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Jurisdicción voluntaria

Jurisdicción voluntaria

Jurisdicción voluntaria

¿Cuál es su naturaleza jurídica?

Desde el concreto punto de vista del significado y naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria, son dos las cuestiones que merecen destacarse: en primer lugar, los órganos que pueden ser titulares de dicha jurisdicción y, en segundo término, su objeto y finalidad.

Los Tribunales de Justicia no tienen encomendado con carácter exclusivo el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, toda vez que, tanto de lege lata como incluso de lege ferenda, son de destacar las funciones a tal efecto atribuidas a secretarios judiciales, notarios, registradores de la propiedad, cónsules y los encargados de registros públicos de carácter civil y mercantil. Así configurada, la jurisdicción voluntaria es, ante todo, una función del Estado tendente a conseguir la tutela jurídica del Ordenamiento privado.

Y aunque, por su propia significación normativa, la jurisdicción voluntaria no tiene carácter contencioso, ello no quiere decir en modo alguno que, en ciertos supuestos, dicha jurisdicción despliegue su ámbito objetivo sobre un determinado procedimiento basado en relaciones jurídicas ciertamente litigiosas, como pueden ser, a modo de ejemplo, las discrepancias que pueden producirse en materia de medidas provisionales con respecto a las personas y los recursos gubernativos en el ámbito registral.

Además, la propia jurisdicción voluntaria no sólo alude a la existencia de negocios jurídicos sustentados en un acuerdo entre personas, de suerte que puede afectar también al específico cumplimiento de ciertos deberes, como es el caso del cumplimiento de obligaciones encaminadas a obtener prestaciones alimenticias en el curso de unas determinadas medidas provisionales con respecto a las personas.

Por otra parte, la jurisdicción de que venimos tratando no siempre pretende una finalidad meramente preventiva, pudiéndose articular el ejercicio de dicha jurisdicción en actos constitutivos como pueden ser el nombramiento de tutores o la concesión de la personalidad jurídica por acto especial a ciertos entes.

En definitiva, y siguiendo a la más autorizada doctrina procesalista, puede concluirse sosteniendo que la jurisdicción voluntaria se caracteriza por las siguientes notas:

  • 1. Constituye una actividad de carácter ejecutivo.
  • 2. Puede llevarse a cabo tanto por órganos judiciales como no judiciales.
  • 3. Las funciones y actos de la jurisdicción voluntaria pueden ser, como consecuencia de lo anterior, judiciales, notariales y registrales.
  • 4. Su finalidad consiste en tutelar, con carácter general erga omnes, el orden jurídico por medio de la constitución, el aseguramiento, el desenvolvimiento y, en su caso, la modificación tanto de estados personales como de relaciones jurídicas concretas.
  • 5. En esta jurisdicción, el concepto de parte se sustituye por el de solicitante e interesado; el de demanda, por los de instancia y solicitud, y los de proceso, pleito, litigio y causa, por los de acto y expediente.

¿Cuáles son los actos de jurisdicción voluntaria?

1. Acogimiento y Adopción de menores

La constitución del acogimiento familiar, cuando requiera decisión judicial, será promovida por el Ministerio Fiscal o por la entidad pública correspondiente. Está regulado en los arts. 20, 20 bis , 21, 21 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. El procedimiento de adopción de menores consta regulado en los arts. 33 a42 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria.

Además, la Disposición Adicional 2ª de la Ley 15/2015, de 2 de julio, recoge el régimen jurídico aplicable al acogimiento de menores, a cuyo tenor:

  • 1. El expediente para la constitución del acogimiento de menores se regirá por las disposiciones comunes establecidas en la presente ley, con las siguientes especialidades:
    • a) Cuando requiera decisión judicial, será promovido por el Ministerio Fiscal o por la Entidad Pública correspondiente, debiendo contener la propuesta presentada por ésta las menciones establecidas en la legislación civil.

      El Juez recabará el consentimiento de la Entidad Pública, si no fuera la promotora del expediente, de las personas que reciban al menor; y de éste, si fuere mayor de 12 años, así como de los progenitores que no estuvieren privados de la patria potestad ni suspendidos en su ejercicio o, en su caso, del tutor.

      Los progenitores no podrán alegar en el expediente si hubo o no causa de desamparo o si, de haberla, ha mediado después la rehabilitación.

      Obtenidos los consentimientos y realizadas las audiencias con la debida reserva, dictará la resolución que proceda en interés del menor en el plazo de cinco días.

