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Reconocimiento en rueda del delincuente

RECONOCIMIENTO EN RUEDA DEL DELINCUENTE

I. CONCEPTO

Se trata de una diligencia de investigación -preprocesal, si la practica la policía; procesal si se hace ante el Juez instructor- que pretende determinar la autoría del implicado en una infracción criminal, mediante la exhibición al testigo o la víctima que puede reconocerle, de varias personas de características morfológicas parecidas a las del investigado, y entre las que está el sospechoso de ser autor, con el objeto de reforzar la certeza de su autoría o descartarla.

Es una de las diligencias que constituyen el Sumario, ya que conforme a la definición del mismo que se recoge en el artículo 299 Ley procesal penal, también lo configuran las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la culpabilidad de los delincuentes, entre la que es obvio que la principal es la de fijarla con alto grado de certeza.

Regulada en los artículos 368 a 372 de la Ley procesal penal es una de las muy diferentes y amplias maneras que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tratar de asegurar la determinación de la identidad del inculpado en una acción delictiva.

Junto a ella, se permiten otras maneras de tratar de establecerla, como pueden ser el reconocimiento fotográfico, el hecho por fotogramas, por videograbaciones, el reconocimiento por la voz, el realizado a través de sus huellas dactilares, etc.

Es por eso que el artículo 373 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar ésta por cuantos medios fueren conducentes al objeto.

II. REGULACIÓN LEGAL

Establece el artículo 368 de la Ley procesal penal que cuantos dirijan cargo a determinada persona deberán reconocerla judicialmente, si el Juez instructor, los acusadores o el mismo investigado conceptúan fundadamente precisa la diligencia para la identificación de este último, con relación a los designantes, a fin de que no ofrezca duda quién es la persona a que aquéllos se refieren.

De este precepto se deriva que la práctica de la rueda de reconocimiento del investigado o encausado no es una diligencia investigatoria de realización obligatoria, como no puede ser de otra manera, pues sólo es pertinente cuando concurran circunstancias en el caso concreto que obliguen a ella, porque exista una duda razonable sobre la certeza de la identificación del inculpado.

Por lo tanto, si este es detenido flagrantemente, o conocido e identificado con su filiación o datos que lleven a señalar su certeza identificativa, ya que el testigo o víctima lo conoce previamente, la práctica del reconocimiento en rueda es innecesaria e improcedente.

Como diligencia psicológica que es, muchas veces el resultado identificativo, positivo o no, depende del carácter del recognoscente, su memoria fisonómica, y sobre todo, del tiempo transcurrido desde el día de los hechos, por ello, el investigado o su Abogado pueden “arriesgarse” a someterse a la prueba para ver si el testigo o víctima no le reconocen y solicitar el sobreseimiento de la causa por falta de autor.

Parece que es una prerrogativa del investigado o encausado (y de los acusadores y del Juez instructor) según la literalidad del artículo 368 Ley procesal penal, pero no es así.

El precepto analizado sólo la hace necesaria cuando las circunstancias identificativas practicadas ofrezcan duda de la persona a la que se refieren, supuesto que no concurre cuando el inculpado era previamente conocido del testigo o víctima, o cuando sin serlo, ha sido identificado por tercero que le conoce o por haber sido detenido flagrantemente e identificado oficialmente.

Cuando el precepto analizado dice, por otra parte, que los que dirijan cargo contra alguien estarán obligados a la práctica de la rueda de reconocimiento, no excluye que lo deban hacer igualmente quienes no los dirijan (v. gr.: los testigos o simplemente víctimas que no van a dirigir cargos contra el autor porque no se van a personar como acusadores en la causa)

Establece el artículo 369 de la Ley procesal penal que la diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al Juez pareciere más conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente.

En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo.

De lo anterior se deducen las características mínimas concurrentes en la manera de practicarla:

  • a) Por un lado debe estar quien haya de verificar el reconocimiento de la persona que haya de ser reconocida (el recognoscente) que tendrá a la vista los presentados, pero que según las circunstancias -de protección, necesaria serenidad y sosiego- podrá a su vez no ser visto por aquellos, y que deberá manifestar al Juez si entre el grupo de personas que se le exhiben está o no la persona sobre la que haya realizado imputaciones de autoría o participación delictiva.

    La norma exige que el reconocimiento se haga, en caso de ser afirmativo, claro y determinante.

    No exige pues la norma porcentajes de certeza, como si esta diligencia tan subjetiva fuese cuantificable matemáticamente, y por ello, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en la misma, principalmente el tiempo transcurrido desde la causación de los hechos, y lo que ayude a la certeza de la misma, lo aconsejable conforme al párrafo final de este precepto -que obliga a consignar todas las circunstancias del acto- es recoger en el acta en que se documenta, las manifestaciones de reconocimiento hechas por el recognoscente, y la razón en su caso del reconocimiento, esto es, la descripción de los rasgos físicos e identificativos por los que reconoce al inculpado de entre los presentados en la rueda y las coincidencias con lo que se fijó o se le quedó grabado en la memoria sobre el autor el día de los hechos investigados.

