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Jurisdicción civil

Jurisdicción civil

Organización judicial y teoría del proceso

I. ANTECEDENTES

Entre los remotos antecedentes de los procesos residenciados ante la jurisdicción civil se encuentran las dos modalidades más relevantes del antiguo proceso civil romano: en primer término, el ordo iudiciorum privatorum, que constaba de las fases in iure, ante un Magistrado, y apud iudicem, ante un árbitro jurado; y, en segundo lugar, la extraordinaria cognitio, en la que la jurisdicción quedaba en manos de Jueces oficiales y de funcionarios como los praefectus urbi y los praefectus pretorii. En cuanto al proceso germánico, en el que propiamente no existió, al menos en un principio, un auténtico proceso civil diferenciado del proceso penal, son de significar las particularidades procesales del llamado "período franco", con una acusada intervención del órgano judicial tanto en la fase de cognición como en la fase ejecutiva, del denominado "período feudal", con la ulterior intervención procesal de los prolocutores. Y va a ser durante los siglos XII a XIV cuando en Italia surge un modelo especial de proceso civil sobre la base de una nueva organización judicial asentada en unos magistrados con jurisdicción de ámbito municipal y en un proceso ordinario, en un primer momento muy complejo y de excesiva duración, que después se complementó con otros procesos, como el sumario indeterminado, con una tramitación más abreviada y menos formalista.

Ya en la edad moderna, la evolución del proceso civil se va a ir produciendo con la misma intensidad que la propia de la evolución del Ordenamiento jurídico en cada Estado, sin la uniformidad característica del proceso romano o, en menor medida, del proceso germánico. Son de destacar así, en Inglaterra, las Common Law Rules de 1457, las Exchequer of Pleas Rules de 1571, las Orders in Chancery de 1661, la Uniformity of Process Act de de 1832, la Civil Procedure Act de 1833, las Common Law Courts de 1852 y 1860, las Leyes de 1873 y 1875, las Judicature Acts y las Rules and Orders de 1925 y 1932 y las Administration of Justice Acts de 1933 y 1938; en Francia, las Ordonnances de Villers de 1539, de Orleans de 1560, de Luis XIV de 1667, de Luis XV de 1737, la Ordenanza de 1800 y el Código de 1806; en Italia, las Ordenanzas civiles piamontesas de 1561, las placentinas de 1594, las modenesas de 1771, el Código judicial para Trento de 1786, el Código de 1865, el Código de 1940 y la Ley de 1950; en Alemania, la Ordenanza de Brandeburgo de 1709, el Edicto de Coceio de 1739, los Códigos de 1748 y 1781, la Ordenanza de 1793, el Reglamento de Hannover de 1850 y las Ordenanzas de 1876, 1898, 1923, 1933 y 1950; en los Estados Unidos de América, la Judiciary Act de 1789, la Conformity Act de 1875 y la Federal Rules de 1937; en Argentina, la Ley de 1863; en Bolivia, el Código de 1878; en Uruguay, el Código de 1878; en Paraguay, el Código de 1883; en Chile, el Código de 1902; en El Salvador, el Código de 1902; en Venezuela, el Código de 1904; en Perú, el Código de 1911; en Panamá, el Código de 1916; en Colombia, el Código de 1931; en Costa Rica, el Código de 1933; en Ecuador, el Código de 1938; en Brasil, el Código de 1939; en México, el Código de 1942; y, finalmente, en Portugal, el Código de 1961.

II. EVOLUCIÓN NORMATIVA

En España, dentro de la evolución normativa del proceso civil, deben ser objeto de especial mención las Partidas, así como las Ordenanzas de Madrid de 1499, las Leyes de Toro de 1505, la Nueva Recopilación de 1567, la Novísima Recopilación de 1805, la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830, la Instrucción del Procedimiento Civil de 1853, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, la Ley de Bases de 1880 y, en fin, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que permaneció vigente en gran parte de su articulado hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente en vigor, de 7 de enero de 2000.

III. ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL

El orden jurisdiccional civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 a 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se extiende al conocimiento de las siguientes materias y supuestos:

  • 1) Con carácter exclusivo, los derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; la constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como los acuerdos y decisiones de sus órganos; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las inscripciones de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; el reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y las decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
  • 2) Con carácter general, las cuestiones relativas a los contratos en los que las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.
  • 3) En defecto de los anteriores criterios, y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España.
  • 4) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; y en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español.
  • 5) En materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; y en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda.
  • 6) En materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.
  • 7) En materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato.
  • 8) En materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio habitual en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español.
  • 9) En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

Con la nueva redacción del art. 22 LOPJ dada por la LO 7/2015 Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

  • a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado.
  • b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos.
  • c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español.
  • d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro.
  • e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.

Del mismo modo, el art. 45 LEC modificado por LO 7/2015 señala que:

  • 1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  • 2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:

    a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.

    b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

IV. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

El ejercicio de la jurisdicción civil corresponde a los siguientes órganos jurisdiccionales: Sala Primera del Tribunal Supremo, Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Paz.

La competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se extiende al conocimiento de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil establecidos en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, así como a las demandas de responsabilidad civil promovidas tanto contra el Presidente y los Magistrados del mismo Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, siempre por hechos realizados en el ejercicio de sus respectivos cargos, como las planteadas contra los integrantes de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, también por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.

Las principales competencias civiles de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia pueden resumirse en los siguientes apartados tras la reforma de la LOPJ producida por la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica:

  • a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.
  • b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.
  • c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
  • d) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
  • e) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
  • f) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

  • a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
  • c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
  • d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.

Las Audiencias Provinciales son órganos que tiene competencia mixta, civil y penal. Ahora bien, tanto por razones de carga de trabajo como de eficacia en su funcionamiento, el Consejo General del Poder Judicial puede acordar la especialización de unas determinadas Secciones, adscribiéndolas al orden civil. En este caso, se debe seguir el trámite establecido para la especialización de los órganos judiciales conforme a lo preceptuado en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo permite a raíz de la reforma de la LOPJ por LO 7/2015 que el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.

En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial.

Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia actúan con arreglo al siguiente esquema competencial:

  • 1) En primera instancia conocen de los juicios que no vengan atribuidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial a otros juzgados o tribunales.
  • 2) Actos de jurisdicción voluntaria, con la Ley 15/2015 pueden ser atribuidos ahora a la competencia del juez o del letrado de la administración de justicia.
  • 3) Recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del correspondiente partido judicial.
  • 4) Cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz de dicho partido.
  • 5) Solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal. Todo ello con arreglo a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y modificación de la Disposición final vigésima quinta. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
  • 6) La función de Registro Civil, de carácter no jurisdiccional, en garantía del derecho de las personas a la estabilidad y protección de su estado civil.

Con la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (que entrará en vigor el 30 de junio de 2020) se añade un nuevo párrafo 17.º al apartado 1 del artículo 52 con la siguiente redacción:

«17.º En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de las solicitudes de nacionalidad por residencia, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente.»

Dentro de la jurisdicción civil ha de incluirse también, según se ha dicho, a los Juzgados de lo Mercantil, contemplados en el artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su creación obedeció a razones tales como el carácter universal del procedimiento, que atribuye al Juez del concurso no sólo el conocimiento de cuestiones de gran dificultad técnica y que requieren una profunda preparación, sino también la asunción de materias propias de otras disciplinas jurídicas; la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo, que aconseja avanzar decididamente en el proceso de especialización, lo que lleva a que se atribuyan a estos Juzgados otras competencias añadidas a la específica concursal, y que abarcan materias principalmente mercantiles; lograr una mayor calidad y acierto en la resolución de unos conflictos de gran impacto económico, ya que se garantiza la especialización de sus titulares y su mejor conocimiento de esta problemática, al igual que la unidad de criterio en la aplicación de las normas de este ámbito, lo que proporciona más seguridad jurídica y una mayor celeridad en la resolución de los procedimientos, en especial los concursales.

