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Libertad de pensamiento

Libertad de pensamiento

Derecho fundamental de todo ciudadano a la formación de un sistema de ideas propio que representa una concepción global del mundo y a manifestar libremente lo que piensa.

Derechos fundamentales y libertades públicas

¿Cuál es su regulación en la Constitución Española?

El artículo 16 de la Constitución Española establece lo siguiente:

"1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

En este artículo, junto con la libertad ideológica o de pensamiento, se otorga la máxima protección a las libertades religiosa y de culto, pues el constituyente incluyó estas libertades en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la Norma Suprema, considerando a éstos como parte de los derechos fundamentales y libertades públicas que gozan de especial garantía.

Solo pueden ser desarrollados por Ley Orgánica, según dispone el artículo 81 de la Constitución española, que deberá en todo caso respetar su contenido esencial, siendo además, según el artículo 53 recurribles ante los tribunales por procedimiento preferente y sumario y susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La Constitución no se limita a reconocer la libertad ideológica concebida como el derecho de todo ciudadano a la formación de un sistema de ideas propio que representan una concepción global del mundo, sino también las diversas formas de manifestación de la misma.

La libertad ideológica o de pensamiento comprende también una dimensión externa, cuya manifestación más destacada es manifestar libremente lo que se piensa. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 15 de febrero de 1990, a la libertad ideológica que consagra el artículo 16 de la Constitución le corresponde el correlativo derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.

¿Cuáles son los límites de la libertad de pensamiento o ideológica ?

La Constitución en el artículo 16 no limita la libertad ideológica o de pensamiento sino tan solo su manifestación, garantizándose cualquier ideología, incluso si ésta fuera contraria a la Constitución, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 18 de noviembre de 1983.

Esto significa que por las vías democráticas pueden sostenerse ideas diferentes a las recogidas como principios y valores constitucionales, o sobre la estructura territorial del Estado, o sobre cualquier otro aspecto constitucional, pero siempre habrán de instrumentarse y defenderse por las vías dispuestas en la Constitución, que también prevé la posibilidad, aunque rígida en los aspectos que considera más básicos, de su propia reforma.

La libertad ideológica o de pensamiento, al igual que la libertad religiosa, versión trascendente de la anterior, sólo puede limitarse en sus manifestaciones externas. El límite expreso del artículo 16.1 se refiere a las manifestaciones de la libertad ideológica, así como a las manifestaciones de la libertad religiosa y de culto, que suscitan la misma problemática. Este límite lo constituye exclusivamente el mantenimiento del orden público protegido por la ley, es decir el que se establece en el ordenamiento jurídico para proteger el propio orden constitucional y el ejercicio de los demás derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 46/2001, de 15 de febrero, se ha ceñido a esta interpretación estricta del concepto de orden público.

Ningún otro límite, más que el reconocido en el artículo 16.1 CE, puede imponerse a la libertad de pensamiento, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, manifestando que esta no es una cuestión sin importancia, ya que sin una plena libertad ideológica o de pensamiento no serían efectivamente realizables los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, consagrados por la Constitución en su artículo 1.1: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La libertad de pensamiento o ideológica, sin ser, como no es ninguno, un derecho absoluto es una condición esencial, fundamental para el pluralismo político. Por ello a la manifestación externa de la libertad de pensamiento sólo se aplica el límite del orden público contenido en el artículo 16.1 y no los establecidos en el artículo 20.4 para la libertad de expresión, mucho más amplios y que se refieren al respeto del resto de derechos y libertades del Título I, y especialmente al respeto del derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia.

Por otro lado, el artículo 16 CE en su párrafo segundo, dispone que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, lo que implica que este tipo de datos se encuentren entre los calificados de sensibles y, en consecuencia, vinculados al derecho a la intimidad, sometidos a un régimen especialmente protector en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Como vertiente de la libertad ideológica en su ámbito interno, las libertades de pensamiento, religiosa y de culto, se consideran amparadas por la libertad de conciencia.

La objeción de conciencia se configura como la facultad de oponerse, por razones ideológicas, al cumplimiento de deberes establecidos de forma general por el ordenamiento.

La Constitución hace referencia a dicha objeción con respecto al servicio militar (artículo 30.2 de la Constitución) y a la denominada "cláusula de conciencia" de los periodistas (artículo 20.1 d) de la Constitución), pero la doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido también la objeción de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y prácticas vinculadas a reproducción asistida, entre otras en sus Sentencias 53/1985, de 11 de abril, y 116/1999, de 17 de junio. También se reconoce el derecho a la a objeción de conciencia a los profesionales con competencia en la dispensación de medicamentos (farmacéuticos en relación con la píldora del día después), entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremos de 23 de abril de 2005.

No obstante hay que tener en cuenta que la objeción de conciencia no se admite de forma general, habiéndose negado, por ejemplo, para formar parte de mesas electorales (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª de 30 de enero de 1979 y de 28 de octubre de 1998) o a la "objeción fiscal".

Con carácter general se puede definir como "el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones" (STC 161/1987, de 27 de octubre)

Sin embargo, los casos de conflicto entre derechos más dramáticos son aquellos en los que las creencias se contraponen al derecho a la vida, como en la eutanasia, o en los casos de personas sometidas a una especial tutela del Estado, sin que pueda imponerse a la sanidad pública un tratamiento especial compatible con la fe de la persona afectada (Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1996, de 28 de octubre).

Recuerde que...:

  • La libertad ideológica o de pensamiento sólo puede limitarse en sus manifestaciones externas y sólo por razones de orden público entendido como el que se establece en el ordenamiento jurídico para proteger el propio orden constitucional y el ejercicio de los demás derechos fundamentales
  • Las libertades de pensamiento, religiosa y de culto, se consideran amparadas por la libertad de conciencia. La objeción de conciencia se configura como la facultad de oponerse, por razones ideológicas, al cumplimiento de deberes establecidos de forma general por el ordenamiento.
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