  • b) Por otro, debe figurar en la rueda o grupo a reconocer la persona que haya de ser reconocida, en unión de otras de circunstancias exteriores semejantes.

    No especifica la norma cuántas personas además del sospechoso deben ponerse junto a él -en la práctica se colocan 3 ó 4 más-, ni cómo deben colocarse -suelen ponerse en fila enfrentadas al recognoscente-, porque lo que importa es que sean de circunstancias exteriores semejantes, para garantizar la certeza del reconocimiento.

    “Circunstancias exteriores semejantes”, excluye la colocación de hermanos gemelos, que imposibilitan la certeza, y no incluye especificaciones -propias del protesto de Abogados defensores celosos de su función, pero extramuros de la ley- sobre la necesidad de que los colocados sean del mismo país o etnia.... aunque sí que lo sean del mismo color de piel, altura, complexión, fisonomía, etc., de modo que se excluya la composición de ruedas en las que lo que precisamente llame la atención sea la persona sospechosa, para predeterminar la identificación al margen de la certeza necesaria para evitar la inculpación de auténticos inocentes.

    Por otra parte, en los a veces necesarios reconocimientos plurales de varias personas inculpadas, y ante la dificultad práctica de encontrar voluntarios que quieran ayudar en la realización de la diligencia, nada impide que se coloque en ruedas más numerosas de personas, a más de un inculpado a ser reconocido. En estos supuestos debe advertirse al recognoscente que puede haber más de un investigado que reconocer.

    Así lo recoge el párrafo segundo del artículo 370 de la Ley procesal penal al señalar que cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

    También es adecuado advertir al recognoscente, para evitar tópicos contrarios a la realización de una correcta justicia, que en la rueda puede estar o no el autor real de los hechos investigados, porque de lo contrario hay personas que creen que tiene que estar necesariamente, y no reconocen al autor de la acción criminal, sino al que por los rasgos que sean, más se le parece.

Por la misma razón si el inculpado no se conserva con la misma fisonomía que el día de los hechos -los hay que se cortan el pelo, afeitan el bigote o quitan las gafas que llevaban el día de los hechos- el Juez debe advertir al recognoscente de que se ha podido el inculpado cambiar en algo su aspecto, para que se dé la oportuna lealtad procesal, pues no se trata de confundir al testigo o víctima, sino de asegurar la certeza del reconocimiento o su descarte.

El fundamento legal se halla en la disposición del artículo 371 de la Ley procesal penal que dice que el que detuviere o prendiere a algún presunto culpable tomará las precauciones necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración alguna que pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda.

Agregando en idéntico sentido el artículo 372 LECrim que análogas precauciones deberán tomar los Alcaides de las Cárceles y los Jefes de los depósitos de detenidos; y si en los establecimientos de su cargo hubiere traje reglamentario, conservarán cuidadosamente el que lleven los presos o detenidos al ingresar en el establecimiento, a fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuere conveniente para diligencias de reconocimiento.

Añade el artículo 370 de la Ley procesal penal, finalmente, que cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia expresada en el artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento.

La razón del aislamiento temporal de los recognoscentes que han visto la rueda respecto de aquellos que todavía no lo han hecho, radica en que es una prueba tan subjetiva que el legislador pretende individualizarla para evitar influencias que se alejen de la realización de la justicia, que podrían concurrir de hacerse en conjunto de víctimas en vez de aisladamente recognoscente a recognoscente.

III. NECESIDAD O NO DE SU PRÁCTICA

De la regulación legal antedicha se deriva como primera característica que la rueda de identificación de investigados o encausados no será necesaria, por ser una diligencia alternativa, cuando conste acreditada la autoría del sospechoso por otros medios (personales, científicos o por inferencia). Por ello dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1990 que ”no tiene la condición de imprescindibilidad, sino que se subordina a que la identificación no esté ya determinada” (artículo 368 de la Ley procesal penal), ya que esta puede estarlo por ejemplo, mediante flagrancia, testigos, conocimiento personal previo entre implicados en la acción criminal, notoriedad, etc.

IV. MOMENTO PARA SU PRÁCTICA

Para conocer el momento en que debe ser practicada la rueda de reconocimiento,-aparte de lo más pronto y cerca posible de la realización de los hechos enjuiciados para evitar imprecisiones de la memoria-, hay que partir de la idea de que su naturaleza es la de diligencia de investigación y, por tanto, no la de prueba, con ello, distinguiendo los actos procesales que se realizan en el sumario o fase de instrucción o preliminar o preparatoria de los que se practican en el plenario o fase de juicio oral, actos estos últimos que, con la excepción de la prueba anticipada, son los únicos que, en puridad, gozan de la categoría de auténtica prueba.

