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Mandamiento de pago

Mandamiento de pago

El mandamiento de pago es un instrumento probatorio del pago que contiene la expresión de la voluntad del deudor de satisfacer al acreedor la prestación dineraria, de tal forma que, mediante la efectividad de dicho mandamiento, el acreedor, sin necesidad de nuevo acto del deudor, queda satisfecho.

Derechos reales, obligaciones y contratos

¿Cuáles son las nociones generales sobre el pago?

Existen tres acepciones del pago: como cumplimiento de la obligación, bien voluntario o bien anormal; como cumplimiento efectivo de la prestación convenida; y como cumplimiento mediante entrega de dinero.

De las tres acepciones, la que más se ajusta a "mandamiento de pago" es la última, aunque el Código Civil alude más propiamente a la segunda. Así, el artículo 1157 CC dice que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía.

En el caso de la adquisición de bienes o derechos esta, generalmente se suele hacer a cambio de una contraprestación onerosa u económica.

Se suele distinguir entre actos onerosos y gratuitos (también denominados estos últimos "a título lucrativo" o "a título de liberalidad"), según que la atribución patrimonial de una de las partes vaya o no acompañada de una contraprestación. En los actos onerosos existe sacrificio y correlativas ventajas para ambas partes; en cambio, en el gratuito, existe sacrificio para una de las partes y desplazamiento patrimonial para la otra.

Elementos subjetivos

En el pago existen dos sujetos: el pagador o solvens y el cobrador o accipiens. Examinaremos a continuación brevemente cada uno de ellos. Así, en cuanto al pagador, no es necesario que sea el mismo deudor el que pague al acreedor, ya que a este lo que le interesa es recibir la prestación, siempre y cuando esta no sea personalísima, es decir, que sólo pueda ser realizada por ese concreto deudor (dar un recital de arias de ópera determinado tenor, por ejemplo). Como al acreedor le es indiferente quién haga el pago, puede pagar, bien el deudor y, en su nombre, su derechohabiente, representante legal o apoderado, bien cualquier otra persona. Así, el artículo 1157 del Código Civil dice que "puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor". Debe exceptuarse el supuesto, ya expresado, de haceres personalísimos (artículo 1161 del Código Civil: "en las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación").

Sobre la capacidad exigida al solvens en las obligaciones de dar, como las dinerarias, se exige que tenga la libre disposición de la cosa y capacidad para enajenarla (artículo 1160 del Código Civil: "en las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla"). Ello quiere decir que el pago hecho por incapaz o por quien no tiene la libre disposición de la cosa no es válido y puede ser repetido o reclamado al acreedor. Sin embargo, no puede repetirse el pago si hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible y el acreedor la hubiese gastado o consumido de buena fe (artículo 1160 del Código Civil).

En cuanto al accipiens o persona que recibe el pago, se requiere, en primer

lugar, que tenga capacidad para administrar sus bienes (si el accipiens es incapaz, sólo será válido el pago, según el artículo 1163 del Código Civil, si el solvens demuestra que se convirtió en utilidad del primero). En segundo lugar, es necesario que no se haya ordenado la retención judicial de la deuda (artículo 1165 del Código Civil: "no será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda"), pues, de otro modo, el pago perjudicaría a los acreedores del acreedor retenido.

Elementos objetivos

Es necesario que el pago cumpla estos tres requisitos: identidad, integridad e indivisibilidad.

a) Identidad

Que el pago sea idéntico quiere decir que ha de cumplirse la prestación prometida y no otra. Para las obligaciones dinerarias, que son las que ahora nos interesan, el artículo 1170 de Código Civil contiene las dos siguientes reglas:

  • El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España (aunque debe tenerse en cuenta que la Ley de 20 de enero de 1939, privó de curso legal a las monedas de plata ordenando su canje por billetes del Banco de España, y que la Ley de 9 de noviembre de 1939 dispuso que los billetes del Banco de España son, preceptivamente, medio legal de pago y tienen pleno poder liberatorio. También debe retenerse que de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, la plena implantación de la moneda europea se produjo el 1 de enero de 2002).
  • La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

b) Integridad

Por su parte, el que el pago sea íntegro, quiere decir que debe entregarse completamente la cosa o realizarse del todo la prestación y, en nuestro caso, se haya entregado completamente el dinero. La única excepción es que el pago exceda de la cuantía que legalmente se declara inembargable, esto es, la que se considera imprescindible para el sustento del deudor (su régimen legal se encuentra en los artículos 605 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero dice que no serán en absoluto embargables: 1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. Igualmente, el artículo 607.1 CC declara inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional).

c) Indivisibilidad

Finalmente, la indivisibilidad del pago alude a que no puede imponerse al acreedor que reciba por partes la prestación, salvo que así se hubiere pactado (primer párrafo del artículo 1169 del Código Civil: a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación), o que la deuda tenga una parte líquida y otra ilíquida, en cuyo caso "podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda" (segundo párrafo del artículo 1169 CC).