Finalmente, los Juzgados de Paz tienen atribuido, en el ámbito procesal civil, el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a noventa euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que alude el artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los juicios verbales por razón de la materia, tales como desahucios, juicios posesorios, suspensión de obra nueva, elementos y obras ruinosos, tutela sobre asientos registrales y alimentos, entre otros, los cuales, sea cual sea su cuantía, se atribuyen a los Juzgados de Primera Instancia.

V. COMPETENCIA TERRITORIAL

Según se desprende de los artículos 50 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las normas sobre competencia territorial son las siguientes:

  • a) Con carácter general, la competencia territorial corresponde al Tribunal del domicilio del demandado y, si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez el de su residencia en dicho territorio.
  • b) Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España, pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.
  • c) En los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, los empresarios y profesionales pueden también ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.
  • d) En términos generales, las personas jurídicas deben ser demandadas en el lugar de su domicilio o, en otro caso, en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la propia entidad.
  • e) Los entes sin personalidad pueden ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.
  • f) En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles el Tribunal competente es el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Y en los casos en que la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, el Tribunal competente es el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.
  • g) En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, la competencia corresponde al Tribunal del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, al del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o al del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor en cualquiera de los referidos casos.
  • h) En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, es tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.
  • i) En los juicios sobre cuestiones hereditarias, el Tribunal competente es el del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.
  • j) En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, es competente el Tribunal del lugar en que éstos residan.
  • k) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, es competente el Tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el Órgano jurisdiccional del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
  • l) En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, es competente el Tribunal del lugar en que esté sita la finca.
  • m) En los juicios en materia de propiedad horizontal, el Tribunal competente es el del lugar en que se encuentre la finca.
  • n) En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor es competente el Tribunal del lugar en que se causaron los daños.
  • ñ) En materia de impugnación de acuerdos sociales, la competencia corresponde al Órgano jurisdiccional del lugar del domicilio social.
  • o) En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, es competente el Tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.
  • p) En los juicios en materia de competencia desleal, es competente el Tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio o lugar de residencia. Cuando no lo tuviere en territorio español, el Tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.
  • q) En materia de patentes y marcas, el Tribunal competente es el que señale la legislación especial sobre dicha materia.
  • r) En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, el Tribunal competente es el del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativas, de cesación o de retractación, la competencia le viene atribuida al Tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio. Y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.
  • s) En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, es competente el Tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las Administraciones Públicas en materia de competencia territorial.
  • t) En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.
  • u) A raíz de la Ley 5/2012 de mediación que modifica el art. 545.2 LEC Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.

VI. LOS PROCESOS DECLARATIVOS

La referida Ley Procesal Civil del año 2000 contempla, en primer término, dentro de los procesos declarativos, el llamado "juicio ordinario", con las fases de alegaciones iniciales -demanda y contestación a la demanda-, audiencia previa al juicio, juicio y sentencia, y el denominado "juicio verbal", para determinados asuntos, así como para aquellos cuantía sea inferior a seis mil euros que con la Ley 42/2015 se ha modificado notablemente al introducir la contestación a la demanda en el juicio verbal; y, en segundo lugar, los procesos especiales, entre los que se encuentran los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, así como los referentes a la división judicial de patrimonios -división de la herencia y liquidación del régimen económico matrimonial- y, por último, los procesos monitorio y cambiario.

En el proceso monitorio se reclama el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes, conforme a la Ley 37/2011, de 10 de octubre de Medidas de Agilización Procesal:

  • 1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
  • 2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

También destacar la importancia de la Ley 4/2011 de modificación de la LEC para facilitar la implantación en España del proceso monitorio europeo o de escasa cuantía.

Asimismo, cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos anteriormente, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

  • 1.º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
  • 2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Por su parte, el proceso cambiario se caracteriza por el hecho de que, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagaré.

