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Juez del Registro Civil

Juez del Registro Civil

El Registro Civil es un registro público a cargo de un titular, el juez del Registro, dependiente del Ministerio de Justicia. Tanto el juez del registro civil como el resto de personal y encargados del Registro Civil deben cumplir las órdenes del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En el Registro se hacen constar oficialmente hechos y actos sobre el estado civil de las personas.

Organización judicial y teoría del proceso

¿Quién es el encargado del Registro Civil?

A tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Registro Civil está a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de éstos, de los de Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles, en su caso.

La Ley de Planta determinará las poblaciones en las que uno o varios Jueces desempeñarán con exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, cuál o cuáles de entre ellos se encargarán del Registro Civil.

Sin embargo, el art. 2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece que:

  • 1) El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los Encargados del Registro Civil deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
  • 2) El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley.
  • 3) El contenido del Registro Civil está integrado por el conjunto de registros individuales de las personas físicas y por el resto de las inscripciones que se practiquen en el mismo conforme a lo previsto en la presente Ley.

Se contempla una organización del Registro Civil mucho más sencilla que la anterior, diferenciándose entre Oficinas Generales, Oficina Central y Oficinas Consulares, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado en tanto que centro superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil.

¿De quién depende el Juez del Registro Civil?

A tenor del artículo 2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia.

¿Qué ley regula el Registro Civil?

Con la publicación de la nueva Ley del Registro Civil, nos encontramos ante una situación transitoria, ya que la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, seguirá siendo de aplicación hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el 30 de junio de 2020. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia debe adoptar las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles existentes, dentro del marco de la modernización de la Justicia, en general.

Se trata de una ley necesaria para poner en valor la realidad actual de la sociedad española, adaptándola a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. Ha de adaptarse, por otra parte, a las exigencias constitucionales de igualdad en dignidad y derechos, priorizando el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.

Para llevar a cabo esta adaptación, se suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- por un registro individual para cada persona al que desde el momento de su nacimiento o desde la adquisición de nacionalidad se le asigna un "código personal de ciudadanía".

Además, en esta ley se incorporan tanto la Convención de los derechos del niño, como la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad.

Pero la gran novedad y lo que dota de una gran modernidad a nuestro Registro Civil, es el hecho de que la llevanza de éste corresponderá a funcionarios públicos distintos de aquéllos que integran el Poder Judicial del Estado. Como reza la Exposición de Motivos, "En efecto, la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de naturaleza administrativa permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes, sin merma alguna del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control judicial.

Esta ley deslinda con claridad las tradicionales funciones gubernativas y judiciales que por inercia histórica todavía aparecen entremezcladas en el sistema de la Ley de 1957, y aproxima nuestro modelo de Registro Civil al existente en otros países de nuestro entorno, en los que también se ha optado por un órgano o entidad de naturaleza administrativa con el fin de prestar un servicio público de mayor calidad, sin perjuicio de la garantía judicial de los derechos de los ciudadanos. Puesto que la materia a la que el funcionamiento del Registro Civil se refiere al estado civil de las personas y en ciertos aspectos, al derecho de familia, la jurisdicción competente es la civil. No obstante, se exceptúa la nacionalidad por residencia, respecto de la que persisten las razones que aconsejaron trasladar esta materia a la jurisdicción contencioso administrativa con la entrada en vigor de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de reforma del Código Civil."

Finalmente se encomendará su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial, que pasarán a denominarse Oficinas del Registro Civil y Mercantil.

Esa misma voluntad modernizadora hace que en la Ley se diseñe un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. Se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso. Así se hace necesaria la creación de una estructura organizativa muy diferente de la actual, que ha de tener en cuenta a las Comunidades Autónomas.

Así, contempla la organización del Registro Civil, diferenciándose entre Oficinas Generales, Oficina Central y Oficinas Consulares, dotadas de funciones y competencias propias aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado en tanto que centro superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil. Existirá una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, al frente de la cual se encontrará un Encargado al que se le asignarán las funciones de recepción de declaraciones y solicitudes, la tramitación y resolución de expedientes, la práctica de inscripciones y, en su caso, la expedición de certificaciones.

A la Oficina Central le corresponde, entre otras funciones, practicar las inscripciones derivadas de resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en los expedientes que son de su competencia. En cuanto a las Oficinas Consulares, su régimen jurídico no difiere sustancialmente del vigente. Sin embargo, queda garantizada la unidad de actuación a través de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Se concibe el Registro Civil como un Registro electrónico, en el que lo que se inscribe son asientos informáticos, que incorporan tanto las nuevas tecnologías como la firma electrónica. El régimen de publicidad se articula a través de dos instrumentos: la certificación electrónica y el acceso de la Administración, a la información registral, siempre en el ejercicio de sus funciones, de modo, que se facilita la tarea del ciudadano que sólo de modo excepcional deberá presentar certificaciones de datos del Registro.

También se otorga una especial protección a los datos del Registro que contengan información que afecte a la intimidad de la persona.

El Título VI es el relativo a "Hechos y actos inscribibles". Respecto de la inscripción de nacimiento, se mantienen los criterios generales y se prevé la remisión de los datos del nacido a través de un documento oficial por los responsables de los centros sanitarios. A cada nacido se le abrirá un registro individual y le será asignado un código personal de ciudadanía.

El nombre y apellido se configura como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción de nacimiento. Se permite a los progenitores decidir el orden de los apellidos. Se sistematiza el procedimiento de cambio de nombres y apellidos y se somete a la competencia del Encargado del Registro Civil. En cuanto a la filiación, se elimina toda referencia a la no matrimonial, con plena equiparación a la matrimonial.

La instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio competen a los Ayuntamientos, los cuales deberán remitir de oficio la documentación prescriptiva al Registro. Los Cónsules autorizarán, celebrarán e inscribirán los matrimonios de españoles en el extranjero. No se modifica la comunicación al Registro Civil de los matrimonios celebrados en forma religiosa.

De modo similar a la del nacimiento se regula la inscripción de la defunción mediante la remisión del documento oficial, acompañado por parte médico, por los centros sanitarios. Se mantiene el requisito de la práctica previa de la inscripción de fallecimiento para proceder a la inhumación o incineración.

También se contempla el acceso al Registro Civil de instituciones propias de los Derechos civiles forales, como por ejemplo, las especialidades en materia de régimen económico matrimonial, así como el uso de las lenguas cooficiales, tanto en la inscripción como en la expedición de certificaciones.

La normativa de Derecho internacional privado se contiene en el Título X, con importantes influencias de la legislación europea y un creciente número de extranjeros con posibilidad de acceso al Registro Civil, que hacen que la inscripción de documentos extranjeros judiciales y extrajudiciales, así como certificaciones extranjeras corresponda con exclusividad, y en virtud del principio de unidad, a la Oficina Central, encargada además de todo lo relacionado con las materias de cooperación internacional. Una de las mayores novedades se centra en la inscripción de documentos judiciales extranjeros. De este modo, se permite no sólo la inscripción previo exequátur sino también la posibilidad de que el Encargado del Registro Civil realice la inscripción tras proceder a un reconocimiento incidental.

También se derogan expresamente los artículos del Código Civil que resulten incompatibles con los preceptos de la presente ley.

Recuerde que...

  • El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia.
  • Los encargados del Registro Civil deben cumplir las órdenes del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
  • Tiene por objeto hace constar oficialmente hechos y actos sobre el estado civil de las personas.
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