Seguridad Social, y por ello, afecta a competencias ejecutivas propias de la Generalidad de Cataluña».

STC (2.ª) 164/1985, 3 de diciembre (LA LEY 67618-NS/0000): «Es difícilmente cuestionable la realidad del interés del trabajador en el cumplimiento empresarial de las obligaciones a aquél referidas, de afiliación y cotización en la Seguridad Social, a lo que, en el supuesto presente (...) se adicionan dos circunstancias, a saber, de un lado, la de haber precedido el Acta de la Inspección una denuncia procedente del propio trabajador, y, además la contradicción entre el período de cotización atendido por la resolución administrativa, que, estimando la impugnación empresarial, deja sin efecto el acta inspectora de liquidación y las fechas de comienzo de la relación laboral que se declararon probadas en las Sentencia de Magistratura de Trabajo, como consecuencia de lo cual, el hoy demandante en amparo quedaría desprovisto de cobertura, por falta de afiliación y cotización, durante parte del período de prestación de sus servicios».

STS (Soc.), 7 de noviembre de 2000 (LA LEY 259/2001): «... al no haber constancia de que la parte recurrente haya incumplido las obligaciones que por su carácter de empleadora le impone la LSS (...) no es acertado el pronunciamiento que condena a la empresa a hacer efectivas unas prestaciones que, en virtud del pacto asociativo, había asegurado con una Mutua de Accidente de Trabajo».

Bibliografía

‐ DESDENTADO BONETE, A., «Responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones en materia de actos de encuadramiento en la Seguridad Social. Teoría y práctica», Actualidad Laboral, Tomo 1-2004, pág. 395

‐ DIEZ GARCIA DE LA BORBOLLA, L., «Regímenes de encuadramiento en la seguridad social de aquellos socios que prestan sus servicios en los distintos tipos de sociedades», Actualidad Laboral, Ref.º XXIII/1983, Tomo 2, pág. 343

‐ LÓPEZ GANDÍA , J., «Las sociedades laborales y su encuadramiento en la Seguridad Social», Actualidad Laboral, Ref.º XVI/1999, Tomo 1, pág. 251

‐ GETE CASTRILLO, P., «Breve reflexión sobre la problemática del encuadramiento en la Seguridad Social de las Sociedades Agrarias de Transformación», Relaciones Laborales, tomo II-1987, pág. 1314

‐ HERRERA CUEVAS, E. J., «La autotutela administrativa respecto de los actos de encuadramiento», Actualidad Laboral, 1999, núm. 9, págs. 189 a 214.

‐ VALDES ALONSO, A., «"Pluriactividad" y doble situación de alta: sobre el concepto de actividad a efectos de encuadramiento (Comentario a la STS 4.ª de 26 de octubre de 2000)»,Relaciones Laborales, tomo I-2001, pág. 1021

‐ VALVERDE ASENCIO, A.J., «Algunas cuestiones sobre el marco normativo del Sistema de Remisión Electrónica de Documentos a la Tesorería General de la Seguridad Social», Relaciones Laborales, tomo I-2002, pág. 1497

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