Por ello no es de extrañar que el Tribunal Supremo en multitud de sus resoluciones (entre ellas las de fechas 14 de septiembre de 1987, 14 de octubre de 1986, 11 de febrero de 1987, 20 de julio de 1987, 21 de abril de 1986, 12 de noviembre de 1986, 7 de diciembre de 1984, 4 de octubre de 1986, 11 de marzo de 1987, 14 de abril de 1987, 12 de septiembre de 1986, 6 de junio de 1987, 27 de mayo de 1987, 5 de marzo de 1986, 10 de mayo de 1988, 21 de septiembre de 1983 y 25 de junio de 1990) declare hasta la exhaustividad que “se trata de una diligencia probatoria que, cuando menos en principio, es propia de la fase de instrucción o sumarial y, también por lo general, inidónea y atípica para ser practicada en el plenario o juicio oral” (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 1986), porque como diligencia de reconocimiento del investigado o encausado que es, ”se debe practicar en el sumario para así poder cumplimentar las exigencias que establece el artículo 369 Ley de Enjuiciamiento Criminal (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1990).

La razón, aparte de la ya señalada de que tiene naturaleza no de prueba sino de diligencia, radica en que tiene la virtualidad de generar ”prueba preconstituida que debe llegar practicada al -siendo posible- juicio oral, pues si el procesado niega su identidad, es en el período de investigación sumarial cuando puede precisarse, y si el procesado no está obligado a colaborar con la justicia para acreditar su inculpación, no debe ser lo mismo cuando lo que se trata de acreditar es su inocencia, y si en el momento procesal oportuno no niega su identidad, es lógico no se practique prueba alguna para dilucidarla, si luego en casación pretende -rompiendo los principios de buena fe y contradicción- suscitar el problema de su identidad, podría constituir una cuestión nueva, imposible de ser acogida en tal trámite” (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1986 y, en idéntico sentido y redacción, la de 7 de diciembre de 1984).

De todo lo anterior se deduce que sólo cuando la duda surge ex novo en el acto del juicio oral podría allí practicarse, y aunque esto es lo que parece podría deducirse de los supuestos de hecho contemplados en Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 4 de marzo de 1988 (”el reconocimiento de los menores en el juicio oral, ratificando anteriores manifestaciones sobre la identidad del acusado, sirvió de fundamento bastante a la conclusión inculpatoria que el Tribunal ha reflejado en el hecho probado”) y 29 de enero de 1990 (”en el caso hubo reconocimiento en rueda de detenidos en el centro policial donde fueron llevados los dos procesados, si bien tal diligencia no fue convalidada en el sumario, lo que hacía más obligado colmar la laguna en el acto del juicio oral, como así tuvo lugar, en reconociendo en tal acto el testigo, víctima del atraco perpetrado a su persona, a ambos procesados con toda seguridad y firmeza”), hay que entender como más correcta su erradicación en el plenario, y su sustitución, a efectos identificativos, por la prueba testifical, estricto sensu.

En efecto, parece impensable que las disposiciones recogidas en el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puedan surtir la eficacia requerida de ser practicadas en el acto del juicio oral, excepción hecha, y con dudas, pues cabe hacerla antes de la vista, si se tratase de un procedimiento de juicio por delitos leves, por carecer éste, como sabemos, de fase de instrucción. Nadie, fuera de este supuesto, puede asegurar si se estaría reconociendo al autor del hecho delictivo o al encartado como tal en un procedimiento judicial, entre otras varias personas de características similares.

Para evitarlo, y para evitar el sufrimiento de la víctima del delito al verse de nuevo enfrentada a su victimario, en el juicio oral, lo procedente es trasladar la veracidad de la autoría del plano del convencimiento judicial (artículo 741 de la Ley procesal penal), por medio, ahora sí, de las pruebas de careo -excepcional- o testifical.

Por ello, el imperativo del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la libertad de valoración probatoria que encierra, hacen de la diligencia de reconocimiento en rueda del sumario algo prescindible, o al menos, algo no exclusivo.

V. NATURALEZA

Hechas las anteriores matizaciones, habrá que distinguir entre la naturaleza de la diligencia sumarial del reconocimiento en rueda de, en sí misma, la prueba de la identidad del autor de una infracción penal en pleno juicio oral.

  • 1. La primera goza de una naturaleza de carácter mixto tal y como señalan, entre otras, las Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de septiembre de 1986, 11 de febrero de 1987, 6 de junio de 1987 y 5 de julio de 1989, la primera de las cuales establece que es ”testifical a cargo del o los sujetos que reconocen o identifican y cuyo objeto es el propio imputado tomado no como fuente o medio de prueba (como sería su declaración), sino como objeto de la misma, pues es a través de sus “circunstancias exteriores” (artículo 369) o “traje” como unos terceros (generalmente la víctima del delito) realiza la identificación”.

