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Objeción de conciencia

Objeción de conciencia

Derechos fundamentales y libertades públicas

¿Qué es el derecho a la objeción de conciencia?

Con carácter general se puede definir la objeción de conciencia como "el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones" (STC 161/1987, de 27 de octubre).

La Constitución Española reconoce el derecho a la objeción de conciencia en el apartado segundo del artículo 30 que declara que "La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso una prestación social sustitutoria."

El derecho a la objeción de conciencia se incluye en el Título I de la Constitución Española que lleva la rúbrica "De los derechos y deberes fundamentales", en el Capítulo II, Sección 2ª que se titula "De los derechos y deberes de los ciudadanos".

La Sentencia del Tribunal Constitucional 160/1987, de 27 de octubre de 1987 define los contornos de este derecho: "Se trata, pues, de un derecho constitucional reconocido por la norma suprema en su artículo 30.2, protegido, sí, por el recurso de amparo (artículo 53.2), pero cuya relación con el artículo 16 (libertad ideológica) no autoriza ni permite calificarlo de fundamental. Es su naturaleza excepcional -derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es el de la defensa de España- lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental, y lo que legitima al legislador para regularlo por Ley ordinaria "con las debidas garantías, que, si por un lado son debidas al objetor, vienen asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional."

¿Cómo se reguló legalmente el derecho la objeción de conciencia?

La primera regulación legal es la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria que fue posteriormente desarrollada por el Reglamento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y del procedimiento para el reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, aprobado por Real Decreto 551/1985, de 25 de abril.

Dicha norma fue derogada por la Ley 22/1998, de 6 de julio.

Suprimida por la Ley 17/1999, de 18 de mayo. de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas la obligatoriedad del servicio militar en España hasta que la defensa del país así lo exija, el tema de la objeción de conciencia en este ámbito perdió todo el interés que en su momento llegó a tener.

¿Existe el derecho a la objeción de conciencia en otras materias distintas a la prestación del servicio militar obligatorio?

La objeción de conciencia permite a los farmacéuticos abstenerse de realizar por motivos éticos determinados actos clínico-asistenciales que les son jurídicamente exigibles como es el supuesto de la dispensa de determinados medicamentos (s por ejemplo la píldora del día después)

Las leyes autonómicas de ordenación farmacéutica de La Rioja , Galicia ), Cantabria y Castilla-La Mancha reconocen el derecho a la objeción de conciencia al enumerar los derechos del farmacéutico.

En su sentencia de 25 de junio de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional otorga el amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la llamada "píldora del día después". El Tribunal considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el art. 16.1 de la Constitución.

La sentencia concluye que el derecho a la objeción de conciencia que la doctrina constitucional reconoce a los médicos es también aplicable a los farmacéuticos "cuando la referida objeción se proyecta sobre el deber de dispensación de la ‘píldora del día después’ por parte de los farmacéuticos".

Recuerde que...

  • La Constitución española de 1978, aparte de la objeción al servicio militar (art. 30.2) y la cláusula de conciencia de los periodistas, no contempla un derecho general a la objeción de conciencia.
  • No obstante, existe en la doctrina un consenso general en considerar a la objeción de conciencia como un derecho inherente a la persona.
  • La STC 160/1987, de 27 de octubre, ha precisado que es un derecho constitucional, aunque no fundamental, a la vez que admite su protección a semejanza de los derechos fundamentales mediante recurso de amparo constitucional (art. 53.2 CE).
  • La doctrina constitucional ha reconocido especialmente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en prácticas médicas tales como la interrupción voluntaria del embarazo, la fecundación artificial, y en la dispensa de medicamentos como la píldora del día después.
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