guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Derecho a la propia imagen

Derecho a la propia imagen

Derecho de la personalidad, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública e impide la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad: informativa, comercial, científica, cultural, etc., perseguida por quien la capta o difunde.

Derechos fundamentales y libertades públicas

¿Qué protege?

El Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, lesionan su buen nombre y dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbito propio y reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás.

Por ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual (SSTC 231/88, 99/94, 81/2001 y 83/2002).

El contenido del derecho a la propia imagen posee:

  • una vertiente positiva, que se resume en la facultad de la persona de reproducir su propia imagen, y
  • un aspecto negativo, que se traduce en la facultad de prohibir a terceros obtener, reproducir y divulgar la imagen de la persona sin su consentimiento (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 24 de julio de 2008. Rec. 3155/2001) que recoge abundantes citas jurisprudenciales).

¿Dónde está regulado?

La regulación del derecho a la propia imagen, como derecho fundamental de carácter personal reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, se recoge en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1/1982); que contiene el desarrollo legal de la protección jurisdiccional que de dicho derecho, junto con el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, se dispensa por la mencionada disposición legal.

  • El artículo 7.5 LO 1/1982 señala que tienen la consideración de intromisiones ilegítimas "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2".
  • Este art. 8.2.a) LO 1/1982 dispone que, en particular, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público, y la imagen se capte durante un ámbito público o en lugares abiertos al público; circunstancia, la primera de ellas, que se ha considerado desde la jurisprudencia de forma amplia, alcanzando la excepción a los profesionales con notoriedad o proyección pública; y en su letra c) se establece que el derecho a la propia imagen tampoco impedirá la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como accesoria.
  • El artículo 7.6 LO 1/1982 dispone que tendrá asimismo la consideración de intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

¿Cuál es su contenido?

Cabe distinguir entre el contenido o aspecto constitucional del derecho y su contenido o aspecto comercial o patrimonial, al que se refiere el art. 7.6 LO 1/1982:

  • El derecho garantizado en el artículo 18.1 CE, por su carácter «personalísimo» (STC 231/1988, F. 3), limita su protección a la imagen como elemento de la esfera personal del sujeto, en cuanto factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo.

    A pesar de la creciente patrimonialización de la imagen y de la «necesaria protección del derecho a la propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma» (STC 170/1987, de 30 de octubre), la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera patrimonial, aunque el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen son también dignos de protección (LO 1/1982) (STC 156/2001).

    La jurisprudencia del TS sigue la misma línea del TC de diferenciar el aspecto constitucional y el aspecto patrimonial del derecho, circunscribiendo la tutela civil del derecho fundamental recogida en la LO 1/1982, conforme a su contenido propio, al primero de ellos.

    Y así:

    • La Sentencia de 20 de abril de 2001 analiza la publicación de unas fotografías en un medio distinto de aquel para el que fue consentida su reproducción. Considera, por lo tanto, que no se ha vulnerado el bien jurídico protegido por el artículo 18.1 CE y por la LO 1/1982 , al haber sido publicadas con la autorización del titular del derecho, habiéndose perdido de ese modo la privacidad que es consustancial al contenido del derecho fundamental en cuestión, destacando que el bien jurídico protegido de las agresiones ilegítimas pertenece al patrimonio moral y a la vida privada de las personas, que converge con la protección de los otros dos derechos consagrados por el artículo 18.1 CE, el derecho al honor y a la intimidad personal..
    • En la Sentencia de 22 de julio de 2008 se consideró que no se vulnera el derecho a la imagen de una modelo que había concedido autorización para la explotación comercial de su imagen por el fotógrafo que había realizado un "book" fotográfico, el cual cedió posteriormente a una empresa de cosméticos la imagen para la promoción comercial de los productos que elaboraba y distribuía. La sentencia diferenció, por un lado, el aspecto patrimonial del derecho y las cuestiones relativas a la vertiente de la explotación comercial de la imagen, carentes de dimensión constitucional, y concentradas en el ámbito del contrato, en donde debían enmarcarse las pretensiones económicas derivadas de unos perjuicios que no eran morales, sino estrictamente de naturaleza económica; y, por otro lado, la vertiente constitucional del derecho, cuya tutela quedaba amparada por el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, respecto de la cual destacó la necesidad de que la intromisión ocasione una lesión de la dignidad de la persona, circunstancia que no se producía en aquel caso, en donde, además, el originario consentimiento de la titular del derecho había creado una apariencia de titularidad en el cesionario frente a quien finalmente reprodujo la imagen con fines comerciales.
    • La Sentencia de 25 de septiembre de 2008, en la misma línea de diferenciar el aspecto constitucional y el estrictamente patrimonial del derecho a la propia imagen, declaró que no se produce una intromisión ilegítima en el derecho de quien había prestado consentimiento para que su imagen aparezca reproducida en un programa de televisión, y que había sido difundida con posterioridad en unas fotografías publicadas en un medio de comunicación distinto. La Sala consideró entonces que se había dado el supuesto contemplado en el artículo 2.2 LO 1/1982.

¿Cuál es la protección legal de que dispone el titular del derecho frente a las intromisiones ilegítimas?

La protección frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la LO 1/1982 (honor, intimidad, propia imagen) puede recabarse por las vías procesales ordinarias o por tal procedimiento previsto constitucionalmente (a salvo acudir, por supuesto, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional), (art. 9 LO 1/1982; art. 249.1.2 LEC; art. 53.2 CE).

El contenido de la tutela que se otorga es el siguiente:

  • Tutela jurisdiccional declarativa: acciones que pueden ejercitarse

    La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

    • a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida;
    • b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores;
    • c) La indemnización de los daños y perjuicios causados;
    • d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.

    Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.

  • Indemnización de perjuicios

El art. 9.3 LO 1/1982 reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños materiales -tanto en su modalidad de daño emergente como de lucro cesante- así como por los daños morales, presumiendo incluso la existencia del perjuicio siempre que se acredite la intromisión ilegítima

En el caso de que se reclame la indemnización de los daños materiales la jurisprudencia exige la prueba de los mismos (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 25 de noviembre de 2002, Rec. 1253/1997 entre otras). A tal efecto el art. 9.3 LO 1/1982 dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuanta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido". Los criterios suministrados por el precitado precepto son meramente orientativos, coadyuvantes a la determinación del resarcimiento, pero no los únicos, ni siquiera los de mayor relevancia.

Recuerde que...

  • El derecho a la propia imagen faculta a su titular a reproducir su propia imagen y prohíbe a terceros obtener, reproducir y divulgar la imagen de la persona sin su consentimiento.
  • El titular puede defender su derecho frente a las intromisiones ilegítimas por las vías procesales ordinarias o por tal procedimiento previsto constitucionalmente.
  • La tutela judicial comprende la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima, así como la indemnización de los perjuicios ocasionados por la intromisión.
Subir