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Prueba dactiloscópica

PRUEBA DACTILOSCÓPICA

I. CONCEPTO

Del griego “daktilos”, que significa dedos y “skopien”, que quiere decir examen u observación, etimológicamente dactiloscopia significa el estudio y la clasificación de huellas digitales.

Juan Vucetich la define como la ciencia que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos.

Siguiendo a lo largo de este tema a Luis Alfredo de Diego Díez concluiremos que la Dactiloscopia no es un mero estudio anatómico, sino un medio de investigación encaminado a la finalidad identificadora, en el caso del proceso penal, del autor de una infracción delictiva, por lo que comprende además del análisis de los dibujos visibles en la piel de los dedos, sus impresiones, esto es, la reproducción dejada en una superficie adecuada, con el objeto de determinar la autoría de quien ha cometido una infracción criminal.

Sin embargo, y en puridad, la dactiloscopia es una rama, la más importante, de la Lofoscopia, que es el término amplio que deberíamos usar en el campo identificativo.

En efecto, la lofoscopia (del griego “lofos” cresta y “skopien” examen) es el estudio de las huellas dejadas por cualquier parte de la epidermis caracterizada por la presencia de crestas papilares.

Dentro de ella, la dactiloscopia, como decimos, se centra en el análisis de las crestas papilares de los dedos, la Quiroscopia, en el de las palmas de las manos, y la pelmatoscopia, en el de las plantas de los pies.

Dentro de la dactiloscopia es importante el llamado dactilograma (del griego “daktilos” dedos y “gramma” inscripción) que es el conjunto de crestas papilares correspondientes a cada dedo.

Hay tres variedades de dactilogramas.

El natural, que es el de la piel que existe en las yemas de los dedos.

El artificial, que es el dibujo o impresión que se obtiene al imprimir el natural destalladamente en un soporte adecuado, después de entintar los dedos con la correspondiente sustancia colorante.

Y el conocido normalmente como huellas digitales, que son las impresiones involuntariamente abandonadas cuando se toca con los dedos algún material blando o superficie lisa, tersa o pulimentada.

A los efectos identificativos del presunto autor de una infracción criminal, lo que forma parte del objeto del sumario (artículo 299 Ley procesal penal) pues en él se intentará determinar la culpabilidad del delincuente, la lofoscopia tratará de contrastar las huellas dactilares halladas en un entorno que las vincule con la acción criminal (huellas dactilares dubitadas) con las huellas recogidas directamente al sospechoso (indubitadas), de modo que su coincidencia determinará la probabilidad de la identificación.

Las huellas dactilares pueden ser visibles, esto es, directamente perceptibles por los sentidos, o invisibles o latentes, que son las que no siéndolo, se acaban percibiendo mediante la intermediación del uso de reactivos reveladores que las evidencian.

Las visibles, a su vez se clasifican en huellas por adición o estampadas, que son las que se dejan al tocar con los dedos manchados de sustancia como sangre, pintura, grasa, etc., las huellas por sustracción, que a diferencia de las anteriores muestran su dactilograma invertido, ya que son las que se dejan al llevarse con las crestas papilares la materia que tizna la superficie tocada, por ejemplo barniz, pintura, etc., mostrando entonces los surcos interpapilares las zonas elevadas, y las zonas hundidas, las crestas papilares. Finalmente están, las huellas moldeadas, que son las que se dejan por la presión de las crestas papilares en cualquier textura blanda, como por ejemplo, la masilla.

Las huellas latentes, no apreciables a simple vista, requieren para su estudio y análisis identificativo, el oportuno tratamiento con el reactivo adecuado que las revele, y que puede ser físico, mediante sustancias sólidas pulverulentas pesadas de gran adherencia —carbonato de plomo, subcarbonato de bismuto, negro marfil, negro de humo, carbón animal, polvos fluorescentes, polvos magnéticos, etc.— o químicos, que reaccionan con los componentes del sudor y la materia sebácea, transformándolos en sustancias visibles — nihidrina, nitrato de plata, yodo metaloideo, etc.-, pero igualmente a veces, para revelarlas, se usan rayos láser o electricidad estática.

