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Personación (proceso penal)

PERSONACIÓN

PROCEDIMIENTO PENAL

En el procedimiento penal español la personación viene a definirse como aquel acto procesal en virtud del cual quien tiene un interés directo o indirecto en el proceso penal accede al mismo, en calidad de parte, a fin de ejercitar sus derechos en el proceso.

En este sentido habríamos de tener en cuenta que aquel que se persone en el proceso debe evidenciar, desde luego, la existencia de un interés legítimo que le faculte y legitime para hacerlo y, además, debe expresar su condición de parte y la razón de su personación. A este respecto será fácil distinguir aquellos que se personan en el proceso por dirigirse éste frente a ellos, ya sea en el ámbito penal o civil, de aquellos que se personan por entender que han sido víctimas o perjudicados en los hechos objeto de enjuiciamiento, a fin de ejercitar acciones penales y civiles o sólo una de éstas. En definitiva, aquel que se persona como parte en un procedimiento penal, lo hace con la finalidad de ejercer sus derechos procesales, ya sea porque el procedimiento, en su aspecto penal o civil se dirige frente a él, ya sea porque quiere ejercer dichos derechos al considerarse víctima del delito o perjudicado por los hechos que se enjuician, frente a los que resulten responsables en el ámbito penal y civil.

Se hace preciso examinar las distintas posturas procesales de quien puede personarse en el curso del procedimiento, así como las características que en uno u otro caso se deben dar en la referida personación. Asimismo habremos de dejar constancia de que quien se persona, cuando se trata de procedimiento de sumario ordinario, debe hacerlo asistido de letrado y representado por Procurador, mientras que en sede de procedimiento abreviado y en fase de instrucción, hasta la apertura del juicio oral, puede valerse de Abogado sin perjuicio de designar Procurador en cuanto finalice la fase instructora.

1. Acusado.

El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona a quien se impute un acto punible, podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o que se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se instruirá este derecho. En el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya se establece el principio facultad, pues se utiliza el término “podrá” de cualquier persona a ejercitar su derecho de defensa nada más tener conocimiento de la existencia del procedimiento. Este precepto se está refiriendo exclusivamente a aquella persona frente a la que se dirija el procedimiento, persona que es llamada a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con diversas denominaciones, tales como investigado o encausado, que sería su denominación en fase instructora; procesado, siempre que nos encontremos en el curso del procedimiento ordinario penal y se haya dictado un auto de procedimiento; acusado, que correspondería a su denominación en la fase de apertura de juicio oral y a raíz de la formulación de un escrito de calificación provisional, en el procedimiento de sumario ordinario, o bien un escrito de acusación en el procedimiento abreviado.

En el proceso penal por delito leve, tras la LO 1/2015 de reforma de Código Penal que despenaliza a las faltas, cuya regulación encontramos en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador, lo cual no impide que una parte, en este caso la acusada, pueda personarse en forma en el proceso, sin que sea preciso, para su personación, el estar representada por Procurador y defendida por Abogado. Recordemos que en la nueva regulación que se le da al art. 967 LECrim tras la LO 1/2015 se apunta que: «1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al imputado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del imputado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado.»

2. Las partes acusadoras

Se puede denominar partes acusadoras a aquellas que se sitúan, dentro del proceso penal, en la postura inquisitiva en orden a impulsar la investigación o instrucción en fase preliminar y, posteriormente, mantener, en su caso, la acusación o imputación frente a la persona o personas que a tenor de dichas partes aparezcan como responsables.

En este sentido hemos de distinguir las siguientes partes acusadoras:

Ministerio Fiscal.- El instituto del Ministerio Fiscal viene impuesto en cualquier procedimiento penal, salvo algunas excepciones concretas que fundamentalmente se refieren a delitos de carácter privado. El Ministerio Fiscal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe personarse necesariamente en el procedimiento, ya que su labor, de conformidad con su estatuto orgánico, consiste en impulsar dicho procedimiento penal y ejercitar la acción penal en los delitos públicos y en los semiprivados, de conformidad con lo que así previene el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado por la LO 1/2015 de reforma del Código Penal. Efectivamente, el citado precepto establece que «1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. 2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.» Con ello, en estos casos dignos de protección por el sujeto pasivo cabe la posibilidad de iniciar la acción el Ministerio Fiscal.

