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Querella

Querella

Proceso penal

Del latín “querela”, en el Derecho Romano se utilizaba para pedir un pronunciamiento judicial en materia de derecho de familia y sucesiones, a fin de lograr la ineficacia de determinadas donaciones, o de declaraciones hereditarias o de ciertos contratos.

Pero posteriormente, alcanzó un significado penal, tanto en el ámbito cotidiano en el que se habla de querella, en el sentido de tener pendencia o discordia con alguien, como en el ámbito procesal, en el que significa -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- ”acusación ante juez o tribunal competente, con que se ejecuta en forma solemne y como parte, en el proceso, la acción penal contra los responsables de un delito”.

En definitiva, en la actualidad, la querella es uno de los modos en que se comunica a un órgano judicial la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, cometidos por alguna persona y frente a los cuales se pide la intervención del Estado, a fin de depurar las responsabilidades a que haya lugar.

Al encontrarse regulada en la legislación penal y utilizarse cotidianamente, en el ámbito del proceso penal, la querella es un instrumento procesal muy técnico, cuyo conocimiento y efectos, requiere un estudio preciso y concreto.

I. CONCEPTO

Podemos definir la querella como el acto mediante el cual una persona comunica a un órgano judicial, la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, al tiempo que expresa su voluntad de mostrarse parte en el proceso que solicita se inicie.

II. CLASES

Se distinguen dos clases de querellas:

  • 1. Querella privada. Es la interpuesta por una persona particular, que ha de ser el ofendido por el delito. Respecto a algunos delitos, sólo puede seguirse el proceso si el particular afectado presenta querella (así en las injurias y querellas sin publicidad)
  • 2. Querella pública. Es la que interpone el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. A este respecto, actúa para procurar la persecución de cualquier delito público y en cuanto a los delitos en que el ofendido sea un menor o incapaz si sus padres o representantes legales no lo hubieran hecho.

III. RÉGIMEN JURÍDICO

  • a) Sujetos: Debe distinguirse entre querellante, quien presenta la querella y querellado, frente a quien se presenta. El querellante ha de ser una persona física que se encuentre en pleno uso de sus derechos. También están legitimadas las personas jurídicas. Puede tratarse de extranjeros pero sólo respecto a delitos cometidos contra los mismos. Los españoles particulares y las personas jurídicas pueden ejercer la acción popular, es decir instar la persecución de un delito cualquiera aunque no hayan sido directamente afectados.

    El querellado debe identificarse en la querella por su nombre y señas o, si se desconoce, mediante los datos que mejor pudieran contribuir a su identificación.

  • b) Presupuestos: Los hechos en que se basa la querella deben revestir caracteres de delito. Este es el presupuesto básico para la admisión de una querella y el seguimiento de los trámites posteriores. Lo cual significa dos cosas: que debe tratarse de una conducta con encaje en el Código Penal o leyes penales especiales y que no es necesario que el querellante efectúe una calificación jurídica provisional de los hechos.
  • c) Requisitos: Los requisitos de toda querella son subjetivos, objetivos y formales.

    Los subjetivos se refieren a la necesidad de cumplir lo establecido en la ley respecto al querellante, querellado y órgano judicial competente, que ha de ser el tribunal del lugar de los hechos o el órgano especial que corresponda si el querellado es aforado o se trata de un delito competencia de un Tribunal especial (así, los de terrorismo corresponde a la Audiencia Nacional)

    Los objetivos se refieren a su contenido, consistentes, básicamente, en los hechos presuntamente delictivos en que se fundamenta.

    Y los formales: la querella será formulada por escrito, presentada por Procurador con poder bastante para ello y suscrita por Letrado. Además, irá acompañada de certificación de intento de conciliación si se refiriera a injurias o calumnias sin publicidad y licencia del órgano judicial para proceder, si las mismas hubieren tenido lugar ante la autoridad judicial.

  • d) Contenido: Deberá incluir, los datos del querellante, querellado; órgano judicial ante el que se presenta; relación circunstanciada y fechada de los hechos en que se basa; diligencias que se pide se practiquen; suplico en el que se indicarán las medidas cautelares que se solicitan, como embargo, detención, exigencia de fianza para quedar en libertad provisional y firma del querellante o su procurador, y del abogado que se encuentra defendiendo al querellante.
  • e) Fianza: Se exige, con carácter general al particular que formula una querella. Por excepción, quedan exentos: 1) el ofendido y sus herederos o representantes legales; 2) en los delitos de asesinato o de homicidio, el viudo o viuda, los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, los colaterales consanguíneos y afines hasta el segundo grado, los herederos de la victima y los padres, madres e hijos naturales.