Por otra parte, las huellas descubiertas tienen lo que se llaman puntos característicos, que son las principales variedades que presentan las crestas papilares, según su morfología, ramificación y dirección e interrupciones (y que según la doctrina son: abrupta, bifurcación, convergencia, desviación, empalme, fragmento, interrupción, ojal, punto, transversal, secante y vuelta insólita).

Los puntos característicos, que tienen una frecuencia muy distinta en los dibujos papilares y que se valoran en función inversa a su frecuencia y variabilidad, importan porque, a efectos del contraste identificativo entre las huellas dubitadas halladas en el lugar del crimen y las indubitadas, el Gabinete Central de Identificación español, exige la coincidencia de al menos diez de sus puntos característicos, para considerar identificadas las huellas dubitadas, y ello pese a que científicamente se sostiene que las huellas dactilares son tan irrepetibles y distintas entre sí de las del resto de personas en todo el mundo, que es imposible, como analizaremos más abajo, que puedan pertenecer por igual a dos personas a la vez.

Sólo en casos de rareza extraordinaria, Oloritz Aguilera considera que cinco puntos característicos son suficientes para determinar la identificación con certeza suficiente.

Cuando una huella digital no disponga de los diez puntos característicos, pero sea simultánea con otra y entre las dos sumen doce o más puntos característicos, se puede fijar una identificación complementaria o conjunta de ambas.

II. NATURALEZA PERICIAL E INDICIARIA

Hablando con más propiedad de la llamada prueba lofoscópica, nos encontramos con los informes periciales que realizando los contrastes antes indicados entre las huellas corporales —dedos, palmas de mano o de pie— dubitados hallados en el lugar de comisión de la infracción criminal, con los indubitados que se poseen de los sospechosos, llegan a determinar con un altísimo grado de certeza, la autoría de los mismos.

En efecto, enmarcamos la prueba lofoscópica en la pericial que sirve para la determinación de la identidad de los autores de una infracción penal, pues aunque expresamente la ley no la prevé como tal, dado su escaso desarrollo en la época en que se redactó la Ley procesal penal en el año de 1882, puede entenderse comprendida entre aquellas a que con fórmula abierta se refiere el artículo 373 cuando dice que si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar ésta “por cuantos medios fueren conducentes al objeto”.

El carácter de tal prueba es claramente conformante de lo que llamamos prueba preconstituida, pues la aprehensión de las huellas para su revelado constituye una operación técnica irrepetible en muchos casos que por la necesidad de obrar inmediatamente para no contaminar los vestigios, debe realizarse cuanto antes, en fase policial.

Pero el hecho de conectar la pertenencia de la huella a una persona en el lugar del crimen no prueba la autoría del delito, sino, aunque parezca una tautología, tan sólo que la misma estaba allí.

Por eso, la prueba lofoscópica es una prueba pericial que aporta indicio de culpabilidad, pero no es una prueba determinante por sí sola de la autoría delictiva.

La presencia de la huella dactilar en el lugar del crimen y la determinación pericial del dueño de la misma, sólo indica que esa persona estuvo en el lugar donde fue hallada, pero no constituye una prueba directa de la participación del mismo en el hecho delictivo, aunque en función de las circunstancias (lugar de su hallazgo, momento de su recogida, custodia y análisis pericial, declaración del reconocido, etc.), puede ser un indicio muy relevante de la autoría.

En efecto, la identificación científica por huellas dactilares exige la existencia probada de ocho o diez puntos característicos comunes coincidentes entre la dubitada hallada en el lugar del crimen y la indubitada recogida del investigado, de manera que se dé igual emplazamiento morfológico y topográfico, y no haya desemejanza natural entre ellas, valiendo para ese estudio, si se posee más de una huella, el análisis de las que se obtengan complementariamente realizado cuando coincidan al menos doce puntos característicos.