A este respecto, el Ministerio Fiscal debe personarse, por tanto, en todas las causas penales que se instruyan, a excepción de aquellos delitos privados como resultan ser los de calumnias e injurias contra particulares, que regula el artículo 215 del Código Penal, ya que el citado precepto exige para su persecución la interposición de querella del ofendido, y en el proceso correspondiente el Ministerio Fiscal no tiene la consideración de parte.

En materia de delitos semiprivados, es decir, en aquellas infracciones penales en las que la Ley establece para su perseguibilidad que haya una denuncia inicial o ejercicio de acción penal por parte del ofendido, el Ministerio Fiscal, ab initio, no puede tener la consideración de parte ni personarse mediante el inicio de acciones penales, personación que se producirá, eso sí, una vez iniciado por el particular el procedimiento penal. En este sentido, los ejemplos que nos reserva el Código Penal para estos delitos semiprivados son bastante abundantes, y así podemos citar las agresiones, acoso y abusos sexuales que contempla el artículo 191.1 del Código Penal, el descubrimiento y revelación de secretos del artículo 201.1 CP, el delito de abandono de familia, del artículo 228 CP, el delito de daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a ochenta mil euros, de conformidad con lo que dispone el artículo 267 del Código Penal, los delitos relativos a la propiedad intelectual, la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores, que define y tipifica el artículo 287.1 del Código Penal, las figuras de delito societario del artículo 296.1 CP y el delito de reproducción asistida del artículo 161.2 CP.

En materia de delitos leves, tras la LO 1/2015, aunque la nueva categoría de delitos leves requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de perseguibilidad no se va a exigir en las infracciones relacionadas con la violencia de género y doméstica den donde intervendrá el Ministerio fiscal sin precisar de denuncia previa. Tampoco se exigirá denuncia en estos casos para la persecución del nuevo delito de acoso en los casos de violencia de género o doméstica, pero sí si no concurre el sujeto pasivo como uno de los contemplados en el art. 173.2 CP, en cuyo caso sí que hace falta denuncia previa en el art. 172 ter CP en el denominado delito de stalking o de acoso o acecho.

Ello no quiere decir que el Ministerio Fiscal siempre deba ejercitar la acción penal en los delitos públicos o semipúblicos cuando existe denuncia del particular. Cabe la posibilidad de que el Ministerio Fiscal no aprecie la existencia de indicios racionales de criminalidad que le sean imputables a aquel frente al que se inicie el proceso, y su posición se alce en contra de una acusación particular que mantiene una postura acusatoria frente a otro. En este sentido el Ministerio Fiscal, si no encuentra justificación alguna para acusar, no tiene porqué mantener la tesis acusatoria, que corresponderá ejercitar a quien tenga la consideración de acusación particular.

Acusación particular.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho, podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniera, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

El párrafo segundo del citado precepto establece la posibilidad de que el perjudicado por delito o falta quien, de conformidad con los artículos 109 y 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al tiempo de recibirle declaración se le habrá instruido en el derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible, aun cuando no se persone mostrándose parte en la causa, no por ello se entiende que renuncia al derecho de restitución, reparación o indemnización, que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, salvo que la renuncia a ese derecho lo haga de forma expresa y terminante. En este caso, es decir, cuando los perjudicados no se personan en forma en el proceso penal, pero tampoco renuncian a la restitución, reparación o indemnización que pudiera acordarse a su favor en la sentencia que ponga fin al proceso, sus derechos resarcitorios son ejercitados por el Ministerio Fiscal.

Por tanto, el perjudicado puede perfectamente personarse en el procedimiento, ejercitando acciones penales o civiles, ejercitando sólo una de ellas, la acción penal, con reserva de la civil, o la acción civil, dentro del proceso penal, exclusivamente, y constituyéndose, en consecuencia, en virtud de su personación en el proceso, como acusador privado. A tal efecto y de conformidad con lo que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el proceso por delito aquel perjudicado que, por haber sido víctima de la infracción penal que se persigue, quiere personarse en el proceso y constituirse en parte acusadora, dispone para ello de varios caminos o procedimientos:

