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Reconocimiento fotográfico

Reconocimiento fotográfico

Proceso penal

I. CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN

El reconocimiento fotográfico constituye una diligencia realizada en sede policial, consistente en la exhibición de un álbum o serie de fotografías de delincuentes conocidos que, por su modus operandi similar, pueden ser sospechosos de haber cometido el delito que se persigue.

Con frecuencia la identificación del presunto autor de una infracción penal se va a realizar a través de este reconocimiento fotográfico, exhibiendo a los testigos del hecho delictivo las colecciones fotográficas de delincuentes existentes en las dependencias policiales, extendiéndose una diligencia por los funcionarios de la Policía Judicial, a la que suele incorporarse la fotografía del individuo reconocido, que se acompaña al atestado.

Lo cierto es que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla el reconocimiento fotográfico, práctica policial a la que el Tribunal Supremo ha hecho referencia en reiteradas ocasiones, señalando que la utilización de fotografías es un punto de partida válido para iniciar las investigaciones policiales, a veces imprescindible, sobre todo en aquellos casos en que se desconoce la identidad del autor del hecho punible, pero que en ningún caso puede constituir prueba apta para destruir la presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por lo que posteriormente, una vez que es localizada la persona identificada a través de fotografías, deberá realizarse la correspondiente diligencia de reconocimiento en rueda. Al respecto debemos tener en cuenta que el artículo 230.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que deban utilizarse en el proceso cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, y el artículo 11.1 LOPJ solo excluye aquellos medios probatorios que vulneren directa o indirectamente algún derecho fundamental. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 21 de septiembre de 1988 “no se excluyen la admisión y práctica de medios de prueba que el progreso técnico lleva aparejados, como la fotografía, película y otros de corte análogo, que al promulgarse la Ley Procesal Penal eran desconocidos”.

II. NATURALEZA

Acudir a la exhibición de fotografías es un procedimiento válido pero sólo como medio policial de investigación que pueda servir para ulteriores diligencias, que sean base de verdaderas pruebas posteriores (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 23 de enero de 1995). Es decir, tiene carácter de “provisionalidad y accesoriedad” en tanto que debe servir tan sólo como medio inicial de posteriores investigaciones y diligencias de tipo identificatorio (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 2 de noviembre de 1994 y 6 de marzo de 1997).

La exhibición de álbumes fotográficos en las Comisarías de Policía y Cuarteles de la Guardia Civil permite iniciar la investigación centrando la atención en un sujeto concreto. No es propiamente una prueba, sino que este procedimiento no tiene más valor que el de abrir una línea de investigación que puede culminar o no con la detención de la persona sospechosa. Una vez que se realiza su detención la única prueba de identificación válida es la que se realiza ante el Juez y con observancia de las garantías establecidas en la Ley Procesal (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 1 de octubre de 1996).

III. REQUISITOS

Si bien la diligencia de reconocimiento fotográfico carece de una regulación legal, consideramos que la validez de esta prueba debe respetar los siguientes requisitos:

  • 1) La exhibición de la fotografía del sospechoso debe llevarse a cabo juntamente con las correspondientes a otras personas de características físicas similares en álbumes fotográficos, con expresión o documentación de los datos identificativos de aquéllas (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 21 de junio de 1993 y 31 de mayo de 1994).

    Es preciso tener cuidado de no enseñar jamás fotografías en solitario, ni fotografías de distintos tamaños, ni fotografías diversas de una sola persona, sino que se debe acudir simplemente a los álbumes policiales como tales. La mejor forma de garantizar un reconocimiento no viciado es que simplemente se le pongan encima de la mesa los álbumes correspondientes en solitario al observador, para que éste pueda llegar a sus propias conclusiones sin mediación ni acompañamiento de nadie.