3. Lugar del pago

A él se refiere el artículo 1170 del Código Civil. De su contenido se desprende que, en primer lugar, el pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación, es decir, según lo que exprese su título constitutivo. En segundo lugar, no habiéndose expresado el sitio, y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor, en virtud el principio de que quien se obliga se obliga a lo menos posible. Es posible que el título constitutivo excluya el domicilio del deudor como lugar del pago y que este no pueda fijarse por las reglas del precepto anterior. Ante el silencio del Código, Albadalejo considera que el lugar del pago debe ser el del domicilio del acreedor.

¿A qué nos referimos con el mandamiento como medio de prueba del pago?

Una vez que hemos expuesto, a grandes rasgos, el régimen jurídico del pago, podemos ya aventurar que el mandamiento de pago es un medio de prueba de haberse producido este. En este sentido, la carga de la prueba del pago corresponde al deudor, porque el pago es causa de extinción de la obligación. Actualmente, tras la derogación del artículo 1214 del Código Civil por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no existe un precepto que, desde un punto de vista sustantivo, esto es, no procesal, regule la carga de la prueba de las obligaciones. Por ello, debemos acudir al precepto que ha sustituido al anterior, y que se encuentra en sede de la Ley procesal civil. Así, el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. El número 3 del mismo precepto dispone que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

El instrumento probatorio normal del pago es el recibo, que es la declaración escrita que hace el acreedor de haber recibido del deudor la prestación que se le debía. Aunque este no es el único medio de prueba del pago, pues también es posible adverar este por medio de testigos o propia declaración del pagador.

Sentado lo anterior, podemos ya indicar que el mandamiento de pago es un instrumento probatorio del pago porque contiene la expresión de la voluntad del deudor de satisfacer al acreedor la prestación dineraria, de tal forma que, mediante la efectividad de dicho mandamiento, el acreedor, sin necesidad de nuevo acto del deudor, queda satisfecho. Ello implica que deja de ser necesario el recibo cuando el pago se hace por medio de mandamiento.

¿A qué nos referimos con mandamiento de pago como medio para entregar a sus destinatarios las consignaciones judiciales?

Se regula esta materia en el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, modificado por el Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, y en la Orden Ministerial 1623/2007, de 4 de abril, por la que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia, así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, reguladas por el Real Decreto 467/2006.

Por consignaciones judiciales se entienden aquellas que se realicen en ejecución voluntaria o forzosa de títulos que lleven aparejada ejecución, así como las que se realicen con finalidad liberatoria por el obligado al pago de una cantidad, o en otros supuestos legalmente establecidos.

Esta última acepción es la que nos interesa, tras toda la exposición anterior, pues en ella se comprende la actividad de pago del deudor a su acreedor, sirviendo el correspondiente Juzgado de instrumento para ello.

El artículo 8 del Real Decreto 467/2006 establece los requisitos formales de las operaciones. Así:

  • a) Tanto las operaciones de ingreso como las de disposición de los fondos de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones se podrán realizar por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de forma manual, debiéndose utilizar en este último caso los impresos normalizados oficiales de documento de ingreso, mandamiento de pago y transferencia a cuenta judicial. Cualquier medio empleado para operar con las cuentas deberá disponer de las condiciones de seguridad adecuadas y deberá contar con la aprobación del Ministerio de Justicia.
  • b) En todas las operaciones de ingreso o transferencia a una Cuenta de Depósitos y Consignaciones deberán constar siempre el órgano judicial o, en su caso, el Servicio Común Procesal y, al menos, los siguientes datos: nombre o razón social de quien realiza el ingreso y de la persona por cuenta de quien se realiza, Número de Identificación Fiscal y domicilio del ordenante, cantidad de la operación reflejada en letras y cifras, concepto en el que se realiza la misma, fecha de la operación y código completo de la cuenta expediente sobre la que se realiza ésta.
  • c) En las operaciones de disposición de fondos desde una Cuenta de Depósitos y Consignaciones, deberán constar al menos los siguientes datos: nombre o razón social del beneficiario, cantidad de la operación reflejada en letras y cifras, concepto en el que se realiza la misma, fecha de la operación, código completo de la cuenta expediente sobre la que se realiza ésta y, en caso de mandamientos de pago, plazo de presentación al cobro. El Número de Identificación Fiscal del beneficiario deberá constar cuando esté recogido o así se desprenda del expediente judicial.
  • d) No se permite la emisión de mandamientos de pago al portador, ni la realización de transferencias a cuentas no judiciales de las que no conste la identidad de su titular.
  • e) Los secretarios judiciales -actuales Letrados de la Administración de Justicia- y demás personal de la oficina judicial informarán a quien deba realizar un ingreso en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones de los requisitos necesarios para ello y, en todo caso, le facilitarán el código completo de la cuenta general y de la cuenta expediente en el que se deba realizar aquél, así como la clave de la Entidad de crédito y la de la sucursal en la que se encuentre abierta la cuenta correspondiente. Asimismo informarán de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

    Derogada la LO 15/1999, la remisión debe entenderse hecha a la norma actualmente vigente: art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679.