  • a) En primer lugar, puede denunciar los hechos mediante la formulación de la propia denuncia, lo que motivaría, al tratarse de la notitia criminis, el inicio por parte del Juzgado de Instrucción correspondiente de las actuaciones instructoras pertinentes y, habida cuenta de que debiera ratificar dicha denuncia y a que, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe ofrecérsele la posibilidad del ejercicio de acciones civiles y penales, a partir de ahí puede constituirse en parte con Abogado y Procurador.
  • b) Cabe la posibilidad de que el acusadora privado, perjudicado en el procedimiento, inste una querella criminal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 270 y siguientes de nuestra Ley Procesal Penal, de forma tal que la presentación de dicha querella sirva a su vez o bien se adicione a un procedimiento penal ya iniciado o bien sirva para principiar el propio proceso penal pero, desde ese momento, presentada en forma la querella, se constituye en parte acusadora.
  • c) Cabe la posibilidad de que su introducción en el proceso penal se haga mediante un simple escrito de personación en el que, con el proceso penal ya iniciado, el particular ofendido por el delito, quiere acceder a la condición de acusador privado, personándose en el procedimiento y ejercitando acciones penales y civiles, o sólo una de ellas.
  • d) En cuanto a la legitimación, en el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes en línea recta y por sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.

En todos estos supuestos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece unos límites temporales, a fin de que el particular ofendido por el delito pueda personarse dentro del proceso. Este límite vendría a ser, en el procedimiento de juicio ordinario, antes del trámite de calificación provisional, de conformidad con lo que dispone el artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su primer párrafo, hace referencia a que dicha facultad de los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho, podrán personarse antes del trámite de calificación del delito. Lógicamente se está refiriendo el precepto exclusivamente a las causas por delito, toda vez que en el juicio de faltas (ahora procedimiento por delitos leves) no hay fase instructora. En sede de procedimiento abreviado habremos de concluir, de la lectura del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el momento preclusivo a partir del cual no cabe la personación del perjudicado como acusador particular, es precisamente el trámite del escrito de acusación, denominación que recibe, dentro del procedimiento abreviado, el escrito que formula el Ministerio Fiscal y también las partes acusadoras, tras la resolución dictada por el Juez instructor, acordando la elevación de diligencias previas a trámite de procedimiento abreviado. En el caso del juicio rápido, de conformidad con el artículo 800 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tiempo hasta que el perjudicado pueda personarse como acusador particular será hasta antes del trámite de apertura de juicio oral. Tras la LO 1/2015 de 30 de Marzo de reforma del Código Penal y despenalización de las faltas, no existe fase instructora, por lo que habremos de interpretar que la presencia del perjudicado, denunciante o no en el procedimiento, a quien se le ha citado en la forma que prescribe el artículo 967, número 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya le faculta para ejercer en el mismo acto del juicio la acción penal y civil que tengan por conveniente. Efectivamente, el artículo 962, número 1, último inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que al hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 109 bis, 110 y 967 LECrim. La referida información, si tenemos en cuenta que en el procedimiento por delito leve no existe fase instructora, habremos de colegir que debe hacerse a través de la citación para comparecencia en el juicio, tal y como aclara más adelante el número 1 del artículo 967 de la Ley Procesal Penal. En el procedimiento de la Ley del Jurado el tiempo de preclusión de la personación del perjudicado como acusador particular, la contempla el artículo 25, número 2, de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Establece el referido precepto que “si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citará para ser oídos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citación, se les instruirá por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectuó con anterioridad. Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno, si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el artículo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia gratuita...” En consecuencia, en el procedimiento de la Ley del Jurado, el perjudicado puede constituirse en parte, personándose en el procedimiento como acusación particular, hasta el momento mismo en que se vaya a celebrar la comparecencia, con objeto de concretar la imputación a que hace referencia el artículo 25, número 1, de dicho texto legal.

En materia del procedimiento penal de menores, el artículo 25 de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor establece que “podrán personarse en el procedimiento como acusadores particulares, a salvo de las acciones previstas por el artículo 61 de esta Ley, las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales, si fueren menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que están, entre otros, los siguientes:

  • a) ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
  • b) instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta Ley.
  • c) tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.”