    En efecto, como diligencia que trata de reconocer al inculpado (como un medio más a sumar al de la inferencia, el reconocimiento personal y los que usan medios científicos), es incuestionable que pertenece al testimonio, o como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1986: ”en su sentido más técnico, a la prueba testimonial que, según la más depurada doctrina, se diversifica en tres principales elementos, cuales son:

    a) Percepción.

    b) Retención de la percepción o memoria.

    c) Comunicación.

    Las dos primeras afectan exclusivamente al testigo, la tercera es el vehículo de expresión del testimonio y cuyo receptor es el Juez. La percepción es distinta para cada sujeto por las diferentes facultades de captación y porque busca acomodo en esquemas preestablecidos, la recepción se centra en la memoria, factor muy de tener en cuenta en tanto en cuanto hay quien memoriza más que otros y porque en un mismo sujeto la debilitación de lo memorizado con el paso del tiempo es evidente, y, por último, la comunicación es el vehículo adecuado de expresión del testimonio para su captación y conocimiento del Juez”.

    Y en segundo lugar, el objeto a reconocer es, entre otras, la persona del imputado, quien en sentido estricto no declara, pero sí se convierte en objeto de la declaración testifical de la persona recognoscente. En ese sentido es que la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1987 establece que el objeto ”es el propio imputado, pues es a través de sus rasgos físicos visibles y prendas que vestía como se verifica aquella identificación”.

  • 2. La segunda, esto es, la naturaleza de la auténtica prueba (por ser celebrada en el acto del juicio oral o plenario) por la que se establece la identidad del autor de una infracción penal, puede ser triple, según como se desarrolla en el acto del juicio oral:
    • a) Lo normal es que sea testifical, En este sentido, los supuestos recogidos en las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1987, 11 y 18 de mayo y 17 de septiembre de 1988, que así lo fijan, añadiendo que tal testimonio (que, por supuesto, puede ser de cargo para desvirtuar la presunción iuris tantum de inocencia) se valorará después con arreglo a las normas de la sana crítica del artículo 741 de la Ley procesal penal, según la mayor o menor fiabilidad que en ese aspecto (el referente al reconocimiento de la autoría delictiva) haya ofrecido el testimonio.
    • b) Pero puede ser también documental, por medio de lo que el Tribunal Supremo ha dado en llamar ”documento narrativo” y del que es capital exponente la Sentencia de fecha 21 de noviembre de 1986, basada sobre la doctrina sentada en el Auto de 5 del mismo mes y año, según la cual ”el reconocimiento hecho ante el Juez instructor o la ratificación de la llevada a cabo ante la policía judicial en la declaración prestada por la víctima” vale como punto de análisis y de constatación que habrá de valorar el Tribunal de instancia como prueba de cargo cuando la víctima no compareciere personalmente en el acto solemne del juicio oral.

      Lo que valora, pues, el Tribunal, no es tanto el testimonio de la persona recognoscente que no acude al juicio oral pero sí lo hizo ante el Juez instructor para reconocer por primera vez o para ratificar el reconocimiento hecho en sede policial, cuanto la diligencia sumarial documentada en que así se hace constar, porque en ello se da la “constatación por escrito de pruebas testimoniales que no se practican oralmente y con observancia del principio de inmediación ante el Tribunal que ha de valorarlos”, y porque es ésta la única manera a veces de salvar el estadístico dato de la gran cantidad de incomparecencias que realizan los testigos el día del juicio oral por el temor a volverse a ver enfrentados a sus victimarios.

      El gran inconveniente para la valoración de esta prueba está en la quiebra que puede sufrir el principio de contradicción, que únicamente podría salvarse en estos amargos supuestos, suspendiendo el juicio oral para volver a citar al testigo-víctima incomparecido.

    • c) Finalmente, y aunque para los reconocimientos fotográficos el Tribunal Supremo ha llegado a fijar la identidad de un autor delictivo, en la llamada prueba de inspección ocular, cual es el supuesto de la Sentencia de 5 de marzo de 1986, en la que se dice que ”todos los miembros del Tribunal de forma unánime adquirieron no ya la convicción, sino la evidencia de la absoluta identidad existente entre las facciones del acusado y las del individuo fotografiado” durante el atraco a un Banco, por la simple contrastación de forma directa e inmediata del mismo con la persona fotografiada in situ,al momento de producirse el hecho delictivo.

