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Poder para litigar

Poder para litigar

Podemos definir el poder para litigar como aquel documento notarial por el que se faculta al Procurador, al objeto de representar a su poderdante, parte en el pleito, a fin de poder realizar válidamente y en su nombre actos de naturaleza procesal, en el ámbito del procedimiento.

Proceso civil

¿Qué es el poder procesal?

El poder procesal aparece recogido en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que viene a distinguir entre poder general y poder especial, definiendo el poder general para pleitos como aquel que faculta al Procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos, si bien añade que el poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para los que la Ley no exija un apoderamiento especial, si bien la exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente.

En consecuencia, de conformidad con el citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación también con el artículo 24, 26 y 23 de dicho texto legal, el Procurador de los Tribunales, en cuanto que le es conferida la representación en juicio de la parte deberá, necesariamente, contar con el documento público, denominado poder procesal, que acredita ostentar la representación de un litigante en el pleito.

A este respecto el poder en sí y de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá ser de dos clases:

  • a) Podrá ser escritura autorizada por Notario, de conformidad con lo dispuesto a tal efecto en la vigente legislación notarial.
  • b) Podrá ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del Tribunal que haya de conocer del asunto, tal y como establece, además del artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 453.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto, cuando habla de las funciones de los Secretarios Judiciales, dice que los Secretarios Judiciales autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las Leyes procesales.

Es de destacar que, de acuerdo con el número dos del artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en base a la Ley 42/2015: La copia electrónica del poder notarial de representación, informática o digitalizada, se acompañará al primer escrito que el procurador presente. Y en el apartado 3º que El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. Este apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales.»

El artículo quinto, número dos, del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, relativo al Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales en España establece que la concreta representación con la que el Procurador interviene en juicio, se acreditará mediante apoderamiento expreso y suficiente, otorgado conforme a las disposiciones legales.

¿Qué es el poder especial?

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ya hemos mencionado, distingue entre poder general y poder especial, fijando en el número dos del citado precepto una serie de supuestos en los que el poder no basta con que sea general, sino que debe ser especial para determinadas actuaciones procesales.

Las referidas actuaciones son las siguientes:

  • a) Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.
  • b) Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
  • c) En todos aquellos casos en que las Leyes lo exijan expresamente.

A este respecto habremos de decir que la importancia del poder especial para los actos procesales que aparecen recogidos en este número dos del artículo 25, viene introducida por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, de forma tal que la carencia por parte del Procurador de estas facultades especiales pueden suponer efectos procesales desastrosos, como pudiera ser la inasistencia de una parte al acto de audiencia previa del juicio ordinario, careciendo el Procurador de poder especial para llegar a un acuerdo o transacción, que puede acarrear el que no se les tenga por comparecidos en la audiencia.

¿Qué consecuencias conlleva la aceptación del poder?

El Procurador de los Tribunales debe aceptar el poder y, por tanto, la representación de una parte litigante, estableciendo el artículo 26 que tal aceptación debe presumirse por el hecho de usar el poder el Procurador.

La aceptación del poder y, por tanto, de la representación por parte del Procurador, conlleva para éste una serie de obligaciones profesionales y procesales, tales como la obligación de seguir el asunto mientras no cese en su representación por algunas de las causas que establece el artículo 30 de la Ley Procesal, a transmitir al Abogado elegido por su cliente o por él mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, quedando sujeto a la responsabilidad del mandatario; a tener al poderdante y al Abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, trasladando al Letrado copia de todas las resoluciones que le sean notificadas, así como de los escritos y documentos que le sean trasladados por el Tribunal o por los Procuradores de las demás partes; a trasladar los escritos de su poderdante y de su Letrado a los Procuradores de las restantes partes, en la forma establecida en el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (todo ello teniendo en cuenta que tras la Ley 42/2015 el apartado 2º del art. 276 LEC señala que:

2. El traslado de copias de los escritos y documentos presentados de forma telemática, se hará por medios telemáticos de forma simultánea a la presentación y se entenderá efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación a recoger del Abogado que cese en la dirección de un asunto las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante, comunicar de manera inmediata al Tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada, así como a pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de Abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que disponga de fondos suficientes para ello, entregados por su poderdante.

A este respecto en cuanto a las obligaciones del procurador hay que con la Ley 42/2015 Se modifica el numeral 7.º del apartado 2 del artículo 26, que queda redactado del siguiente modo: «7.º A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.»

En general, los derechos y deberes del Procurador vienen recogidos en los artículos 37 y 38 de su Estatuto General, aprobado, como ya queda dicho, por el Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre.

¿En qué consiste la aportación del poder?

