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Personalidad jurídica

Personalidad jurídica

La personalidad jurídica es la capacidad para ser parte de las personas jurídicas, entre las que se incluyen corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público o las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales.

Proceso civil

¿Qué entes tienen personalidad jurídica?

El artículo 6.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce en su apartado 3 capacidad para ser parte a las personas jurídicas, precepto que debe ponerse necesariamente en relación con el artículo 35 del Código Civil, en cuya virtud son personas jurídicas:

  • 1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley, cuya personalidad comienza desde el instante mismo en que con arreglo a derecho hubiesen quedado válidamente constituidas;
  • 2. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley reconozca personalidad jurídica propia independiente de cada uno de sus asociados.

1. Corporaciones de interés público

En cuanto a las corporaciones de interés público hay que estar a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconoce personalidad jurídica tanto a la Administración General del Estado como a las Comunidades Autónomas y a las entidades que integran la Administración local (artículo 3.4 Ley 40/2015), como la tienen también reconocida los organismos públicos (artículo 89 Ley 40/2015) que pueden ser organismos autónomos (artículo 98 Ley 40/2015) y las entidades públicas empresariales (artículo 103 Ley 40/2015), personalidad que comienza desde que tales entes son creados o constituidos.

También son corporaciones de derecho público y por tanto gozan de personalidad jurídica los colegios profesionales, regulados en la Ley 2/1974 de 13 de febrero y en la correspondiente normativa autonómica, y las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación reguladas en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y normativa autonómica.

En lo referente a las asociaciones de interés público, están reguladas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y en las correspondientes leyes autonómicas. De una lectura conjunta de los artículos 35 y 36 del Código Civil se desprende que con la expresión "asociaciones de interés particular" se está haciendo referencia exclusivamente a las sociedades civiles y mercantiles. Pues bien, las asociaciones (consideradas todas ellas de interés público por el Código Civil, entendido como interés no lucrativo o estrictamente privado) adquieren personalidad jurídica y "plena capacidad de obrar" con el otorgamiento del acta de constitución (artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2002) aunque debe inscribirse en el Registro Público de Asociaciones a los solos fines de publicidad (artículo 22.3 Constitución y artículo 10.1º de la Ley Orgánica 1/2002).

2. Fundaciones

Por lo que se refiere a las fundaciones, en todo caso persiguen un interés público en el sentido de no lucrativo, altruista, no privado, y según el artículo 4.1 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, adquieren personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Fundaciones.

En lo relativo a lo que el Código denomina "asociaciones de interés particular", a que se refiere el artículo 35.2 del Código Civil, que según el artículo 36 del Código Civil se rigen por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, en realidad se está haciendo referencia a las sociedades civiles y mercantiles.

Las sociedades civiles se regulan en los artículos 1665 a1708 del Código Civil, y la libertad de forma preside su constitución salvo que se aporten bienes inmuebles en cuyo caso es necesario el otorgamiento de escritura pública (artículo 1667 del Código Civil); tales sociedades gozan de personalidad jurídica siempre que sus pactos no permanezcan en secreto entre los socios contratando cada uno en su nombre ya que en tal caso se aplican las normas relativas a la comunidad de bienes (artículo 1669 del Código Civil en relación con los artículos 392 y siguientes del mismo cuerpo legal).

En cuanto a las sociedades mercantiles, a ellas se refieren los artículos 116 a157 del Código de Comercio el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Para que adquieran personalidad jurídica es necesario que se constituyan en escritura pública y que la misma se inscriba en el Registro Mercantil. La personalidad de las sociedades mercantiles continúa durante el periodo de liquidación como se desprende del artículo 371.2 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Las personas jurídicas antes mencionadas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales conforme a las leyes y reglas de su constitución (artículo 37 del Código Civil).

En lo relativo al domicilio de las personas jurídicas, dispone el artículo 41 del Código Civil que: "cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto".

¿Qué capacidad para ser parte tienen?

Dispone el artículo 6.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pueden ser parte en los procesos civiles "las personas jurídicas" si bien en su apartado 2 señala el precepto que "sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado".

De la lectura de dichos apartados se desprende que la Ley es mucho más estricta a la hora de reconocer la capacidad para ser parte actora que para figurar en el lado pasivo de la relación jurídico procesal, como parte demandada, pues en este caso puede dirigirse la demanda incluso contra entidades, grupos o comunidades carentes de personalidad jurídica, ampliación que se explica desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de no excluir de la posibilidad de ser demandados a quienes en el tráfico no se han constituido formalmente en cualquiera de las formas asociativas o societarias que prevé la ley, a los que se beneficiaría injustamente.

Por otro lado, el artículo 6.1.4º de la LEC reconoce capacidad para ser parte a las masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular (herencia yacente) o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición o administración (masa activa en el caso de concurso de acreedores). Finalmente, la Ley reconoce capacidad para ser parte a las entidades sin personalidad jurídica a las que la Ley reconozca capacidad para ser parte (artículo 6.1.5º LEC) aun cuando carezcan de personalidad jurídica: Es el caso de las comunidades de propietarios de la Ley de Propiedad Horizontal.

