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Fraude contra los presupuestos de la ...

Fraude contra los presupuestos de la UE y fraude de subvenciones

El artículo 306 CP castiga el fraude contra los Presupuestos Generales de la UE u otros fondos o presupuestos, eludiendo el pago, dándole a los fondos recibidos otro destino u ocultando o falseando datos para conseguir fondos, siempre que la cantidad defraudada supere los 50.000 euros.

El art. 308 CP castiga obtener fraudulentamente una subvención o ayuda por parte de cualquiera de las Administraciones públicas que supere los 100.000 euros.

Delitos económicos

Regulación

La regulación de estos delitos se encuentra en los artículos 306 y 308 CP, en el Título XIV De los delitos contra la hacienda Pública y la Seguridad Social del Libro II del Código Penal. En concreto: en el artículo 306 del CP ser regula el fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea; y en el artículo 308 del CP, el fraude de subvenciones.

La reforma operada por LO 1/2015 de 30 de marzo, además de la derogación de las faltas en general, ha supuesto la modificación del párrafo 1º del art.306 CP así como la introducción de un nuevo artículo 308 bis, que regula la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos regulados en este Título.

Naturaleza

Se trata de delitos de resultado, pues se exige causar un perjuicio a las Haciendas, expresamente cuantificado. Por eso, el impago de las obligaciones fiscales sociales, que no alcancen los mínimos exigidos, se consideran, simplemente, infracciones administrativas.

Son delitos que pueden cometerse defraudando por acción u omisión. Por acción, cuando se obtiene indebidamente una devolución fiscal o subvención; por omisión cuando no se paga lo debido a la administración.

Son, igualmente, "delitos en blanco" pues para interpretar correctamente el tipo penal, es preciso recurrir a conceptos extraíbles de otras ramas del derecho, en concreto del Derecho Tributario o Fiscal y el Derecho de la Seguridad Social, en los que se contienen las definiciones de "tributo", "impuesto", "obligado fiscal", "cuota tributaria", "subvención", "cuota empresarial", etc.

Elemento subjetivo

Son delitos dolosos, no se admite la comisión por imprudencia.

Estos delitos requieren ánimo defraudatorio. Se requiere conocimiento y voluntad de defraudar, es decir, un "animus defraudandi", no declarando lo que corresponda o haciéndolo de modo inveraz, engañando por valor superior a los mínimos fijados. El simple impago de cantidades exigidas por las administraciones es una cuestión puramente administrativa.

Fraude contra los presupuestos generales de la Unión Europea

Bien jurídico protegido

Se tutela el patrimonio de la Hacienda Pública en su modalidad comunitaria.

Proteger la Hacienda Pública conlleva defender directamente los intereses económicos y patrimoniales del Estado, tanto en su aspecto recaudatorio o de ingresos públicos como en el de gastos públicos o asignación del Presupuesto. Pero estos delitos protegen también otros bienes jurídicos de forma indirecta como son la efectividad de los tributos como elemento base del sistema fiscal y el tráfico jurídico documental. En la dimensión del gasto o aplicación del presupuesto (como las subvenciones, por ejemplo) también se protegen otros intereses de forma indirecta como son las políticas sociales del Estado.

En definitiva se trata de un bien jurídico de naturaleza supraindividual, colectiva o difusa, que trasciende al propio e inmediato interés patrimonial público, sea estatal, local o autonómico. En este sentido la STS 952/2006, de 6 de Octubre: "Es indudable, pues, que el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, afectado indirectamente, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas". En igual sentido STS 182/2014 de 11 de marzo de 2014.

Conducta típica

El artículo 306 CP, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo prevé el fraude contra los Presupuestos Generales de la UE u otros fondos o presupuestos, mediante acción u omisión.

Las modalidades comisivas son:

  • Eludir, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305 CP, el pago de cantidades que se deban ingresar.
  • Dar a los fondos recibidos un destino diferente al que se corresponde con el contenido de la solicitud, otro tipo de explotación o simplemente al enriquecimiento ilícito de quien solicita los fondos.
  • Falsear las condiciones que se requieren para la concesión de los fondos (conducta comisiva).
  • Ocultar las condiciones que hubieran impedido la concesión (conducta omisiva).

La cantidad defraudada tiene que superar los cincuenta mil euros en todas las modalidades comisivas.

Sujeto activo

Es un delito especial propio. Lo comete el deudor tributario. También se exige responsabilidad penal a terceros que participan en la conducta delictiva: asesores fiscales, inductores o cómplices.

Sujeto pasivo

Es la Hacienda de la Unión Europea.

Penalidad

Se castiga con las penas conjuntas:

  • Prisión de uno a cinco años.
  • Multa del tanto al séxtuplo de la cuantía.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Subtipo atenuado

Será de aplicación el tipo atenuado cuando la cuantía defraudada o aplicada indebidamente:

  • Sea inferior a cincuenta mil euros
  • Y superior a cuatro mil euros.

Se castigará con las penas conjuntas:

  • Prisión de tres meses a un año.
  • Multa del tanto al triplo de la citada cuantía.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

Fraude de Subvenciones

Bien jurídico protegido

El artículo 308 del Código Penal prevé una conducta criminal que trata de proteger la aplicación de gasto de la Hacienda Pública, que debe estar presidida por una distribución equitativa de los recursos públicos en un sistema regulado, ordenado y justo de las subvenciones o desgravaciones.

