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Proceso por aceptación de decreto

PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO (MONITORIO PENAL)

1.- INTRODUCCIÓN

La reciente reforma procesal penal que lleva por rúbrica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales Ley 41/2015, de 5 de octubre viene a introducir, como su propio nombre indica, un proceso para agilizar la resolución de causas por hechos menos graves que eviten acumular en el trámite de los juzgados de instrucción asuntos que podrían tener una ágil solución. Se crea así el denominado proceso por aceptación de decreto, que ya estaba configurado en el texto del Código Procesal penal y que ha sido incorporado a esta reforma de la LECrim, para conseguir esa agilización de trámites por hechos menos graves que, como más tarde veremos, no puedan ser tramitados como juicios rápidos. Una adición que podría verse acompañada, también, por la «recuperación» en alguna enmienda de texto pendiente de aprobar de la regulación de la mediación penal que también estaba incluida en el Anteproyecto de Código Procesal penal, pero que no ha sido recuperada en los textos legales que están siendo objeto de aprobación. Sobre todo debido a que en la reforma del Código Procesal penal se ha incluido, por ejemplo en la suspensión de la ejecución de la pena, la posibilidad de recurrir a la mediación penal para acordarla, cuando, sin embargo, esta no ha tenido el desarrollo legal que sí que ha tenido la mediación civil por la Ley 5/2012, de 6 de julio.

Así las cosas, con la pretensión de reducir la cifra de los seis millones de asuntos que en el orden penal ingresan cada año en los juzgados de instrucción y que luego se dirigen, bien a los juzgados de lo penal o a las secciones penales de las Audiencias Provinciales, surgen ahora vías para no colapsar los juzgados de instrucción. Y bajo esta pretensión vemos, por un lado, la mediación penal, una vía absolutamente necesaria para resolver conflictos por hechos menos graves, aunque necesitada del marco legal antes citado; también vemos la vía de la aplicación del principio de oportunidad de los arts. 962 y ss. LECrim, para que se puedan archivar asuntos que se tramitan como delito leve si las víctimas han sido indemnizadas y la fiscalía propone el archivo de las diligencias, y, por último, esta fórmula del proceso por aceptación de decreto.

Hacer constar, sin embargo, que la aplicación del principio de oportunidad de los arts. 962 y ss. LECrim que antes regulaba la tramitación del juicio de faltas exigiría, también, que antes de acordar el sobreseimiento de las diligencias incoadas por delito leve se hubiera seguido la vía de la mediación penal para conseguir esa indemnización que permitiría a las víctimas cobrar lo que tienen derecho, porque, sin más, la aplicación del principio de oportunidad por delitos leves dejaría insatisfecha a las víctimas que por serlo de un delito leve no dejan de ser menos víctimas que las que lo son por delitos graves o menos graves, y, también, con el mismo derecho a ser resarcidas de la indemnización que les pueda corresponder.

En consecuencia, no por tratar de conseguir la agilización del proceso penal debemos abandonar el norte de varios prismas fundamentales en la tramitación del mismo. Por un lado, las debidas garantías procesales del acusado, que también está incluida en la rúbrica del texto de la reforma, pero, tampoco, la posición de las víctimas en el proceso penal con el objetivo de conseguir que sean indemnizadas con las cantidades económicas a que tengan derecho y que deben ser abonadas por aquellas personas sobre las que se dirija la investigación y existan indicios claros y concretos de la comisión del hecho delictivo. Decisión que en estos casos que estamos contemplando se adoptaría sin que fuera necesaria la celebración de un juicio oral, sino por vías distintas como lo son la declaración de archivo del art. 963.1 LECrim por el principio de oportunidad, (que ha sido incluido en la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo) la vía de la mediación penal que acabaría en una sentencia de conformidad en la oficina judicial, tras la celebración de la oportuna comparecencia, o el proceso por aceptación de decreto ahora contemplado. Vías estas que no requieren de la celebración de un juicio oral ni del dictado de una sentencia para declarar la culpabilidad del acusado y conseguir por la víctima el cobro de una indemnización.