La razón de aseverar que la prueba dactiloscópica es por entero fiable, descansa en la consideración científica de que las huellas de cada ser humano diferente son absoluta e inequívocamente singulares e irrepetibles entre sí, además de invariables durante toda la existencia (desde el embrión humano hasta la destrucción de la piel, sea por descomposición, herida profunda, corrosión o quemadura).

Es decir, que las huellas dactilares humanas son indelebles, invariables e inconfundibles, pues como la Ciencia dice de ellas, poseen las características de ser: perennes, inmutables y diversiformes.

  • Perennes, porque desde su conformación en el séptimo mes de gestación, permanecen unas y las mismas hasta que la putrefacción del cadáver destruye la piel, no difiriendo las del adulto respecto de las del infante, nada más que en su tamaño.
  • Inmutables, porque persisten y si se lastiman, vuelven a reproducirse tal cual, ya que no pueden modificarse fisiológica ni patológicamente, e incluso, tras quemaduras ligeras o pequeñas llagas superficiales y desgastes, el dibujo dactilar se reproduce íntegra y rápidamente, recuperando su aspecto inicial.
  • Diversiformes, porque presentan una variedad tan infinita que resulta imposible que dos individuos tengan iguales huellas.

III. GARANTÍAS DE LA PRUEBA

La prueba pericial dactiloscópica es insuficiente por sí sola para acreditar la participación de una persona en un hecho delictivo concreto.

El Tribunal Supremo ha destacado su enorme fiabilidad científica diciendo que “... la llamada prueba lofoscópica o dactiloscópica tiene un fundamento científico que si alcanza los ocho o diez puntos comunes en las huellas analizadas, sin que exista desemejanza alguna, alcanza a establecer la identidad penal del sujeto según los lofoscopistas de diversos países” (Sentencias del supremo de 2 de diciembre de 1992), “... sin género de dudas...” (Sentencia del supremo de 2 de noviembre de 1994), pero además en la jurisprudencia posterior se insiste en que “como se ha dicho por la doctrina de esta Sala la pericia dactiloscópica es una prueba directa en lo que respecta a la acreditación de la presencia de una persona determinada en el lugar en el que la huella se encuentra y permite establecer que sus manos han estado en contacto con la superficie en la que aparecen impresas” (Sentencia del tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1999).

Son precisos dos requisitos para la atribución al titular de las huellas la comisión del hecho delictivo; en primer lugar, es precisa la claridad y regularidad formal del proceso de obtención de las huellas, de la inspección ocular, de la explicación de la situación de aquellas con relación al medio comisivo y, por supuesto, de su ratificación y ampliación realizada en el acto del juicio oral bajo los principios de oralidad, contradicción e igualdad de las partes, salvo lo dispuesto en el artículo 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que al no existir impugnación del documento técnico sobre la identificación de la huella, se ha de afirmar su validez y aptitud para constituir prueba de cargo.

En segundo lugar, para atribuir al titular de las huellas la comisión del hecho delictivo, se necesita de un juicio lógico sólidamente construido que permita llevar a la conclusión de que, en base al dato indubitado de las huellas, su autor lo es también del hecho delictivo, sin que puedan existir resquicios de duda u otras explicaciones igualmente razonables que no aboquen en aquella conclusión incriminatoria, de forma que si es factible establecer conclusiones contrarias, basadas en la incertidumbre o la indeterminación, el proceso valorativo debe decantarse por una solución absolutoria.

IV. LUGAR, TIEMPO Y FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS HUELLAS DUBITADAS

La localización, recogida y estudio de las huellas dactilares, debe estar rodeada de las pertinentes cautelas, que al no estar expresamente reguladas, tienen el tratamiento de cualquier otra prueba pericial.

En ese sentido le es de aplicación a la Policía judicial lo prevenido en el artículo 282 Ley procesal penal, cuando señala entre las funciones de la Policía judicial la de averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; y la de practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.