    En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 323/1993, de 8 de noviembre de 1993, denuncia graves irregularidades en la instrucción sumarial, destacando, por cuanto ahora nos interesa, que “la Policía, una vez el primer detenido designó como cómplice al Sr. R., mostró su fotografía a las víctimas, para averiguar, si lo reconocían como autor de los hechos (aunque en el atestado policial se afirma que le mostraron varias fotografías, en realidad se les mostró solamente el retrato del sospechoso, como declaró el testigo en el juicio)”. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1995 absolvió al recurrente, condenado por la Audiencia Provincial, el cual había sido reconocido fotográficamente en Comisaría y posteriormente en rueda de reconocimiento en sede policial, ya que el acusado tenía el pelo rubio y para la práctica de la rueda fue colocado junto a dos individuos de raza árabe, afirmando el Tribunal Supremo, que “la doctrina de esta Sala ha acogido el reconocimiento fotográfico como un medio policial ordinario de investigación, que puede servir para ulteriores diligencias que sean base de verdaderas pruebas posteriores, pero en el supuesto que se examina, faltan estas últimas. Además, no se acompaña con el atestado la fotografía que sirviera para un primer reconocimiento en la Comisaría de Policía, de tal forma que pudiera el Tribunal valorar la fiabilidad de aquel reconocimiento efectuado en las dependencias policiales”. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 1 de diciembre de 1995 entiende que el mostrar sólo una fotografía revela la falta de neutralidad del investigador, pues esta circunstancia pudo tener una eventual influencia sobre la identificación.

  • 2) Redacción de un acta expresiva de los extremos antes referidos y en la que se reseñará o se hará constar la identidad de cuantas personas intervengan en tal diligencia y será firmada por todos los intervinientes. En dicha acta deberá consignarse con total claridad si entre las fotografías que se exhiben se reconoce o no a la persona que ha de ser objeto de reconocimiento.
  • 3) Se ha planteado si son o no exigibles en reconocimiento fotográfico las garantías impuestas al reconocimiento visual o físico, entre ellas la presencia de letrado, y a este respecto el Tribunal Supremo estableció que el reconocimiento fotográfico no supone un reconocimiento en rueda que haya de ajustarse a las formalidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por lo tanto no necesita de la presencia de letrado cuando el sujeto no se encuentra detenido (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 13 de octubre de 1992, 5 de noviembre de 1993 y 14 de mayo de 1996). Si el reconocimiento se efectúa por un detenido, será conveniente que el Letrado que asista a aquél se halle presente en la práctica de dicha diligencia.
  • 4) Debe descartarse la eventual influencia de los funcionarios policiales sobre la persona que ha de realizar la identificación, la cual debe realizar el reconocimiento fotográfico con total libertad e independencia. El requisito cobra importancia porque cabe la posibilidad de que el resultado del reconocimiento fotográfico -ordinariamente un medio de investigación y no probatorio- sea incorporado al juicio a través de la declaración del testigo y valorado a efectos probatorios una vez sometido a los principios de inmediación y contradicción, pero para la validez de esta posibilidad excepcional constituye una condición inexcusable la absoluta neutralidad del investigador (Sentencia del Tribunal Constitucional número 36/1995, de 6 de febrero), y por lo tanto quedaría sin valor alguno cuando los funcionarios policiales ejerzan influencia sobre la persona que va a efectuar el reconocimiento. Así la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 febrero de 1995 acaba estimando el recurso de amparo interpuesto porque en el acta del juicio se puso de manifiesto que la actividad probatoria consistió en la declaración de la víctima del delito, que en ese momento no reconoció a la actora, expresando dudas y manifestando no estar segura, indicando que, al mostrársele diversas fotografías en la Comisaría de Policía reconoció a la persona que había cometido el hecho delictivo en su tienda, puntualizando, a preguntas de la defensa, que la había visto con anterioridad en los pasillos de la Comisaría y que se le había dicho que había sido detenida por haber cometido hechos muy semejantes en otra tienda. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 11 de diciembre de 1995 absolvió a la acusada del delito imputado, declarando la ineficacia del reconocimiento fotográfico en Comisaría por ser mostrada tan sólo una fotografía, que fue precisamente la de la acusada, circunstancia que pudo tener una eventual influencia sobre la identificación, e impidió que reuniera los requisitos de fiabilidad necesarios para su valoración en estas condiciones como prueba de cargo.

