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Recurso de casación (proceso civil)

Recurso de casación (proceso civil)

Es un recurso extraordinario contra resoluciones judiciales donde el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas examinan la aplicación del derecho que han hecho los Tribunales Inferiores.

Proceso civil

¿Qué es el recurso de casación?

Es un recurso extraordinario contra resoluciones judiciales donde el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas examinan la aplicación del derecho que han hecho los Tribunales Inferiores. Se llama extraordinario por dos razones:

  • a) No cabe contra todas las resoluciones, sólo aquellas a las que la Ley entiende que pueden acceder al Tribunal Supremo.
  • b) No tiene el mismo objeto que el recurso de apelación ya que los motivos de la casación como vamos a examinar son tasados.

Tradicionalmente el recurso de casación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se daba contra sentencias o autos dictados en apelación y excepcionalmente en primera instancia en virtud del cual se solicitaba a la Sala Primera del Tribunal Supremo un examen bien de la aplicación del derecho objetivo de la resolución, bien de las normas procesales en cuanto rigen las garantías del proceso y la subsiguiente anulación o casación de la resolución recurrida. Dos eran las modalidades:

El Estado compuesto diseñado por la Constitución Española ha tenido sus traslación al mundo procesal y puede verse reflejado en el Ley 1/2000, de 7 de Enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil. El sistema pergeñado por la Ley distingue:

  • a) Recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo que tiene su base en la infracción de normas de derecho sustantivo civiles, constitucionales y la doctrina jurisprudencial sobre las mismas;
  • b) Recurso extraordinario por infracción procesal, competencia de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia;
  • c) Régimen transitorio de la Disposición Final Decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, el recurso por infracción procesal sigue siendo competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo hasta que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial;
  • d) Recurso en interés de ley. Se trataría de un recurso "de casación puro" pues tiene como único objeto fijar doctrina (artículo 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Existe amplia legitimación como por ejemplo el Ministerio Fiscal o Defensor del Pueblo y caso de ser estimado no modifica la situación creada por la sentencia que fue objeto de recurso;
  • e) Recurso de casación autonómico recogido en el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, competencia de las Salas Civil y Penal de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas "...siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución."

1. Resoluciones recurribles

Las resoluciones recurribles vienen recogidas en el número 2 de artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo como tales las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en "segunda instancia". Los litigantes suelen confundir las sentencias de apelación y las sentencias de segunda instancia de las Audiencias Provinciales, configurando éstas últimas como aquéllas en las que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a la primera instancia.

Por tanto, quedan fuera los incidentes de ejecución de sentencia, Auto Sala Segunda del Tribunal Constitucional núm. 282/2007 de 18 de junio de 2007 y Sala Primera del Tribunal Supremo Auto de 13 de noviembre de 2007, siempre y cuando se dé alguno de los casos que tienen el carácter de excluyente. Procede analizar los casos recogidos:

  • a) Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.

    Concurre el supuesto propio de esta modalidad de recurso de casación cuando el proceso en que se dicte la sentencia se haya seguido para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art. 24 CE (art. 477.2.1.º LEC). Puesto en relación este n.o 1 del art. 477.2 LEC con el art. 249.1.2.º LEC, serán recurribles, por vía de este ordinal primero, las sentencias dictadas en juicio ordinario en que se pretenda la tutela civil de cualquier derecho fundamental, salvo el de rectificación, y excepto los reconocidos en el art. 24 CE, cuya vulneración se encuentra prevista en el art. 469.1.4.º LEC como motivo específico del recurso extraordinario por infracción procesal.

    No se produce la posibilidad del recurso por el simple hecho de que la materia litigiosa se refiera o afecte a uno de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, sino que es preciso que su tutela jurisdiccional haya constituido el específico objeto del litigio. Por consiguiente, cuando el proceso versó sobre derechos reales, contratos o cualesquiera otra cuestión civil o mercantil, no cabe utilizar esta vía por el simple medio de citar como infringido un precepto constitucional, aunque se refiera a un derecho fundamental.

  • b) Por razón de la cuantía, que debe exceder de 600.000 euros (Real Decreto 1417/2001), cuya fijación se determina en los artículos 251 y 252 LEC, teniendo en cuenta que la alteración del valor de los bienes a los largo del proceso (piénsese en el valor de los terrenos en los últimos años) no modifica la cuantía (artículo 253.1 LEC), no pudiendo sumarse la pretensión del actor y reconvención del demandado. A esta cuantía no se suman los intereses que se reclaman desde el emplazamiento y, además, fijada la cuantía por los litigantes no la pueden modificar para intentar abrir la vía casacional.
  • c) Existencia de interés casacional. Este motivo recoge una nueva versión del antiguo recurso de casación por unificación de doctrina. Se da frente a las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales cuando:
    • Contravienen la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
    • Cuando el núcleo de la decisión tiene como objeto una controversia donde existe jurisprudencia contradictoria en las resoluciones de las Audiencias Provinciales.
    • Cuando no exista doctrina del Tribunal Supremo por tener la Ley menos de cinco años. Ha señalado la Sala Primera del Tribunal Supremo en Auto 3 de mayo de 2007 reiterando otros muchos que "para que existe interés casacional ha de constatarse la existencia de un verdadero conflicto jurídico generado por la contradicción de la doctrina jurisprudencial establecida en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas objeto de debate con el fin de garantizar la seguridad jurídica" lo que significa que el conflicto debe haberse generado al analizar el núcleo de la decisión jurisprudencial y no cuestiones tangenciales vistas en el proceso.

