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Rebus sic stantibus

Rebus sic stantibus

Derecho civil. Parte general

Rebus sic stantibus es una expresión latina que puede traducirse como "estando así las cosas". En el ámbito jurídico, constituye hoy en día aquel principio de derecho a cuyo tenor todo contrato lleva implícito y de manera tacita una cláusula sobreentendida, en virtud de la cual se entiende que las estipulaciones establecidas lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento, esto es, estando así las cosas, de forma que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.

Antiguamente se consideraba que cada contrato contenía una cláusula tácita que, en caso de que se cambiasen las circunstancias presentes en el momento de la celebración del mismo, llevaba a la disolución del contrato. De ahí que a veces se diga cláusula rebus sic stantibus, aunque ahora la opinión mayoritaria contempla el principio como una norma objetiva, permitiéndole a la parte contratante perjudicada por el cambio de las circunstancias invocar la disolución del contrato.

Hoy día el principio rebus sic stantibus, en el Derecho Internacional se rige por el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 1969. Según él, si se produce un cambio fundamental en las circunstancias preponderantes en el momento de la celebración del tratado y ese cambio conlleva un cambio radical de las obligaciones que en virtud del tratado todavía quedan por cumplir, la parte perjudicada puede alegar el cambio para desvincularse del tratado o suspenderlo.

En el ámbito del Derecho privado, la STS de 30 de junio de 2014, rec. 2250/2012 vino a sentar la buena doctrina sobre los requisitos precisos para se produzca la resolución o la modificación del contrato por la alteración significativa de las circunstancias económicas en la que se celebró, es decir, por aplicación de esta «cláusula implícita» admitida hasta entonces de forma muy restrictiva por la doctrina jurisprudencial tradicional.

La Sala señaló que en la actualidad se ha producido un cambio progresivo de la concepción tradicional de dicha figura, pasándose de un marco de aplicación sumamente restrictivo o excepcional derivado del criterio subjetivo de la equidad, a una configuración plenamente normalizada, con una progresiva objetivación de su fundamento técnico de aplicación claramente compatible con el sistema codificado, ya que desde su moderna configuración la figura obtiene su fundamento último de las propias directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico, como expresión de un equilibrio básico entre los bienes y servicios que son objeto de intercambio, y del principio de buena fe.

Estableció después que la valoración de la incidencia que determina la mutación o el cambio de circunstancias que dotaron de sentido al contrato, es decir, la posible alteración causal del contrato, ha de realizarse de un modo objetivado mediante la utilización de dos criterios delimitadores de la tipicidad contractual de la cláusula: a) la doctrina de la base del negocio que permite contrastar el alcance de dicha mutación o cambio respecto del sentido o finalidad del contrato y de la conmutatividad o equilibrio prestacional del mismo; y b) el marco de riesgo establecido o derivado del negocio, el denominado "riesgo normal del contrato", de forma que para la aplicación de la cláusula el cambio o mutación, configurado como riesgo, debe quedar excluido del "riesgo normal" inherente o derivado del contrato.

A continuación, tras diferenciar la cláusula de otras figuras próximas como la imposibilidad sobrevenida de la prestación y los supuestos de resolución de la relación obligatoria, propiamente dichos, el Tribunal afirma que la crisis económica puede ser considerada como un fenómeno capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases del negocio, si bien no da lugar por sí sola a la aplicación de la cláusula pues resulta necesario examinar su incidencia real en la relación contractual de que se trate.

A continuación, tras diferenciar la cláusula de otras figuras próximas como la imposibilidad sobrevenida de la prestación y los supuestos de resolución de la relación obligatoria, propiamente dichos, el Tribunal afirma que la crisis económica puede ser considerada como un fenómeno capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases del negocio, si bien no da lugar por sí sola a la aplicación de la cláusula pues resulta necesario examinar su incidencia real en la relación contractual de que se trate.

En este contexto, el Tribunal extrae las siguientes consideraciones de carácter general:

  • A) la base económica del contrato, como parámetro de la excesiva onerosidad, permite que en el tratamiento de la relación de equivalencia sea tenida en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad o empresario que deba realizar la prestación comprometida;
  • B) es razonable apreciar la excesiva onerosidad en el incremento de los costes de la prestación en aquellos supuestos en donde la actividad económica o de explotación, por el cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas o a la completa desaparición de cualquier margen de beneficio;
  • C) en ambos casos, el resultado negativo debe desprenderse de la relación económica que se derive del contrato en cuestión, sin que quepa su configuración respecto de otros parámetros más amplios de valoración económica: balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relación de grupos empresariales, actividades económicas diversas, etc.
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