VI. FORMA

La manera externa mediante la cual realizar el ”reconocimiento en rueda” viene recogida en el Capítulo III del Título V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, en los artículos 368 y siguientes del mentado cuerpo legal adjetivo (tal y como interpretan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 11 de febrero, 6 de junio de 1987 y 29 de enero de 1990), porque, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1988, ”los defectos en que puede incurrir el órgano jurisdiccional en la fase sumarial no tienen acceso a casación, sino a sus propios recursos -los instructorios-, máxime cuando en dicha fase no se hizo objeción alguna al respecto, ni se solicitó un nuevo reconocimiento”, o de tenerlos, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1990, pueden valorarse las graves, o no, irregularidades insubsanables dentro del capítulo de la libre apreciación de la prueba, conforme al artículo 741 de la Ley procesal penal.

Asimismo, vale la documentación en una sola acta de varios reconocimientos hechos por diversos testigos recognoscentes, siempre que se asegure que, de hecho, éstos no se comunicaron el resultado de su reconocimiento entre sí antes de finalizar la diligencia, tal y como sienta la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1987, porque del hecho de existir un acta única ”no es forzoso deducir que los testigos, autores del reconocimiento, pudiesen comunicarse y se comunicaron efectivamente entre sí antes de finalizar la diligencia”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1986, citando la de 16 de septiembre de 1985, ”niega valor a la retractación de reconocimiento hecho por la víctima” si se acredita que éste respondió a amenazas que, no por delictivas (artículo 464 del Código Penal), dejan, a veces, de producirse en la práctica, y que, respecto a lo que aquí nos ocupa, no son suficientes para invalidar el reconocimiento espontáneo inicial.

VII. TIPOS

Aun cuando con base en la literalidad del artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pudiera pensarse que únicamente es posible el reconocimiento en rueda hecho a presencia judicial, la doctrina jurisprudencial, evolucionando de forma más realista que las leyes, ha validado también el reconocimiento en sede policial, con ciertas condiciones, aunque el valor de estas, al ser preprocesal, carece del valor de las hechas en sede judicial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 1986, citando la doctrina de sus precedentes de fechas 20 de junio de 1986, 1 de julio de 1986, 4 de julio de 1986, doctrina seguida asimismo por las posteriores de fechas 13 de junio de 1987 y 3 de julio de 1987, señala que ”las diligencias de reconocimiento verificadas ante la policía o agentes instructores del atestado tenían la ventaja de su inmediatividad, aunque se reconocía la carencia de autenticación que su práctica ante el Juzgado o Tribunal tienen por la confluencia de los principios de inmediación y documentación”, lo que, amén de señalar las características propias de cada uno de los dos tipos indicados de ruedas que estamos analizando, quizá basado en la falta de oficialidad y carencia de fedatario público en la policial, convierte a ésta en un dato más de su denuncia, mientras que a la judicial le dota del valor de acto instructorio, con la repercusión que más abajo veremos para ambas, según se ratifiquen o no en el acto del juicio oral.

En efecto, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1988,”aunque tiene la ventaja de la inmediatividad, por sí -la policial-, no tiene más valor que el correspondiente a una simple denuncia”, que no podrá, por tanto, convertirse en prueba si no llega a ratificarse.

Luego, y en primer lugar, goza de plena validez y eficacia probatoria la rueda de reconocimiento realizada por y ante agentes de la policía, a presencia de Letrado, artículos 118 y 520.6.b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se mantiene en la reforma por Ley 13/2015 en ese punto en relación con el 788 del mismo cuerpo legal adjetivo, siempre que después sea ratificada ante la autoridad judicial. En este sentido se manifiestan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 28 de julio de 1981; 26 de julio de 1982; 10 de marzo de 1983; 7 de abril de 1984; 31 de marzo y 31 de mayo de 1985; 1 de febrero, 5 y 10 de marzo, 10 de junio y 21 de noviembre de 1986; 11 de febrero, 3 de mayo, 14 y 19 de septiembre, 22 de octubre, 6 de noviembre y 11 de diciembre de 1987 (”existe una mínima actividad probatoria de cargo, constituida en este caso por el reconocimiento en rueda del acusado, a presencia de su asistencia letrada, reconocimiento después ratificado por la perjudicada ante el Juez instructor, lo cual enerva o desvirtúa la presunción de inocencia”). Recordemos que en la reforma de la LECRIM por Ley orgánica 5/2015 se admite en el art. 118.2 LECrim que "El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos".

Por otro lado la razón por la cual la jurisprudencia del Alto Tribunal fuerza la dicción literal del artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo reconoce la hecha a presencia judicial, es doble; por un lado, se fundamenta su validez en ”las dificultades que la práctica de tal diligencia comporta a la realidad y praxis judicial” (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio y 21 de noviembre de 1986 y 3 de julio de 1987), y por otro, en su suficiencia, si se ratifica a presencia judicial, ”dadas las conocidas circunstancias actuales de inseguridad ciudadana y derivado temor en las personas que verifican la identificación” (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1986. En igual sentido la de 5 de marzo de 1986).

