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Jurisdicción y competencia (concurso ...

Jurisdicción y competencia (concurso de acreedores)

Los Juzgados de lo Mercantil cuentan con jurisdicción exclusiva y excluyente, para el conocimiento de concursos de acreedores, a excepción de los concursos de personas físicas no empresarios, cuya competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia. El fuero específico para la competencia territorial del órgano judicial correspondiente es el del lugar donde el deudor tenga su centro de intereses principales, al ejercer su actividad de modo habitual y reconocible por terceros.

Jurisdicción Mercantil y competencia objetiva

La entrada en vigor de la hoy derogada Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), en fecha 1 de septiembre de 2004, revolucionó el Derecho de Insolvencia Español, instaurando el sistema de la triple unidad. Se apostaba por la unidad legislativa, un texto legal que sustituía la legislación dispersa vigente hasta entonces (Ley de Suspensión de Pagos de 1922, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, Código de Comercio de 1889 y 1829); por la unidad procedimental con un concurso de acreedores único para todo tipo de deudor, frente a la variedad anterior (procedimientos de suspensión de pagos, quiebra, procedimientos de quita y espera, y anterior concurso de acreedores); y por la unidad orgánica, concentrando todos los procedimientos en un tipo de Juzgado específico.

Por ello, la indicada entrada en vigor fue acompañada de la de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; y que creó, por primera vez en nuestra organización judicial, los Juzgados de lo Mercantil, con una Jurisdicción nueva, exclusiva y excluyente, para el conocimiento de cualquier concurso de acreedores declarado en España desde la entrada en vigor de aquella. Asimismo, se aprovechó su puesta en funcionamiento para dotarles de una específica competencia en el orden civil, relacionada con distintas acciones de Derecho Mercantil que, obviamente, no abarcaba todas las materias propias de dicho Derecho; pero que el legislador consideró de una entidad suficiente para atribuir su conocimiento a un órgano especializado.

¿De qué cuestiones conoce el juez del concurso?

De esta manera, el art. 86 ter LOPJ, en su apartado primero, fija la regla general de atribución al Juzgado de lo Mercantil de cuantas cuestiones se plantean en materia concursal, y define el carácter de exclusivo y excluyente de la jurisdicción mercantil (concursal), sobre la base del conocimiento de toda acción que tenga repercusión económica directa frente al patrimonio de la concursada. Luego, pasa a enumerar las acciones con encaje en ese principio, de las que se hizo eco de manera ampliada el derogado art. 8 LC, y el actual art. 52 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLConc) recoge. Así se listan las siguientes materias:

  • 1.- Las acciones civiles con trascendencia patrimonial dirigidas frente al patrimonio del concursado, incluyendo las medidas cautelares, salvo, en el caso de los concursos de personas físicas, de las acciones en procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
  • 2.- Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
  • 3.- Las acciones ejecutivas contra el patrimonio del concursado, cualquiera que sea el órgano (judicial o administrativo) que lo haya ordenado.
  • 4.- Las acciones en relación a la asistencia jurídica gratuita, que se deban adoptar en el marco del concurso de acreedores.
  • 5.- Las acciones de responsabilidad civil de administradores sociales o de hecho, auditores, y liquidadores, por perjuicios ocasionados al concursado. Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, y las acciones para exigir a los socios el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
  • 6.- La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • 7.- La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado.
  • 8.- Finalmente, la competencia se extiende, con carácter prejudicial, al resto de las cuestiones civiles, administrativas y sociales directamente relacionadas con el concurso de acreedores, o cuya resolución sea necesaria para su adecuada tramitación; sin que estas decisiones surtan efecto fuera del procedimiento de insolvencia.

¿Qué otras competencias se asignan a los jueces mercantiles?

