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Procesado

PROCESADO

I. CONCEPTO. EL PROCESAMIENTO COMO GARANTÍA DEL INVESTIGADO O ENCAUSADO

Procesado es aquella persona contra la que se ha dictado un auto de procesamiento, siendo calificado el auto de procesamiento por un sector importante de la doctrina como el acto procesal del Juez de Instrucción consistente en una declaración de voluntad por la cual se imputa formalmente a una persona determinada la comisión de uno o varios delitos, y de la que deriva la adquisición por parte del sujeto imputado de la calidad de parte y la posibilidad de ser ejercitada contra él, en su día, la acusación penal.

El procesamiento constituye un acto jurisdiccional propio del procedimiento ordinario común y supone la formalización judicial de la imputación. Se regula en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone que “desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley”.

Se trata de una resolución judicial interlocutoria -que no pone fin al procedimiento, sino que se produce en lo que se suele llamar “andadura procesal”- que presenta como peculiaridad, entre otras, el implicar una acusación de un hecho punible, aunque sea provisional, que el Instructor formula a una o varias personas determinadas, entrañando una calificación apriorística de tal hecho, que no tiene ningún alcance vinculatorio para el propio Instructor, ni para la acusación ni demás partes, ni mucho menos para el Tribunal sentenciador, y que debe dictarse, conforme dice el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que en dicha persona o personas concurre algún “indicio racional de criminalidad”, es decir, no meras sospechas, sino indicaciones que tengan un fuerte fundamento y base fáctica sólida, o como dijo la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 4 de mayo de 1994 “son indicaciones, señales, notas, datos externos que, apreciados de manera razonable, conducen a establecer una sospecha fundada de que un hecho delictivo se ha producido, que más adelante se confirma o no”.

La Ley 53/1978, de 4 diciembre, modificó los textos de los artículos 118 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alterando radicalmente el sistema anterior, y haciendo contradictoria la instrucción por regla general desde su inicio, de modo que aquel derecho que sólo podía tener el sujeto pasivo de la causa desde su procesamiento, inculpación o encartamiento, incluso sometido al criterio discrecional del Juez, lo tenía ahora la admisión de la denuncia o querella o desde que existe cualquier actuación procesal de la que resulta la imputación de un delito contra persona o personas determinadas. Nace así en nuestro Derecho Procesal Penal, en garantía del sujeto pasivo, el concepto de imputación que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado en el sentido de que ha de haber al respecto una actuación del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción, ”pues, de lo contrario, las partes acusadoras, públicas o privadas, serían enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano, confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo, con sustancial merma de las garantías de defensa, permitiéndose, en definitiva, que personas inocentes pudieran verse innecesariamente sometidas a la penalidad de la publicidad del juicio oral” (Sentencias del Tribunal Constitucional número 186/1990 y número 121/1995). Ha de haber un filtro judicial para la adquisición de la cualidad de sujeto pasivo del proceso penal en este momento en que aparece por primera vez implicada una persona determinada como posible responsable criminal. A la denuncia, querella u otra actuación procesal de la que resulte la atribución de la autoría de un delito ha de acompañar alguna resolución judicial que confiera oficialmente tal carácter al sujeto contra el que se dirigen. La admisión a trámite de la denuncia o querella, o simplemente la citación para declarar en calidad de posibles responsables por algún delito cuando los cargos aparecen en cualquier otra diligencia sirven para conferir esa cualidad de investigado judicial, lo que desde ese momento obliga al instructor a que ello sea puesto ”inmediatamente” en conocimiento de la persona contra la que se dirige (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 7 de diciembre de 1996).

