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Derecho de defensa en el proceso penal

Derecho de defensa en el proceso penal

Proceso penal

Concepto

El investigado tiene capacidad para personarse y capacidad procesal para defenderse desde el momento en que se le comunique la existencia del proceso o la adopción de cualquier medida cautelar.

Se pondrá inmediatamente en conocimiento del inculpado cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra él.

La LO 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales ha modificado el art. 118 LECRIM que señala que toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:

  • Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos investigados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.(Circular 3/2018, de 1 de junio)

    (Véase el derecho a la información en los procesos penales)

  • Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
  • Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
  • Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527 LECrim (supuestos de incomunicación).
  • Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
  • Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127 LECrim.
  • Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
  • Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Designación de abogado y procurador

• Para ejercitar el derecho de defensa los investigados deben ser representados por Procurador y defendidos por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo soliciten, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo. Si no designan Procurador o Letrado, se les requiere para que lo hagan o se les nombra de oficio si no lo hacen, cuando la causa llegue a un estado en que se necesite el consejo de aquéllos. LECr. en su art. 118, Art. 17. 3 y 24.2 CE, Art. 542, 543, 544, 545 y 546 LOPJ, Art. 45 RD 658/01, de 22 de junio, EG. Abogacía, Art. 42 y ss RD 1281/02, de 5 de diciembre, EG Procuradores.

• En el procedimiento abreviado (art. 768 LECrim) el abogado designado para la defensa tiene también habilitación legal para la representación de su defendido hasta la apertura del juicio oral, momento en el que comienza a ser necesaria la actuación del Procurador. Hasta entonces el Letrado debe cumplir el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

• En los juicios rápidos (art. 797.3 LECrim): El Abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifiquen ante el Juez de guardia. Para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el Juez, una vez incoadas diligencias urgentes, dispondrá que se le dé traslado de copia del atestado y de cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen en el Juzgado de Guardia.

• En los juicios sobre delitos leves (art. 967 LECrim): para los que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos 6 meses, será preceptivo abogado y procurador.

• En el caso de las víctimas de violencia de género, cabe destacar que el RDL 9/2018, de 3 de agosto que reforma la LO 1/2004 contra la violencia de género, introduce la posibilidad de que, mientras la víctima no se haya personado como acusación particular, el abogado designado de oficio para ella tiene también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador, de manera que el abogado cumplirá el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. (art. 20.6 LO 1/2004, contra la violencia de género)

• Designación de procurador "apud acta": es la realizada en las propias actuaciones por una parte procesal de carácter privado, bajo la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado o Tribunal, a favor de un único Procurador nombrado exclusivamente para el proceso penal en que se efectúe. LOPJ en su art. 453

• La STS 821/2016, de 2 de Noviembre, analiza la doctrina del TEDH, TC y TS en torno a la defensa letrada, que sistematiza así:

  • 1º.- El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses.
  • 2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el art. 11.2 LOPJ .
  • 3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general rutinario para denegar la solicitud de cambio de letrado, pues constituye un límite en el ejercicio de un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser respetado.
  • 4º.- Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable: a) bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal, b) bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas, c) bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio o d) bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.
  • 5º.- En todo caso al Tribunal le corresponde explicitar en sentencia la motivación de esa denegación, si se ha realizado en el juicio oral.
  • 6º.- En definitiva, el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva".

Investigado persona jurídica

Cuando el investigado sea una persona jurídica (art. 118 LECrim) se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 775 LECrim para las diligencias previas del procedimiento abreviado, con las siguientes particularidades:

  • La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.
  • La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la persona jurídica investigada, acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad.
  • El Juez informará al representante de la persona jurídica investigada o, en su caso, al Abogado, de los hechos que se atribuyen a ésta. Esta información se facilitará por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.
  • La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica investigada.

La práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se llevarán a cabo con el representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el Abogado defensor. Art. 120 LECr.

Puede darse un conflicto entre los intereses de la persona jurídica y los de la persona física que la representa, si también está encausado en el mismo proceso. A este respecto se ha pronunciado ya el TS, en la STS 154/2016 de 29 de febrero y en la STS 221/2016, de 16 de marzo. Viene a decir el TS que semejante cuestión no puede ser resuelta, con carácter general, por esa Sala, pero entiende que nada impide apreciar la posible conculcación efectiva del derecho de defensa de la persona jurídica y disponer la repetición, cuando menos, del Juicio oral, en lo que al enjuiciamiento de la persona jurídica se refiere, a fin de que la misma fuera representada por alguien ajeno a cualquier posible conflicto de intereses procesales con los de la entidad, que debería en este caso ser designado, si ello fuera posible, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en las mismas actuaciones. Y advierte de que, tanto Jueces Instructores como Juzgadores, en el supuesto concreto que aborden, deberán, en la medida de sus posibilidades, intentar evitar que los referidos riesgos para el derecho de defensa de la persona jurídica sometida a un procedimiento penal lleguen a producirse.

