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Prostitución

La prostitución es la entrega sexual de una persona a otra, a cambio de precio, realizada con habitualidad, pero no todas las conductas relacionadas con la prostitución se consideran delictivas. Exponemos aquí los distintos delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores que contempla el Código Penal.

Parte especial
Rufianismo

¿Qué se entiende por prostitución?

La prostitución consiste en la entrega sexual de una persona a otra, a cambio de precio, realizada con habitualidad. En concreto, el Digesto lo definía como la actividad que realizan las mujeres que se entregan a los hombres por dinero y no por placer.

Tiene dos elementos: lucrativo, como prestación de favores mediante pago, y psicológico, por la inexistencia de una auténtica voluntariedad en el acto, pues se da una carencia de implicación real o emocional de los partícipes.

Sus características son:

  • a) habitualidad: supone una repetición de actos, pues un acto aislado u ocasional no cabe ser calificado de ejercicio de la prostitución
  • b) retribución: debe existir un pago a modo de contraprestación
  • c) entrega sexual: implica la práctica de una relación sexual completa

En cuanto a su regulación legal, el primer Convenio en materia de "Represión de la trata de blancas", es de 1904, y de 1979, es el "Convenio de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer".

La razón de la intervención pública en este campo, ha sido doble: por razones de moralidad y por salubridad y seguridad públicas. Esta práctica, está asociada a la degradación y explotación de la mujer y, al tiempo, genera un caldo de cultivo delictivo a su alrededor (violencia, tráfico de drogas, etc.) De ahí la necesidad de actuar sobre el mismo y las discrepancias a cómo enfocar su tratamiento.

En la actualidad, las dos grandes posturas son: la reglamentista y la prohibicionista. La primera quiere acotar y regular el tema, con zonas determinadas para su ejercicio y control vía cartillas sanitarias (Alemania, Australia, Suiza). Y la segunda, la sanciona (Estados Unidos, China, países escandinavos). En España, hay una cierta tolerancia con las prostitutas -a pesar de estar considerada una actividad ilícita desde el Decreto Ley de 3 de marzo de 1956- y un régimen sancionador penal para los que inducen, favorecen o explotan dicho comercio, considerado ilícito.

¿Qué clases de prostitución existen?

En función de los sujetos que la ejercen, podemos distinguir entre prostitución de mayores de edad (ya sea femenina o masculina) y la prostitución infantil (o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección). La prostitución femenina es más frecuente que la masculina (aproximadamente el 90 por 100 de los casos).

En cuanto a la prostitución infantil, es aquella ejercida por menores, principalmente entre 12 y 15 años, tanto niños como niñas. Hoy en día está difundida por numerosos lugares del mundo y no sólo en países deprimidos. Es de tipo económico, fundamentalmente, y representa una modalidad de explotación laboral de la infancia y juventud, muchas veces por sus propios padres o guardadores. Sirve, además, para generar pornografía infantil que luego se difunde por internet.

¿Cómo se regula en el Código Penal?

El Código Penal castiga la prostitución dentro del Título VIII que trata de los "Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales", en el capítulo V, que se intitula "De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores", artículos 187 a190 CP:

  • - En el artículo 187 CP se regula la prostitución de mayores de edad,
  • - En el artículo 188 CP la de menores de edad o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
  • - En el artículo 189 CP la denominada "corrupción de menores" y
  • - En el artículo 190 CP se establece la posibilidad de aplicar como reincidencia una conducta de esta clase juzgada y sancionada por un tribunal extranjero ya que estamos ante conductas consideradas como delitos universales que exigen una colaboración de todos los Estados. España ya significó esa voluntad cooperativa al suscribir el "Convenio sobre represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", de 21 de marzo de 1950.

¿Qué conductas se consideran delictivas?

Prostitución de mayores

1) De acuerdo con el art. 187 CP, se castiga a quien, empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella.

La acción aquí es coactiva, y abarca diversas posibilidades: tanto el hecho de iniciar a una persona en la prostitución, como impedir su cese obligando a quien quiere dejarla a que se mantenga en ella.

2) Igualmente, se sanciona el rufianismo, que puede definirse como la actividad de aquellos que viven de la prostitución ajena. Se trata en este caso de prostitución consentida, cuando su ejercicio supone su explotación por un tercero, que se lucra de dicha actividad.

De ese modo, se castigan algunos de los tipos criminológicos claves de esta actividad: el proxeneta que favorece las relaciones, cobrando una parte del precio, y el rufián, o "chulo", quien a cambio de una supuesta protección, vive a expensas de la persona prostituida.

