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Segunda oportunidad

La segunda oportunidad consiste en la posibilidad que se ofrece a determinadas personas físicas, en el seno de sus concursos de acreedores declarados, de remitir una parte de sus deudas impagadas, cuando se cumplan determinadas condiciones que permitan conceptuarlos como deudores de buena fe.

Concursal
Beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho; BEPI

¿A qué nos referimos con segunda oportunidad?

La segunda oportunidad viene determinada por la reforma que la Ley 14/2013, de 27 de setiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, hizo de la derogada Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de julio en su art. 21, con aplicación a los concursos declarados tras el 18 de octubre de 2013; y constituyó una novedad en la legislación española de gran entidad, pues hasta entonces, las personas físicas, con independencia de su consideración concreta en el concurso o del porcentaje de créditos abonados o dejados de abonar, han seguido siendo responsables de todas las deudas impagadas, tras la conclusión del procedimiento de insolvencia. Y ello, en el marco de la puesta en marcha de medidas para la recuperación de la grave crisis en la cual se encontraba inmersa la economía española, que se centraba en el tejido empresarial, potenciando en todos los ámbitos la figura del emprendedor.

Se trató, en definitiva, de establecer un mecanismo adicional que protegiera a los emprendedores en el último término, cuando esa labor empresarial que la citada legislación integral trata de promover, no haya tenido éxito, y haya terminado en situación de insolvencia con liquidación de su patrimonio.

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social y la subsiguiente Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social; modificó el régimen que, hasta entonces se había mostrado poco operativo en la práctica, manteniendo la posibilidad introducida en la reforma de octubre de 2013, e introduciendo una posibilidad excepcional de exoneración y aplazamiento del pasivo; e incluso una especie de tercera oportunidad, si en ese aplazamiento se destinan recursos suficientes a pagar lo aplazado, aunque no se satisfaga en su integridad. Con alguna corrección muy puntual, tal regulación ha pasado a los arts. 486 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLConc).

¿Qué sujetos pueden beneficiarse de la segunda oportunidad?

La remisión de las deudas se permite en la regulación indicada para aquellos sujetos que reúnan dos condiciones: reciban la consideración de deudores de buena fe, siempre que se verifique un mínimo sacrificio patrimonial. De esta forma, se configura un régimen general y un régimen especial de exoneración de pasivo insatisfecho. En el régimen general se exige la concurrencia de las siguientes notas características:

  • Como presupuesto subjetivo, el art. 487 TRLConc exige que se trate de una persona natural de buena fe. Y para ello el concurso no debe calificarse como culpable. Se añade la posibilidad de que, si el concurso hubiera sido declarado culpable por por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso (art. 444.1º TRLConc), el juez podrá conceder el beneficio atendidas las circunstancias en que se hubiera producido el retraso. Asimismo, se exige que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme. No se precisa la ausencia de acciones de reintegración o rescisión.
  • Como presupuesto objetivo, el art. 488 TRLConc exige que exista un sacrificio patrimonial. En este punto, se distinguen dos supuestos:
    • 1.- Si se ha intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos (si se reunieran los requisitos para ello contenidos en los arts. 631 y ss. TRLConc), bastará con se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
    • 2.- Si, reuniendo los requisitos para el acuerdo extrajudicial de pagos, éste no se hubiera intentado, deberán satisfacerse, además de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Frente a dicho régimen general, se da un paso más cuando no se puedan pagar todos esos créditos que deben pagarse en tal régimen al final del concurso. Y, en este sentido, se habilita la posibilidad de un régimen especial en los arts. 493 a499 TRLConc. Esto es, se configura, por un lado, la posibilidad de exoneración (primero provisional, y luego definitiva) de todos los créditos ordinarios y subordinados insatisfechos (incluyendo los no comunicados y aquellos de los que sea deudor el cónyuge del concursado cuando sea responsable el patrimonio común, y excluyendo los de derecho público y por alimentos), así como la parte no satisfecha de los créditos con privilegio especial del art. 90.1 LC tras la ejecución de la correspondiente garantía real. Y por otro se posibilita el aplazamiento por hasta cinco años del resto (créditos contra la masa y créditos privilegiados). Se trata de un supuesto ideado para el caso de que el deudor no pueda cumplir el presupuesto objetivo del régimen general exigido en el mencionado art. 488 TRLConc. Para ello, además del requisito de la buena fe, como presupuesto subjetivo del art. 487 TRLConc, se exige adicionalmente que:

  • - El deudor acepte someterse a un plan de pagos relativo al aplazamiento los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que incluya el plan. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica (art. 495 TRLConc). Dicho plan será aprobado por el Juez tras oír a los acreedores, y deberá incluir expresamente el deudor el calendario de pagos de los créditos que, según esa propuesta, no queden exonerados. El pago de estos créditos deberá realizarse dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior. Los créditos incluidos en la propuesta de plan de pagos no podrán devengar interés.
  • - No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad
  • - No haya incumplido las obligaciones de colaboración con la administración concursal y el juez del concurso, según dispone el art. 135 TRLConc.
  • - No haya obtenido este beneficio en los últimos diez años.
  • - Acepte expresamente, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

¿Qué deudas pueden ser remitidas o aplazadas en segunda oportunidad?

Por lo que respecta al indicado régimen general, cumplidos todos los requisitos indicados, el auto que concluye el concurso podrá acordar la cancelación de la deuda concursal ordinaria y subordinada, con excepción de la cuarta parte de los créditos ordinarios cuando no se trate del concurso consecutivo al acuerdo extrajudicial de pagos intentado (siempre que se reúnan los requisitos exigidos legalmente para poder alcanzarlo).