Como bien ha quedado expuesto, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el poder para pleitos es el documento que faculta al Procurador para realizar válidamente actos procesales en nombre de un tercero litigante. El artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una norma de carácter general de obligatoria observancia, cual es, al referirse a los documentos procesales que deben ser acompañados con la demanda o con la contestación, la referencia necesaria a la presentación, con el escrito inicial por el que la parte comparece, ya sea como actor o demandado, del poder notarial conferido al Procurador, salvo que su representación se otorgue apud acta. La no presentación del poder o la no concesión de la representación apud acta, supone que no se de curso a la demanda o a la contestación hasta que se subsane tal omisión, subsanación que, vienen a reconocer los Tribunales, se puede llevar a efecto a través de la vía contemplada en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La nueva redacción del art. 264 LEC con la Ley 42/2014 señala que Con la demanda o la contestación habrán de presentarse: 1.º El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue apud acta.

¿Qué cambios propició la Ley 42/2015 en las funciones del procurador?

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, ha intensificado la figura del procurador más que lo hizo ya la Ley 13/2009, de 3 de noviembre mediante una nueva reforma del artículo 26 en el que incide sobre el seguimiento del procurador de la causa sobre la que tiene la representación mientras no cese en esta en la causa y además a colaborar con los órganos judiciales en los actos de comunicación, con lo que viene a reforzar la posición del procurador como un auténtico colaborador de la parte pero también de los tribunales de justicia, ya que pueden estos recabar su ayuda para que lleve a cabo determinado acto de comunicación específico según el ordinal no 8 del artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello, en la Ley 37/2011 se da una nueva redacción a los ordinales 1º y 8º y se añade un ordinal 9º al apartado 2 del artículo 26, que quedan redactados en los siguientes términos:

"1º. A seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las causas expresadas en el artículo 30. Le corresponde la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso."

"8º. A la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite, o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.9º. A acudir a los Juzgados y Tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones".

También en la Ley 42/2015 se modifica el numeral 7.º del apartado 2 del artículo 26, que queda redactado del siguiente modo: «7.º A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.»

Pero en cualquier caso en la nueva Ley 42/2015 se amplían y refuerzan las funciones de los procuradores recogiéndose en la Exposición de Motivos de la misma que: En todo este proceso de modernización de la Justicia, la figura del procurador, con gran raigambre histórica en nuestro ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y activa, y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y las oficinas judiciales. Los procuradores han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Así, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, especialmente con la reforma llevada a cabo en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vino a acentuar esa condición que viene caracterizando desde hace tiempo la actuación del procurador cuando desempeña su función como colaborador de la Administración de Justicia, en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que ya puso de relieve la necesidad de considerar «la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del procurador como representante de los ciudadanos ante los tribunales, pudiera al mismo también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este estudio».

La presente Ley continúa en la dirección indicada y parte, igualmente, de la condición del procurador como colaborador de la Administración de Justicia a quien corresponde la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso. Así, se refuerza el elenco de atribuciones y obligaciones de los procuradores respecto de la realización de los actos de comunicación a las personas que no son su representado.

La reforma parte de la dualidad actual del sistema manteniendo las posibilidades de su realización, bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por el procurador de la parte que así lo solicite, a su costa, y en ambos casos bajo la dirección del secretario judicial.

Pero exige que, en todo escrito por el que se inicie un procedimiento judicial, de ejecución o instancia judicial, el solicitante haya de expresar su voluntad al respecto, entendiendo que, de no indicar nada, se practicarán por los funcionarios judiciales. No obstante, este régimen no será aplicable al Ministerio Fiscal ni en aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en los que rija lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Como novedad destacable, se atribuye a los procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y, con ello, se les exime de la necesidad de verse asistidos por testigos, lo que redundará en la agilización del procedimiento. De forma correlativa, en el desempeño de las referidas funciones, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los procuradores deberán actuar necesariamente de forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que rigen cada acto, bajo la estricta dirección del secretario judicial y control judicial, previéndose expresamente que su actuación será impugnable ante el secretario judicial y que contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer, a su vez, recurso de revisión ante el tribunal.

Directamente relacionado con la actuación de los procuradores, para unificar las diferentes prácticas forenses que se están desarrollando en los tribunales en relación con los procedimientos de cuentas juradas de procuradores y reclamación de honorarios de los abogados, se establece expresamente para estos procedimientos la no exigencia de postulación y, en consecuencia, la ausencia de costas procesales, como así se viene recogiendo reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Así las cosas, en el art. 152 LEC se potencia el carácter de colaborador del procurador con los juzgados y se le otorga capacidad de certificación.

Recuerde que...

  • El poder general para pleitos como aquel que faculta al Procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos.
  • La carencia por parte del Procurador de las facultades del poder especial pueden suponer efectos procesales desastrosos, como pudiera ser la inasistencia de una parte al acto de audiencia previa del juicio ordinario.
  • La no presentación del poder o la no concesión de la representación apud acta, supone que no se de curso a la demanda o a la contestación hasta que se subsane tal omisión.
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