Personación mediante el ejercicio de acción popular.- El fundamento legal de la acción popular se contempla en el artículo 125 de la Constitución Española que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a ejercitar la acción popular, es decir, ejercitar una acción penal sin necesidad de reunir la condición de ofendido por el delito. Las sentencias del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 1983 y 29 de octubre de 1985 vienen a decir que si el hecho delictivo supone una lesión del orden social, se reconoce a todos los miembros de la sociedad el derecho de pedir, en nombre de ésta, el restablecimiento del orden lesionado, con el ejercicio por el particular de una función pública, como es el ius accusandi. Nos dice el Tribunal Constitucional que no se trata de una especie de adhesión a la acción ejercitada por el Ministerio Fiscal, sino del propio ejercicio por el acusador popular de la propia acción, toda vez que se considera como un derecho constitucional, cívico y activo, siendo por ello perfectamente aceptable que el Ministerio Fiscal no inste la acusación y que sí lo haga el acusador. El ejercicio de la acción popular se recoje en los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo el primero de los preceptos citados que la acción penal es pública y todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley, mientras que el segundo de los artículos invocados nos dice que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También trata del ejercicio de la acción popular la Ley Orgánica del Poder Judicial y, concretamente, en el artículo 19.1 LOPJ, cuando establece que los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular en los casos y formas establecidos en la Ley.

Se ha planteado por la doctrina la posibilidad de que las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, etc., puedan ejercitar o no la acción popular, ya que en los textos legales, incluido el texto constitucional, se habla de “los ciudadanos”. El Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión en sentencia número 64/1998, en la que considera necesario la interpretación amplia de la expresión “ciudadanos” empleada en el artículo 125 de la Constitución Española y artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en razón a la interpretación amplia del derecho a la tutela judicial efectiva que contempla el artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, destacando en sus resoluciones la inexistencia de precepto alguno que impida el ejercicio de acción popular por parte de personas jurídicas.

Esto no obstante, para el ejercicio de acción popular por un ciudadano, se precisa que no se encuentre en ninguno de los supuestos que contempla el artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, que se encuentre en plenitud de sus derechos civiles, que no haya sido condenado dos veces por sentencia firme como reo de delito de denuncia o querella calumniosa, que no se el Juez o Magistrado.

Por último, debe tenerse en cuenta que la acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito.

Actor civil.- Cabe la posibilidad de que el perjudicado que se persone en la causa, lo sea exclusivamente debido a su interés en ejercer acciones civiles, toda vez que no olvidemos que en el proceso penal, sin perjuicio de perseguirse unas responsabilidades de tal naturaleza, también debe procederse al resarcimiento, a favor de los perjudicados, de las consecuencias civiles que el hecho delictivo ha podido causarle. En este sentido, en artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse junta o separadamente, estableciendo el artículo 112 LECrim que cuando se ejercita sólo la acción penal se entiende también utilizada la civil, a no ser que el perjudicado renunciara a ésta o la reservara expresamente para el ejercicio posterior en la jurisdicción que corresponda. Por tanto, aquel, persona física o jurídica, que ha sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción delictiva que se persigue en el procedimiento, puede personarse en éste, con Abogado y procurador, tal y como establecen las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se han mencionado, en su condición de actor civil, al objeto de reclamar y reivindicar la compensación, ya sea de orden económico, restitución o reparación que, en base al daño o perjuicio causado por la acción delictiva, crea que es acreedor. Hemos de tener en cuenta que el Ministerio Fiscal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene obligación de entablar, no sólo la acción penal sino también la civil, pero en este supuesto estamos contemplando que, además del ejercicio de la acción civil por el Ministerio Fiscal, la está ejerciendo aquel tercero que se ha visto perjudicado por el delito. En este sentido habremos de tener en cuenta que al actor civil le está reservado exclusivamente su condición o intervención dentro de la parte civil del proceso penal, es decir, que su actuación debe limitarse exclusivamente a su pretensión patrimonial, de forma tal que sólo puede realizar actos procesales relativos a la misma. Así resulta del artículo 320 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la personación e intervención del actor civil en el sumario, sin perjuicio de que le correspondan, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 651 LECrim, trámite para formular el correspondiente escrito de calificación, pero sólo en relación a los dos últimos puntos que fija el artículo 650 LECrim, es decir, respecto a la cantidad que pudiera reclamar en concepto de daños y perjuicios causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida y la persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa. En todos los casos el actor civil dispone, para personarse en la causa, de los mismos límites temporales que el acusador particular, e igual que en el caso anterior, salvo en el supuesto del juicio de faltas, hemos de entender que su personación exige, necesariamente, la intervención de Abogado y Procurador.