Será preciso que el deudor lo solicite del plazo de audiencia concedido a las partes para formular oposición a la solicitud de conclusión del concurso del administrador concursal (art. 489.1 TRLConc). Plazo concedidocon arreglo a lo dispuesto en el art. 475 TRLConc, , a fin de garantizar la audiencia de los acreedores cuyos créditos se puedan acabar remitiendo. El art. 489.3 TRLConc continúa señalando que el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud del deudor a la administración concursal y a los acreedores personados para que dentro del plazo de cinco días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio. Asimismo, art. 489.4 TRLConc, presentadas las alegaciones o transcurrido dicho plazo, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor de los escritos que se hubieran presentado a fin de que, dentro del plazo que al efecto le conceda, manifieste si mantiene la solicitud inicial o si, desistiendo del régimen legal general para la exoneración, opta por exoneración mediante la aprobación judicial de un plan de pagos. Si no manifestara lo contrario, se entenderá que el deudor mantiene la solicitud inicial. Si optara por esta posibilidad, deberá acompañar propuesta de plan de pagos, tramitándose la solicitud conforme a lo establecido en la sección siguiente.

Es decir, deberá posibilitarse, que puedan mostrar su oposición al respecto argumentando que no concurren los requisitos descritos, a fin de incoar el preceptivo incidente concursal, para que se pueda debatir la concurrencia de los requisitos expresados, y ser resuelto mediante sentencia judicial apelable (art. 490.2 TRLConc). Si no existiere oposición, la remisión se realizará en el auto de conclusión de concurso (art. 490.1 TRLConc) que no será recurrible, conforme señala el art. 481.1 TRLConc.

Frente a ello, la posibilidad excepcional del régimen especial, contemplado en TRLC, en sus arts. 496 a499 TRLConc, configura un procedimiento complejo. Así, el deudor deberá plantear la solicitud en forma, con el indicado plan de pagos, en el plazo de audiencia otorgado desde que el correspondiente administrador concursal haya solicitado la conclusión del concurso. De la solicitud de aquel, el Letrado de la Administración e Justicia dará traslado a los acreedores personados y, de nuevo, al administrador concursal por un plazo de 10 días. Presentadas las alegaciones o transcurrido dicho plazo, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor de los escritos que se hubieran presentado a fin de que, dentro del plazo que al efecto le conceda, manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica atendiendo en todo o en parte a lo alegado. Elevadas las actuaciones, el juez del concurso, en la misma resolución en la que declare la conclusión del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos establecidos en esta ley, concederá provisionalmente el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas, sin que en ningún caso el periodo de cumplimiento pueda ser superior a cinco años.

Si existiere oposición, por no reunir los requisitos antes indicados, se tramitará el correspondiente incidente concursal, hasta cuya firmeza no podrá dictarse auto de conclusión del concurso.

Además de la oposición, según los arts. 492 y 498 TRLConc, cualquier acreedor podrá solicitar la revocación del beneficio de exoneración, en los cinco años siguientes. La solicitud se tramitará por el procedimiento de juicio verbal LEC, y en el caso de que se estime permitirá a los acreedores recuperar la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. Dicha revocación podrá fundamentarse en:

  • - Que el deudor incurra en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
  • - Que el deudor incumpla la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.
  • - Que el deudor mejore sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación, o por juego de suerte, envite o azar, de manera que, sin detrimento de la obligación de satisfacer alimentos, pudiera pagar todos los créditos exonerados.
  • - Que el deudor incurriese en causa que hubiera impedido la concesión del beneficio por falta de los requisitos establecidos para poder ser considerado deudor de buena fe
  • - Se constate la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados (con excepción de los bienes inembargables con arreglo a lo dispuesto en los arts. 605 y 606 LEC).

Finalmente, el art. 499 TRLConc señala que, transcurridos los cinco años señalados sin revocación, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en el concurso.

Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el art.o 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. A estos efectos, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrative.

Es decir, se, establece una ulterior posibilidad, absolutamente excepcional de conceder ese carácter definitivo de la exoneración, aunque no se hayan abonado los créditos aplazados cuando, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, se hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables. Dicha resolución, no recurrible, se publicará en el Registro Público Concursal.

Recuerde que…

  • Con la segunda oportunidad se establece un mecanismo adicional que protege a los emprendedores cuando no hayan tenido éxito terminen en situación de insolvencia con liquidación de su patrimonio.
  • Si el concurso hubiera sido declarado culpable, por incumplimiento del plazo para solicitar el concurso voluntario, el juez podrá conceder el beneficio de la segunda oportunidad atendidas las circunstancias del concreto retraso.
  • En la modalidad general, el auto que concluye el concurso podrá acordar la cancelación de la deuda concursal ordinaria y subordinada, con excepción de la cuarta parte de los créditos ordinarios cuando no se trate del concurso consecutivo al acuerdo extrajudicial de pagos intentado.
  • En la modalidad o régimen especial, se articula una exoneración provisional de dicho pasivo, y un aplazamiento del que no se hubiera podido abonar al concluir el concurso, mediante un plan de pagos. Si se cumple con éste, en un plazo no superior a cinco años, se exonerará definitivamente aquel. Y, en determinadas circunstancias, aunque no se hubiera pagado todo el crédito aplazado, también se exonerará aquel (lo aplazado no abonado) cuando se hayan destinado determinados porcentajes de los ingresos no inembargables a pagar dichos créditos aplazados.
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