2. Motivos

El motivo es único para el legislador según el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil"en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso". La infracción de las normas de derecho sustantivo, bien con rango de ley, tratado internacional e incluso reglamento en cuanto complementa o coadyuva al núcleo de la decisión, pueden referirse tanto a las civiles como a las mercantiles.

3. Competencia

Las reglas de competencia las determina el motivo de casación invocado, con lo cual, se produce una contradicción del artículo 478 LEC con el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que cuando se notifique una sentencia difícilmente se podrán señalar los recursos que caben contra "esa sentencia" y se convertirá en una información genérica de los recursos y Tribunales ante quién puede interponerse, con lo cual, pierde su sentido el artículo 208.4.

- Competencia del Tribunal Supremo. La recoge como regla general el artículo 478.1 LEC cuando afirma que el conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

- Competencia de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Se recoge en el artículo 478.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. Es decir, se exigen dos requisitos: uno, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, dos, previsión en los Estatutos de Autonomía que por regla general la hacen. Se produjo la paradoja que el Estatuto de Aragón no preveía esa competencia. No obstante, el Tribunal Supremo devolvió la competencia en numerosos a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El actual Estatuto Aragonés recoge la competencia en el artículo 63.2 LEC después de la reforma por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La especialidad del artículo 478.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consiste en que cuando la sentencia se funda en normas de derecho civil y en normas de derecho foral o especial la competencia se otorga a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas, con lo cual parece que se rompe el monopolio casacional del Tribunal Supremo en materia de derecho común. Sin embargo, esta apreciación queda mitigada de forma genérica aunque no sea así para el propio litigante, vía número 3 del artículo 477 LEC, último párrafo.

Caso de que la parte interponga ambos recursos, uno ante el Tribunal Supremo y otro ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, mediante providencia se inadmite el primero (artículo 478.2 LEC). Caso de que ambas partes interpongan recurso ante el Tribunal Supremo y Sala Civil o Penal del Tribunal Superior de Justicia se adoptaría la misma solución acumulando los recursos conforme al artículo 486.2 LEC. Ahora bien, el precepto no resuelve el caso de que ambos litigantes interpongan recurso, uno, por infracción de normas de derecho común y foral que correspondería al Tribunal Superior de Justicia, dos, otro litigante, exclusivamente, contra normas de derecho común. En este caso, habría que acumularlos conforme al citado artículo 486.2 y otorgarle la competencia al Tribunal Superior de Justicia aplicando el artículo 478.2.

4. Procedimiento

Consta de dos fases, una ante el "tribunal a quo" que es la Audiencia Provincial y otra ante el Tribunal "ad quem" que es la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala Primera del Tribunal Supremo:

a) Fase ante la Audiencia Provincial

Una vez notificada la sentencia podrá interponerse ante el tribunal (Audiencia Provincial) que haya dictado la resolución que se impugne en el plazo de veinte días siguientes a su notificación como afirma el artículo 479, sin que sea necesario presentar escrito de preparación del recurso. En efecto, con la Ley 37/2011 se dio una nueva regulación al trámite desapareciendo la preparación del recurso de casación, ya que directamente el artículo 479 Ley de Enjuiciamiento Civil trata de la interposición, obviando la preparación y por ello queda sin contenido el artículo 480 Ley de Enjuiciamiento Civil que regulaba la preparación del recurso.

En cuanto el motivo sea infracción de doctrina del propio Tribunal Supremo o Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se exige sólo el texto. Conviene identificarlas con precisión ya que no se pide certificación porque son sentencias que tiene el propio Tribunal y, además, se publican en el Centro de Documentación Judicial o en cualquier firma que tenga este cometido. Normalmente se citan las sentencias por su fecha cuando en una misma fecha el Tribunal puede haber dictado numerosas sentencias, por lo que es conveniente que conste con claridad el número de recurso y a ser posible el número de sentencia; cuando existan varias secciones el número de sección. En caso de impugnar como contradictoria la doctrina de varias sentencias de las Audiencias Provinciales deben citarse con la misma especificidad que se acaba de exponer.

En cuanto al contenido el artículo 481 LEC recoge que:

"1. En el escrito de interposición se expresará el supuesto, de los previstos por el artículo 477.2, conforme al que se pretende recurrir la sentencia. Igualmente se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos y se podrá pedir la celebración de vista."

