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Puerta cerrada

PUERTA CERRADA

I. CONCEPTO DE JUICIO A PUERTA CERRADA

Se refiere este concepto a una limitación que puede introducirse en la celebración de los juicios penales, que por esencia son públicos, y cualquier persona pueda entrar en una Sala de juicios a presenciarlos. Por ello, si alguna de las partes suscita al juez o tribunal la cuestión relativa a la posibilidad de que el juicio se celebre a puerta cerrada nos aparece esta opción como una excepción al principio de publicidad que rodea al proceso penal.

En efecto, el derecho a un juicio público aparece tutelado en el artículo 24.2 de la Constitución, teniendo por finalidad proteger a las partes frente a una justicia cerrada al conocimiento público y mantener la confianza de los ciudadanos en los Tribunales, alcanzando su máxima expresión en el acto del juicio oral que culmina el proceso penal.

En consecuencia, dicho derecho no tiene la naturaleza de absoluto como resulta de lo dispuesto al respecto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los Tratados Internacionales sobre dicha materia suscritos por España, conforme a los que deben interpretarse los derechos fundamentales reconocidos en nuestro texto constitucional por imperativo de la siguiente normativa:

De estos preceptos se deduce que el derecho a un juicio público puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público, moralidad, protección de personas menores etc., justificadas en una sociedad democrática, siempre que estén previstas por las leyes, habiéndolo declarado así nuestro Tribunal Constitucional en múltiples resoluciones de las que son ejemplo las Sentencias 62/1982, 96/1987 y 176/1988, confirmando la validez de las excepciones al principio de publicidad del proceso establecidas en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 680 de la Ley procesal penal, en cuanto a los debates del juicio oral.

Así, el principio de publicidad del juicio está instaurado en nuestro Derecho para todo tipo de proceso penal y consiguientemente también para el juicio por delitos leves al disponerse expresamente en el artículo 969 de la Ley procesal penal que el juicio será público. Ahora bien, la cuestión a dilucidar será, por un lado, las condiciones que deben concurrir para que pueda acordarse la celebración del juicio a puerta cerrada, y, en segundo lugar, la forma en que dicho acuerdo limitador del principio de publicidad debe hacerse efectiva.

En este sentido se han orientado varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluso respecto a procedimientos disciplinarios que han subrayado la garantía que constituye el principio de publicidad para los justiciables contra una justicia secreta que escapa de la fiscalización del público y redunda también en la preservación de la confianza en los tribunales (Sentencias De Moor, de 23 de junio de 1994, Diennet, de 26 de septiembre de 1995, Stallinger y Kuso de 23 de abril de 1997, Gautrin, de 20 de mayo de 1998 y Serré de 29 de septiembre de 1999).

II. SUPUESTOS EN LOS QUE SE PUEDE ACORDAR QUE SE CELEBRE EL JUICIO A PUERTA CERRADA

La excepción al principio de publicidad del proceso penal debe admitirse cuando concurran determinadas circunstancias (orden público, moralidad, protección de personas menores etc.). Pero esta opción o posibilidad quedará condicionada a que el Tribunal motive su decisión de suprimir la publicidad del juicio, excluyendo o limitando el derecho constitucional a un proceso público. Ello se desprende tanto del artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al disponerse en su apartado primero que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, añadiéndose en su apartado tercero que excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones, como del artículo 680 de la Ley procesal penal al indicarse que los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, pudiendo no obstante el Juez o Tribunal acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. Del mismo modo, el artículo 43 de la Ley del Tribunal del Jurado admite la celebración del juicio a puerta cerrada para lo cual señala que el Magistrado-Presidente, oídas las partes decidirá lo que estime pertinente, pero previa consulta al jurado. La forma en la que se acordará esta petición será por auto motivado contra el que no se dará recurso alguno.

Además, es evidente que en los casos de juicios en los que intervienen menores, bien como víctimas, bien ante la jurisdicción de menores en los que sujetos activo y pasivo son menores de edad queda plenamente justificada la celebración a puerta cerrada cuando razones importantes justifiquen que el interés superior del menor debe prevalecer sobre el de publicidad.

Por otro lado, el órgano judicial podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares: a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección. b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.

III. SISTEMÁTICA A SEGUIR CUANDO SE INTERESE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO A PUERTA CERRADA

En la práctica habitual lo normal es que la parte a la que le interese que el juicio se celebre a puerta cerrada presentará un escrito al juez o tribunal con carácter previo al inicio del juicio, a fin de que el mismo tenga conocimiento de las razones que la parte postula para que se adopte tal decisión restrictiva del derecho fundamental de la publicidad del proceso.

La vía a seguir a continuación será la siguiente:

  • a) Presentada la petición por escrito se dará traslado a las partes para conocimiento de los motivos alegados por la parte que interesa la celebración del juicio a puerta cerrada.
  • b) Al inicio del juicio y antes de su celebración el juez o Presidente del Tribunal dará la palabra a las partes comenzando por el Ministerio Fiscal, a fin de que aleguen lo que estimen conveniente sobre la petición de celebrar el juicio a puerta cerrada.
  • c) En el caso de juicios de Tribunal del Jurado el Magistrado-Presidente oirá, también, al Jurado. (artículo 43 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado).
  • d) En el caso de tribunal colegiado, una vez oídas las partes el tribunal se retirará a deliberar sobre la petición formulada y a continuación tomará una decisión sobre la petición que excepciona el principio de publicidad.
  • e) El juez o tribunal tomará en consideración las circunstancias concurrentes en razón al orden público, la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, seguridad, protección de personas menores, etc.
  • f) Si el juez o tribunal toma la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada la parte que entienda que no debió adoptarse tal decisión deberá hacer constar su protesta al objeto de hacer valer en segunda instancia su queja por la decisión adoptada por la vía del recurso de apelación o casación, según el caso.
  • g) A continuación se dictará auto conteniendo una motivación pertinente y adecuada con las circunstancias que pudieran justificar la derogación para el caso concreto de la garantía constitucional protectora del encausado del principio de publicidad. No obstante, podrá autorizarse la presencia de aquellas personas que acrediten un especial interés en la causa.
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