Ahora bien, y en segundo lugar, el problema se plantea nuevamente cuando se trata de saber ante qué Juez debe ratificarse el reconocimiento policial para tener valor probatorio, si ante el instructor o ante el sentenciador.

Que la hecha ante ambos goza de valor probatorio no lo duda nadie, así como tampoco la ratificada en el juicio oral (”se viene estimando como pruebas válidas y aptas para enervar la presunción iuris tantum de inocencia las ratificaciones del sujeto recognoscente a presencia judicial, máxime si ello se verifica en la fase del plenario o juicio oral”, en cuyo caso se convertiría esta ratificación en testifical a valorar con arreglo a lo prescrito en el artículo 741 de la Ley procesal penal).

El problema surge cuando el reconocimiento en rueda se ha hecho sólo ante el Juez instructor y por éste a presencia de Letrado, o en los supuestos en que la rueda policial es ratificada ante el Juez instructor pero no ante el Juez sentenciador porque no se acude al juicio oral. La postura al respecto del Tribunal Supremo ha sido vacilante, admitiéndola por la técnica del documento narrativo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1986 (”la constatación escrita del reconocimiento hecha ante el Juez instructor o la ratificación de la llevada a cabo ante la policía judicial en la declaración prestada por la víctima será el punto de análisis y de constatación que habrá de valorar el Tribunal de instancia como prueba de cargo cuando la víctima no compareciere personalmente en el acto solemne del juicio oral”) o simplemente admitiéndola sin más razonarlo, como hace en su Sentencia de 11 de diciembre de 1987, en que se condenó pese a no asistir al juicio oral la asaltada principal testigo de los hechos al decir que enerva o desvirtúa la presunción de inocencia ”el reconocimiento en rueda del acusado, a presencia de su asistencia letrada, después ratificado por la perjudicada ante el Juez instructor”, todo ello, para después, y finalmente, variar su doctrina en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1989, que casa y anula la sentencia de instancia para retrotraer los autos al momento del juicio oral para que la Audiencia traiga a juicio al testigo que “reconoció en rueda policial” y al ratificarse ante el Juez instructor no añadió ”ninguna otra concreción al respecto” (razones de su dicho, seguridad de su identificación, etc.), y en él poder contradecir y hacer pública su ratificación en el reconocimiento policial (doctrina que trae sus precedentes, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1986, 11 de mayo de 1987, 13 de mayo de 1989 y Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1986).

Variación ésta de la jurisprudencia basada en la potenciación del principio de que la efectiva contradicción y publicidad sólo se dan en el acto del juicio oral, que debe llevar para los reconocimientos policiales en rueda realizados en asuntos que deban instrumentalizarse por medio de los trámites del procedimiento abreviado, a suprimir innecesarias ratificaciones de la víctima ante el juzgado de Instrucción, para que se realicen ante el órgano sentenciador.

1. La Ley procesal penal disciplina claramente en los artículos 368, 369 y 370 cómo se debe llevar a cabo el reconocimiento

  • 1. Se trata de una diligencia no preceptiva a valorar por el juez instructor en cuanto a su "necesidad" si existen dudas sobre la identificación. (1)
  • 2. La forma de llevarla a cabo se recoge en el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (2) en cuanto a la mecánica de hacer coincidir al que debe ser objeto de reconocimiento con otras personas de semejantes características. (3) Esto, que es lógico para evitar inducir a la víctima a reconocer directamente al sospechoso si el resto son de diferentes características, por ejemplo, de raza, pelo, etc., complica luego la forma de llevar a efecto la diligencia, ya que es obvio que a la hora de escoger a los que integran la rueda se deberá seleccionar de los que se encuentran detenidos ese día en dependencias policiales. (4)

    Aun así, en otras ocasiones, las ruedas de reconocimiento judicial se llevan en el centro penitenciario, cuando se ejecutan una vez que el juez de guardia ya ha recibido declaración al detenido y acordado su ingreso en prisión, para lo que se desplaza al centro para llevar a cabo la medida. En estos casos la presencia del Ministerio Fiscal se está empezando a llevar a cabo por videoconferencia en virtud de la expresa autorización que admiten los artículos 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 299 Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que evita desplazamientos al centro de los fiscales. Incluso, en algunas Comunidades Autónomas como la valenciana se ha suministrado a los fiscales de ordenadores portátiles con webcam para conectarse y evitar estos desplazamientos pudiendo optimizar el horario de trabajo.

  • 3. Separación entre los que tengan que reconocer a una persona para evitar la contaminación. Se recoge esta necesidad en el artículo 370. (5)

2. La diligencia de reconocimiento fotográfico

La diligencia de reconocimiento en rueda tiene una muy directa relación con la diligencia policial de reconocimiento fotográfico, pues en muchas ocasiones se verifica la primera como consecuencia de un previo reconocimiento fotográfico que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le exhiben a la víctima sobre presuntos sospechosos que constan en sus antecedentes policiales según la descripción dada por la víctima acerca de las características del autor del hecho y el delito cometido.