IV. VALOR PROBATORIO

  • 1. Como ya hemos visto, el Tribunal Supremo (Sentencias de 22 de noviembre de 1990, 21 de junio de 1993, 14 de mayo de 1996 y 13 de febrero de 1999, entre otras) viene reconociendo que la exhibición de fotografías es un punto de partida válido para iniciar las investigaciones policiales, pero que en ningún caso puede constituir por sí misma prueba apta para destruir la presunción de inocencia. También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que la “identificación de los acusados mediante fotografías en sede policial no puede reemplazar a las diligencias judiciales de reconocimiento con las formalidades legales, y que en esas condiciones no se puede tener por destruida la presunción de inocencia, cuando en el juicio oral la única prueba practicada fue la declaración de los dos acusados que negaron haber realizado el hecho perseguido, no concurriendo los testigos de cargo” (Sentencia del Tribunal Constitucional número 80/1986, de 17 de junio).
  • 2. La diligencia de reconocimiento fotográfico carece de virtualidad probatoria en sí misma, pero puede tener eficacia para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, cuando se corrobora en trámite judicial y se ratifica en las sesiones del juicio oral por testigos o coinvestigados (Sentencias del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, de 16 de febrero de 1990, 27 de septiembre de 1991, 3 de junio de 1992, 27 de octubre de 1995, 21 de octubre de 1996 y 11 de noviembre de 1998). La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 23 de marzo de 1999 ha precisado que en el caso de las diligencias policiales de investigación sólo muy excepcionalmente un reconocimiento (fotográfico o de otro tipo) realizado durante las mismas podría llegar a tener valor probatorio, como reconocen la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1995, de 6 de febrero, cuando no quepa otra posibilidad y sea traído a juicio a través de otros medios de prueba, que sean sometidos a los principios de inmediación y contradicción, siempre respetándose la neutralidad del investigador.
  • 3. La posible contaminación de la diligencia de reconocimiento en rueda sobre la base hipotética de hallarse inducida la identificación física por la fotográfica, ha sido rechazada, con carácter general y de forma reiterada, por el Tribunal Supremo que ha sostenido reiteradamente que la prueba de identificación no sufre merma alguna por el solo hecho de que el reconociente en ella hubiese también reconocido antes en álbum fotográfico exhibido por funcionarios policiales en el ámbito de su investigación, práctica que no contamina ni erosiona la confianza que pueden suscitar las posteriores manifestaciones del testigo, tanto en las ruedas de reconocimiento como en las sesiones del juicio oral (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1990, 12 de septiembre de 1991, 22 de enero de 1993, 6 de marzo de 1997, 10 de febrero y 11 de noviembre de 1998, 16 de noviembre de 1999 y 15 de junio de 2000).

Más recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de marzo de 2012, recurso 2235/2011, dictó una interesante doctrina sobre la diligencia de reconocimiento fotográfico que es preciso destacar apuntando que “sobre la operatividad procesal y eficacia probatoria de la diligencia del reconocimiento fotográfico policial, la jurisprudencia de esta Sala -por todas STS 994/2007, de 5 de diciembre-, tiene declarado:

1º. Los reconocimientos fotográficos por sí solos no constituyen prueba apta para destruir la presunción de inocencia. Puede tener tal eficacia cuando el testigo o los funcionarios actuantes acuden al juicio oral y allí declaran sobre ese reconocimiento que se hizo en su día.

2º. Son meras actuaciones policiales que constituyen la apertura de una línea de investigación, a veces imprescindible porque no hay otro medio de obtener una pista que pueda conducir a la identificación el criminal.

3º. La policía procurará no acudir al reconocimiento fotográfico cuando ya ha sido identificado el sospechoso y, por tanto, se puede realizar directamente a la identificación mediante el procedimiento de la rueda judicial regulado en los arts. 368 y ss.

4º. No obstante, aunque se hubiera practicado el reconocimiento fotográfico antes de tal rueda judicial, incluso en aquellos casos en que existiera una previa identificación del sospechoso, tal reconocimiento fotográfico no priva de validez a las demás diligencias sumariales o pruebas del juicio oral que pudieran practicarse sobre el mismo dato de esa identificación.

