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Procesamiento

Procesamiento

Proceso penal

Aunque se trata de una institución española, (aparece por primera vez en la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872), sus orígenes y cabal comprensión, requiere unas breves consideraciones históricas.

La norma penal fue considerada en los orígenes del Derecho Romano, como aquella que regulaba las ofensas más graves al orden ético-jurídico y como tal, reprimida por la comunidad.

Consecuencia de ello fue la posibilidad de que cualquiera pudiera matar impunemente a quien hubiera violado gravemente las normas de convivencia (lex regia de Rómulo). La evolución lleva, seguidamente, a la “venganza privada”, como correctivo a esa “legitimación” colectiva indiferenciada, y sólo en un estadio posterior, a la necesidad de articular un procedimiento mediante el cual averiguar y sancionar los hechos delictivos, el cual se atribuirá al poder público y por éste a unos encargados oficialmente de tal tarea, con carácter permanente.

A partir de ese momento, la historia del proceso y el hecho de someter a alguien al mismo (procesamiento), va a suponer una progresiva implantación de límites a los abusos de legisladores y magistrados, titulares estos últimos, de dicha capacidad, y el correlativo reconocimiento de derechos a los procesados.

De ese modo, se llega a una regulación jurídica en la que las garantías del proceso se asocian a la idea del “juicio justo” para el acusado y, sólo últimamente, al enfatizarse en la idea de que el proceso tiene una estructura dual, (procesado, imputado, acusado o reo versus victima, perjudicado u ofendido) se va situando en un estatus de igualdad a la víctima.

Así las cosas, el procesamiento, en su moderna significación, se constituye en una decisión técnica que adopta el juez del caso y con la cual, se abre formalmente el acto del juicio (“apertura del juicio oral”) contra persona o personas determinadas, donde acusados y acusadores ejercen sus derechos en el proceso.

I. CONCEPTO

Procesamiento es el “acto de procesar” y procesar, dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “declarar y tratar a una persona como presunto reo de delito”.

De forma más técnica, podemos definir el procesamiento como el acto formal de imputación efectuado por un Juez de Instrucción, a una persona determinada, de ser presunto autor de un hecho delictivo concreto grave. El Código Penal considera “grave” todo delito que tiene asignada una pena superior a cinco años de prisión o de ocho años de privación del derecho a conducir o a portar armas.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 384 exige como presupuesto para dictar auto de procesamiento (esto es, la resolución judicial con la que así se acuerda), que exista “algún indicio racional de criminalidad” contra determinada persona.

Y como el procesamiento, actualmente se reserva, de modo exclusivo, a los delitos que se tramitan por el proceso ordinario o sumario, que son los delitos que tienen señalada una pena de prisión superior a nueve años, “técnicamente” sólo cabe hablar de procesado respecto a personas enjuiciadas por un delito grave de los tramitados por el proceso ordinario por existir contra ellas indicios racionales de criminalidad. (En el resto de procesos penales: abreviado, rápido, por delitos leves... no existen procesados como tales, sino “investigados”).

II. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS

En derecho comparado la terminología difiere: “prevenu” en Francia, “indiziato” o “imputato” en Italia o “verdachtnis” en Alemania, son términos similares a procesamiento, vocablo, como se dijo, netamente español para referirse al sujeto pasivo del proceso, el “encausado”, la persona sometida a una causa penal.

En el proceso penal español, se observa un empleo incorrecto y confuso de los términos con que se designa al sujeto pasivo del proceso, muchas veces empleados como sinónimos: (reo, inculpado, encausado, encartado, procesado, imputado, querellado, acusado, denunciado...)

Sin embargo, los tres estadios diferenciados más importantes y clarificadores de la cuestión son:

  • a) “sospechoso” o "investigado": persona contra la que existen sospechas, algo más que intenciones o “corazonadas” de ser autor de un delito; es una “categoría policial”.
  • b) “encausado” o “procesado”: es la persona sobre la que se realiza un juicio provisional de inculpación en el seno del proceso, por existir indicios de ser autor de un delito, denominándosele procesado si se trata de un delito grave perseguible a través del proceso ordinario o sumario; se trata de una “categoría procesal”.
  • c) “acusado”: quien formalmente es objeto de acusación y es llevado a juicio; en los juicios sólo existen acusados, es, por tanto, una “categoría judicial”.

III. RÉGIMEN JURÍDICO

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se ditará auto declarándola procesada” (artículo 384 LECRIM).