    • b) Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de los progenitores o tutores, agotados los medios previstos por el apartado 1 del artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o si citados personalmente no comparecieran, se prescindirá del trámite y el Juez resolverá sobre el acogimiento.
    • c) Si los progenitores comunican al Tribunal que esté conociendo del correspondiente expediente que pretenden impugnar la declaración de desamparo mediante la formulación de demanda, o promover el procedimiento a efectos de rehabilitación, el Secretario judicial, con suspensión del expediente, señalará el plazo de veinte días para la presentación de la demanda. Presentada la demanda, el Tribunal podrá suspender el expediente hasta que recaiga resolución en dicho procedimiento. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, por el Secretario judicial se continuará con la tramitación del expediente.
  • 2. El expediente de cesación del acogimiento acordado judicialmente se iniciará de oficio o a petición del menor, de su representante legal, de la Entidad Pública, del Ministerio Fiscal o de las personas que lo tengan acogido.

    Tras oír a la Entidad Pública, al menor, a su representante legal y a los que lo tengan acogido, y previo informe del Ministerio Fiscal, el Juez resolverá lo que estime procedente dentro de los cinco días siguientes.

  • 3. El expediente para adoptar medidas en cuantos asuntos se planteen respecto a las relaciones de los menores en régimen de acogimiento con sus progenitores, sus abuelos y demás parientes y allegados será tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la protección del menor. No obstante, si el acogimiento hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que lo hubiera acordado.

    Están legitimados para promover este expediente el menor, ambos progenitores, individual o conjuntamente, sus abuelos y demás parientes y allegados.

    Si el Juez estimara procedente la adopción de medidas, la resolución establecerá el régimen de estancia, relación y comunicación del menor con el solicitante o solicitantes, así como las demás medidas que se refieran a sus relaciones y sean procedentes en el caso.

  • 4. Este régimen será de aplicación hasta la entrada en vigor de las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

2. Nombramiento de tutores y curadores

En lo que concierne al nombramiento de tutores y curadores está regulado en los arts. 43 a51 de la Ley 15/2015, de 2 de julio. Debe indicarse que una vez acreditado el nombramiento de tutor mandará el Juez (art. 45.5 Ley 15/2015, de 2 de julio) exigir al tutor o curador la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal caso, la modalidad y cuantía de la misma. A falta de pariente a quien designar, o no reuniendo el que hubiere las cualidades que exigen las leyes, lo cual se hará constar en el expediente, el Juez nombrará para el desempeño del cargo a la persona que merezca su confianza, (art. 45.3 Ley 15/2015, de 2 de julio). A tenor del art. 45.6 Ley 15/2015 la resolución que se dicte será recurrible en apelación sin que produzca efectos suspensivos.

Durante la sustanciación del recurso, quedará a cargo del tutor o curador electo, en su caso, el cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y la administración de su caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez. Por otra parte, en cuanto al nombramiento de curador en el art. 45.2 se recoge que en la comparecencia se oirá al promotor, a la persona cuya designación se proponga si fuera distinta al promotor, a aquel cuya tutela o curatela se pretenda constituir si fuera mayor de 12 años o al menor de dicha edad que tuviere suficiente madurez, a los parientes más próximos, al Ministerio Fiscal, y a cuantas personas se considere oportuno.

Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas. El Juez designará tutor o curador a persona o personas determinadas, de conformidad con lo prevenido en el Código Civil.

3. Elevación del testamento a escritura pública

A instancia de parte legítima podrá elevarse a escritura pública el testamento hecho de palabra, considerándose parte legítima, a tales efectos, al que tuviere interés en el testamento, así como al que hubiere recibido en él cualquier encargo del testador. Si al otorgar el testamento de palabra se hubiere tomado nota o apunte de las disposiciones del testador, se presentará con la solicitud dicha nota o memoria; se expresarán los nombres de los testigos que deban ser examinados, y el del Notario, si hubiere concurrido al otorgamiento y por cualquier causa no lo hubiere elevado a escritura pública, y se manifestará el interés legítimo que tenga el que promueve el expediente.

Así, el art. 49 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado tras su modificación por la Ley 15/2015, señala que los Notarios intervendrán en los expedientes especiales autorizando actas o escrituras públicas: 1.º Cuando el expediente tenga por objeto la declaración de voluntad de quien lo inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento, el Notario autorizará una escritura pública.

4. Apertura de testamentos cerrados

Se regula en los arts. 57 a60 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado modificada por la Ley 15/2015. Asimismo, a tenor del art. 57 de la Ley del Notariado la presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados se efectuará ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante.