Así, respecto a esta duplicidad de reconocimiento se ha alegado en muchas ocasiones por los letrados en los juicios la contaminación en la decisión de la víctima al reconocer a una persona en la diligencia de reconocimiento en rueda que previamente ya había reconocido en la de reconocimiento fotográfico. Por ello, el Tribunal Supremo ha tenido que fijar una concreta doctrina sobre estas diligencias conjuntas y consecutivas en relación a los reconocimientos fotográficos hechos por la policía judicial. (Sentencia del Tribunal Supremo 673/2007, de 19 de julio y de 5 de diciembre de 2007). (6)

Por ello, en orden a la validez del reconocimiento fotográfico señala el Tribunal Supremo que:

  • 1º. No tiene valor por si sola: Que por sí solos no constituyen prueba apta para destruir la presunción de inocencia. Puede tener tal eficacia cuando el testigo o los funcionarios actuantes acuden al juicio oral y allí declaran sobre ese reconocimiento que se hizo en su día. (7)
  • 2º. Es un recurso subsidiario: Son meras actuaciones policiales que constituyen la apertura de una línea de investigación, a veces imprescindible porque no hay otro medio de obtener una pista que pueda conducir a la identificación el criminal.
  • 3º. No se practicará si se ha reconocido al autor: La policía procurará no acudir al reconocimiento fotográfico cuando ya ha sido identificado el sospechoso y, por tanto, se puede acudir directamente a la identificación mediante el procedimiento de la rueda judicial regulado en los artículos 368 y ss. Ley Enjuiciamiento Criminal.
  • 4º. El reconocimiento fotográfico no priva de valor al hecho judicialmente: No obstante, aunque se hubiera practicado el reconocimiento fotográfico antes de tal rueda judicial, incluso en aquellos casos en que existiera una previa identificación del sospechoso, tal reconocimiento fotográfico no priva de validez a las demás diligencias sumariales o pruebas del juicio oral que pudieran practicarse sobre el mismo dato de esa identificación.

3. El reconocimiento en rueda es una prueba anticipada

El Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo 500/2004 de 20 de abril) señala que es una diligencia esencial pero no inexcusable. Supone un medio de identificación, no exclusivo ni excluyente, destinado y dirigido a la nominación y concreción de la persona supuestamente responsable de todo delito investigado, diligencia evidentemente inidónea en el plenario porque su ejecución sería ya imposible. Es pues una actividad de investigación de la fase instructora, por lo que los defectos graves con que la misma se haya desarrollado en su inicio, difícilmente pueden ser subsanados ya con posterioridad precisamente porque en su esencia es una prueba anticipada.

4. Valor del reconocimiento en rueda frente al reconocimiento realizado en el acto del juicio oral por la víctima y análisis sobre contradicciones entre ambos

Como en otras diligencias de prueba puede darse el caso de que existieran problemas en la ejecución de la diligencia de reconocimiento en rueda sumarial y que más tarde fuera reconocido el acusado en el juicio oral. Ahora bien, ¿Qué ocurre en estos casos? El Tribunal Supremo recuerda a estos efectos que (Sentencia del Tribunal Supremo 1531/1999) el reconocimiento en rueda constituye en línea de principio una diligencia especifica sumarial de difícil practica en las sesiones del juicio oral por resultar atípica e inidónea, pero no que el testigo no pueda reconocer a la víctima directamente en el Plenario e inmediatamente a presencia del Tribunal, de forma que incluso un reconocimiento dudoso en fase sumarial puede ser subsanado mediante un inequívoco en el Plenario o viceversa cuando en la fase de instrucción se ha producido una rueda de reconocimiento con todas las formalidades legales y el reconociente no ha admitido dudas sobre la identidad del reconocido y en el Plenario las suscita, el Tribunal, previa introducción de dicha diligencia en el juicio oral, puede acoger la que le ofrezca mayor verosimilitud.

Con ello, vemos que será el juez o tribunal penal el que, en base a la valoración de la prueba, tomar en consideración cuál reconocimiento considera creíble. Ahora bien, no olvidemos que la diligencia de reconocimiento en rueda no es más que una diligencia sumarial y que como tal debe dársele la importancia que tiene, ya que no olvidemos que la prueba "reina" es la que se practica en el plenario. Así, señala el Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo 1230/1999) que la prueba sobre el reconocimiento no la constituye la diligencia practicada en el sumario, sino el testimonio del identificador en el Plenario ante el Tribunal de instancia, añadiendo que la diligencia de reconocimiento en rueda, aún cuando se practique a presencia del Juez de Instrucción, del Letrado de la Adminitración de justicia y del Abogado de la defensa, no pasa de ser una diligencia sumarial, pero para que la identificación efectuada en la misma adquiera la condición de prueba de cargo es necesario que, comparecido al juicio oral el reconociente y a presencia del Tribunal, pueda ser sometido al interrogatorio de las partes sobre dicha identificación (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2003).

