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Modalidades de administración patrimo...

Modalidades de administración patrimonial

La administración patrimonial, expresión acuñada por el lenguaje económico, alcanza a la gestión de bienes propios o ajenos. En Derecho Civil se distingue entre actos de administración ordinaria y extraordinaria, considerándose que la primera es la que tiende al gozo y explotación del patrimonio, así como al empleo de las rentas, en tanto que la segunda integra aquellos actos que afectan al capital, es decir, aquellos por los que se transmite, grava, modifica o extingue inmediatamente un derecho de contenido económico.

¿Cómo se lleva a cabo la administración del patrimonio del menor o incapaz sujeto a tutela?

Estamos ante un patrimonio afecto a una finalidad legal, cual es la de guardar y proteger a una persona dependiente durante el tiempo que dure su situación. En este sentido es un patrimonio afecto a una finalidad de interés particular, siendo esta finalidad la que modaliza, instruye y causaliza la administración.

La administración del patrimonio de los hijos menores por parte de sus padres, así como la representación legal que ostentan, tiene su justificación en la falta de capacidad natural.

A medida que los menores adquieren edad y capacidad van adquiriendo mayores posibilidades de ejercitar sus derechos, pero hasta entonces los padres tendrán la administración ordinaria sobre el patrimonio de los hijos como una función integrada en la propia potestad (artículo 156 del Código Civil). La administración judicial supone la intervención de los tribunales de justicia en defensa del interés del hijo, adoptándose, de oficio o a instancia de parte (hijo, padre o madre, cualquier pariente o el Ministerio Fiscal), cuantas medidas se estimen convenientes para la defensa, protección y conservación del patrimonio de aquel.

En cuanto a los incapaces y pródigos, conviene precisar que estas situaciones que limitan la capacidad de obrar sólo pueden venir dadas por decisión judicial. En la sentencia de incapacitación se determinará el alcance de las limitaciones, estableciéndose la figura del tutor, curador o, en su caso, la rehabilitación de la patria potestad. El tutor deberá cuidar y dar protección al tutelado, administrar sus bienes y actuar como su representante legal, debiéndose precisar que para los actos de administración que se recogen en el artículo 271 del Código Civil (venta o gravamen de inmuebles, formalización de determinados contratos, etc.) el tutor necesitará autorización judicial.

¿Cómo se lleva a cabo la administración de los bienes gananciales?

Como señala Xavier O'Callaghan, la administración y disposición de los bienes gananciales ha pasado por tres fases bien definidas en la normativa del Código Civil.

En la primera, la originaria del Código Civil -basada en el proyecto de 1851-, el marido era el administrador único y exclusivo, quedando la mujer totalmente al margen.

La segunda, marcada por la reforma del Código Civil por Ley de 24 de abril de 1958, mantiene la administración como facultad única y exclusive del marido, pero limita el poder de disposición de éste respecto a los inmuebles y establecimientos mercantiles, que exige el consentimiento de la mujer.

La tercera y última fase es la normativa del Código Civil tras la reforma de la Ley de 13 de mayo de 1981, y su idea esencial viene determinada por la norma constitucional que impone la igualdad jurídica del hombre y la mujer (artículo 14 de la Constitución), por lo que con carácter general la gestión y disposición de los bienes corresponde conjuntamente a los cónyuges.

El régimen de separación de bienes sin embargo, consiste en una existencia patrimonial separada y la negación de la comunidad. Pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial, así como los que después adquiera por cualquier título, correspondiéndole a su titular la administración, goce y libre disposición de los mismos (artículo 1437 del Código Civil). Cuando no sea posible acreditar a que cónyuge pertenece un bien o derecho se considerará que es de ambos por mitad (artículo 1441 del Código Civil).

El régimen de participación por último, es un sistema de comunidad atenuado que pretende buscar lo mejor del de gananciales y del de separación. Durante el mismo, corresponderá a cada cónyuge la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio, como de los que pueda adquirir después por cualquier título (artículo 1412 del Código Civil). En definitiva, este régimen existe como si fuera el de separación y sólo en el momento de su disolución se harán las cuentas de la participación en las ganancias obtenidas por cada cónyuge. De hecho, las normas supletorias al régimen de participación son las de separación de bienes (artículo 1413 del Código Civil).

¿Cómo se lleva a cabo la administración de la herencia?

Consiste en la realización de todos los actos jurídicos tendentes a conservar y evitar que permanezcan improductivos los bienes relictos, prosiguiendo su gestión tal y como el difunto la realizaría y utilizando sus productos bien y fielmente, sin comprometer el valor, la individualización y la permanencia de cada uno de tales bienes en el seno de la herencia, hasta que definitivamente se integren y confundan con el patrimonio personal del heredero o herederos.