Dicha imputación debe hacerse mediante auto dictado por el Juez de Instrucción, ordinario, Central de Instrucción de la Audiencia Nacional si es sobre delito competencia de dicho tribunal (terrorismo, delitos contra la Corona, falsificación de moneda, control de cambios, narcotráfico y delitos económicos que afecten al territorio de más de una Audiencia Provincial, delitos cometidos en el extranjero competencia de la jurisdicción española...) o magistrado del Tribunal Supremo si se trata de persona aforada ante el Alto Tribunal (ministro, diputado...).

Es una resolución motivada, recurrible y modificable de oficio por el Juez que la dictó y que tiene como presupuesto, la existencia de una persona presuntamente autora del hecho. El recurso que cabe es el de reforma en tres días ante el Juez que lo dictó, y contra su denegación, apelación ante la Audiencia o Sala correspondiente.

El contenido de dicha resolución debe incluir: persona o personas a las que se procesa, relación circunstanciada de los hechos que se les atribuyen, calificación jurídica provisional del delito que habrían cometido, y medidas cautelares que se considere conveniente.

Para poder dictar auto de procesamiento se requiere que nos encontremos ante unos hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una conducta calificada como delictiva (Sentencia del Tribunal Constitucional 666/1989, de 17 de abril). Esto es, hechos sobre los que quepa una sospecha fundada de autoría de una persona concreta. No debe procesarse, en cambio, a quien aparece como presunto autor de un hecho delictivo, cuando sin necesidad de celebrar juicio, se constata jurídicamente la imposibilidad de su condena (menor de 8 años que mata a un hermano menor también).

El procesamiento de alguien, en una causa penal, configura un estatuto personal del procesado, al tiempo que implica una serie de consecuencias procesales que se examinan seguidamente.

IV. ESTATUTO DEL PROCESADO

El procesamiento hace nacer en la persona procesada, una serie de derechos y deberes respecto al proceso:

1. Derechos

  • a) A recurrir contra el auto de procesamiento.
  • b) A intérprete, si no entiende el español.
  • c) A estar asistido de Letrado en cualquier declaración que se le tome y en el acto del juicio.
  • d) A no declarar bajo juramento.
  • e) A guardar silencio y no declarar en su contra.
  • f) A tomar parte en cualquier diligencia en su contra y a ser informado de las actuaciones y diligencias sumariales.
  • g) A proponer medios de prueba.
  • h) A recusar peritos.
  • i) A solicitar declarar, pudiendo dictar su declaración.
  • j) A leer el acta una vez declarado.

2. Deberes

  • a) A acudir a cualquier llamamiento del juez de instrucción.
  • b) A someterse a la indagatoria o primera declaración, una vez procesado.
  • c) A soportar las medidas cautelares dictadas en su contra.
  • d) A comunicar cualquier cambio de domicilio, si estuviera en libertad.

V. EFECTOS

La emisión de un auto de procesamiento, implica los siguientes efectos:

  • a) Atribuye a la persona procesada la condición de parte en el proceso, pudiendo ejercer todos los derechos que la ley le confiere, en su defensa.
  • b) Se le nombra un Abogado y Procurador de oficio, en caso de que el procesado no lo haga en la persona de profesionales de su libre elección.
  • c) Permite la adopción de medidas cautelares contra el procesado: prisión provisional, libertad con fianza, embargo de bienes, retirada del permiso de conducir o del arma o instrumento del delito, suspensión del cargo público que ostentaba (art. 384 bis LECRIM), limitación del derecho de sufragio pasivo.
  • d) Práctica de la indagatoria, en las primeras 24 horas tras el procesamiento, sin que la eventual confesión de los hechos imputados dispense al juez de practicar todas las diligencias que estime conducentes a la averiguación de la verdad del caso.
  • e) Completada o no, con otras diligencias, supone la posibilidad de cerrar la fase sumarial, y dictar auto de conclusión a fin de remitir las actuaciones practicadas en dicha fase al órgano de enjuiciamiento competente para la celebración del juicio oral contra el procesado.

En puridad no hace falta esperar hasta el momento final para dictar el procesamiento de alguien, pero es práctica habitual hacerlo como conclusión a la fase sumarial dando paso de ese modo, a la siguiente fase en la que se decidirá sobre el fondo del asunto, absolviendo o condenando a la persona procesada.

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