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Intervención de la correspondencia

Intervención de la correspondencia

Proceso penal

I. CONCEPTO Y NECESIDAD DE INDICIOS SUFICIENTES PARA QUE SE PUEDA ADOPTAR ESTA MEDIDA POR UN JUEZ

Esta medida afecta a derechos fundamentales de las personas, exigiéndose una serie de requisitos para que a una persona le intervengan la correspondencia que recibe periódicamente.

Pero sobre todo se exige que exista un «indicio» de la existencia de delito. La precisión de tal concepto es, a la postre, la piedra angular de la justificación de la medida lesiva del derecho fundamental que aquí se vulnera.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2002, rec. 3306/2000 afirma que:

«No integran la categoría de indicios las meras sospechas o hipótesis subjetivas que no cuenten con un cierto fundamento objetivado, material e identificable susceptible de una eventual verificación».

Es decir, el Tribunal Supremo añade en esta resolución que el indicio de delito que se aporte al Juez con la solicitud policial es algo más que la expresión de una convicción subjetiva de la existencia de un delito; es necesario que tal sospecha sea fundada, esto es, apoyada en datos concretos y objetivos, por mínima que sea su entidad, que permitan al Juez realizar sobre aquellos un juicio de racionalidad sobre su eficacia indiciaria respecto del delito que se trata, porque, sigue diciendo la citada resolución, si lo que se presenta al Juez como fundamento de la medida es una mera sospecha, conjetura o convicción anímica huérfana de un soporte material concreto y determinado de datos o elementos fácticos externos evaluables y contrastables, lo que se está demandando del Juez no es que ejercite la función de formar criterio y resolver en consecuencia sobre la pertinencia de la medida interesada, sino que ejecute un puro y desnudo acto de fe (así lo reconoce en ese sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1999 y Sentencia del Tribunal Supremo 10 de febrero y 1 de marzo de 2001).

II. SUFICIENTE MOTIVACIÓN DEL INDICIO

Nuestra Jurisprudencia al respecto -desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984 de 29 de noviembre, fundamento jurídico 7- puede resumirse en los siguientes puntos:

1. La protección de la libertad de las comunicaciones

Se protege la libertad de comunicaciones: «Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del "secreto"- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación de otra forma del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo)... Y puede decirse también que el concepto de secreto que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales».

2. Los terceros no pueden acceder libremente a las comunicaciones

Se garantiza la impenetrabilidad de la comunicación para terceros: «Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma»

3. Carácter formal del secreto de las comunicaciones

El concepto de lo secreto tiene carácter formal: «El concepto de secreto en el artículo 18.3 de la Constitución tiene un carácter formal, en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado».

Más allá, nuestra Jurisprudencia se ha orientado a la definición de las garantías constitucionales que permiten la intervención de las comunicaciones, fundamentalmente telefónicas (previsión legal de la medida con suficiente precisión; autorización judicial mediante una decisión suficientemente motivada y ejecución de la medida con estricta observancia del principio de proporcionalidad).

Ciertamente, los avances tecnológicos que en los últimos tiempos se han producido en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en conexión con el uso de la informática, están en parte en la base de la regulación de la intervención de las comunicaciones operada con la nueva regulación que la LO 13/2015 ha dotado a la Lecrim.

III. REQUISITOS GLOBALES PARA ADOPTAR LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1997 son exigidos los requisitos siguientes:

  • a) Auto motivado acordando la detención y registro de la correspondencia concreta de que se trata, equivalente, en otro orden, al mandamiento de entrada y registro domiciliario.
  • b) Inmediata remisión de la correspondencia al Juez Instructor de la causa.
  • c) Apertura por el Juez y a presencia del interesado o de la persona que designe, salvo que no hiciere uso de este derecho o estuviese en rebeldía, en cuyos supuestos la diligencia judicial se llevaría a cabo a pesar de tales ausencias; igualmente ha de ir precedida de una auténtica necesidad (es importante significar que la presencia del interesado ya no es requisito necesario desde la reforma del artículo 263 bis.4 de la Ley procesal penal por Ley 5/1999 que señala que: «La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevará a cabo respetando, en todo momento, las garantías judiciales establecidas en el Ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la Ley», es decir, la presencia del interesado).
  • d) Es necesario que haya indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
  • e) El secreto de la correspondencia tiene su reflejo, desde el punto de vista administrativo, en el vigente reglamento de servicios de Correos aprobado por Decreto de 14 de mayo de 1964, a través del cual se garantiza la libertad, el secreto y la inviolabilidad... de las entidades privadas que ofrezcan análogos servicios, siendo así que también por medio de los paquetes postales pueden enviarse objetos, de mayor volumen que la simple carta, de carácter íntimo y personal igualmente necesitados de la protección constitucional y así lo ha aclarado además la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1994.
  • f) Se precisa la «proporcionalidad» entre la medida y la gravedad y trascendencia de la presunta infracción delictiva.