    No están exentos, y por tanto deben prestar fianza, los extranjeros -salvo tratados que digan lo contrario o que existan normas o prácticas o reciprocidad que no lo requieran para españoles, los acusadores populares-. El acusador particular, no tiene que prestar fianza.

    La fianza será proporcionada y no podrá ser tan elevada que haga imposible el ejercicio de la acción penal. En cuanto al modo de prestarse, puede hacerse en cualquiera de los medios aceptados por el derecho: dinero, aval bancario, garantía hipotecaria, prenda...

IV. LEGITIMACIÓN

La regulación de la querella en nuestro proceso penal se encuentra incorporada en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el citado precepto, artículo 270, se establece, en un primer término, la facultad o derecho que le corresponde a todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, para que puedan querellarse, ejercitando, dice el precepto, la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. A continuación, el citado precepto, en su siguiente párrafo, hace referencia a la posibilidad de que también podrán querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del artículo 281.

Se hace preciso, a la vista de ello, establecer, respecto a la legitimación para la interposición de querellas, las siguientes distinciones:

  • a) En primer lugar, habremos de decir que la legitimación para interposición de la querella corresponde a todos los ciudadanos españoles, con independencia de que hayan sido o no perjudicados por el hecho delictivo que denuncian, si bien con la particularidad de que, para el supuesto de que no resulten perjudicados por el hecho o hechos delictivos objeto de la querella, estarán ejercitando con la misma la acción popular que recoge el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que si resultan perjudicados por los hechos objeto de la querella, estarán ejercitando las acciones que contempla el artículo 110 de dicho texto legal.
  • b) El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han coincidido en extender el concepto “ciudadano” también a cualquier persona jurídica. Ello se ha fundado en la interpretación extensa del principio de tutela efectiva que recoge el artículo 24.1 de la Constitución Española. Por tanto, el término “ciudadano” habremos de referirlo tanto a personas físicas como a personas jurídicas.
  • c) El Ministerio Fiscal también está perfectamente legitimado para el ejercicio de querellas, tal y como resulta del texto del artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta el punto de que el artículo 105 LECrim habla de la obligación de ejercitar acciones penales por parte de los funcionarios del Ministerio Público, incluso en los delitos perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada si ésta fuera menor de edad, persona discapacitada que precise especial protección o desvalida.
  • d) También los extranjeros, entendiendo por tales tanto las personas físicas como las jurídicas, podrán ejercer querellas, pero exclusivamente limitado su ejercicio a aquellos delitos comprendidos contra sus personas o bienes o personas y bienes de sus representados. Se exige, por tanto, que el querellante extranjero tenga un interés directo, por haber sido perjudicado de manera directa o indirecta (las personas o bienes de sus representados) por los hechos que son objeto de la querella.

V. DIFERENCIAS CON LA DENUNCIA

La querella guarda parecido con la denuncia, que es también un acto procesal mediante la cual alguien comunica la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, a fin de que se inicie su investigación y en consecuencia, se incoe un proceso.

Sin embargo, presenta diferencias:

  • a) Mientras la denuncia es un mera declaración de conocimiento, la querella es, además, una declaración de voluntad.
  • b) Existe obligación para quien presenciare la perpetración de un delito, de denunciarlo ante la autoridad competente, en cambio la querella es un derecho que corresponde a quien resulta ofendido por un delito o goza de legitimación para perseguirlo.
  • c) La denuncia no está sujeta requisitos formales, bastando hacerla de palabra o incluso anónimamente, en tanto la querella requiere cumplir una serie de formalidades.
  • d) La denuncia puede presentarse ante la Policía y sin Abogado, en cambio la querella debe presentarse ante el Juzgado competente territorialmente para conocer el asunto y exige el concurso de Abogado y Procurador.
  • e) La denuncia no lleva aparejada ninguna obligación o carga en tanto la querella puede requerir la prestación de una fianza.
  • f) La denuncia desliga al denunciante del proceso mientras la querella lo constituye en parte, pudiendo actuar, pedir prueba, presentar recursos, etc.

VI. REQUISITOS

1. Competencia judicial

De conformidad con la regulación que respecto a la querella se contempla en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, el primer requisito necesario para la interposición de la querella es que vaya destinada al órgano judicial que resulte competente para conocer de los hechos que se denuncian y que deberán ser objeto de instrucción y posterior enjuiciamiento. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 272 de nuestra Ley procesal penal, en cuanto que establece que la querella se interpondrá ante el Juez de instrucción competente, órgano éste, el Juez de instrucción, que viene a ostentar la competencia exclusiva o cuasi exclusiva para conocer de la querella. La única excepción a la competencia exclusiva del Juez de instrucción, que territorialmente resulte el adeudado en razón al lugar de comisión del delito, lo constituye aquellos supuestos en que el conocimiento o instrucción de la querella corresponde a otros Tribunales distintos del Juez de instrucción, en razón a disposiciones especiales, como es el caso de aforados.