II. RAZONES DE LA INTRODUCCIÓN DEL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

La Exposición de Motivos de la reforma viene a reflejar las razones por las que se ha apostado por la introducción de esta ágil fórmula de resolver la remisión a la fiscalía de un atestado con la constatación de un hecho presuntamente delictivo y de sencilla tramitación que no requiere en ningún caso de trámites innecesarios. Por ello, se recoge que se establece el proceso por aceptación de decreto como un procedimiento monitorio penal que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada. Es decir, que no se trata de que por agilizar la justicia penal se vaya a olvidar el legislador de acortar o cercenar los derechos del acusado, sino que se mantiene su asistencia letrada y la obvia posibilidad de renunciar a la aceptación de ese proceso por aceptación de decreto que le deriva una aceptación de culpabilidad y una condena.

Y es que la introducción de esta fórmula en el proceso penal español dimana de aceptar un modelo de probado éxito en el Derecho comparado por el que se instaura un mecanismo de aceleración de la justicia penal que es sumamente eficaz para descongestionar los órganos judiciales y para dispensar una rápida respuesta punitiva ante delitos de escasa gravedad cuya sanción pueda quedar en multa, o también en trabajos en beneficio de la comunidad, y que es totalmente respetuoso con el derecho de defensa.

Pero la primera pregunta que nos hacemos cuando se le da una rápida lectura a este proceso es si para este fin ya está configurado el sistema de los juicios rápidos, para lo que la propia Exposición de Motivos ya se encarga de apuntar que este procedimiento tiene un ámbito de aplicación diferente al de los procedimientos de juicio rápido y compatible con ellos. ¿Y para qué supuestos está contemplado? Pues está especialmente pensado para aquellos supuestos en los que el procedimiento no puede incardinarse en estos últimos por no concurrir alguno de los presupuestos del art. 795, y para todos aquellos casos en que un procedimiento incoado como rápido se haya transformado en abreviado. También responde a la posibilidad de culminar la fase de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal con una elevación de las actuaciones al juzgado de instrucción que implique no ya la denuncia del hecho sino, de facto, la solicitud de la sentencia y pena correspondiente. Su efectiva aplicación significará una reducción significativa de las instrucciones y ulteriores juicios orales, lo que redunda también en beneficio del acortamiento de la denominada «fase intermedia» de los procedimientos.

Con ello, para diferenciar esta vía de los juicios rápidos nos encontraríamos con el seguimiento de esta fórmula para:

a.- Imposibilidad de acudir al juicio rápido por no estar el hecho incurso en uno de los casos del art. 795 LECrim, que habilita la vía del juicio rápido.

En este sentido, vemos que si se pudiera aplicar la vía del juicio rápido esta sería la procedente, aunque no se descarta que se pueda optar por el proceso por aceptación de decreto también en estos casos. Pero, en principio, recordemos que para que se pueda acudir al juicio rápido se recoge en el art. 795 LECrim, que:

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • 1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
  • 2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
    • a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el art. 173.2 del Código Penal
    • b) Delitos de hurto.
    • c) Delitos de robo.
    • d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
    • e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
    • f) Delitos de daños referidos en el art. 263 del Código Penal.
    • g) Delitos contra la salud pública previstos en el art. 368, inciso segundo, del Código Penal.
    • h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los arts. 270, 273, 274 y 275 del Código Penal
  • 3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Con ello, la primera nota diferenciadora nos enviaría a casos en los que se trate de delitos no flagrantes, es decir, que no reúnan las características contempladas en el número 1.º antes referenciado. Y en segundo lugar, que se trate de delitos no contemplados en los casos expuestos en el precepto. Pensemos, por ejemplo, en cualquier otro delito que haya sido denunciado por un perjudicado aportando una relación de pruebas concluyentes que abocan en una aparente responsabilidad y que ante el cúmulo de estas la fiscalía proponga esta vía para concluir con las diligencias. No cabría la fórmula del juicio rápido por no estar incluido el delito en el listado del art. 795 LECrim, pero sí se utilizaría esta vía del art. 803 bis a y ss. LECrim, para concluir con las diligencias de investigación. Además, el juicio rápido exige que la incoación del proceso penal se inicie por atestado, con lo que en estos casos cabría que se incoara por denuncia y ante las pruebas aportadas se estimara derivar a la fiscalía para que propugnara la vía del proceso por aceptación de decreto.

b.- Supuestos en los que ya hay un procedimiento incoado como rápido y se haya transformado en abreviado, es decir que no haya culminado en el «cierre» del proceso por la tramitación del juicio rápido y la fiscalía entienda que siendo el objeto de la petición de condena una pena de multa, TBC o de prisión no superior a un año pueda concluir sin necesidad de celebración de un juicio oral.