Además, como se ha indicado, el art. 86.2 LOPJ fijó la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, en el marco del tradicional orden jurisdiccional civil, asignando las siguientes materias: acciones de competencia desleal, defensa de la competencia (arts. 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea), propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad, relativas a sociedades mercantiles y cooperativas, de transporte nacional o internacional, de Derecho Marítimo, condiciones generales de contratación (posteriormente reducidas a las acciones colectivas, por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), y recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

¿Quién conoce del concurso de las personas físicas no empresarias?

La referida Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio que excepcionó el principio de unidad orgánica, al reformar el art. 85 LOPJ, y añadir un sexto apartado en el que atribuía el conocimiento de los concursos de acreedores de personas físicas no empresarios a los Juzgados de Primera Instancia. La reforma tuvo una indudable conexión con la esperada plena operatividad del instituto de la segunda oportunidad, o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, tras la modificación de la LC por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. El legislador supuso que iba a llegar una avalancha considerable de concursos de personas físicas con tal finalidad (que todavía no se ha materializado en la práctica) y, a fin de no saturar los Juzgados de lo Mercantil, desplazó tal competencia a los Juzgados generalistas.

En esta línea distinguió entre los concursos de acreedores de personas físicas no empresarios y no empresarios.

Y para definir tal condición, se remitió a los términos previstos en la normativa concursal (art. 638.4 TRLConc), que atribuye la condición de empresario, además de las personas naturales que tengan tal condición conforme a la legislación mercantil o la de la seguridad social, a aquellas que ejerzan actividades profesionales, así como los trabajadores autónomos.

De esta forma, para los procedimientos de insolvencia de las personas físicas que no tengan encaje en tal concepto, se configura la competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia, con la alteración que supone, en la práctica concursal, el ámbito comarcal de ese tipo de órganos (frente a la sede general de capital de provincia de los Juzgados de lo Mercantil), y los problemas que se han planteado en la práctica, atendiendo a la falta de especialización de aquellos en el Derecho de la Insolvencia. Repárese en que muchos Juzgados de Primera Instancia son mixtos y ostentan, además de todo tipo de competencia de la Jurisdicción Civil, competencia dentro de la Jurisdicción Penal.

Todo este sistema se culmina con el art. 44 TRLConc, que diferencia entre la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, como regla general, para los concursos de acreedores; con la excepción expuesta de los Juzgados de Primera Instancia para las personas naturales no empresarias.

¿Cómo se delimita la competencia territorial en los concursos?

En consecuencia, centrada la Jurisdicción Mercantil y la diferente competencia objetiva que coexiste en la Jurisdicción Civil; el legislador pone el acento en la determinación de la competencia territorial, a fin de conectar el concurso de acreedores con una sede específica.

Así, el art. 45.1 TRLConc determina el fuero que arraiga aquella; el centro de los intereses principales del deudor, como novedad frente al tradicional fuero de derecho civil que atendía al domicilio de las personas físicas o el domicilio social de las jurídicas. De esta forma, define ese centro, como el lugar donde cada deudor ejerza de modo habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses.

Se trata de que el procedimiento universal de insolvencia se desarrolle en un lugar donde se encuentren la mayoría de los acreedores del concursado, los cuales, lógicamente y en su mayor parte, se generan donde el deudor ejerce y donde deja sus deudas impagadas. Normalmente, ese fuero coincidirá con el del domicilio social, pero no en todos los casos.

En esta línea, y a los efectos de concretar la expresada sede, el art. 45.2 TRLConc establece la presunción de que el centro de los intereses generales será el del domicilio social, salvo que se haya cambiado el inscrito en el Registro Mercantil en los seis meses anteriores a la solicitud de concurso. Sistema que se completa en el art. 45.3 TRLC, el cual prevé para las solicitudes de concurso necesario, y cuando el domicilio y el centro de intereses sean diferentes dentro de territorio español, que el acreedor pueda acudir al juzgado del domicilio.

