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Patria potestad

Patria potestad

La patria potestad es el conjunto de derechos que la Ley concede a los padres sobre los hijos y sus bienes en tanto son menores y no están emancipados con el objetivo de que los sostengan y los eduquen, siempre en aras del principio del interés superior del menor.

Familia y matrimonio

¿Qué es la patria potestad?

La patria potestad, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1975, es el conjunto de derechos que la Ley concede a los padres sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos en tanto son menores y no emancipados para facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y de educación que pesan sobre dichos padres; y constituye una relación central de la que irradian multitud de derechos y deberes, instituidos todos, no en interés del titular, sino en el del menor.

La patria potestad es en el Derecho Moderno, y concretamente en nuestro Derecho positivo, una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden, como proclaman los apartados 2 y 3 del artículo 39 de la Constitución Española (STS, Sala Primera, de lo Civil, Nº sent. 415/2000, de 24 Abril 2000 Nº rec. 995/1995); es la institución jurídica de protección, cuidado, asistencia, educación y un medio de suplir la incapacidad.

El derecho de los padres a la patria potestad con relación a sus hijos menores y dentro del mismo, viene incluido entre los que la doctrina dominante denomina derechos-función, en los que, la especial naturaleza que les otorga su carácter social, que trasciende del ámbito meramente privado, hace que su ejercicio se constituya, no en meramente facultativo para su titular -como sucede en la generalidad de los derechos subjetivos- sino en obligatorio para quien lo ostenta, toda vez que adecuado cumplimiento llena unas finalidades sociales -en este caso de interés familiar- que le hacen especialmente preciado para el ordenamiento jurídico. Por ello, la patria potestad es irrenunciable, intransmisible e imprescriptible.

¿Qué sujetos intervienen en la patria potestad?

Los elementos personales de la patria potestad son, a tenor del artículo 154 Código Civil, los hijos no emancipados, y los progenitores a quienes corresponde su ejercicio.

En relación a los hijos, hay que tener en cuenta que la emancipación, a tenor del artículo 314 del Código Civil modificado por la Ley 15/2015 tiene lugar:

  • 1. Por la mayoría de edad
  • 2. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. Para que tenga lugar este tipo de emancipación se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro.
  • 3. Por concesión judicial. El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidieren y previa audiencia de los padres, cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor, cuando los padres vivieren separados, o cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

Por otro lado, si durante la menor edad se incapacita a un menor, la patria potestad se prorroga por ministerio de la ley al llegar a la mayor edad (artículo 171 del Código Civil). Se habla en estos casos de patria potestad prorrogada.

Respecto a los padres, el artículo 156 del Código Civil, modificado por la ley 15/2015, establece que "La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

(...)

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años."

En los supuestos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

El RD-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, introdujo un nuevo párrafo en el artículo 156 CC, para aquellos supuestos en los que, dictada una sentencia condenatoria o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos comunes menores de edad, o del otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si los hijos fuesen mayores de dieciséis años, se precisará el consentimiento expreso de éstos.

Como norma especial, el artículo 157 del Código Civil establece que cuando el progenitor sea un menor no emancipado, ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.

Asimismo, ha de tenerse presente que de conformidad con el artículo 111 del Código Civil, quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas, el progenitor cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme o cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión, más que si lo solicita él mismo o su representante legal. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad. Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.

En aplicación de este precepto, los Tribunales han considerado que procede excluir al padre de las funciones de la patria potestad cuando se opuso a la demanda de reconocimiento de filiación y obstaculizó la práctica de la prueba biológica.

¿Cuál es el contenido de la patria potestad?

La determinación del contenido de esta institución obliga a partir del artículo 39 de la Constitución Española, que establece que: "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos fuera y dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda".

Deberes y facultades de los padres

Y en este ámbito, el de deberes y facultades de los padres, el artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley 15/2015 señala que, la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:

  • 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
  • 2. Representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad (la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, suprimió el último inciso de este precepto, que establecía que "podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos"). Y de conformidad con el artículo 160 del Código civil, los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos establecidos en el artículo 161, según adición esta última de la ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Tratándose del menor acogido, el derecho que a sus padres, abuelos y demás parientes corresponde para visitarle y relacionarse con él, podrá ser regulado o suspendido por el juez, atendidas las circunstancias y el interés del menor (artículo 161 del Código Civil).

Deberes y facultades de los hijos

El artículo 154 del Código Civil, modificado por la ley 15/2015 dispone que si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, y , respecto a los deberes de los mismos, señala el artículo 155 del Código Civil que los hijos deben:

  • 1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre.
  • 2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. De conformidad con cuanto dispone el artículo 160 del Código Civil, modificado por la ley 26/2015, Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos establecidos en el artículo 161. En caso de privación de libertad de los progenitores, y siempre que el interés superior del menor recomiende visitas a aquellos, la Administración deberá facilitar el traslado acompañado del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administración competente o por un profesional que velarán por la preparación del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deberá realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor.