No se señala expresamente, pero el sentido común y la experiencia indican la necesidad de que las huellas dactilares sean recogidas lo más cerca al momento del descubrimiento del delito y antes de que nadie las pueda interferir o borrar.

Si la diligencia se practica con intervención judicial, es de aplicación lo recogido en el artículo 326 Ley procesal penal para la inspección ocular que señala que cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez instructor o el que haga sus veces ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral si fuere posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y naturaleza del hecho.

A este fin hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa.

Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

V. EXPLICACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS HUELLAS EN EL LUGAR DEL CRIMEN DADA POR EL INCULPADO

El Tribunal Supremo ha venido dando mucha importancia a la explicación que de la aparición de las huellas dubitadas dé su autor durante el proceso, pues a la pericial le ha sumado las inferencias lógicas del razonamiento que lleva a determinar que esta conlleve a la autoría, en casos en que la declaración del inculpado ni es congruente ni es satisfactoria (Sentencia del Tribunal Supremo 8 de octubre de 1988), o simplemente no es, porque se limita a un mero negar sin más explicación (Sentencia del Tribunal Supremo 19 de diciembre de 1989) obrando en muchas ocasiones como un contraindicio más que sumar a la información que haya arrojado la forma y lugar de su aparición, de forma que se considera prueba de indicio único suficiente por su gran peso y determinación, a no ser (Sentencia del Tribunal Supremo 5 de marzo 1989) “que quede enervada por otra prueba de signo contrario”.

La Jurisprudencia destaca la suficiencia de la prueba lofoscópica si no queda enervada por otra de signo contrario; es decir, son necesarios contraindicios o, lo que es lo mismo, una coartada sólida y probada para desvirtuarla (Sentencias del Tribunal Supremo 5 de junio de 1987 y 5 de marzo y 7 de septiembre 1989).

Como explica el Tribunal, es incuestionable que no recae sobre el acusado la carga de acreditar su inocencia, pero cuando existen pruebas de cargo serias de la realización de un acto delictivo -y las huellas dactilares indudablemente lo son- la ausencia de una explicación alternativa de cómo pudieron quedar impresas sus huellas dactilares por parte del acusado, explicación “reclamada” por la prueba de cargo y que solamente éste se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión, por un simple razonamiento de sentido común, de que no existe explicación alternativa alguna.

En el mismo sentido la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha admitido reiteradamente la eficacia de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, rechazando tan sólo las inferencias excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas, en las que caben “tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada” (Sentencias del Tribunal Constitucional 123/2002, 135/2003), señalando que cuando la inferencia judicial es razonable y determinada, en contra de la explicación dada por el acusado, la falta de seriedad del “relato alternativo de este, si bien es cierto que no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir como elemento de corroboración de los indicios a partir de los cuales se infiere la culpabilidad” (Sentencias del Tribunal Constitucional 155/2002, 135/2003).

En consecuencia, la cuestión suscitada en estos supuestos exige analizar si, en el caso concreto enjuiciado puede deducirse por el lugar en que se encuentra la huella o por el conjunto de circunstancias concurrentes que ésta necesariamente procede del autor del hecho delictivo, sin duda racional alguna, o bien cabe establecer conclusiones alternativas plausibles, que conduzcan a la incertidumbre, porque las huellas han podido quedar impresas antes o con posterioridad a la comisión de los hechos delictivos de una manera ocasional (Sentencia del Tribunal Supremo 29 de octubre 2001).

VI. LA CONSERVACIÓN DE LAS HUELLAS Y SU PRESENCIA EN EL JUICIO ORAL

Las huellas, como elementos de convicción que son, con el objeto en que se han encontrado -si fuere conservable-, además de la descripción minuciosa en acta del lugar, estado, día y hora de su hallazgo y recogida, deben custodiarse correctamente para no empecer ni contaminar el resultado de la pericia que derivarán.