La falta de capacidad jurídica y de capacidad procesal puede ser apreciada de oficio por el Juez en cualquier momento del proceso (artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) con lo que se refuerza notablemente las facultades del Juez en la materia, de modo que puede apreciar la falta de capacidad sin esperar a que sea alegada por las partes por vía de excepción, e incluso las partes pueden hacer valer esta circunstancia poniéndola en conocimiento del Juez sea cual fuere el estado del proceso, mediante escrito u oralmente si se trata de la vista o juicio, y no necesariamente en la contestación a la demanda.

¿Qué capacidad procesal tienen las personas jurídicas?

El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 se refiere a la capacidad procesal o capacidad para comparecer en juicio, es decir, la aptitud para realizar válidamente actos procesales, y por lo que a las personas jurídicas se refiere, el precepto afirma en su apartado 4º que por las mismas comparecerán en juicio las personas que "legalmente las representen", partiendo de la base de que la persona jurídica, como ficción legal o creación del derecho, carece por definición de aptitud para comparecer en el proceso, de modo que solo puede hacerlo a través de la persona física que la representa.

En lo que se refiere a los entes públicos hay que estar a lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial del que se desprende que la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponde a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado pueden representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.

La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

En cuanto a la representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponde a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado pueden además representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.

En lo relativo a los colegios profesionales, la representación en juicio corresponde al órgano de gobierno que establezcan los Estatutos (artículo 6.3.c) de la Ley 2/1974) si bien debe estarse a las diferentes leyes autonómicas que regulan con carácter general la materia y las que regulan cada colegio profesional en concreto.

Por lo que se refiere a las asociaciones, la representación en juicio corresponde al órgano de gobierno provisional designado en el acta fundacional (artículo 6.1.e) de la Ley Orgánica 1/2002) o en los Estatutos (artículo 7.1.h) de la Ley Orgánica 1/2002), al que corresponderá la gestión y representación de los intereses de la asociación (artículo 11.4 de la Ley Orgánica 1/2002), y en cuyas facultades se entenderán incluidos todos los actos propios de las finalidades de la asociación siempre que no requieran, conforme a los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. Todo ello ha de entenderse sin perjuicio de lo que establezcan las distintas leyes autonómicas reguladoras del derecho de asociación (Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones de Cataluña).

En cuanto a las fundaciones, el órgano de representación y gestión es el Patronato (artículo 14.1 de la Ley 50/2002) al que corresponde la administración y disposición del patrimonio (artículos 14.2 y 19.2 de la Ley 50/2002); el Patronato puede delegar sus facultades en una o más personas (artículo 16 de la Ley 50/2002). Los Estatutos pueden prever otros órganos para el desempeño de sus funciones (artículo 16 de la Ley 50/2002). También en esta materia deben tenerse presente las diferentes leyes autonómicas (Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego, Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones de Cataluña, Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, Ley 1/1998, de 21 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco).

La representación de las sociedades anónimas en juicio y fuera de él corresponde a los administradores en la forma designada en los Estatutos (artículo 233 Real Decreto Legislativo 1/2010), y dicha representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los Estatutos, aunque cualquier limitación de las facultades representativas no perjudican a tercero incluso si se hallan inscritas en el Registro Mercantil como tampoco se verán perjudicados por los actos realizados fuera de su objeto social si obraron con buena fe y sin culpa grave (artículo 234 Real Decreto Legislativo 1/2010); en el artículo 233 Real Decreto Legislativo 1/2010 se recoge que la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores.

Debe destacarse finalmente, que en el proceso civil es necesario, como regla general, que las partes estén representadas por Procurador, salvo en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros (artículo 23.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) o cuando se trate del escrito inicial del procedimiento monitorio (artículo 814.2 LEC), pero en estos casos, tratándose de personas jurídicas, la demanda debe ir suscrita precisamente por el órgano que representa a la entidad, asociación, fundación o sociedad, y no por cualquier otra, aunque se trate de apoderado voluntario, pues sólo a dichos órganos (Protectorado, administrador, etc...) corresponde la "representación legal" a que se refiere el artículo 7.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que excluye la posibilidad de que dichas demandas o escritos puedan ir firmadas por representante voluntario (generalmente un Letrado apoderado), práctica que debe proscribirse, máxime cuando el artículo 543 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Procuradores en exclusiva la representación de las partes en todo tipo de procesos y el artículo 23.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala textualmente que cuando no es obligatoria la representación por Procurador pueden los litigantes comparecer "por sí mismos" lo que parece excluir que puedan hacerlo mediante otra persona a modo de representante voluntario, lo que tan frecuentemente sucede en la práctica especialmente en el ámbito del procedimiento monitorio.

Caso particular de las comunidades de propietarios

En principio, el Real Decreto 8/2011, de 1 de Julio había venido a dar respuesta y solución a una vieja reivindicación en el derecho inmobiliario de muchas comunidades de propietarios que se veían incapaces, en ocasiones, de hacer frente al cumplimiento de una obligación que tenían por ley, cual la de reparar y rehabilitar sus inmuebles. Pero, sin embargo, no tenían una cobertura jurídica para afrontar contractualmente con las entidades bancarias la suscripción de préstamos con los que poder afrontar el pago de estas obras de rehabilitación.