Los menores de edad carecen de la capacidad de obrar para actuar en la vida jurídica, por lo que deberán ser representados por los titulares de la patria potestad. En tal sentido en el artículo 162 CC, modificado por la Ley 15/2015, y en el artículo 163 del Código Civil se establecen una serie de normas al respecto:

Los progenitores que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúan: o

Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo.

No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.

Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo. o

Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.

○ Siempre que en algún asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este nombramiento cuando éstos tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar. Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad.

Bienes de los hijos sometidos a patria potestad

En referencia a los bienes de los hijos sometidos a patria potestad y su administración, los artículos 164 y siguientes del Código Civil señalan que los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:

  • 1) Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.
  • 2) Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado.
  • 3) Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella (artículo 164 del Código Civil).

Pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria. No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos o con uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares, y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones. Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los números 1 y 2 del artículo anterior y los de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera, pero si los padres carecieren de medios podrán pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad proceda (artículo 165 del Código Civil).

Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal.

Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros (artículo 166 del Código Civil).

Cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la administración o incluso nombrar un Administrador (artículo 167 del Código Civil modificado por la Ley 15/2015).

Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos (artículo 168 del Código Civil).

¿Cuándo se extingue la patria potestad?

Causas de extinción

Ha de distinguirse entre causas de extinción de la patria potestad y causas de privación de la misma. A las primeras se refiere el artículo 169 del Código Civil, que señala:

  • 1) La muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo;
  • 2) La emancipación;
  • 3) La adopción del hijo.

Causas de privación

A las causas de privación hace referencia el artículo 170 del Código Civil, a cuyo tenor los progenitores podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación. El Tribunal Supremo ha considerado motivo determinante de la privación de la patria potestad el hecho de que el padre jamás se haya preocupado o velado por la situación de su hija y desde su nacimiento no haya satisfecho cantidad alguna para su sustento, y cuando lo hizo fue obligado por Sentencias de Tribunales; y ha señalado que el artículo 170 no establece una dualidad de cauces procesales alternativos para la común aplicación (en el proceso civil o en el proceso penal) de la privación de patria potestad por incumplimiento de sus deberes inherentes; sino que para privar de la patria potestad la alternatividad se establece precisamente entre de una parte una Sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a ella, y de otra parte una Sentencia dictada en causa criminal, es decir que o bien, se priva de la patria potestad por Sentencia fundada en tal incumplimiento, o bien se priva de ella en una causa criminal; lo que necesariamente supone que no cabe en proceso penal privar de la patria potestad por razón del cumplimiento obligacional que es lo propio de la otra alternativa prevista, sino por las causas y en los casos establecidos en las normas penales, es decir en el Código Penal, que, no permite la imposición de tal pena en determinados casos.

Dado que la patria potestad es una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden, como proclama el artículo 39.2 y 3 de la Constitución, la referida Sentencia, Sala Primera, de lo Civil, Nº sent. 415/2000, de 24 Abril 2000 Nº rec. 995/1995 determina que todas las medidas judiciales que se acuerden, incluida la de privación de la patria potestad, deberán adoptarse teniendo en cuenta, ante todo, el interés superior del niño, como dispone el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, incorporada a nuestro derecho interno mediante la correspondiente ratificación.

Además, un precepto similar se contiene en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección judicial del menor. Continúa la referida sentencia afirmando que con la privación a los progenitores de la patria potestad sobre el hijo menor, insuficientemente atendido, no se trata de sancionar su conducta en cuanto al incumplimiento de sus deberes (aunque en el orden penal pueda resultar tipificada y sancionada), sino que con ello lo que se trata es de defender los intereses del menor, de tal manera que esa medida excepcional resulte necesaria y conveniente para la protección adecuada de esos intereses. Por ello, la propia Convención, en su artículo 9.1 después de establecer que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres, contra la voluntad de éstos, a continuación añade que esta norma tiene su excepción cuando, a reserva de la decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del niño.

Prórroga y rehabilitación de la patria potestad

Finalmente, ha de hacerse referencia a la prórroga y rehabilitación de la patria potestad, con las que se pretende que los padres se sigan ocupando de los hijos incapacitados sin necesidad de constituir la tutela. Para ello, dispone el artículo 171 del Código Civil que la patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogada por ministerio de la ley al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuese menor de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y subsidiariamente en las reglas del presente título.

La patria potestad prorrogada terminará:

  • 1) Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.
  • 2) Por la adopción del hijo.
  • 3) Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.
  • 4) Por haber contraído matrimonio el incapacitado. Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda.

Recuerde que…

  • La patria potestad es el conjunto de derechos que, en aras del principio favor filii, la ley concede a los padres sobre los hijos menores no emancipados sus bienes.
  • Se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro.
  • El padre que se opuso a la demanda de reconocimiento de filiación quedará excluido de las funciones de la patria potestad.
  • Los padres deben velar por los hijos tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes.
  • Los hijos deben obedecer y respetar a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, así como contribuir equitativamente, según sus posibilidades, a las cargas familiares.
  • La patria potestad se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o el hijo, por emancipación o por adopción del hijo.
  • La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados quedará prorrogada cuando éstos lleguen a la mayoría de edad.
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