Si no fueran conservables sería deseable que se acreditaran mediante el oportuno reportaje fotográfico que así permitirá la contradicción y defensa.

Las huellas dactilares obtenidas son el material pues sobre el que los científicos policiales oportunos, practicarán la prueba pericial, que no pierde su naturaleza de tal por el hecho de que se documente después en un atestado, pues como señala el artículo 293 Ley de Enjuiciamiento Criminal, caben en él tanto la prueba testifical como la pericial.

Esa es la razón por la que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 478 Ley procesal penal cuando señala que el informe pericial comprenderá, si fuere posible:

  • 1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en que se halle.
  • 2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.
  • 3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

Una vez hecho el informe, debe el objeto conservable, guardarse a disposición judicial, y en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 688 Ley procesal penal colocarse junto a las piezas de convicción en el día señalado para dar principio a las sesiones del juicio oral.

Su ausencia ha dado lugar a alguna sentencia, como la Sentencia del Tribunal Supremo 20 de junio de 1987, que ha estimado que producía indefensión al acusado, entre otros motivos, porque “no sólo no se puso el cristal con las huellas a disposición de la autoridad judicial, sino que fue destruido, a pesar de ser de fácil conservación” impidiendo una eventual petición de la defensa de hacer una contrapericia lofoscópica que contradijera el dictamen oficial.

Esta doctrina no es aplicable a los supuestos en que el continente donde aparece la huella no es conservable, pues como señala Luis Alfredo de Diego Díez, lo importante no es el objeto donde se detectan las huellas, sino su revelado tras aplicar los reactivos adecuados sobre la superficie en que se descubren.

Una vez acreditada la preexistencia del objeto que sirve de soporte a la huella dubitada y descrito y aún fotografiado, no se debe perder de vista que lo importante es su revelado, en el que el investigado por desconocido todavía, no puede estar presente en los trabajos de recogida de vestigios, que constituyen una autentica aprehensión que es prueba preconstituida, generalmente, como hemos indicado antes, propia de la fase preprocesal.

Luego la obligación a que se refiere el artículo 688 Ley procesal penal debe expresarse en negativo, y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 28 de junio de 1990, no es necesaria cuando haya dificultad de disponer de los objetos que poseen las huellas, o cuando su estado o conservación impidan obtener datos útiles para formar una convicción.

VII. LA NO CAUSACIÓN DE INDEFENSIÓN POR IMPOSIBLE CONTRADICCIÓN EN SU INTRODUCCIÓN COMO PRUEBA EN EL PLENARIO

Desde luego que para alegar indefensión, la parte que la solicite debe pedir la incorporación al plenario de la pieza de convicción oportuna, denunciar su no incorporación mediante el debido protesto y razonar la necesidad de la incorporación denegada, dando oportunidad al órgano judicial de valorar la pertinencia y necesariedad de la petición.

Igualmente, para poder ser contradicho, el informe pericial dactiloscópico debe ser ratificado en juicio, incorporándose así al acervo probatorio del plenario.

Sin embargo, dado que la gran mayoría de los informes de este tipo son elaborados por los Gabinetes Centrales de Identificación de la Policía o Guardia Civil, la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 6 de julio de 1988, 25 de abril de 1989, 19 de enero de 1990) los excluye del deber de ratificación, por, entre otras razones (Sentencia del Tribunal Supremo 26 de enero de 1989), la fiabilidad que prima facie ofrecen al ser emitidos por un órgano central, las dificultades de su reproducción en juicio ya que los funcionarios deberían acudir a ratificar sus informes a todos los Juzgados y Tribunales de la nación, y por el principio de lealtad profesional que exige a la defensa, si cuenta con razones serias y consistentes (Sentencia del Tribunal Supremo 5 de enero de 1988, 31 de marzo de 1989, 4 de julio de 1990), a hacer explícita y a tiempo su propuesta de ratificación de la pericial en juicio o incluso a realizar una contrapericia.

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