Conducta típica

La acción típica consiste en obtener fraudulentamente una subvención, o todo tipo de ayuda, por parte de cualquiera de las Administraciones públicas que supere los 100.000 euros (según redacción dada por LO 1/2019 de reforma del CP, antes era de 120.000 euros).

Las modalidades comisivas son las siguientes:

  • Art. 308.1 CP. Obtener subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas falseando las condiciones requeridas u ocultando las que impidan su concesión. Tiene que tratarse de requisitos esenciales que hayan sido determinantes de la concesión de la ayuda. Es un delito de resultado, que admite la tentativa. Es posible el error excusable, que exigirá el reintegro de lo indebidamente obtenido conforme a lo dispuesto en el art. 308.6 CP.
  • Art. 308. 2 CP.Alterar sustancialmente los finespara los que la subvención con fondos de las Administraciones públicas fue concedida. Las condiciones incumplidas han de ser sustanciales, es decir, que entren en la esencia de la política, esencia o finalidad social o económica de la subvención. Se trata de un delito de mera actividad, pues no se precisa ningún resultado sino sólo la mera alteración de los fines, en cuanto ello repercute en el bien jurídico protegido, que es una política justa y equitativa de las subvenciones.

Son requisitos exigibles del tipo penal:

  • Que el importe de las ayudas o subvenciones supere los 100.000 euros.
  • Es preciso dolo, intencionalidad. El error excusable hace atípica la conducta.

Sujeto activo

Es un delito especial propio. Lo comete el que obtiene la subvención. También se exige responsabilidad penal a terceros que participan en la conducta delictiva: asesores fiscales, inductores o cómplices.

Sujeto pasivo

Será sujeto pasivo la Hacienda Pública de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluida la UE desde la LO 1/2019 de reforma del CP.

Objeto material

El objeto del delito son las ayudas públicas, las subvenciones, las desgravaciones, los premios o las primas. Estarán excluidos los beneficios fiscales, que se integran en el delito anterior.

Subvención: es la cantidad a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que concede la Administración a un particular.

Ayuda: comprende todos aquellos supuestos en los que la Administración beneficia a sus destinatarios, ya sea mediante la concesión de intereses preferenciales o moratorias, así para hacer frente a una catástrofe natural.

Determinación de la cuantía

Para la determinación de la cantidad defraudada se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente. art. 308.5 CP.

Penalidad

Se impondrán las penas conjuntas:

  • Prisión de uno a cinco años.
  • Multa del tanto al séxtuplo de su importe.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Subtipo atenuado

La LO 1/2019 de reforma del CP introduce esta atenuación en el art. 308.4 CP, de manera que si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los 100.000 euros pero excediere de 10.000, se impondrá una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 6 meses a 2 años, salvo que lleve a cabo el reintegro.

Exención de la pena

El artículo 308.6 CP exonera de responsabilidad penal a quien reintegre las cantidades recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, con carácter previo:

  • A ser notificado de la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas.
  • A que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.
  • A que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal alcanzará también al autor por las posibles falsedades instrumentales que, hubiera podido cometer en relación a la deuda objeto de regularización, antes de proceder a la regularización de su situación.

Atemperación de la pena por reintegro

Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, si antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado (art. 308.8 CP):

  • Reintegra la totalidad del importe.
  • Reconozca judicialmente los hechos.

Procedimiento penal no suspensivo

La existencia de un procedimiento penal por este delito en cualquiera de sus modalidades no impedirá a la Administración competente exigir reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas que se fijará provisionalmente por la Administración y se ajustará después a lo que se resuelva en la sentencia penal (art. 308.7 CP).

La acción de cobro sólo se paralizará:

  • En caso de suspensión de la ejecución acordada de oficio, por el Juez, o a instancia de parte, previa prestación de garantía.
  • En caso excepcional de suspensión de la ejecución, con dispensa total o parcial de garantías si el juez aprecia que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El art. 310 bis CP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de comisión por éstas de cualquiera de los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis CP, según reforma por LO 1/2015 de 30 de marzo. Las penas que les corresponderían son:

  • Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310 CP.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
  • Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.
  • Otras medidas accesorias. En atención a las reglas establecidas en el artículo 66 bis CP, reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo, los Jueces y Tribunales podrán imponer las penas previstas en el artículo 33.7 b) a g) CP, según nueva redacción por LO 1/2015 de 30 de marzo, siguientes:
    • Disolución de la persona jurídica.
    • Suspensión de sus actividades.
    • Clausura de sus locales y establecimientos.
    • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
    • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
    • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Recuerde

• En el artículo 306 del CP ser regula el fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea; y en el artículo 308 del CP, el fraude de subvenciones, dentro del Título XIV De los delitos contra la hacienda Pública y la Seguridad Social del Libro II del Código Penal.

• En el fraude contra los presupuestos de la UE la cantidad defraudada tiene que superar los 50.000 euros.

• En el fraude de subvenciones el importe de las ayudas o subvenciones debe superar los 100.000 euros.

• Se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de estos delitos.

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