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Ingreso mínimo vital
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Ingreso mínimo vital

Prestación no contributiva de la Seguridad Social introducida por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que garantiza ingresos mínimos a personas que carecen de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Se trata de un derecho subjetivo de los ciudadanos, de carácter asistencial, que lo percibirán siempre que cumplan una serie de requisitos de acceso y los mantengan en el tiempo, en función de sus rentas valoradas conforme a una escala.

TODO SOCIAL 2020
renta; prestación; asistencial; unidad de convivencia

¿Qué es el ingreso mínimo vital y cuáles son sus características?

El ingreso mínimo vital es un derecho ciudadano considerado una red última de seguridad que implica alcanzar un mínimo de ingresos para vivir dignamente.

Puede definirse como una prestación no contributiva de Seguridad Social, de carácter subjetivo e intransferible, aprobada para garantizar unos ingresos mínimos a personas con niveles de renta de pobreza severa, según una escala. Es compatible con el trabajo, siempre que no se superen determinados umbrales mínimos de renta para el hogar familiar en cuestión.

Se considera un avance en los derechos sociales y referente en materia de justicia social, para paliar la situación de numerosas personas por la gravedad de la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma declarado en 2020: la restricción de la movilidad supuso la paralización de numerosos sectores económicos, con efectos negativos para la renta de hogares, autónomos y empresas.

Su objeto es homogeneizar la cobertura asistencial de este tipo de prestaciones a nivel estatal. Comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía configuran diferentes modelos de políticas de rentas mínimas, relevantes para la atención de personas vulnerables; sin embargo, son modelos diferentes, con variaciones sustanciales en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado es una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales.

Como fundamento, el artículo 41 de la Constitución otorga al régimen público de Seguridad Social la garantía de la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegurando un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia.

Además, el artículo 149.1, 1.ª, 13.ª y 17.ª del texto constitucional atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, entre otros muchos aspectos.

La prestación se materializa en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, configurándolo como “una prestación económica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por el real decreto ley para cada supuesto”, en función de una escala fijada en la propia norma.

El artículo 3 del RDL expone sus características:

  • - Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto.
  • - Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características específicas.
  • - Es una prestación cuya duración se prolonga mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que la originaron.
  • - Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad.
  • - Es intransferible.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital?

Pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (art. 4 RDL 20/2020):

  • a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia.
  • b) Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años o mayores de dicha edad cuando no sean beneficiarios de pensión de jubilación, que vivan solas, o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no se integran en la misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
    • · No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigirá el cumplimiento de esta circunstancia.
    • · No formar parte de otra unidad de convivencia
    • No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los dos puntos anteriores, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

En todos estos casos se exige, además, haber vivido de forma independiente en España durante al menos tres años inmediatamente anteriores a la solicitud.

No pueden ser beneficiarias de la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Además, los beneficiarios deberán cumplir unos requisitos de acceso a la prestación, que deben mantenerse desde la solicitud hasta la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso (art. 7 RDL 20/2020):

  • a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (existen excepciones: menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual; y mujeres víctimas de violencia de género).
  • b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.
  • c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los términos que se fijen reglamentariamente (se exceptúan los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas).

Cuando las personas beneficiarias formen parte de unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté constituida de forma continuada durante, al menos, el año anterior a la presentación de la solicitud.

Por otro lado, se exige el cumplimiento de una serie de obligaciones para el mantenimiento del derecho, descritas en el art. 33 RDL 20/2020.

¿Es necesario carecer de un determinado nivel de rentas para beneficiarse de la prestación?

La prestación está diseñada para completar las rentas preexistentes (entre otras, las salariales) hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; en caso contrario, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente.

Se toma como referencia las declaraciones de Hacienda del año anterior (art. 18.2 RDL 20/2020); sin embargo, debido a las consecuencias económicas provocadas por el COVID-19, se permitió transitoriamente el acceso teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de 2020.

Además, se mide el nivel de renta y el nivel de patrimonio inmobiliario (sin contar la vivienda habitual) y financiero.

Los umbrales-límite de patrimonio del año 2019 para acceder a la ayuda en 2020 parten de la base de tres veces la pensión contributiva (16.614 euros) con multiplicadores según sean mayores las unidades de convivencia:

Unidades de convivenciaLímites de patrimonio
Un adulto16.614,00 €
Un adulto y un niño23.259,60 €
Un adulto y dos niños29.905,20 €
Un adulto y tres o más niños36.550,80 €
Dos adultos23.259,60 €
Dos adultos y un niño29.905,20 €
Dos adultos y dos niños36.550,80 €
Dos adultos y tres o más niños43.196,40 €
Tres adultos29.905,20 €
Tres adultos y un niño36.550,80 €
Tres adultos y dos niños43.196,40 €
Cuatro adultos36.550,80 €
Cuatro adultos y un niño43.196,40 €
Otras familias43.196,40 €

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

La prestación parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo (hogares unipersonales) es de 5.538 euros al año, equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar (0,3 por cada adulto/menor) y un beneficio para los hogares monoparentales (plus 0,22), de acuerdo con una tabla. Por tanto, la cuantía no es fija: se trata de un complemento hasta llegar al mínimo establecido, y la aplicación de unas tablas según la situación familiar.

Asimismo, se determinan 14 tipos de hogar con umbrales distintos de renta (desde peticionarios que viven solos hasta familias de cuatro adultos y un niño).

TipologíaImporte (euros)
Un adulto462
Un adulto y un niño700 + 100 si es familia monoparental
Un adulto y dos niños838 + 100 si es familia monoparental
Un adulto y tres o más niños977 + 100 si es familia monoparental
Dos adultos600
Dos adultos y un niño738
Dos adultos y dos niños877
Dos adultos y tres o más niños1.015
Tres adultos738
Tres adultos y un niño877
Tres adultos y dos niños1.015
Cuatro adultos877
Cuatro adultos y un niño1.015
Otras familias1.015

El mínimo para un hogar de una sola persona es de 462 euros por 12 pagas, equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social (395,60 euros por 14 pagas). A partir de esta cuantía, se aplica una serie coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, con especial atención a las familias monoparentales (80% son mujeres).

Por otra parte, la renta nacional tiene un carácter de mínimos, de modo que las prestaciones de renta mínima de las comunidades autónomas que ya disponen de este instrumento son complementarias y subsidiarias a la nacional.

Además, un cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora (art. 13 RDL 20/2020)..

Esta modificación tendría efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación, siendo de aplicación las normas de procedimiento expresadas en el artículo 129 LGSS.

En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos.

¿Qué duración tiene la prestación? ¿Puede perderse el derecho?

El derecho se mantiene mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones exigidas por el RDL. Independientemente de ello, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de dichos requisitos u obligaciones.

Existen causas que conducen a la pérdida del derecho al ingreso mínimo vital (art. 14 RDL 20/2020):

  • a) La pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
  • b) El incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.
  • c) Cautelarmente, en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora (en todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado).
  • d) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el propio RDL 20/2020.
  • e) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implica la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Recuerde que...

  • El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a personas con niveles de renta muy bajos.
  • No existen antecedentes a nivel estatal, pero sí prestaciones de renta mínima de las distintas comunidades y ciudades autónomas.
  • Se han estipulado requisitos legales para acceder y mantener la prestación y otros que la excluyen; el ingreso puede perderse.
  • La prestación está diseñada para completar las rentas preexistentes (entre otras, las salariales) hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar.
  • El ingreso estatal es prioritario y tiene carácter de mínimos: las prestaciones de renta mínima autonómicas son complementarias y subsidiarias a la nacional.
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