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Patrimonio del discapacitado

Patrimonio del discapacitado

Durante los procesos de incapacitación deben adoptarse las medidas necesarias para la protección del patrimonio del presunto incapaz, bien de oficio, por el Juez que esté conociendo, bien a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.

Ausencia, incapacitación y tutela

¿Qué ocurre con el patrimonio del discapacitado durante el proceso de incapacitación?

Según dispone el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio. Igualmente también el Ministerio Fiscal podrá solicitar del Tribunal la adopción de medidas para la salvaguarda del patrimonio.

Medidas que, en cualquier caso podrán adoptarse de oficio o a instancia de parte en cualquier estado del proceso.

Así las cosas, el Juzgador tiene una amplia disponibilidad al objeto de dictar resoluciones que protejan dichos supuestos bienes que deben ser objeto de protección, con la finalidad última de poder garantizar la efectividad de los efectos jurídicos de la Sentencia que en su día se dicte, puesto que, en ciertas ocasiones, se podría dictar una Sentencia de difícil cumplimiento al no haber protegido de antemano este patrimonio, con los efectos indeseables para el incapaz. Estamos, por tanto, ante un régimen de medidas antes y durante la tramitación del proceso.

La resolución judicial por la que se declare la incapacitación determinará a este respecto la extensión y límites de esta.

Dentro de las posibilidades que asisten al Juzgador pueden suponer a título de ejemplo la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. Cuestión prevista en la Ley Hipotecaria, como igualmente la administración judicial de los bienes del presunto discapacitado.

Los particulares igualmente podrán solicitar estas medidas. Ahora bien, dependerá de las características del presunto incapaz. De esta forma si este fuere un menor de edad emancipado o mayor de edad, se podrán instar por el presunto incapaz, cónyuge o quien se encuentre en citación de hecho asimilable, ascendientes o descendientes o hermanos del presunto incapaz. Por otro lado, si es un presunto incapaz menor de edad que estuviere sometido a un régimen de tutela o patria potestad se podrá pedir por quien ejercieren respectivamente la patria potestad o la tutela.

Cabe citar, finalmente, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. El objeto de la norma es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, que será su titular, especificando la norma que, a los efectos de la misma, únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad: a) las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento, y b) las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

¿Qué ocurre con el patrimonio del discapacitado durante la guarda?

Dispone el artículo 216 del Código Civil que las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Se otorga por lo tanto a los Jueces un amplio abanico de posibilidades sobre las decisiones relativas al discapacitado y consecuentemente sobre su patrimonio.

Independientemente de la discrecionalidad judicial al objeto de adoptar decisiones, de entrada, el artículo 221.3 del Código Civil impone un veto a quien ejerza funciones tuitivas sobre el patrimonio del tutelado prohibiéndole adquirir por título oneroso bienes de este o transmitirle por su parte bienes por igual título. Igualmente explicita el artículo 227 CC que, el que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

En ocasiones cuando por concurrir circunstancias particulares en la persona del tutelado o en su patrimonio, podrá ejercerse la tutela por más de una persona si conviniere separar como cargos los distintos del que actuare tuitivamente sobre la persona y otro para con sus bienes, actuando ambos de forma independiente. No obstante lo anterior, si existieren decisiones que afectaren a ambos se deberá de decidir de forma conjunta, quedando al arbitrio judicial los casos que pudiere existir una disparidad de criterios en la adopción de medidas por ambos.

Este caso suele suceder en los supuestos en que el administrador de los bienes del tutelado sea una cuestión lo suficientemente compleja para que se aconseje esta decisión. Ello en aras de una mejor gestión y consecuentemente una protección más adecuada a los bienes.

El nombramiento de tutor será competencia exclusiva del Juez. El tutor queda obligado, tal como dispone el artículo 262 del Código Civil a efectuar un inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días a contar de aquel en que se hubiere tomado posesión del cargo. No obstante lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar este plazo si hubiere circunstancias de complejidad que lo aconsejaren. El incumplimiento de lo anterior puede suponer la remoción del cargo de tutor.

Este inventario es una medida de carácter precautorio y de garantía con la finalidad de asegurar los bienes del discapacitado, sometido a tutela, para evitar que se pudieren sustraer bienes de su patrimonio si existe una indefinición del contenido de los bienes que conforma su haber. Este inventario, por tanto deberá comprender tanto el activo como el pasivo.

El inventario se formará ante el Letrado de la Administración de Justicia con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez estimare por conveniente. Deberemos entender que estas personas serán aquellas que tuvieren un interés legítimo.

Otra norma de garantía a favor del patrimonio del discapacitado se contiene en el artículo 265 del Código Civil, prescribiendo que el dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, no deban quedar en poder del tutor serán depositados en un establecimiento.

Igualmente el tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tutelado, se entenderá que renuncia a ellos.

La administración de los bienes del menor por parte del tutor queda plenamente sometida a la intervención judicial, por lo que, entre otras obligaciones de aquél, se encuentra la de informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.

Igualmente el tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de buen padre de familia.

No obstante lo anterior, existen una serie de actos específicos que el tutor no podrá realizar, salvo mediante autorización judicial. Dichos actos se encuentran recogidos en el artículo 271 del Código Civil y son los siguientes:

El tutor necesita autorización judicial:

  • 1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
  • 2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.
  • 3. Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
  • 4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.
  • 5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
  • 6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
  • 7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
  • 8. Para dar y tomar dinero a préstamo.
  • 9. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
  • 10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

Complementando lo anterior, el artículo 272 CC establece una excepción, indicando que, en todo caso, no necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial.

Esta excepcionalidad se basa en el hecho de que son cuestiones favorables para el discapacitado, por lo que sin perjuicio de la sanción final por parte del Juzgador exista mayor celeridad en su tramitación.

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artículos anteriores -271 y 272 del Código Civil-, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita.

Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del cuatro por ciento ni exceda del veinte por ciento del rendimiento líquido de los bienes.

Sólo los padres, y en sus disposiciones de última voluntad, podrán establecer que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa.

¿Debe el tutor rendir cuentas cuando se extinga la tutela?

Además de la rendición de cuentas anualmente y junto con las que pudiera exigir en cualquier momento, tanto el Juez como el Ministerio Fiscal, el tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su administración ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo.

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.

Los gastos necesarios (entendemos como los imprescindibles y estrictos) de la rendición de cuentas, serán a cargo del que estuvo sometido a tutela.

El saldo de la cuenta general devengará interés legal, a favor o en contra del tutor. Entendemos como interés legal el que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Si el saldo es a favor del tutor, devengará interés legal desde que el que estuvo sometido a tutela sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.

Si es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta.

La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.

Recuerde que…

  • Durante los procesos de incapacitación deben adoptarse las medidas necesarias para la protección del patrimonio del presunto incapaz.
  • El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya.
  • El tutor deberá efectuar inventario en los primeros sesenta días desde que se hubiera tomado posesión del cargo.
  • El tutor necesitará autorización judicial, entre otras, para internar al tutelado; enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales; renunciar a derechos, o aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia.
  • El juez fijará una retribución para el tutor, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita.
  • El tutor deberá rendir cuentas anualmente, al cesar sus funciones y en cualquier momento en que lo exija el juez.
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