Muchas comunidades de propietarios han asumido hasta fechas recientes el inconveniente derivado de que estas no puedan ser consideradas como personas jurídicas y no tengan asumida una personalidad jurídica propia diferente de sus comuneros e integrantes para contratar con terceros. Además, la difícil situación económica que vivimos ha hecho necesario, ahora más que nunca, que se tenga que recurrir a los bancos para hacer frente a numerosas obras de rehabilitación que se repiten en muchos edificios que amenazan con ruinas y que requieren de reparaciones urgentes. Pero ¿cómo hacer frente a estos gastos si la entidad bancaria no podía asumir la condición y legitimación propia para contratar de la comunidad y obligarse como tal ante la entidad bancaria?

Nótese que la firma del Presidente representando a la Comunidad tiene ciertos inconvenientes en razón a que la Comunidad no tiene por sí misma personalidad jurídica. En efecto, en el mes de Junio de 2005 se celebró una jornada en Madrid organizada por el Consejo General de administradores de fincas de España para analizar la necesidad de una reforma de la LPH 1960. En el curso de la misma, se recordó el problema que tienen las comunidades de propietarios de carecer de personalidad jurídica, lo que lleva consigo muchos inconvenientes. Así, las Comunidades de Propietarios no tienen reconocida personalidad jurídica diferente de la que corresponde individualmente a cada propietario, pero ello con la paradoja de que, sin embargo, se constituyen una serie de órganos de gobierno para constituir una voluntad supra-individual (las Juntas de Propietarios) y de representación no sólo interna sino también externa, esto es, en el tráfico jurídico, de modo que en realidad, se le reconoce una actuación individualizada diferente a la que correspondería a cada uno de los componentes de la comunidad. Piénsese que el Presidente tiene capacidad para celebrar -y obligar por tanto a la Comunidad- contratos, para exigir responsabilidades o para actuar en calidad de parte, y en representación de la Comunidad como tal, en los procesos judiciales.

Sin embargo, la falta de reconocimiento de una verdadera personalidad jurídica ha producido efectos perniciosos en el normal desarrollo del tráfico jurídico. Así por ejemplo, en ocasiones un propietario o los terceros, se ven obligados a demandar a todos y cada uno de los propietarios para accionar frente a los mismos, con ese carácter individual y no colectivo que, en otros ámbitos la ley sí les reconoce. Por otro lado, la limitación de la capacidad representativa del Presidente, limita su actuación ordinaria y diaria en ese tráfico externo, perjudicando el dinamismo de la propia Comunidad. Así, destacamos problemas y molestias que para una Comunidad de propietarios surgen al reclamar la entidad bancaria que comparecieran en el banco todos los comuneros para firmar el préstamo para el pago de la instalación del ascensor o la reparación de la fachada. En su momento se proponía una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 5 que rezaba "Las comunidades de propietarios que estén integradas por más de veinticuatro viviendas, adquirirá personalidad jurídica por la sola inscripción del título de la Propiedad Horizontal en el Registro de la Propiedad, siéndole de aplicación las normas establecidas en el apartado anterior"

No obstante, no fue sino hasta julio de 2011 cuando en virtud del Real Decreto 8/2011 se pudo incluir en el artículo 20 LPH 1960 que las comunidades y las agrupaciones de comunidades de propietarios podrán, previo acuerdo válidamente adoptado conforme a la legislación de propiedad horizontal:

"a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento de los deberes de conservación, mejora y regeneración, así como con la participación en la ejecución de actuaciones aisladas o conjuntas, continuas o discontinuas, que correspondan."

Sin embargo, este art. 20 LPH 1960 ha sido derogado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, aunque mantiene el propio contenido del art. 20 citado al recogerse ahora en el art. 15 LPH 1960.

En virtud de este precepto, las comunidades de propietarios aunque sigan careciendo de personalidad jurídica actuarán en la filosofía de mantener la rehabilitación de los edificios pudiendo acudir su presidente a suscribir operaciones crediticias para poder financiar las labores de rehabilitación de los edificios, con la particularidad diferencial con el régimen anteriormente en vigor, ya que el nuevo art. 10.1 LPH 1960 ya no permite que sea la junta de propietarios la que adopte el acuerdo para llevar a cabo una obra de rehabilitación, sino que si esta es obligatoria por cumplir los parámetros que marca la Ley 8/2013 antes citada se entiende que deberá el presidente tomar la decisión de llevarla a cabo y exponer a la junta y debatir allí, eso sí, la fórmula económica que se pacte para financiar la obra.

Recuerde que...

  • La personalidad jurídica es la capacidad para ser parte de las personas jurídicas, entre las que se incluyen corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público o las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales.
  • Para que adquieran personalidad jurídica es necesario que se constituyan en escritura pública y que la misma se inscriba en el Registro Mercantil.
  • La falta de capacidad jurídica y de capacidad procesal puede ser apreciada de oficio por el Juez en cualquier momento del proceso.
  • Debe destacarse finalmente, que en el proceso civil es necesario, como regla general, que las partes estén representadas por Procurador.
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