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Proceso

Proceso

Procesal

I. Concepto y evolución histórica

El proceso es un método de solución y satisfacción de conflictos y pretensiones sociales mediante el método de la heterocomposición, es decir, mediante la decisión del mismo por un tercero ajeno a las partes, en concreto por la autoridad judicial, que aplica el Derecho, la cual está caracterizada por su imparcialidad, la sumisión a la ley, y la posibilidad de imponer el cumplimiento de lo resuelto, aún contra la voluntad de las partes.

Siguiendo a Gimeno Sendera, podemos entender por proceso el conjunto de derechos, incluso de naturaleza constitucional, obligaciones, posibilidades y cargas que como consecuencia del ejercicio de una acción ante los tribunales de justicia, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales, desde las que, en un estado de contradicción, examinan las partes sus expectativas de una sentencia favorable y, con ella, la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias. Por tanto, son notas características de un proceso, la intervención de una autoridad judicial, y la existencia de dos partes contrapuestas, así como el dictado final de una resolución judicial, que obliga a las partes a su cumplimiento.

La Constitución Española, en su artículo 24, hace referencia a una serie de derechos y garantías constitucionales, que tienen por referencia a un proceso. Así el derecho a la tutela judicial efectiva, la prohibición de originación de indefensión, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables, y a la presunción de inocencia.

Ahora bien, como indica dicho autor, perfilando más el concepto de proceso, cabe distinguir entre el proceso propiamente dicho, es decir, como el ejercicio por las partes de sus respectivas pretensiones, de lo que constituye el procedimiento, que atiende más a la forma de los actos procesales, y que consistiría en el conjunto de actos procesales, tanto del juez como de las partes, donde las respectivas pretensiones de éstas se ejercitan. Ésta diferencia entre proceso y procedimiento, hace que la doctrina entienda que existen a su vez principios distintos, y así los principios del proceso harían referencia al comportamiento y facultades de disposición que ostentan los sujetos procesales dentro del proceso (posibilidad de allanamiento, desistimiento, etc.), y en cambio los principios del procedimiento, aluden más a la forma y sucesión temporal de los actos procesales, y a la comunicación entre los sujetos procesales (así la oralidad frente a la escritura del procedimiento, concentración, preclusión y publicidad del procedimiento, entre otros).

Siguiendo de nuevo a Gimeno Sendra, el concepto y naturaleza jurídica del proceso ha tenido una importante evolución histórica. Así, en los albores históricos de la civilización, la debilidad del Estado, que propiciaba el uso de la autodefensa privada, motivó que se acudiera a concepciones contractualistas, de forma que se ponía el acento en la necesidad del acuerdo de voluntades de las propias partes para sujetarse al proceso y para que se cumpliera la sentencia, y así en las doctrinas romanistas el proceso se reconducía a la figura del contrato de litiscontestatio, para posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, atribuirse un carácter de cuasicontrato, al entenderse que aunque no pudiera ser configurado como un contrato, pues faltaba la espontaneidad del consentimiento del demandado, al generarse obligaciones entre las partes, debía acudirse a dicha figura del cuasicontrato de litiscontestatio.

Fue posteriormente, en los siglos XIX y XX, gracias a la doctrina alemana, cuando el concepto del proceso adquirió una concepción propia de Derecho Público, calificándola Búlow, como una relación jurídica procesal de Derecho Público que transcurre entre el juez y las partes, teniendo dicha relación autonomía respecto de la relación jurídica material preexistente al proceso, que serían los derechos y obligaciones de naturaleza sustantiva que se reclaman en el proceso. Posteriormente, Goldschmidt, calificaría al proceso como una situación jurídica, es decir, las situaciones procesales que atraviesan las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. Y finalmente, también tuvo importancia la concepción de Guasp del proceso como institución, al entender que en el proceso hay más de una relación jurídica, por lo que, para reconducir a la unidad ésta multiplicidad de relaciones, había que acudir a la figura de la institución.

II. Los principios y clases de procesos

Cada tipo de proceso, atiende en su configuración a una serie de principios, constituyendo éstos, los distintos criterios que son inherentes a la estructura del proceso (como los denominados principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes), o aquellos que hacen referencia al titular de la pretensión suscitada (principio dispositivo o de oportunidad), o a quién corresponde la aportación de los hechos o de la prueba en el proceso (principios de aportación de parte o investigación o de oficio), o los relativos a la valoración de la prueba (prueba libre y prueba tasada).

Existen diversas clasificaciones de los procesos. Así, en función de los derechos o pretensiones ejercitados, los procesos se clasifican en: 1) Procesos civiles, que vienen regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000; 2) Procesos penales, a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882; 3) Los procesos laborales, regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre; y 4) Los contencioso-administrativos, a los que se refiere la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

A su vez, dentro del proceso penal, existen otras clases de procesos, como el proceso penal militar, regulado por la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril Procesal Militar, y el proceso penal de menores, regulado por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de la responsabilidad penal de los menores. En cada uno de dichos procesos, influenciado por la característica primordial de la pretensión ejercitada, primará uno u otro de dichos principios.