Además, el hecho de que no se llevara a cabo un reconocimiento en rueda en las diligencias sumariales y luego se reconozca al acusado en el plenario no lleva en modo alguno consecuencias de vulneración de derechos.

(1) Además, Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1990, 1500/1992, 1162/97. 140/2000, 1638/2001, 683/2002, 486/2003, 1353/2005.

(2) Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal sección 6 del 27 de febrero de 2009: La Sentencia de 22 de noviembre de 1990, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo dice "El reconocimiento fotográfico en rueda de fotografías o sin ella puede constituir un punto válido de iniciación de la investigación de la persona o personas responsables, pero no basta ni es suficiente si no va seguido de reconocimiento en rueda de presos practicada judicialmente."

(3) Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, Penal sección 1 del 27 de febrero de 2009: La Sala lleva a la misma valoración probatoria del Juez a quo, que presencia la prueba y que resalta como Raúl le identifica claramente en el reconocimiento en rueda, practicado con todas las garantías legales, pese a que su identificación en el acto del juicio fuera dudosa, lo que es perfectamente compatible con el tiempo transcurrido; cómo lo mismo ocurre con Teodosio y Matías, que también le reconocen en rueda y fotográficamente; o los efectos que se le encuentran respecto de Desiderio , Humberto o los del vehículo de Delfina . Esas identificaciones y aprehensiones que se razonan en la resolución acreditan la correcta valoración de la prueba en orden a existencia bastante para la identificación e incriminación en cada uno de los delitos, por lo que procede el rechazo del motivo.

(4) Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal sección 6, del 27 de febrero de 2009: la pluralidad de fotografías es conveniente, pero no imprescindible, pues lo único imprescindible es la pluralidad de individuos en la rueda de reconocimiento sumarial. Esa pluralidad de individuos en la rueda de reconocimiento judicial, la hubo tal y como exige el artículo 369 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además esa pluralidad de individuos era de individuos varones de circunstancias exteriores semejantes, como también lo exige el aludido artículo 369 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(5) Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia expresada en el artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

(6) Además, Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1990, 1500/1992, 1162/97. 140/2000, 1638/2001, 683/2002, 486/2003, 1353/2005.

(7) Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal sección 6 del 27 de febrero de 2009: La Sentencia de 22 de noviembre de 1990, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo dice "El reconocimiento fotográfico en rueda de fotografías o sin ella puede constituir un punto válido de iniciación de la investigación de la persona o personas responsables, pero no basta ni es suficiente si no va seguido de reconocimiento en rueda de presos practicada judicialmente."

(8) Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, Penal sección 1 del 27 de febrero de 2009: La Sala lleva a la misma valoración probatoria del Juez a quo, que presencia la prueba y que resalta como Raúl le identifica claramente en el reconocimiento en rueda, practicado con todas las garantías legales, pese a que su identificación en el acto del juicio fuera dudosa, lo que es perfectamente compatible con el tiempo transcurrido; cómo lo mismo ocurre con Teodosio y Matías, que también le reconocen en rueda y fotográficamente; o los efectos que se le encuentran respecto de Desiderio, Humberto o los del vehículo de Delfina . Esas identificaciones y aprehensiones que se razonan en la resolución acreditan la correcta valoración de la prueba en orden a existencia bastante para la identificación e incriminación en cada uno de los delitos, por lo que procede el rechazo del motivo.

(9) Auto del Tribunal Supremo, sección 1 del 12 de Febrero de 2009: La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 enero 2003, señala que "el reconocimiento efectuado con posterioridad en el acto del juicio oral con todas las garantías de inmediación y contradicción está sujeto a la credibilidad que merezca al Tribunal dicho reconocimiento (artículo 717 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y de esta forma deberá valorarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal (Sentencia del Tribunal Supremo 1512/1999, de 22 de octubre)". También se puede mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2002 cuando sostiene que: "Hubiera sido, por supuesto, aconsejable que en el Juzgado de Instrucción se hubiese celebrado una diligencia de reconocimiento en rueda cuando las circunstancias lo hubiesen permitido, pero la firmeza y contundencia con que se produjo el reconocimiento en el acto del juicio oral son idóneas para compensar en este caso, más que suficientemente, la ausencia de aquella diligencia en la fase instructora del procedimiento". En el presente caso, tal vez pudo haberse realizado un reconocimiento en rueda para aseguramiento de tal extremo pero, aún omitido, no cabe duda alguna del reconocimiento firme que la víctima, junto con otra testigo realizaron en el juicio oral en condiciones de publicidad, inmediación y contradicción.

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