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Juzgado de Instrucción

Juzgado de Instrucción

Organización judicial y teoría del proceso

I. CONCEPTO

Son juzgados que tienen competencia en materia penal y actúan con jurisdicción separada; es decir, a diferencia de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que tienen competencia civil y penal estos tan solo la tienen penal para instruir los delitos y faltas que sean denunciados o la interposición de querellas. Están en partidos judiciales servidos por Magistrados en tanto en cuanto tienen esta jurisdicción separada a diferencia de los anteriores, también denominados mixtos que existen en partidos judiciales servidos por jueces.

Recordemos que en realidad la diferencia entre un juez y un Magistrado tan solo lo es en funciones de escalafón y a la hora de poder solicitar unos destinos u otros, de tal manera que a la carrera judicial se entra por la categoría de juez y con el paso del tiempo o por virtud de unas pruebas selectivas internas se puede promocionar a la categoría de Magistrado, lo que da opción a solicitar plazas en capitales de provincia o partidos judiciales que han sido seleccionados para ser servidos por Magistrados por su carga de trabajo o importancia del partido judicial.

II. COMPETENCIA

A tenor del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:

  • a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
  • b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por aceptación de decreto.
  • c)Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas
    • - De las que no son competentes los Jugados de Paz.
    • - De las que no son competentes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
    • - Que puedan cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones (art. 8.1 LO 2/86, de 13 de marzo).
  • d) De los procedimientos de "habeas corpus".
  • e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
  • f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
  • g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley (según nueva redacción dada por LO 6/2014, de 29 de octubre).

    La ley que atribuye las concretas competencias en esta materia es la L 23/2014, de 20 de noviembre. (Véase cuadro de autoridades competentes en "Instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión Europea")

  • h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Asimismo, conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

La LO 5/2018 introduce un apartado 3 en el art. 87 de la LOPJ, vigente a partir del 18 de enero de 2018, para recoger que los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre y la Ley Orgánica 1/2009, que permitió la implantación de la oficina judicial, llevó consigo que, al entrar en funcionamiento en todo el país las Unidades Procesales de atención directa, o unidades judiciales que descansan en la atribución al juez de las funciones que le corresponden, se abandonase la figura del juzgado por la de Unidad Judicial atendida por servicios comunes procesales dirigidos por los Letrados de la Administración de Justicia.

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