Recordemos que en el art. 798.2.2º LECrim, se contempla que: En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible. En estos casos también cabria derivar la causa al proceso por aceptación de decreto si la fiscalía considere que existen indicios suficientes y le ofrece al investigado la fórmula de imponer una pena de multa o TBC, incluso como sustitutiva de la pena de prisión de hasta un año de prisión que pudiera corresponderle.

c.- Asuntos que se han iniciado como fase de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y que va a permitir con esta fórmula una elevación de las actuaciones al juzgado de instrucción que implique no ya la denuncia del hecho sino, de facto, la solicitud de la sentencia y pena correspondiente. Recordemos que las diligencias de investigación del fiscal aparecen reguladas en el art. 773.2 LECrim, que se integra con el art. 5 EOMF y, como consta en la Circular 4/2013 acerca de las diligencias de investigación, de la FGE la incoación de diligencias puede producirse por denuncia, tanto de particulares como de organismos o instituciones públicas, por remisión de atestado o por directo conocimiento del Fiscal.

Por otro lado, dado que la vía del proceso por aceptación de decreto partirá en muchos casos de las diligencias de investigación hay que remitirse a la citada circular 4/2003 para recordar que la primera actuación a realizar ante la recepción de la notitia criminis habrá de ser la de incoar las diligencias mediante un decreto de apertura del Fiscal Jefe especificando los hechos a investigar, aunque puedan emplearse fórmulas genéricas cuando los mismos no estén perfilados y, si existen datos, la identidad de la persona investigada. También deberá contener su provisional calificación jurídica, designando un Fiscal investigador, resolviendo sobre las diligencias iniciales que hayan de practicarse para el esclarecimiento del delito y acordando la anotación en el Libro registro correspondiente. El Fiscal investigador habrá de practicar las diligencias procedentes para adoptar una resolución, debiendo elevar al Fiscal Jefe un informe-propuesta una vez concluidas las actuaciones, sin perjuicio de las delegaciones generales que pudieran realizarse en cada Fiscalía en favor de los Fiscales Decanos o Delegados para resolver las diligencias de investigación.

En esta situación, la fiscalía, visto el contenido de estas diligencias de investigación podría acudir a proponer al juzgado de instrucción la vía del proceso por aceptación de decreto.

III. REGULACIÓN DEL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

Pues bien, la nueva regulación de este proceso por aceptación de decreto se encuentra en los arts. 803 bis a) y ss LECrim con las siguientes características.

a.- Artículo 803 bis a. Requisitos del proceso por aceptación de decreto.

Veamos la regulación que nos ofrece el artículo 803 bis a LECrim para admitir este proceso urgente y ágil.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o diligencias previas por el juzgado y hasta la finalización de las diligencias previas, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  • 1.º Que el delito esté castigado con pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • 2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • 3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.

¿Y cuándo puede seguirse este proceso? Pues el propio precepto lo admite:

  • 1.- En cualquier momento siempre que se deba a diligencias de investigación por la fiscalía o diligencias previas por el juzgado.
  • 2.- Y hasta la finalización de las diligencias previas.
  • 3. Y ello, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, lo que no quiere decir que aunque haya declarado no pueda seguirse este proceso por aceptación de decreto, hasta incluso con mayor razón que si no hubiera declarado.

b.- Artículo 803 bis b. El objeto del proceso por aceptación de decreto.

Se contempla en el artículo 803 bis b LECrim cuál es el objeto de este proceso y para qué casos se ha previsto, para apuntar que:

1. El proceso por aceptación de decreto dictado por el Ministerio Fiscal tiene por objeto una acción penal ejercitada para la imposición de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Y ello se refiere tanto a los casos en los que el código penal prevea pata cada delito estas penas como en los que la pena privativa de libertad pueda ser sustituida por una de ellas, añadiendo, en su caso, la pena de privación del permiso de conducir, aunque bien es sabido que en muchos casos en los delitos contra la seguridad vial se aplica el juicio rápido, pero en otros que requieran de diligencias de investigación que no puedan sujetarse a la urgencia y rapidez del juicio rápido la fiscalía podría concluir proponiendo este proceso rápido por aceptación de decreto que patrocina de las mismas características de agilidad de trámites y urgencia y que evita la celebración del juicio.

c.- Artículo 803 bis c. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena.