Y dentro de cada uno de dichos procesos, atendiendo a la clase de tutela judicial solicitada, conforme al artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pueden clasificar los procesos, singularmente los civiles, laborales o contencioso-administrativos en: 1) Proceso declarativo, cuyo objeto es la declaración o reconocimiento de una situación jurídica; 2) Proceso constitutivo, cuyo objeto es la constitución, modificación o extinción de una relación jurídica, como puede tener lugar con un proceso de incapacitación; 3) Proceso de ejecución, cuando se pretende la ejecución de una resolución judicial o extrajudicial; 4) Proceso cautelar, cuando se pretende la adopción de medidas cautelares.

1. Los principios de contradicción e igualdad

Haciendo una breve referencia a dichos principios, dada la ineludible relación que tienen con el proceso, diremos, que los principios inherentes a su estructura, como los indicados de contradicción e igualdad, se encuentran presentes en todos los tipos de procesos, ya que sin ellos no existiría un genuino proceso, gozando de fundamentación constitucional.

El principio de contradicción o audiencia bilateral a las dos partes, aparece aludido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, cuando refiriéndose al derecho a la tutela judicial efectiva de las personas ante los Tribunales, indica "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". La existencia de contradicción, que implica contenciosidad, es lo que singulariza al proceso frente a la denominada jurisdicción voluntaria, caracterizada precisamente, por la ausencia de contienda.

Como ha indicado el Tribunal Constitucional, (Sentencia 4/1982) la prohibición de indefensión significa, que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos o intereses, debiendo promover el legislador dicha contradicción.

En relación al principio de igualdad, éste viene a complementar al de contradicción, porque para que exista una verdadera contradicción, se precisa que ambas partes, tengan las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación. Este principio no deriva tanto del principio constitucional de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, sino del propio artículo 24 de la indicada norma fundamental (Sentencias del Tribunal Constitucional 125/1995, 4/1982, 180/1991, entre otras).

No obstante, éste principio, no queda infringido cuando en un concreto y especial procedimiento, por razones de agilidad y economía procesal, se limiten las posibilidades de alegación y prueba de las partes, siempre que puedan acudir a otro procedimiento, donde con amplitud puedan realizar las alegaciones y proponer la prueba que estimen pertinente, como ocurre, con los procesos civiles de desahucio y otros denominados sumarios (Sentencia del Tribunal Constitucional 60/1983).

2. Los principios dispositivo y de necesidad

Hacen referencia, respectivamente, a la titularidad de la pretensión y a la disponibilidad del objeto del proceso. En el proceso civil, tradicionalmente, impera el principio dispositivo, por lo que se entiende que corresponde a las partes la titularidad de su pretensión, y por ello, pueden disponer de ella, allanándose, desistiendo, transaccionando o renunciando a la misma, siempre que la ley no lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero (artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por dichas razones, existen ciertos procesos, donde dado el interés público existente y en beneficio de los menores o incapacitados, se establece el principio contrario de la indisponibilidad del objeto del proceso, como los denominados procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores (artículo 751 de la Ley Procesal Civil), requiriendo el desistimiento, en ciertos supuestos, de la conformidad del Ministerio Fiscal.

En cambio, en el proceso penal, tradicionalmente, impera el principio opuesto, es decir, el de necesidad, ya que la incoación del mismo no depende de la voluntad de las partes, salvo que se haya establecido un presupuesto de procedibilidad, como la exigencia de denuncia del agraviado (delitos semipúblicos), o la interposición de querella por el ofendido (delitos de injuria y calumnia contra particulares). A su vez, las partes, en general, carecen de la disponibilidad de la pretensión punitiva y del proceso mismo, si bien, existe la institución de la conformidad en el seno del proceso penal, que implica una aplicación del principio de oportunidad.

3. Los principios de aportación de parte o de oficio

Vienen referidos, respectivamente, a la atribución a las partes o al órgano jurisdiccional, la carga de aportar los hechos al proceso así como la proposición de la prueba sobre ésos hechos.

El proceso civil, está presidido tradicionalmente por el principio de aportación de parte (artículo 282 de la Ley procesal civil), permitiendo por excepción la iniciativa probatoria del Juez, cuando la ley expresamente lo prevea, como en los procesos en materia de filiación, capacidad, matrimonio y menores (artículo 752 de dicha Ley).

En cambio, en el proceso penal, singularmente en su fase de instrucción, prima el principio contrario de aportación de oficio, pudiendo acordar el Juez las diligencias que estime pertinentes. Sin embargo, en el acto del juicio oral, corresponde a las acusaciones ejercitar definitivamente la acusación y proponer la prueba.

4. Principios relativos a la valoración de la prueba: prueba libre y prueba tasada

En el principio de libre valoración de la prueba, el Juez tiene una amplia libertad de valoración de los distintos medios que se han practicado en el proceso, frente al principio de valoración tasada en la que, el legislador establece el valor que tienen ciertos medios probatorios.

En el proceso penal rige el sistema de libre valoración (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), e igualmente en el proceso civil, singularmente para las pruebas periciales y testificales ("conforme a la sana crítica", dicen artículos 348 y 376 de la Ley procesal civil), manteniéndose referencias al principio de prueba tasada en la documental pública, respecto del acto o estado de cosas que documenten, de la fecha y de las personas que intervienen (artículo 319 de la Ley procesal civil).

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