Pero con mayor precisión concreta el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 3 Jun. 2002, rec. 3306/2000 que la correspondencia postal a la que alude la Constitución y la Ley procesal se refiere "a todos aquellos envíos que puedan facturarse utilizando la vía del servicio postal de correos y por extensión de entidades privadas que ofrezcan análogos servicios. El secreto está salvaguardado y encomendado a la tutela judicial que puede, en determinados casos, detener y abrir la correspondencia. En todo caso, la resolución deberá acordarse por auto motivado, según establece el artículo 583 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la operación deberá realizarse abriendo el Juez por sí mismo la correspondencia."

En estas condiciones, el Tribunal Supremo fija un camino a seguir para que los documentos o cartas intervenidos tengan validez en juicio, ya que en caso contrario será impugnada su aportación y no se tendrán en cuenta. Así, fija el Tribunal Supremo que:

"En aquellos supuestos en que el sospechoso hubiere sido identificado o se hubiese acordado su detención deberá ser citado el interesado para la apertura y registro de la correspondencia postal (artículo 584 LECrim.), salvo que estuviese en rebeldía o si citado para la apertura no quisiese presenciarla ni nombrar persona que lo haga en su nombre (artículo 585 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Bajo la protección del derecho a la intimidad se encuentran no solamente las cartas o correspondencia personal, sino todo género de correspondencia postal, como dice textualmente la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que a su través se pueden enviar mensajes o efectos personales de carácter confidencial que están asimismo bajo la salvaguarda del derecho fundamental. En un paquete postal o envío semejante se pueden incluir objetos que excediendo del volumen de lo que es una carta o misiva tengan una connotación personalísima e íntima que no puede ser investigada si no es con la previa autorización judicial."

¿Qué normas se fijan entonces?

Pues el Tribunal Supremo apunta que desde la Sentencia de 13 de marzo de 1995, se viene diciendo que: en el intento de sentar unas normas suficientemente orientadoras sobre la cuestión suscitada, habremos de partir, como faros orientadores, de principios recogidos en nuestra Carta Magna e igualmente aceptados en Convenios de rango internacional.

a) En el artículo 18.3 de la Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones postales, salvo resolución judicial. Toda persona tiene derecho al respeto de su correspondencia, según reza el artículo 8.1 de la Convención de Roma de salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Igualmente en el artículo 17 del Pacto de Nueva York de 126 de diciembre de 1996 se consigna que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su correspondencia.

b) Pronunciamientos de carácter general que no ciñen su inspiración garantista a la estricta correspondencia epistolar, en tanto su cierre o precintado puedan hacer pensar en la posible existencia de un contenido personal o intimista, incluso portador de un privativo o singular mensaje. No anda lejos de ello el Reglamento de Servicios de Correos aprobado por Decreto de 14 de mayo de 1964, cuando proclama que la Administración de Correos garantiza la libertad, el secreto y la inviolabilidad de la correspondencia, base de la función pública que le está encomendada, como derecho fundamental de las personas. Afecta a la inviolabilidad de la correspondencia su detención arbitraria o contra derecho, su intencionado curso anormal, su apertura, sustracción, destrucción, retención u ocultación y, en general, cualquiera de los actos de infidelidad en su custodia (artículos 26 y 28).

El Tribunal Supremo en un núcleo de resoluciones dictadas a partir de 1993 ha sido constante en sostener, con apoyo en la normativa constitucional e internacional antedicha, que la naturaleza de derecho fundamental del secreto de las comunicaciones postales ha de propiciar una interpretación amplia en cuanto al sentido a asignar a la «correspondencia», extendiendo a los paquetes postales las garantías constitucionales referidas al secreto de inviolabilidad de aquélla.

¿A qué se extiende?

La correspondencia postal a la que alude la Constitución y la Ley procesal, se refiere a todos aquellos envíos que puedan facturarse utilizando la vía del servicio postal de correos y por extensión de entidades privadas que ofrezcan análogos servicios, añadiéndose que bajo la protección del derecho a la intimidad se encuentren no solamente las cartas o correspondencia postal, ya que a su través se pueden enviar mensajes o efectos personales de carácter confidencial que estén asimismo bajo la salvaguarda del derecho fundamental. Pudiéndose incluir en un paquete postal objetos que excediendo del volumen de lo que es una carta o misiva tengan una connotación personalísima o íntima que no puede ser investigada si no es con la previa autorización judicial (Sentencias de 25 de junio de 1993 y 23 de diciembre de 1994).