II. PRESUPUESTOS

Para que el auto de procesamiento se dicte es necesaria la existencia de unos hechos de los que se deriven indicios racionales de criminalidad (presupuesto material); debiendo contener el auto la motivación necesaria, suficiente y racional que permita determinar al procesado, los hechos que lo motivan y los indicios tenidos en cuenta para su adopción (presupuesto formal). Tendrá que expresarse por el juez la existencia de unos hechos y su correspondiente relato, los indicios de delito que se aprecian en esos hechos y la persona o personas determinadas que los hubieran realizado. La carencia de motivación o la existencia de resolución notoriamente infundada, arbitraria o caprichosa, vulneraría la presunción de inocencia (Sentencia del Tribunal Constitucional número 70/1990, entre otras muchas).

En cuanto se refiere al concepto de indicio racional, la doctrina y la jurisprudencia vienen entendiendo por tal que el Juez llegue a la convicción, con base a una valoración de la investigación y de las diligencias de instrucción practicadas, de que una determinada persona haya participado en la ejecución de un hecho punible, pudiéndose añadir que dicho acuerdo no debe ser consecuencia de vagas indicaciones o de ligeras sospechas, sino del resultado lógico de un hecho que pueda fundamentalmente dar origen a responsabilidad para el que ha de ser procesado. El Tribunal Constitucional, en su Auto de 2 de febrero de 1983 dice que los indicios racionales van ligados al problema de la probabilidad. Para incoar un sumario se precisa la posibilidad de comisión de un delito; para el procesamiento, la probabilidad de participación de una persona determinada; y para la condena, la certeza, con exclusión de toda duda. Añade dicho Tribunal que no basta para que se acuerde el procesamiento la existencia de algún indicio de criminalidad, dado que es preciso que el indicio o indicios sean racionales, de modo que no se llegue a tan grave medida como consecuencia de vagas indicaciones o livianas sospechas, lo que implica tenerse que apoyar en datos de valor fáctico que, representando más que una posibilidad y menos que una certeza supongan una probabilidad de la existencia de un delito, ya que la aseveración sobre la que debe adoptarse el procesamiento es relativa aunque lógicamente suficiente pero sin exigir un inequívoco testimonio de certidumbre.

Ahora bien, el Auto de procesamiento que regula el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto medida atributiva de un determinado “status” e imputación suficiente para justificar la adopción de medidas cautelares de importancia dentro del proceso penal, en el caso de que se dictara arbitrariamente sin un mínimo fundamento en “algún indicio racional de criminalidad” podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución. De manera que, si bien corresponde a los órganos judiciales, en el ejercicio de las facultades ponderativas inherentes a su propia jurisdicción, apreciar si existe dicho indicio necesario para dictar el Auto (Autos del Tribunal Constitucional 324/1982, de 25 de octubre; 146/1983, de 13 de abril; 173/1984, de 21 de marzo, y 340/1985, de 22 de mayo), es propio del Tribunal de apelación revisar la adecuación de la resolución a las exigencias que derivan del citado artículo 24.1 de la Constitución, esto es, que el Auto incorpore explícita motivación, y teniendo en cuenta la propia literalidad del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para excluir el mero voluntarismo en la decisión adoptada, se aprecie: a) la presencia de unos hechos o datos básicos; b) que sirvan, racionalmente, de indicios de una determinada conducta que; c) resulte calificada como criminal o delictiva.

Todo ello en el bien entendido de que el Tribunal ha de limitarse a verificar o constatar la presencia de tales elementos en la resolución, sin entrar a valorar el mayor o menor acierto del órgano judicial al estimar el peso de los indicios presentes o su relevancia como señal o muestra de una posible actividad delictiva, pues ese error o acierto ha de apreciarse por los Tribunales con ocasión de la correspondiente sustanciación procesal, al pronunciarse el definitivo juicio de culpabilidad o inocencia (Sentencia del Tribunal Constitucional número 66/1989, de 17 de abril).