En virtud de lo preceptuado en los artículos 249 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las siguientes demandas:

  • 1. Las relativas a derechos honoríficos de la persona.
  • 2. Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación.
  • 3. Las referentes a la impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.
  • 4. Las relativas a materia de competencia desleal, defensa de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame; o se trate del ejercicio de acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad, en cuyo caso se decidirán en juicio verbal.
  • 5. Las que aludan al ejercicio de acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo que se ejerciten acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios en el ámbito de condiciones generales de la contratación, que se deciden por los trámites procesales propios del juicio verbal.
  • 6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.
  • 7. Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
  • 8. Las que se refieran a las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.
  • 9. Aquellas cuya cuantía exceda de seis mil euros y, en todo caso, aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

El juicio verbal corresponde, cualquiera que sea su cuantía, a las siguientes demandas:

  • a) Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractualmente o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
  • b) Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.
  • c) Las que pretendan que el Tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
  • d) Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
  • e) Las que pretendan que el Tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.
  • f) Las que pretendan que el Tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.
  • g) Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
  • h) Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.
  • i) Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.
  • j) Las que pretendan que el Órgano jurisdiccional resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.
  • k) Las que pretendan que el Tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.
  • l) Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
  • m) Las que pretendan la efectividad del derecho de relación personal con los hijos de sus padres, abuelos, parientes y allegados, reconocido en el art. 160 CC.
  • n) Aquellas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias anteriormente mencionadas.

En estos casos a tenor del art. 23 y 31 LEC modificados por la Ley 42/2015 es preceptiva la intervención de abogado y procurador ya que la no preceptividad solo lo es para aquellos pleitos de cuantía, en su determinación por reclamación, no exceda de 2.000 euros.

VII. RECURSOS

En materia de recursos, debe significarse, finalmente, que contra todas las providencias y autos no definitivos dictados por cualquier Órgano judicial del orden jurisdiccional civil, y contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos de los letrados de la administración de justicia, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión, puede interponerse recurso de reposición ante el mismo Tribunal o letrado que dictó la resolución recurrida, sin perjuicio del cual se llevará a efecto lo acordado.

Por otra parte, tanto las sentencias dictadas en toda clase de juicios -con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros-, así como los autos definitivos y aquellos otros expresamente contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil son apelables en el plazo de veinte días con arreglo al siguiente esquema competencial:

  • 1. Los Juzgados de Primera Instancia conocerán de los recursos de apelación promovidos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de su partido.
  • 2. Las Audiencias Provinciales conocerán de las apelaciones cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de su circunscripción.
  • 3. Se tramitarán preferentemente los recursos de apelación legalmente previstos contra autos que inadmitan demandas por falta de requisitos que la ley exija para casos especiales.

Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil, las partes legitimadas pueden interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación. Este recurso extraordinario por infracción procesal únicamente puede fundarse en los siguientes motivos:

  • 1. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.
  • 2. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.
  • 3. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad o produzca indefensión.
  • 4. Vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.

Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales pueden recurrirse en casación en los siguientes casos:

  • 1. Cuando se hayan dictado para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
  • 2. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
  • 3. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

    Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, si bien las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia pueden conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Órganos jurisdiccionales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución procesal.

El recurso en interés de la ley, para la unidad de doctrina jurisprudencial, puede interponerse respecto de sentencias que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal cuando las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación de normas procesales. Se interpondrá en el plazo de un año, desde que se dictó la sentencia más moderna, directamente ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Por último, contra los autos en que el Tribunal que haya dictado una resolución denegando la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación –salvo en los procesos de desahucios de finca urbana y rústica, cuando la sentencia que procediera dictar en su caso no tuviese la consideración de cosa juzgada-, se podrá interponer recurso de queja ante el órgano al que corresponda resolver del recurso no tramitado. Los recursos de queja se tramitarán y resolverán con carácter preferente y se interponen dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación del recurso, concurriendo la circunstancia de que contra el auto que resuelva dicho recurso de queja no se dará recurso ordinario alguno.

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