Prostitución de menores

En el tipo previsto en el art. 188.1 CP l1) a conducta que se sanciona es inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Es decir, personas de menos de 18 años o incapaces de hecho, esto es, aunque no exista previa sentencia de incapacidad, pues se trata de proteger a personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Inducir, significa persuadir; promover, fomentar; favorecer es lo mismo que ayudar de cualquier modo y facilitar es hacer posible la práctica de la prostitución.

En el tipo previsto en el art. 188.1 CP no se emplea engaño ni violencia, castigándose la mera inspiración de tales conductas, al tratarse de un delito de mera actividad que no necesita la producción de resultado alguno. Se agrava la responsabilidad si el culpable del hecho pertenece a una organización o se prevale de su condición de parentesco o de superioridad, autoridad o funcionario, se cometiere por dos o más personas juntas o bien se pusiera en peligro la vida o salud de la víctima.

El consentimiento del menor, de existir, es irrelevante porque éste no tiene capacidad jurídica de autodeterminarse válidamente, en derecho.

Las penas asignadas llegan a los cinco años y multa de doce a veinticuatro meses, y pueden acarrear la inhabilitación absoluta de seis a doce años de quien ejerza funciones públicas. Las penas se agravan para aquellos casos en los que la víctima fuera menor de doce años o bien las conductas se cometieran con violencia o intimidación.

2) Por otro lado, el artículo 188.4 del Código Penal establece que el que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión, imponiéndose la pena de dos a seis años de prisión si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad.

3) Finalmente el párrafo quinto de dicho precepto dispone que las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores y personas con discapacidad necesitas de especial protección.

Corrupción de menores y pornografía infantil

Consiste en afectar a la formación y educación de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, a través de actividades como su utilización en espectáculos pornográficos, facilitándoles material de tales características o al vender, exhibir, poseer o distribuir productos pornográficos, en los que aparezcan menores o personas con discapacidad.

Así, en el artículo 189.1 CP se recogen las siguientes conductas:

  • 1) Captar o utilizar a menores de edad o personas con discapacidad con fines o en espectáculos pornográficos para elaborar material pornográfico de cualquier tipo. También se contempla en este tipo financiar cualquiera de estas actividades o lucrarse con ellas.
  • 2) Producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición de pornografía infantil (o de personas con discapacidad) o poseer ese tipo de material para esos fines, con independencia del país donde se haya creado.

    Se considera pornografía infantil:

    a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

    b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

    c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

    d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

  • 3) Ambos tipos están penados con pena de prisión de uno a cinco años.

    Se contempla la pena de prisión será de cinco a nueve años cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (art. 189.2 CP):

    a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.

    b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

    c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual.

    d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

    e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.

    f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

    g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

    h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

    En el primero de los supuestos (captar o utilizar a menores o personas con discapacidad en espectáculos pornográficos para elaborar material pornográfico), se impondrá la pena superior en grado, si los hechos se hubieran cometido con violencia o intimidación (art. 189.3 CP).

  • 4) Asistir (a sabiendas) a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores o personas con discapacidad. En este caso la pena será de seis meses a dos años de prisión (art. 189.4 CP).
  • 5) Adquirir o poseer pornografía infantil para su propio uso, así como acceder por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (a sabiendas) a pornografía infantil. Ambas conductas están castigadas con pena de tres meses a un año de prisión o multa de seis meses a dos años (art. 189.5 CP).
  • 6) El art. 189.6 CP contempla la conducta de los padres, tutores o guardadores de los menores o personas con discapacidad que, conociendo su estado de prostitución o corrupción, lo consientan y no tomen las medidas necesarias para ponerle fin. Se castiga esta conducta con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

Además, en estos casos, el Ministerio Fiscal promoverá las medidas pertinentes para privar a estas personas de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar (art. 189.7 CP).

Por último, los jueces y tribunales adoptarán las medidas necesarias, ya sea para retirar el material de pornografía infantil de las correspondientes páginas web o aplicaciones, o para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet en territorio español (art. 189.8 CP).

Responsabilidad de persona jurídica

El artículo 189 bis CP establece las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de estos delitos:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33".

Reincidencia internacional

A los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia, la condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por alguno de estos delitos, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles (art. 190 CP).

Recuerde que…

  • En España no se castiga a quienes ejercen la prostitución, pero sí a los que inducen, favorecen o explotan dicho comercio, considerado ilícito.
  • Es delito obligar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella mediante violencia, intimidación, engaño o prevalimiento.
  • Cuando esta conducta afecta a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección, no es necesario que medie violencia o intimidación.
  • Para la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia, se tendrán en cuenta las condenas impuestas por un Juez o Tribunal extranjero.
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