En la STS 503/2008, de 17 de julio (caso del atentado terrorista del "11 M"), con cita de la sentencia núm. 1202/2003, de 22 de septiembre, se argumenta que "los reconocimientos efectuados en sede policial, o en sede judicial en fase sumarial, bien a través del examen de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento, son en realidad medios de investigación que permiten, cuando es necesario, determinar la identidad de la persona a la que los testigos imputan la realización del hecho denunciado, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Solamente alcanzan el nivel de prueba, como regla general, cuando el reconocimiento se ha realizado en sede judicial, con todas las garantías, entre ellas la presencia del Juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes sobre los hechos que dice haber presenciado y sobre el reconocimiento realizado. Por tanto, el derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el acto del juicio, consistente en la ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las partes".

Y más adelante, en la misma sentencia 503/2008, se precisa que "la exhibición de varias fotografías de distintas personas a los testigos no constituye en realidad una diligencia de reconocimiento de identidad, sino una actuación previa de investigación, realizada generalmente por la Policía, con la finalidad de orientar adecuadamente las pesquisas encaminadas a la identificación del autor de los hechos. Los reconocimientos de identidad se efectúan en ruedas de reconocimiento con la presencia física del sospechoso, que debe estar asistido de letrado, o en el mismo acto del juicio oral. En realidad, la prueba se constituye por la declaración del testigo en el acto del juicio en la que, sometido al interrogatorio cruzado de las partes, afirma reconocer al acusado como el autor de los hechos o ratifica el reconocimiento realizado en la fase de instrucción".

En esa misma sentencia se recuerda que "esta Sala ha declarado que ni siquiera el reconocimiento en rueda practicado en fase de instrucción es la diligencia de prueba susceptible de valoración, al señalar que tal diligencia, aun a pesar de ser hecha con todas las garantías, no puede considerarse que sea configurada como una prueba anticipada y preconstituida de imposible reproducción en el juicio oral en virtud de su supuesto carácter irrepetible. Para que pueda ser entendida como prueba válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, la diligencia ha de ser reproducida en el juicio oral mediante la ratificación de la víctima o testigo en dicho juicio, a fin de poder ser sometida su declaración a contradicción con oralidad e inmediación, como las garantías constitucionales del proceso exigen. Es esencial, pues, que, siendo posible, la víctima o testigo acudan al plenario para ratificar dicha diligencia ya que, como prueba testifical, es, por su naturaleza, perfectamente reproducible en el acto del juicio oral y debe ser, por tanto, sometida a contraste y contradicción por las partes de forma oral y sin mengua de los derechos de defensa del imputado. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que manifiesta que todo acusado tiene, entre sus mínimos derechos, el de "interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él", así como con el art. 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del mismo tenor".

En STC 340/2005, de 20 de diciembre, el TC precisa que el reconocimiento fotográfico no pasa de ser un medio válido de investigación policial o, incluso judicial, por lo que habiendo existido una verdadera actividad probatoria en el juicio oral, se trataría en principio de una actividad carente de toda relevancia con la presunción de inocencia. Ahora bien, es posible que se produzcan situaciones en las que la prueba practicada en el juicio oral pueda estar condicionada por la regularidad del reconocimiento fotográfico en su día realizado, situaciones de las que se ha admitido "la posibilidad de que el resultado de la identificación fotográfica sea llevada a juicio a través de otros medios de prueba (en el caso, la declaración testifical de la víctima del delito) que sean sometidos a los principios de inmediación y contradicción". Sin embargo -sigue diciendo- esta posibilidad la hemos calificado de "excepcional" y, como tal, no es ni puede ser incondicional, desde el momento en que la prueba practicada en el juicio oral no tiene un contenido incriminatorio propio, si no por razón al reconocimiento fotográfico, se hace imprescindible que éste se haya realizado en condiciones tales que descarten por completo la eventual influencia de los funcionarios policiales sobre la persona que ha de realizar la identificación". La mentalidad del investigador en este punto se erige, pues, en una condición inexcusable para que la posible excepcionalidad que ahora nos ocupa pueda ser fuente de prueba válidamente utilizable a través de otros medios de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia". Y en el mismo sentido se expresó la sentencia del TS 36/995, de 6 de diciembre, el auto del TC 80/2002, de 20 de mayo, sentencia del TS 205/98, de 26 de octubre, y sentencia TS 127/97, de 14 de febrero).