En los artículos 30 y 31 del Reglamento de Servicios de Correos se pone de manifiesto que la interceptación o detención de la correspondencia se pone en manos de la autoridad judicial que entienda en asuntos criminales, y si bien a los funcionarios de Aduanas que tengan intervención en Correos se les reconocen ciertas facultades de intervención, ello será sin formalidades especiales sobre los objetos abiertos y sobre cuántos ostenten etiqueta verde. En cambio la intervención de los objetos cerrados y no provistos de etiqueta verde no podrá en ningún caso practicarse más que en presencia de los destinatarios; aun mediando auto del Juzgado la diligencia de apertura es nula por no haber sido citado el interesado para que pudiera presenciar la operación (artículo 584 Ley de Enjuiciamiento Criminal), afectando ello a aspectos básicos de la comunicación privada, conculcando toda una previsión normativa, entroncada, en definitiva, con el artículo 18.3 de la Constitución Española (Cfr. Sentencias de 22 de febrero y 8 de julio de 1994).

No obstante, el actual redactado del art. 579.4 Lecrim. establece aquellos casos en los que no será necesario disponer de autorización judicial:

  • a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo exterior se haga constar su contenido.
  • b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección.
  • c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío.

Siempre se abren a presencia de los sospechosos.

La interceptación o detención de la correspondencia queda bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, quien adoptará la decisión que corresponda en resolución motivada, atenta a las exigencias derivadas de una investigación por sospechas de actuación criminal, es decir, en correlación con insoslayables principios de «necesidad» y de «proporcionalidad». Las facultades puestas en manos de los funcionarios de Aduanas adscritos a Correos, no afectarán al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, y habrán de realizarse, cuando de apertura de envíos se trate, en presencia de destinatarios o interesados. La normativa referente a la intervención de los objetos cerrados nunca podrá afectar a los requisitos y prevenciones establecidos en la Constitución, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los Pactos Internacionales. De ahí la insoslayable aplicación de los artículos 579 a588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protagonismo de la Autoridad judicial traducido básicamente en el dictado de auto motivado, remisión inmediata de la correspondencia al Juez, y apertura de la correspondencia por el Juez en presencia del interesado, salvo que se hallase en rebeldía o no hiciere uso de ese derecho. No obstante, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o terroristas y la medida fuera imprescindible, el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad podrá acordar la interceptación de la comunicación. Esta medida tendrá que ponerse en conocimiento del juez competente en un plazo máximo de veinticuatro horas, teniendo éste capacidad para convalidar o dejar sin efecto la medida.

IV. INTERVENCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Tradicionalmente se ha considerado que la regulación relativa a la intervención de la correspondencia era aplicable a los correos electrónicos si concurrían los requisitos de motivación en la solicitud del oficio policial que lo solicita y acordándose por auto judicial motivado y aplicando la debida proporcionalidad, porque no olvidemos que desde hace alún tiempo la correspondencia epistolar ya prácticamente no existe y las comunicaciones se llevan en el mundo de la delincuencia, quizás más por correo electrónico que por teléfono. Y apostando por esta legalidad, la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2ª, Sentencia de 1 de marzo de 2011, rec. 78/2009 apunta que "tampoco tiene razón la defensa letrada a la hora de efectuar una crítica, en términos tan absolutamente demoledores, del auto en que se da lugar a la primera de las intervenciones telefónicas. Dicho auto (fundamento 29 y siguientess), dictado sobre la base de la solicitud de intervención de las comunicaciones -teléfonos y direcciones de correo electrónico- cursada por el Ministerio Fiscal, sustentada en el señalado oficio policial, específica, a juicio de la Sala, de forma bastante la fuente de conocimiento de los datos que permiten ser tenidos por indicios de criminalidad suficientes justificativos de la procedencia, adecuación y necesidad de llevar a cabo las intervenciones de teléfono y correos electrónicos solicitados, como medios de investigación, ponderando además las situaciones y, no obstante, salvaguardando también del público conocimiento los sistemas de obtención de información o las concretas técnicas de investigación utilizadas por la policía". Sin embargo, la intervención de las comunicaciones telemáticas tiene actualmente amparo en las previsiones contenidas en los arts. 588 ter a 588 ter i de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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