También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.

5. Habilitación para comparecer en juicio

Está regulado en los arts. 27 a31 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria y a tenor del art. 27 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, necesitarán habilitación para comparecer en juicio:

  • a) Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o personas con capacidad modificada judicialmente y sus representantes legales o su curador, salvo que con el otro progenitor o tutor, si hubiere patria potestad o tutela conjunta, no haya tal conflicto.
  • b) Cuando por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.
  • c) Cuando se tenga conocimiento de que una persona respecto a la que debe constituirse la tutela o curatela, precise la adopción de medidas para la administración de sus bienes, hasta que recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento.

6. Enajenación de bienes de menores e incapacitados

Será necesaria autorización judicial para enajenar o gravar los bienes de menores o incapacitados en los supuestos en que así lo establezca el Código Civil, siendo necesarios para decretar la enajenación o gravamen los requisitos siguientes:

  • a) Que la pidan el padre o la madre que tengan la patria potestad de su hijo menor, y si éste fuere mayor de doce años, firmará también la petición el padre o la madre que tengan la patria potestad prorrogada sobre un hijo incapacitado, que prestará o no su conformidad, con arreglo a lo que disponga la sentencia declaratoria de la incapacidad; el tutor de un menor de edad, y si éste fuera mayor de doce años deberá ser oído; el tutor o el curador de un incapacitado, si así lo permite la sentencia declaratoria; y el sujeto a tutela o curatela, cuando no le haya sido prohibido o cuando lo haga con la conformidad del tutor o curador.
  • b) Que se exprese el motivo de la enajenación o del gravamen y la finalidad a que se debe aplicar la suma que se obtenga.
  • c) Que se justifique la necesidad o utilidad de la enajenación.
  • d) Que se oiga al Ministerio Fiscal.

Se regula en los arts. 61 y ss de la Ley 15/2015, de 2 de julio, donde se recoge que se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que, conforme al Código Civil o la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el representante legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorización o aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera establecida una tramitación específica.

7. Actuaciones relativas a la declaración de ausencia

Está regulado en los arts. 181 y ss CC y en los arts. 67 a77 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria. El art. 181 CC señala que desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél estuviese legítimamente representado voluntariamente conforme al artículo 183.

El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria, el Secretario judicial nombrará persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal. También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las medidas necesarias a la conservación del patrimonio.

8. Subastas voluntarias judiciales

Regulado en los arts. 108 a111 de la Ley de jurisdicción voluntaria se recoge en el art. 108 que se aplicarán las disposiciones de este título siempre que deba procederse, fuera de un procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado.

En cuanto a la competencia el art. 109 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, señala que:

  • 1. Será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde éstos radiquen.
  • 2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

La solicitud se tramita conforme al art. 110 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, a cuyo tenor:

  • 1. Será necesario solicitud de iniciación del expediente, con la identificación y estado del bien o derecho, que deberá ir acompañada de los documentos siguientes:
    • a) Los que permitan acreditar la capacidad legal para contratar del solicitante.
    • b) Los que acrediten su poder de disposición sobre el objeto o derecho de la subasta. Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompañará certificación registral de dominio y cargas.
    • c) El pliego de condiciones particulares con arreglo a las cuales haya de celebrarse la subasta y en donde se recogerá la valoración de los bienes o derechos a subastar.

9. Deslinde y amojonamiento

Mediante otro acto de jurisdicción voluntaria, puede pedir el deslinde y amojonamiento de un terreno no sólo el dueño del mismo, sino el que tuviere constituido sobre él algún derecho real para su uso y disfrute.

10. Actos de jurisdicción voluntaria de expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil

Por último, los actos de jurisdicción voluntaria en expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil están regulados en los arts. 112 a138 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, contemplando la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, la convocatoria de juntas generales, el nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad, la reducción de capital social y de la amortización o enajenación de las participaciones o acciones, la disolución judicial de sociedades, la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas, el robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio, y el nombramiento de perito en los contratos de seguro.

Recuerde que...

  • Los Tribunales de Justicia no tienen encomendado con carácter exclusivo el ejercicio de la jurisdicción voluntaria.
  • La jurisdicción de que venimos tratando no siempre pretende una finalidad meramente preventiva, pudiéndose articular el ejercicio de dicha jurisdicción en actos constitutivos como pueden ser el nombramiento de tutores.
  • Son actos de jurisdicción voluntaria, entre otros, la adopción de menores, nombramiento de tutores, subastas voluntarias judiciales y deslinde y amojonamiento.
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