Para el supuesto de que la solicitud se haya presentado ante dos o más juzgados competentes, el art. 48 TRLConc otorga preferencia al Juzgado ante el cual se haya presentado la primera solicitud, independientemente de eventuales defectos procesales o materiales en la solicitud, o aunque la documentación acompañada, exigida en arts. 7 y 8 TRLConc, sea insuficiente.

¿Qué reglas se aplican a los concursos conexos?

El art. 46 TRLConc contempla una norma especial para la competencia territorial de los concursos conexos (arts. 38 y ss. TRLConc), dado que, en función de las características de la concreta realidad económica que es declarada en insolvencia, los fueros territoriales pueden ser muy diversos. Por ello, se distingue entre la competencia para declarar el concurso y para decidir sobre la acumulación de concursos declarados por distintos órganos judiciales. En cuanto a la primera, se fija el fuero del centro de intereses del deudor con mayor pasivo; si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad dominante; y cuando ésta no se comprenda dentro de la correspondiente solicitud (de concurso voluntario o necesario), el de la sociedad de mayor pasivo. A la hora de tomar una decisión sobre la acumulación de concursos tramitados, que se traduzca en una tramitación conjunta, prima la del Juzgado que se encuentre conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en el momento de la solicitud, el de la sociedad dominante (si se trata de un grupo de sociedades), o el primero que haya conocido el de cualquiera de las sociedades del grupo (si la dominante no está implicada). Por último, el apartado tercero de dicho precepto legal, contempla el supuesto de que el concurso conexo afecte a dos personas físicas, una de las cuales sea empresario y la otra no. En este caso, se opta por la competencia, tanto para la declaración como para la acumulación y posterior tramitación conjunta, del Juzgado de lo Mercantil; en atención a su mayor especialización en la materia, al tener que tramitar una insolvencia derivada del ejercicio del comercio, con la complejidad que ello supone.

¿Qué sucede cuando la realidad del deudor excede del territorio nacional?

Los arts. 47 y 49 TRLConc, establecen normas para los supuestos en los que la realidad del deudor exceda del territorio nacional. Así, el primero de los preceptos indica que, cuando el centro de intereses principales se encuentre en España y sea declarado como tal, el concurso de acreedores tendrá la consideración de principal en el ámbito internacional. Se abra, o no, un concurso territorial en el extranjero, la masa activa comprenderá cualquier bien o derecho situado dentro o fuera de España. Y en el caso de que se abra un procedimiento de insolvencia en otro país sobre bienes o derechos del deudor situados allí, se acudirá a las reglas de reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia, contenidas en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

En cambio, cuando el centro de intereses principales no se encuentre en España, pero sí un establecimiento, se aplica lo previsto en el referido art. 49 TRLConc, con una competencia territorial específica del Jugado donde radique el establecimiento (cualquier lugar de operaciones donde el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales). Si son varios, el Juzgado de cualquiera de ellos a elección del solicitante. El concurso se considerará como territorial, y se limitará a los bienes y derechos del deudor situados en territorio español. Si se abre el concurso principal en otro país, se acudirá a las reglas de coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia, contenidas en los arts. 749 a 752 TRLC.

Finalmente, el art. 56 TRLConc, define el alcance internacional de la Jurisdicción del Juez del concurso, que se extiende únicamente al conocimiento de las acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal, y guarden una relación inmediata con el procedimiento de insolvencia.

Recuerde que…

  • Los juzgados de lo mercantil nacieron a la vez que entrada en vigor la Ley Concursal de 2003.
  • La competencia para conocer de los concursos corresponde en exclusiva a los jueces mercantiles, excepto en el caso de concursos de personas físicas no empresarias, cuya competencia corresponde a los jueces de primera instancia.
  • El juez del concurso conocerá de todas las cuestiones que puedan afectar al patrimonio del concursado, según las reglas de atribución establecidas al efecto.
  • Cuando se trate de concursos de personas jurídicas o personas físicas empresarias, la competencia territorial se atribuye al juzgado mercantil donde se halle el «centro de los intereses principales» del deudor.
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