  • f) La entidad de crédito no dará curso a ninguna operación de ingreso o disposición de fondos que no reúna los requisitos enumerados en el apartado 2 del precepto.

    Finalmente, específicamente se regula en artículo 12 RD 467/2006 los reintegros de cantidades mediante mandamientos de pago de la siguiente forma:

    • El reintegro de las cantidades se realizará mediante la expedición del mandamiento de pago a favor del beneficiario. El mandamiento de pago, que no será un documento compensable, deberá ser hecho efectivo mediante su presentación al cobro por el beneficiario en la entidad de crédito adjudicataria, debidamente firmado y sellado por el secretario judicial.
    • Los mandamientos deberán ser presentados al cobro en un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de emisión de los mismos, no excluyéndose los días inhábiles, pero si el día del vencimiento lo fuere, se entenderá que el mandamiento vence el primer día hábil siguiente. En el supuesto de que el mandamiento hubiere caducado por su falta de presentación al cobro en el plazo señalado, el beneficiario del mismo podrá solicitar al secretario judicial la expedición de un nuevo mandamiento sujeto a igual plazo de caducidad.
    • La entidad adjudicataria no hará efectivo el pago de ningún mandamiento caducado. En los supuestos en que el mandamiento hubiera sido librado por importe superior al saldo existente en la cuenta expediente en el momento de su presentación al cobro, se pagará hasta el límite de éste, debiendo la entidad de crédito informar de esta situación al secretario judicial.

¿Qué es la moratoria?

La moratoria es el aplazamiento del pago de impuestos, contribuciones o cualesquiera exacciones, así como también, por extensión, de cualesquiera deudas civiles sean por principal o por intereses. No comporta la reducción del importe de lo adeudado -aun cuando puede determinarse la inaplicabilidad de los recargos y sanciones e incluso la inexigibilidad de los intereses- sino exclusivamente la ampliación del plazo establecido para solventar una deuda vencida. Dada la incidencia en relaciones civiles o mercantiles o bien tributarias, se dispone la moratoria mediante norma con rango de Ley, frecuentemente, Decreto-Ley, por razones de urgencia motivadas por inundaciones, sequías u otras catástrofes.

La expresión moratoria se ha utilizado asimismo, en alguna Comunidad Autónoma, y en concreto la de Canarias, para explicar la suspensión de la normativa referida al otorgamiento de licencias urbanísticas para la construcción de complejos turísticos de diferente naturaleza.

¿Qué es la irrevocabilidad?

Voz de origen latino que significa que no se puede revocar, es decir que no se puede dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Sobre los supuestos en que la revocación es posible. Uno de los ejemplos se contiene en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que determina que: "las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste"; y otro en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la revocación por las Administraciones Públicas de los actos de gravamen o desfavorables "siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".

A sensu contrario son por tanto irrevocables los actos declarativos derechos o favorables, de manera que la Administración no puede volver sobre esos actos dejándolos sin efecto, sin perjuicio de la revisión de oficio permitido por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el ámbito de las relaciones entre particulares nos encontramos con otro supuesto de irrevocabilidad en el artículo 1091 del Código Civil a cuyo tenor "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos". Este precepto establece, pues, la fuerza vinculante que para las partes tienen los contratos de los que nace una relación jurídica que no puede desatarse por la voluntad de uno solo de los contratantes y que: "una vez perfeccionados tienen fuerza de ley entre éstos y han de cumplirse a tenor de lo expresamente pactado, de buena fe y sin tergiversar las obligaciones que cada parte contrajo" (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1989, LA LEY 470-1/1989).

Recuerde que...

  • La carga de la prueba del pago corresponde al deudor, porque el pago es causa de extinción de la obligación.
  • El instrumento probatorio normal del pago es el recibo, que es la declaración escrita que hace el acreedor de haber recibido del deudor la prestación que se le debía, aunque este no es el único medio de prueba del pago, pues también es posible adverar este por medio de testigos o propia declaración del pagador.
  • Cuando el pago se hace por medio de mandamiento deja de ser necesario el recibo como instrumento probatorio.
  • La moratoria es el aplazamiento del pago de impuestos, contribuciones o cualesquiera exacciones, así como también, por extensión, de cualesquiera deudas civiles sean por principal o por intereses.
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