2. Sometimiento del fuero de todos los intervinientes al Juez de instrucción o Tribunal para conocer el delito objeto de la querella

Efectivamente, una vez determinado, el Juez de instrucción o Tribunal competente para el conocimiento de la querella, todos los que pudieran resultar parte en el procedimiento y, naturalmente, el querellante, quedan sujetos a la competencia del Juzgado o Tribunal competente para la instrucción de la misma. Así resulta del tenor literal del artículo 274 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Necesidad de representación técnica y dirección letrada

El artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, para la interposición de la querella, que el querellante se encuentre representado por Procurador de los Tribunales con poder bastante, y que la querella se encuentre a su vez suscrita por Letrado.

4. Suficiencia del poder

De conformidad con nuestra Ley Procesal Penal, para la interposición de la querella se hace precisa la existencia de un poder bastante para ello. Así resulta del número 7 del artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que en el supuesto de que el Procurador no tuviere poder especial para formular la querella se precisará la firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar. En este caso, es decir, cuando el Procurador no dispone de poder bastante y es firmada por el querellante o por otra persona a su ruego, se precisará, para iniciar los trámites instructores de la querella, que ésta sea ratificada en sede judicial por el querellante.

VII. IDENTIFICACIÓN DE QUERELLANTE Y QUERELLADO

De conformidad con el citado artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituirá requisito necesario, en la querella, que ésta contenga los datos identificativos del querellante y del querellado o, cuando menos, los conocidos del querellado.

VIII. CONTENIDO

El precepto antes citado, artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la querella deberá contener una relación de los hechos, así como deberá proponer el querellante la práctica de cuantas diligencias considere oportunas para su comprobación debiendo, si lo estima procedente, solicitar del Juez Instructor la adopción de las medidas que resulten oportunas para asegurar la persona o bienes del autor o autores de la infracción penal que denuncia con la querella. Será preciso, asimismo, aportar los documentos en base a los cuáles el propio querellante funda la referida querella.

IX. FIANZA

El artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación del particular querellante de prestar fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio, si bien, el artículo 281 respecto a la prestación de fianza contiene las siguientes excepciones:

  • a) Está exento de la prestación de fianza el ofendido y sus herederos o representantes legales.
  • b) En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente.
  • c) Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.

Esto no obstante, la exención de fianza, de conformidad con el último párrafo del artículo 281 de nuestra Ley procesal penal, no es aplicable a los extranjeros si no le correspondiera en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.

X. EFECTOS

Presentada una querella, se despliega una serie de posibles efectos, en función de la misma:

  • a) Si los hechos en que se funden, no son constitutivos de delito, se inadmitirá
  • b) Si la querella tuviere defectos (“querella irregular”), se requerirá al presentante para que los subsane
  • c) Si la querella se abandona, y se trata de un delito privado -los que sólo pueden ser perseguidos a instancia de parte ofendida- se archivará. Eso sucede cuando acordada la comparecencia del querellante éste no lo haga en el plazo de los diez días que marca la ley. Y de igual modo, cuando fallezca el querellante o se incapacite, y no comparezca nadie a sostener la querella, en el plazo de treinta días siguientes a la citación que se le hará a tal fin.
  • d) Si la querella cumpliere con todos los requisitos, el principal efecto que produce es la obligación de investigar lo que se diga en la misma, incoándose el correspondiente proceso.
  • e) De igual modo, produce el efecto de “litispendencia” que significa que no podrá seguirse proceso sobre el mismo objeto mientras se tramite el proceso a que ha dado origen la querella
  • f) Interrumpe la prescripción del delito, es decir, impide que pueda considerarse que no existe interés en el asunto, y pueda, por tanto, evitarse su persecución al transcurrir el periodo de tiempo previsto en al ley, según el tipo de delito de que se trate
  • g) Supone la suspensión de un proceso civil que se esté tramitando previamente, cuando se refiera al mismo objeto, dado el carácter preferente de la jurisdicción penal sobre el resto de las jurisdicciones

La inadmisión de una querella, permite formular recurso de apelación ante la Audiencia Provincial o Nacional, según el órgano de inadmisión sea un Juez de Instrucción o un Juez Central de Instrucción, o de súplica si quien la inadmitió fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

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