Asimismo el TC ha estimado como prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, el reconocimiento efectuado en el juicio oral, sin género de dudas, por parte del testigo, a pesar de las irregularidades de los reconocimientos fotográficos, o incluso de reconocimiento en rueda anteriores (sentencia de 172/97). Y esta Sala ha declarado también, STS 127/2003, de 5-2, y 1202/2003 de 22-9, que "cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación (STS 1278/2011, de 29-11).

-Por último en cuanto a la forma en que este reconocimiento fotográfico debe llevarse a cabo, hemos dicho en STS 525/2011, de 18 de mayo, STS 169/2011, de 22 de marzo; STS 331/2009, de 18 de mayo, que entre las técnicas ampliamente permitidas a la Policía, como herramienta imprescindible para la realización de sus tareas investigadoras, se encuentra, por supuesto, la del denominado reconocimiento fotográfico, que ha sido reiteradamente autorizado, tanto por la Jurisprudencia de esta Sala como por la del TC con ese específico alcance meramente investigado, que permite concretar en una determinada persona, de entre la multitud de hipotéticos sospechosos, las pesquisas concluyentes a la obtención de todo un completo material probatorio susceptible de ser utilizado en un momento en sustento de pretensiones acusatorias.

Evidentemente, dicha diligencia originaria de identificación mediante imágenes fotográficas, debería producirse, dada su innegable transcendencia, con estricto cumplimiento de una serie de requisitos tendentes todos ellos a garantizar la fiabilidad y ausencia de contaminación por influencias externas, voluntarias o involuntarias, que pudieran producirse sobre el criterio expresado por quien lleva a cabo dicha identificación.

En tal sentido, viene requiriéndose que:

  • a) la diligencia se lleva a cabo en las dependencias policiales, bajo la responsabilidad de los funcionarios, instructor y secretario, encargados del atestado, que fielmente habrán de documentarle.
  • b) se realice mediante la exhibición de un mínimo lo más plural posible de clichés fotográficos, integrado por fisonomías que, al menos algunas de ellas, guarden entre sí ciertas semejanzas en sus características físicas (sexo, edad aproximada, raza, etc...) coincidentes con las ofrecidas inicialmente en sus primeras declaraciones, por quien procede a la identificación.
  • c) Asimismo que, de ser varias las personas convocadas a identificar, su intervención se produzca independientemente unas u otras, con la necesaria incomunicación entre las, con la lógica finalidad de evitar recíprocas influencias y avalar la apariencia de "aviento" que supondría una posible coincidencia en la identificación por separado. Incluso en este sentido, para evitar más aún posibles interferencias, resulta aconsejable alterar el orden de exhibición de los fotogramas para cada una de esas intervenciones.
  • d) Por supuesto que quedarán gravemente viciada la diligencia si los funcionarios policiales dirigen a las participantes en la identificación cualquier sugerencia o indicación por leve os sutil que fuera, acerca de la posibilidad de cualquiera de las identidades de los fotografiados.
  • e) Y, finalmente, de nuevo para evitar toda clase de dudas sobrevenidas, la documentación de la diligencia deberá incorporar al estado la página del álbum exhibido donde se encuentra la fisonomía del identificado con la firma sobre esa imagen, del declarante, así como cuantas manifestaciones de interés (certezas, dudas, reservas, ampliación de datos, etc...) este haya podido expresar al tiempo de llevar a cabo la identificación.

Este proceso se cierra en dos diferentes fases ya de claro carácter procesal y, por ende, con posibilidad de plenos efectos en este ámbito, antes sendos autoridades judiciales: en primer lugar, en nueva "rueda" constituida y practicada con respecto a la norma procesal, ente le juez instructor, y posteriormente la ratificación e interrogatorio contradictorio al respecto en el acto del juicio oral; a presencia del juzgador, a quien ,en definitiva, compete la valoración sobre la credibilidad o el acierto de esa identificación.”

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