Asistencia letrada al detenido y al preso

(Véase: Medidas cautelares: derechos del detenido)

Asistencia letrada en procesos penales en la Unión Europea

La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 , que entró en vigor el 26 de noviembre de 2013, establece las normas mínimas relativas a los derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y en procedimientos relativos a la orden de detención europea (Decisión Marco 2002/584/JAI ) a ser asistidos por un letrado, a que se informe de su privación de libertad a un tercero y a comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Esta Directiva forma parte de un plan de trabajo sobre los derechos en los procesos penales, acordada por el Consejo de la UE en noviembre de 2009, que establece una serie de propuestas con el objetivo de fijar unos estándares mínimos comunes en los derechos de los sospechosos y acusados en procesos penales.

El Consejo y el Parlamento Europeo han adoptado hasta la fecha textos en relación a las medidas relativas al derecho a la interpretación y a la traducción (Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010), y al derecho a la información y a la carta de derechos (Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012). Esta medida, sobre el derecho de acceso a un abogado, es el núcleo de las cinco medidas de la Hoja de Ruta, que podría aún ser completada con otros derechos.

Los Estados miembros disponen de un plazo de 3 años para incorporar la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales.

No se consideran procesos penales a estos efectos, los procedimientos relativos a:

  • - Infracciones leves cometidas dentro de una prisión
  • - Infracciones cometidas en un contexto militar y tramitadas por un oficial de mando.

• Todo sospechoso o acusado tiene derecho a:

  • - Recibir con prontitud, y sin demora injustificada, información sobre el derecho a tener acceso a un abogado (asistencia de letrado) y si es detenido o privado de libertad debe recibir con prontitud una declaración de derechos por escrito, que contenga información sobre el derecho a la asistencia de letrado. Los Estados miembros han de facilitar al sospechoso o acusado la asistencia de letrado, poniendo a su disposición información general pero sin que sea necesario tomar medidas de modo activo si la persona no se lo procura por sí misma.
    • * En caso de que una persona se convierte en sospechoso o acusado en el curso del interrogatorio por parte de la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad en el contexto de un proceso penal, debe suspenderse de inmediato todo interrogatorio, pero podrá proseguir si se ha informado a la persona de que es sospechoso o acusado y si puede ejercer plenamente los derechos que se otorgan en la Directiva.
    • * Cuando los sospechosos y acusados estén privados de libertad debe garantizarse que estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado y éste debe tener la posibilidad de interpelar a las autoridades competentes sobre las condiciones en las que dicha persona está privada de libertad.
    • * En caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado, los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal a su derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad. Durante la vigencia de esta excepción temporal las autoridades competentes no deberán interrogar al interesado ni llevar a cabo ninguno de los actos de investigación o de obtención de pruebas establecidos en la presente Directiva. Si por la lejanía geográfica del sospechoso o acusado no es posible de inmediato la asistencia de letrado, debe ser facilitada la comunicación telefónica o por videoconferencia, salvo que ello sea imposible.
    • * Los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho a la asistencia de letrado en la fase de instrucción cuando exista una necesidad urgente , con el fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o cuando sea indispensable una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, en particular con el fin de impedir la destrucción o la alteración de pruebas esenciales o de impedir la manipulación de los testigos.
  • - Asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución tan pronto como se produzca su detención en virtud de una orden de detención europea. Las personas reclamadas deben tener derecho a mantener una entrevista privada y a comunicarse con el letrado que las represente en el Estado de ejecución. Debe serles facilitada información para la designación de dicho letrado.
  • - Reunirse en privado con el letrado que les represente y a comunicarse con él en cualquier momento del proceso. Debe velarse por el cumplimiento de su derecho a que el letrado esté presente y participe activamente en los interrogatorios, así como durante las vistas.
  • - La presencia del letrado durante los actos de investigación y de obtención de pruebas, en la medida en que así se disponga en la normativa nacional pertinente y si se exige o permite la presencia del sospechoso o acusado.
  • - La confidencialidad de las comunicaciones entre un sospechoso o acusado y su letrado, salvo en los supuestos en que se sospeche, a partir de indicios objetivos y fácticos, que el letrado está implicado junto con el sospechoso o acusado en la comisión de una infracción penal. No deben obstaculizarse dichas comunicaciones ni el acceso a las mismas, sin perjuicio de los mecanismos existentes en las instalaciones de detención para impedir que el detenido reciba envíos ilícitos. Dicha confidencialidad puede ser menoscabada en determinados supuestos de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad nacional.
  • - Comunicarse sin demora injustificada con al menos un tercero de su elección, por ejemplo un familiar, mientras estén privados de libertad, salvo razones imperiosas o necesidades prácticas proporcionadas. También les es reconocido el derecho a la asistencia consular.
  • - Renunciar a alguno de los derechos enumerados siempre que se le haya facilitado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él.

Los Estados miembros deben establecer vías de recurso adecuadas y efectivas para la protección de todos estos derechos que la presente Directiva confiere a las personas, así como garantizar que se respeten los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que se establezca una excepción a este derecho de conformidad con la presente Directiva.

Asimismo, debe velarse por los sospechosos o acusados que se encuentran en una posible situación vulnerable, debiendo tomarse en consideración sus necesidades específicas.

Para velar por la trasposición de la Directiva 2013/48/UE, la LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica ha modificado el art. 520 LECRIM para realizar esa plasmación de los derechos antes expuestos en la asistencia el detenido. (Ver: Medidas cautelares personales: tratamiento al detenido)

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