Al haber desaparecido la preparación también se modifica el supuesto 1.º del apartado 2 del artículo 483 LEC queda redactado en los siguientes términos en cuanto procederá la inadmisión del recurso de casación:

"1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable."

b) Fase ante el Tribunal Supremo o Sala Civil Penal de los Tribunales Superiores de Justicia

La primera actividad que realiza el Tribunal "ad quem" es la designación de ponente y comienza la fase de admisión del artículo 483 LEC, donde si el Tribunal observase alguna causa de inadmisión dará traslado a las partes (curiosamente la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece el emplazamiento en la fase de interposición) por diez días para alegaciones. Si entiende que concurren alguna de las causas del número 2 dictará auto de inadmisión total o parcial de los motivos inadmisibles, de ser total se declarará firme la sentencia, si es parcial continuará respecto de los motivos admitidos, contra este auto no cabe recurso alguno.

1º) Motivos de inadmisión (artículo 483.2 LEC). Respecto del artículo 483 se puede reiterar lo expuesto respecto de los artículos 479 y 481 LEC, no obstante, la Sala Primera del Tribunal Supremo vuelve a examinar los requisitos de forma y de fondo y, caso de considerar que la Audiencia Provincial ha incurrido en error al admitir recurso de casación puede decretar la inadmisión. El Auto de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional número 282/2007 de 18 de junio, ha establecido que el respeto a las decisiones de admisión e inadmisión en interpretación de la legalidad ordinaria debe ser más riguroso tratándose del Tribunal Supremo en recursos de casación, en cuyo caso, el derecho a la revisión del pronunciamiento tiene carácter legal y no constitucional, revistiendo el principio pro actione menor intensidad, y sin que se pueda imponer una determinada interpretación de la norma procesal a favor del acceso al recurso.

Por tanto, hace una segunda lectura de los requisitos formales y materiales que hemos visto al analizar el artículo 479. El Tribunal Supremo ha sido muy minucioso a la hora de identificar el "interés casacional" (Autos de 16 de octubre de 2007 y 13 de marzo de 2007) ese interés casacional muchas veces dependerá del planteamiento y rigor en la preparación del recurso de casación, rechazando la reiteración de los argumentos de las instancias anteriores pues como ha afirmado en el Auto de 6 de noviembre de 2007 no se trata de una tercera instancia ni tampoco un nuevo examen de cuestiones fácticas (Auto 2 de octubre de 2007).

2º) Resolución del recurso. La Sala antes de resolver dictará providencia poniendo de manifiesto a las partes personadas, en primer lugar, su propia competencia. En caso de entender que es incompetente previo emplazamiento de las partes remitirá las actuaciones al Tribunal competente, de remitirlo a algún Tribunal Superior de Justicia no podrá declinar la competencia si ha sido remitido por el Tribunal Supremo. Igualmente pondrá de manifiesto las posibles causas de inadmisión por diez días, verificado dictará auto donde caso de inadmitir el recurso declarará firme la sentencia y lo inadmitirá, caso de inadmitir algunos de los motivos lo declarará en el auto y continuará el recurso respecto de los motivos admitidos (artículo 483 LEC, apartados 3 y 4 y artículo 484 LEC).

Admitido el recurso de casación se dará traslado por veinte días a todas las partes personadas para que formalicen la oposición (incluso a la admisión) y se pronuncien sobre la celebración de vista. Dentro de los treinta días siguientes el Tribunal señalará vista o votación y fallo, para la celebración de vista sólo está vinculado el Tribunal si lo solicitan todas las partes (artículos 485 y 486 LEC).

Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de vista o señalamiento para votación y fallo la Sala dictará sentencia: Una, si se tratare de los recursos de casación previstos en los números 1º y 2º del apartado 2 del artículo 477 LEC, la sentencia que ponga fin al recurso de casación confirmará o casará, en todo o en parte, la sentencia recurrida. Dos, cuando el recurso de casación sea de los previstos en el número 3º del apartado 2 del artículo 477, si la sentencia considerara fundado el recurso, casará la resolución impugnada y resolverá sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia.

Los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren invocado (artículo 487 LEC). La jurisprudencia del Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia no es inmutable, de tal forma que, aunque no está regulado la Sala Primera del Tribunal Supremo cuando cambia de criterio en algún aspecto suele convocar el Pleno de la Sala Primera, sirva de ejemplo la Sentencia del Pleno de 17 de abril de 2007 fijando el criterio de valoración de daños en accidente de tráfico.

Recuerde que...

  • No cabe contra todas las resoluciones, sólo aquellas a las que la Ley entiende que pueden acceder al Tribunal Supremo.
  • Los litigantes suelen confundir las sentencias de apelación y las sentencias de segunda instancia de las Audiencias Provinciales, configurando éstas últimas como aquéllas en las que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a la primera instancia.
  • No tiene el mismo objeto que el recurso de apelación ya que los motivos de la casación son tasados.
  • Consta de dos fases, una ante el "tribunal a quo" que es la Audiencia Provincial y otra ante el Tribunal "ad quem" que es la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala Primera del Tribunal Supremo.
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