Responsable civil.- Por responsable civil hemos de entender aquellos que, sin haber tenido una participación, a través de forma alguna, en el hecho delictivo, deben asumir, solidaria o subsidiariamente con el responsable penal, las consecuencias económicas derivadas del hecho delictivo, del cual pudiera resultar responsable penal el acusado. En este sentido habremos de distinguir si quien aparece como responsable civil en la causa lo es en calidad de responsable civil directo, es decir, con carácter solidario en relación al responsable penal, o lo es con carácter subsidiario, esto es, su responsabilidad exclusivamente entrará en juego ante la insolvencia o imposibilidad de hacer frente a las responsabilidades civiles por parte del responsable penal.

La personación del responsable civil, ya sea en su condición de responsable civil directo, ya sea en su condición de responsable civil subsidiario, se torna obligatoria, con Abogado y Procurador, en el momento en que se dicta el auto de apertura de juicio oral, y es emplazado al objeto de darle conocimiento de los escritos acusatorios o escrito de conclusiones, si nos encontramos ante un sumario ordinario, de forma tal que deberá personarse en forma a fin de, como mínimo, formular los correspondientes escritos en aras a la defensa de sus intereses como responsable civil directo o responsable civil subsidiario. Ello no quiere decir que quien aparezca como responsable civil no pueda personarse antes en la causa, en fase instructora, siempre haciéndolo, insistimos, con Abogado y Procurador.

A estos efectos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 764 y 765 establece una serie de normas o medidas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles, fundamentalmente en aquellos supuestos en que tal responsabilidad se derive de la existencia de un seguro obligatorio. En concreto, el artículo 764, en su número tercero, establece el requerimiento a la entidad aseguradora o al Consorcio de Compensación de Seguros, hasta el límite del seguro obligatorio, para que se afiance en las posibles responsabilidades civiles durante la instrucción del procedimiento abreviado. Se llega a decir en el segundo párrafo de dicho número tres del art. 764 que la entidad responsable del seguro obligatorio no podrá, en tal concepto, ser parte del procedimiento, sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar, a cuyo efecto se le admitirá el escrito que presentare. Por otra parte, el artículo 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vuelve a hablar de la necesaria intervención en el proceso de quien sea el asegurador, en los casos de seguro obligatorio, o bien del Consorcio de Compensación de Seguros. En todos estos supuestos, y para hacer efectivas las responsabilidades civiles, entendidas de forma directa respecto a quien tiene unos vínculos de solidaridad, en materia resarcitoria, con quien resulta ser responsable penal, debe personarse en la causa, lo cual será obligatorio a partir del momento en que se le notifique el auto de apertura de juicio oral contendiendo plazo para tal personación y emisión, después, del correspondiente escrito de defensa.

Respecto al responsable civil subsidiario, se encuentra en una posición similar al responsable civil directo, salvo en lo referente al efectivo cumplimiento de sus responsabilidades, que dependerá, en tal condición de subsidiario, de la insolvencia del responsable o responsables principales, o de la imposibilidad por parte de éstos de cumplir con el pronunciamiento de la sentencia firme en materia de responsabilidades civiles. Su personación deberá efectuarse, asimismo, con Procurador y Abogado.

Posibilidad de comparecer en un mismo proceso como responsable civil y parte perjudicada.- No es un supuesto inhabitual el hecho de que una persona física o jurídica pueda ostentar, aparentemente, la doble condición de responsable civil solidario o subsidiario y, al a vez, parte perjudicada en el delito. En este sentido se plantea si dándose estas circunstancias cabría la posibilidad de admitir una doble personación. El Tribunal Supremo resolvió ya dicha cuestión mediante un auto de la Sala Segunda de 21 de noviembre de 1984, que viene a decir “en el proceso penal español por delito se da un claro y tajante deslinde entre partes acusadoras y partes acusadas, hasta el punto de que no les es lícito, a estas últimas ejercitar acciones penales o civiles dirigidas contra las primeras, contra otras partes acusadas o contra terceros”. En consecuencia, y de conformidad con esta doctrina del Tribunal Supremo no es posible tener por perjudicado al responsable civil subsidiario, en virtud del propio carácter de tal cualidad de la responsabilidad ya que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 30 de noviembre de 2002, “aunque en el ordenamiento procesal de la acción penal es pública y ejercitable por todos los ciudadanos españoles, a través del cauce de la denominada acción popular, si no se acude a esta vía, la otra única posibilidad de mostrarse parte en la causa es tener la condición de perjudicado por un delito o falta, según el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Civil...”

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