Genéricamente, los actos de administración se realizarán por acuerdo de la mayoría del capital, aunque la jurisprudencia reconoce la posibilidad de que cada uno de los miembros de la comunidad realice por sí mismo actos de conservación, y ejercite en beneficio de la comunidad acciones que pueden resultar beneficiosas para la misma. Con respecto a la responsabilidad por las deudas, aunque existe discusión doctrinal al respecto, un amplio sector de la doctrina y la jurisprudencia entiende que, mientras exista la indivisión, ésta deberá ser solidaria. Por último y en cuanto a la posibilidad de disponer de los bienes, si se trata de bienes concretos de la herencia no es posible disponer de ellos si no actúan todos los coherederos de común acuerdo. Si se trata de la cuota hereditaria abstracta que corresponde a cada uno de ellos, pueden gravarla, enajenarla o cederla, ingresando el adquirente o el cesionario en la comunidad hereditaria, con la única limitación que supone la existencia del derecho de retracto a favor del resto de los coherederos.

La administración judicial del caudal hereditario supone la previa intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión legítima, o durante la tramitación de la declaración de herederos o de la división judicial de la herencia. Una vez hecho el inventario, el tribunal determinará lo que según las circunstancias corresponda sobre la administración del caudal, su custodia y conservación. Se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero (artículos 795 a805 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

¿Cómo se lleva a cabo la administración de los procesos concursales?

Se ha de partir de la consideración de que en Derecho mercantil, ámbito en el que ahora nos hallamos, se mantiene y respeta la distinción ya mencionada -para el Derecho civil- entre actos de administración ordinaria y extraordinaria, por lo que tanto los administradores de negocios propios como ajenos realizan unos y otros actos de administración, aunque estos últimos en función de las facultades recibidas.

Pues bien, con la entrada en vigor de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), las antiguas quiebras y suspensiones de pago de las empresas han sido sustituidas por un procedimiento único, el concurso de acreedores, cuya finalidad principal es la satisfacción de los acreedores, aunque se busquen alternativas para lograr la supervivencia de las empresas siempre que sea posible. En definitiva, se configura como una vía para resolver las situaciones de insolvencia de las empresas.

El ejercicio de las facultades patrimoniales del empresario o comerciante deudor, declarado en concurso, se produce en los términos del artículo 40 de la Ley Concursal, conservándola, aunque sometida a intervención, en caso de concurso voluntario, y perdiéndola provisionalmente en el concurso necesario (sustitución por los administradores concursales). La administración judicial podrá atender el pago de créditos con garantía real (privilegio especial) y los administradores judiciales estarán legitimados para el ejercicio de acciones reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor en período sospechoso (dos años anteriores a la declaración del concurso - artículo 71 LC 22/2003).

¿Cómo se lleva a cabo la administración para pago?

El instituto de la administración para pago, como medida ejecutiva concreta o de realización forzosa (artículos 676 a680 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), se dirige a lograr la satisfacción del acreedor con los productos del bien embargado, por lo que persigue que el bien embargado logre los rendimientos, frutos o rentas que le son propios, de forma que éstos se apliquen, sin solución de continuidad, al pago del principal, intereses y costas de la ejecución.

¿Cómo se lleva a cabo la administración del patrimonio del Estado?

La administración pública precisa, para el cumplimiento de sus fines, un conglomerado heterogéneo de bienes y derechos, lo que en un sentido amplio se ha denominado el Patrimonio de los Entes públicos, comprensivo de todas las modalidades de propiedad pública, por lo que además de la institución del Dominio público, se encuentra el Patrimonio privado de los Entes públicos.

El régimen jurídico de los bienes demaniales o demanio, determinado por la afectación del bien o derecho al uso general o al servicio público, comporta que los bienes queden fuera del comercio, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (artículo 132 de la Constitución). Por tanto, no cabe en nuestro ordenamiento la enajenación de los bienes y derechos de dominio público, o dicho de otro modo, la enajenación de bienes o derechos propiedad de la Administración requiere que los mismos sean de carácter patrimonial, lo que exige, tratándose de bienes demaniales, su previa desafectación, en los términos y de acuerdo con el procedimiento establecidos al efecto por los artículos 69 y 70 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El Patrimonio privado de la Administración se delimita de forma negativa, esto es, a través de la exclusión de aquellas propiedades administrativas que tienen el carácter de demaniales. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de estos bienes se somete, supletoriamente, a las normas del Derecho administrativo en todas las cuestiones relativas a la competencia y al procedimiento, y a las normas del Derecho privado en los restantes aspectos de su régimen jurídico. Ahora bien, si se trata de la Administración General del Estado su gestión, administración y explotación corresponden al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, mientras que si pertenecen a organismos públicos regirá lo dispuesto en sus normas de creación o de organización y funcionamiento, o en sus estatutos.

Recuerde que...

  • Los actos de administración ordinaria son aquellos que tienden al gozo y explotación del patrimonio, así como al empleo de las rentas.
  • La administración del patrimonio de los hijos menores por parte de sus padres, así como la representación legal que ostentan, tiene su justificación en la falta de capacidad natural.
  • El régimen de separación de bienes sin embargo, consiste en una existencia patrimonial separada y la negación de la comunidad.
  • La administración judicial del caudal hereditario supone la previa intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión legítima.
  • El régimen jurídico de los bienes demaniales o demanio comporta que los bienes queden fuera del comercio, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
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