No existe un momento determinado dentro del desarrollo del proceso para dictar el auto de procesamiento ya que los indicios a los que se refiere el precepto, bien pueden aparecer en el momento inicial (querella que aporta suficientes datos y que comporta indicios racionales de criminalidad) o con posterioridad una vez practicadas determinadas diligencias. Como hemos dicho es provisional, pudiendo revocarse en cualquier momento, bien a petición de las partes o bien de oficio. El auto de procesamiento lo dicta el juez de instrucción que conoce del asunto, pero si fuera denegado por el juez, la parte que lo hubiera solicitado puede reproducir su petición ante la Audiencia, pudiendo ésta mandar al juez de instrucción que dicte el auto y procese a determinada personas. En este supuesto tenemos que tener en cuenta que si el procedimiento llegara a juicio oral, se podría recusar o abstenerse de oficio la Sala que hubiera mandado dictar el auto a tenor del artículo 54.12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

III. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESAMIENTO

La importancia del procesamiento, por su repercusión y trascendencia social, al afectar a la honorabilidad del individuo, obliga a los Jueces de Instrucción a dictar dichas resoluciones con la máxima prudencia y cautela, examinando detenidamente los supuestos que puedan justificar la adopción de tan grave medida.

Se trata de un auto de carácter provisional, en el que la imputación formulada y formalizada puede ser susceptible de revisión a lo largo de la investigación, sin perjuicio de la necesaria concreción que ha de recibir en los escritos de calificación provisional. No implica de suyo la culpabilidad del procesado ni constituye un escrito de acusación, habiendo señalando en este sentido la jurisprudencia que la pretensión acusatoria no queda fijada en el auto de procesamiento sino en las conclusiones provisionales, pudiendo procesarse por un determinado delito y acusarse posteriormente por otro (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 12 de enero de 1989, 12 de junio de 1990 y 5 de marzo de 1991).

Mediante el procesamiento se coloca al afectado en una situación procesal específica, pues nace a partir de ese momento una imputación formal concreta que acarrea una serie de consecuencias:

  • a) El procesado adquiere definitivamente la condición y el “status” de parte pasiva en el procedimiento, tomando conocimiento de las actuaciones e interviniendo en el procedimiento, pudiendo ejercer, en definitiva, el derecho de defensa. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 53/1978, que dio una nueva redacción al artículo 118 LECrim, permitió ya al investigado, cualquiera que fuese el origen de la imputación, tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en el procedimiento, haciendo perder al auto de procesamiento su primitivo fundamento en muy buena medida.
  • b) El auto de procesamiento deberá ser notificado personalmente al procesado; en el acto de su notificación el juez le recibirá declaración, a la que se la denomina “indagatoria”, y consistirá principalmente en preguntar al procesado que manifieste si conoce el contenido el auto que se le notifica y si está o no de acuerdo con el mismo. A partir de ese momento comenzará el plazo de tres días para interponer el recurso.

IV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Contra el auto de procesamiento podrá interponerse recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haber sido notificada la resolución; junto a éste cabrá interponer el subsidiario de apelación, de modo que si fuera denegada la reforma el juez de instrucción admitiría la apelación, que podría también interponerse separadamente dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la reforma y se admitirá siempre en un solo efecto. En el caso que se estimara la reforma y se revocara el procesamiento, la parte que lo haya solicitado podrá reproducir su solicitud ante la Audiencia (artículo 384.V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Contra los autos que denieguen el procesamiento se concederá a quien lo haya solicitado recurso de reforma a interponer dentro de los tres días siguientes a su notificación; si el juez instructor lo reformare y dictare auto de procesamiento, los procesados podrán recurrir éste en reforma y apelación. No cabe recurso alguno contra la resolución del de reforma en el caso que sea denegatoria del procesamiento, pero el solicitante lo podrá reproducir ante la Audiencia cuando se persone ante ella y evacue el traslado del artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El tribunal, al dictar el auto del artículo 630 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (auto de conclusión), resolverá fundadamente lo que proceda, mandando al juez instructor que lo dicte en el caso de que estime el procesamiento, pudiendo entonces los procesados interponer recurso de apelación directamente (párrafo cuarto del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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