En el artículo 803 bis c LECrim se regula el contenido del decreto que dicta la fiscalía en los supuestos que estime que no se puede acudir al juicio rápido, pero que la concreción de las diligencias y medios de prueba que constan en las practicadas evidencian para la fiscalía claros indicios de culpabilidad que permiten «proponer» al denunciado/investigad esta imposición y aceptación de pena de multa o TBC, Así, en el caso de que concurran los presupuestos antes referidos el contenido del decreto es el siguiente:

El decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendrá el siguiente contenido:

  • 1.º Identificación del encausado.
  • 2.º Descripción del hecho punible.
  • 3.º Indicación del delito cometido y mención sucinta de la prueba existente.
  • 4.º Breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisión debe ser sustituida.
  • 5.º Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal.
  • 6.º Peticiones de restitución e indemnización, en su caso.

Con ello, se establece un régimen de beneficios para el acusado/investigado semejante al de los juicios rápidos, ya que se permite una reducción de las penas hasta en un tercio de la prevista. Se describe el contenido de la propuesta de la fiscalía y la motivación con relación a la prueba existente que permite entender concurrente la culpabilidad del denunciado/investigado y las razones por las que la pena de prisión que se le pudiera imponer pueda ser sustituida. En estos casos hay que recordar que se aplicarían los nuevos criterios de la reforma del Código Penal en orden a entender que ya puede acordarse la suspensión de la ejecución de la pena aun cuando fuere reincidente el condenado, ya que en el art. 80.2.1.º CP se prevé que Tampoco se tendrán en cuenta (para acordar la suspensión de la ejecución de la pena) los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. Con ello, recordemos que en el art. 803 bis a LECrim, se contempla como requisito para articular el proceso por aceptación de decreto, que el delito esté castigado con pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Con ello, si la pena prevista para el delito fuere de dos años de prisión y fuera posible acordar la suspensión de la ejecución de la pena no sería posible tramitar el proceso por aceptación de decreto, habida cuenta que el art. 803 bis a LECrim con la reforma solo lo admite para casos que lleven pena de prisión que no exceda de un año junto con aquellos que llevan pena de multa o TBC; es decir, no sería admisible un caso de hecho que por las circunstancias concurrentes llevare consigo como sanción, por ejemplo, una pena de un año y seis meses de prisión, aun cuando por la inexistencia de antecedentes penales pudiera acordarse la suspensión y que esta llevare anudada la sustitución por multa, ya que se exige que la pena lo sea directamente la de multa o TBC o prisión que no exceda de un año, pero no pena por encima de un año de prisión con posibilidad de que sea suspendida y sustituida por multa.

d.- Artículo 803 bis d. La remisión al Juzgado de Instrucción.

Una vez el fiscal hubiere examinado la concurrencia de estos requisitos, el artículo 803 bis d LECrim prevé que El decreto de propuesta de imposición de pena dictado por el Ministerio Fiscal se remitirá al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación al encausado. Tenemos que hacer notar que este decreto parte, pues, de la fiscalía, reforzando el papel instructor del fiscal que también se contempla en el art. 963.1 LECrim, para la solicitud de archivo en los casos de delitos leves de poca relevancia cuando la víctima haya sido indemnizada.

e. Artículo 803 bis e. El dictado del Auto de autorización.

Una vez recibida la propuesta de la fiscalía del decreto de imposición de pena, el artículo 803 bis e LECrim disciplina la actividad que debe llevar a cabo el órgano judicial, para lo cual el juez de instrucción procede a evaluar si el hecho que es objeto de investigación está en el marco de los casos antes expuestos, y si lo rechaza este queda sin efecto y continúan las diligencias sin que contra esta decisión del juez quepa recurso alguno. Así:

  • 1. El Juzgado de Instrucción autorizará el decreto de propuesta de imposición de pena cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art. 803 bis a.
  • 2. Si el Juzgado de Instrucción no autoriza el decreto, éste quedará sin efecto.

f.- Art. 803 bis f. Notificación del auto y citación de comparecencia.

En el caso de que el juez de instrucción entienda que concurren los presupuestos válidos para la viabilidad del proceso por aceptación de decreto lo admite por auto y acuerda notificarlo a la parte encausada citándolo en el día y fecha que estime para trasladarle que puede aceptar, en su caso, el decreto propuesto por la fiscalía. La cuestión que aquí surge es si esta notificación del juez está prejuzgando la culpabilidad del denunciado/investigado, al trasladarle una propuesta de sanción penal sin que se haya celebrado juicio contra él. Sin embargo, entendemos que no existe este peligro, sino que lo único que el juez verificar es el traslado de una propuesta de la fiscalía, como si se tratara de una propuesta de sentencia de conformidad, ya que el juez de instrucción no va a examinar la culpabilidad, sino la concurrencia de los requisitos hábiles para admitir el «tramite» de la propuesta del fiscal, no que en base a las pruebas o diligencias esté clara la culpabilidad del sujeto.

Así, el artículo 803 bis f LECrim recoge que:

  • 1. Dictado auto de autorización del decreto por el Juzgado de Instrucción, lo notificará junto con el decreto al encausado, a quien citará para que comparezca ante el tribunal en la fecha y en el día que se señale.
  • 2. En la notificación del decreto se informará al encausado de la finalidad de la comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su realización y de los efectos de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o rechazar la propuesta contenida en el decreto.

También se le informará de que, en caso de no encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio antes del término previsto en el artículo siguiente.

g.- Artículo 803 bis g. La solicitud de asistencia letrada.

Recordemos que la reforma procesal penal en la que se enmarca esta opción nueva de la fiscalía de proponer el proceso por aceptación de decreto no conlleva agilización procesal con merma de garantías procesales, sino que el texto se ocupa y preocupa de insistir en que esta aceptación del denunciado/investigado solo se puede llevar a cabo con asistencia letrada y si no la tiene se le debe proveer a una designación de oficio.

Así, el artículo 803 bis g LECrim establece que, si el encausado carece de asistencia letrada, se le designará abogado de oficio para su asesoramiento y asistencia.

Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designación de abogado de oficio debe realizarse en el término de cinco días hábiles antes de la fecha para la que esté señalada.

h. Artículo 803 bis h. La comparecencia.

El artículo 803 bis h LECrim contempla la celebración de una comparecencia a la que se cita al denunciado/investigado asistido de letrado en la que analiza la «bonificación» concedida por la fiscalía en la petición de pena que en los casos de pena privativa de libertad que no exceda de un año cabe la suspensión de la ejecución y su sustitución por multa, ya que el art. 84.1.2.º señala que: «1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: … 2.ª El pago de una multa».

En este caso se recoge en cuanto al desarrollo de la comparecencia que:

  • 1. Para la aceptación de la propuesta de sanción el encausado habrá de comparecer en el juzgado de instrucción asistido de letrado.
  • 2. Si el encausado no comparece o rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o parcialmente en lo relativo a las penas o a la restitución o indemnización, quedará la misma sin efecto. Si el encausado comparece sin letrado, el juez suspenderá la comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 746 y señalará nueva fecha para su celebración.
  • 3. En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurará de que el encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposición de pena y los efectos de su aceptación.

Se exige la presencia de letrado y que si el encausado lo rechaza seguirá el curso de las diligencias adelante, insistiéndose en que el juez debe trasladar al encausado con claridad el alcance de la aceptación de la propuesta de la fiscalía.

i. Artículo 803 bis i. Conversión del decreto en sentencia condenatoria.

En el artículo 803 bis i LECrim se regulan las consecuencias de la aceptación del decreto, lo que conlleva que se dicte la correspondiente sentencia condenatoria que al igual que ocurre con las conformidades no cabe recurso alguno contra la sentencia en la que se documente la aceptación de la propuesta de la fiscalía. Así:

Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus términos el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución judicial firme, que en el plazo de tres días documentará en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la cual no será susceptible de recurso alguno.

j.- Artículo 803 bis j. Ineficacia del decreto de propuesta de pena.

Por último, en el artículo 803 bis j LECrim se contemplan las consecuencias de la ineficacia del decreto, lo que vendrá por la inadmisión del juez de instrucción de la propuesta de la fiscalía, o porque el día señalado para la comparecencia, y constando la citación en legal forma, no comparece el encausado o compareciendo no acepta la propuesta. Así: Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el Juzgado de Instrucción, por incomparecencia o por falta de aceptación del encausado, el Ministerio Fiscal no se encontrará vinculado por su contenido y proseguirá la causa por el cauce que corresponda.

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