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Jueces y magistrados

Jueces y magistrados

A continuación se detalla el concepto de jueces y magistrados, muy extenso y variado en las diferentes disposiciones legales, así como las diferentes categorías existentes de los mismos.

Organización judicial y teoría del proceso

¿Qué se entiende por jueces y magistrados en la ley?

La expresión "Jueces y Magistrados" alude, en una primera aproximación, a los integrantes de la Carrera Judicial, a los que se atribuye, en los términos del artículo 117.1 de la Constitución de 1978 (CE), la potestad de administrar justicia. En un sentido más amplio, la voz designa a todos aquellos que ejercen la jurisdicción, sean o no miembros de la Carrera Judicial, lo cual no es una posibilidad extravagante dentro de nuestro ordenamiento jurídico (jueces de paz, jurados).

El Título VI constitucional no utiliza la expresión "Jueces y Magistrados" de manera uniforme: El propio artículo 117 CE, en su párrafo 3, dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional "corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales" (no a los Jueces y Magistrados), mientras que, por ejemplo, el artículo 118 CE habla de la obligación de cumplir las resoluciones firmes de los "Jueces y Tribunales".

La Constitución maneja, como se ve, expresiones diferentes cuando se refiere a los Jueces y Magistrados, y no siempre con la precisión deseable de una norma jurídica de su trascendencia. Así, su artículo 117.1 dispone que los Jueces y Magistrados "integran" el Poder Judicial, inciso legal que ha sido fuente de viva discusión sobre su sentido.

Lo que quizá fue tan sólo mera imprecisión del legislador (puesto que las funciones se ejercen, no se integran), definitivamente elevada a rango de Ley en nuestra Carta Magna, ha dado lugar a la construcción de variadas teorías sobre el Estatuto de los Jueces y Magistrados y sobre el papel de la Jurisdicción dentro de las funciones jurídicas del Estado. Entre ellas, por ejemplo, las que entienden que el poder judicial al que se refiere, con minúsculas, el artículo 117.1 de la Constitución es una suerte de fuente de poder colegiada en la que se integran, en los términos del precepto, todos aquellos que merecen la consideración de jueces y magistrados.

A nuestro entender, sin embargo, esta consideración alude, más que al "poder judicial" como poder autónomo y diferenciado de los poderes legislativo y ejecutivo, al Poder Judicial en cuanto que organización pública y compleja en la que se integrarían los titulares de la potestad jurisdiccional: con todo, sin embargo, tampoco es plenamente plausible esta solución, puesto que la organización jurisdiccional "se integra", según entienden pacíficamente los autores, no por los jueces y magistrados, sino por los Juzgados y Tribunales, esto es, por los órganos públicos en donde los Jueces y Magistrados ejercen sus funciones soberanas.

Por otra parte, no es, en nuestra opinión, conforme con la realidad de las cosas el entendimiento de los Jueces y Magistrados como miembros integrantes de un poder estatal más, de carácter colectivo; en todo caso, lo que son es titulares de un poder, individualmente o de forma colegiada cuando se integran en las Secciones o Salas de Justicia de los Tribunales y Audiencias, que aplican en sus resoluciones.

En resumidas cuentas, el poder judicial se ejerce legítimamente porque se ostenta, no porque se integre y, además, se ostenta particularmente por el personal juzgador dentro de cada Tribunal de justicia, y no como emanación o delegación de una suerte de poder judicial colectivo.

Otra cosa es que, por razón de la necesaria garantía de la independencia, todo lo referente al gobierno y estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados se someta a un régimen autónomo del poder ejecutivo, como garantía formal de la separación de poderes: esa es la razón de su regulación autónoma en el Título VI de la Constitución, así como de la creación de órganos de gobierno diferenciados del ejecutivo: el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales.

Sentado lo anterior, debe señalarse que la voz "Jueces y Magistrados" designa no a los órganos jurisdiccionales en sentido estricto, sino a quienes dentro de su organigrama de personal, por ser titulares de la función (o de la potestad, si respetamos la terminología que emplea el artículo 117.3 de la Constitución) jurisdiccional, dicen o hacen el Derecho en el caso concreto, de forma exclusiva y excluyente: es decir, al personal jurisdicente.

Nos encontramos ante la concreción en la esfera jurisdiccional de la teoría administrativa de los órganos públicos: la función crea el órgano, lo que en la esfera del proceso significa que el desempeño de la jurisdicción, como función pública, requiere la creación de órganos públicos que la ejerzan.

Dentro de cada órgano es preciso distinguir al personal juzgador (los jueces y magistrados) del personal no juzgador: el Letrado de la Administración de Justicia (Secretarios judiciales) y el personal auxiliar (antiguos oficiales, auxiliares y agentes judiciales, y actuales miembros de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio procesal).

La anterior distinción presenta, no obstante, zonas de incertidumbre. Partiendo del hecho de que en el proceso no sólo se ejerce jurisdicción cuando se resuelve la causa, sino en cada decisión que se dicte en su seno, la actual regulación del proceso en el Derecho español admite supuestos en los que personal diferente de los Jueces y Magistrados posee poder decisor dentro del proceso (es decir, ejerce jurisdicción, si bien en resoluciones de escasa importancia): es el caso de los Letrados de la Administración de Justicia, a los que corresponde, desde 1985, dictar las diligencias de ordenación -resoluciones judiciales de impulso formal del proceso que sustituyeron, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a las viejas providencias de mera tramitación-.

En el plan diseñado por la Ley Orgánica 19/2003, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Letrados de la Administración de Justicia adquieren mayor protagonismo aún, pues pueden dictar resoluciones de impulso del proceso en los términos marcados por las leyes procesales (diligencias de ordenación y decretos, cuando deban ser motivadas) y dirigen en el aspecto técnico procesal al personal del órgano (artículo 457 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), así como la competencia para conocer ciertos procedimientos (a modo de ejemplo, separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no existieran hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente, o algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria) con la pretensión de reservar a los Jueces y Magistrados para la decisión de la causa: se trata, en resumen, de convertir a los Letrados de la Administración de Justicia en los "jueces de lo procesal", dejando a los jueces y magistrados la condición de "jueces del fondo del asunto", lo cual, aunque encuentra acomodo en el artículo 117.3 de la Constitución (que, como se ha expuesto. reserva la función jurisdiccional a los juzgados y tribunales, no a los jueces y magistrados), no deja de plantear un cambio sustancial en el modo de trabajo de los órganos jurisdiccionales cuya incidencia real está por ver, hasta tanto no tenga desarrollo en las leyes procesales.

¿Qué categoría tienen los jueces y magistrados en la carrera judicial?

Con carácter más restringido, las expresiones "Jueces" y "Magistrados" aluden, por separado, a dos de las tres categorías posibles en las que se clasifican los miembros de la Carrera Judicial. De conformidad con el artículo 299 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las tres categorías de que consta la Carrera Judicial son: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.

La categoría de Juez es la de ingreso ordinario en la Carrera judicial por el sistema de oposición libre (artículos 301 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La de Magistrado constituye una categoría de ascenso dentro de la judicatura para jueces con tres años de servicios efectivos como jueces, sin perjuicio de la posibilidad de entrada directa en la carrera judicial en la categoría de Magistrado, a través del sistema de concurso para juristas con más de diez años de ejercicio profesional conocido con el nombre de cuarto turno, puesto que se reserva una de cada cuatro vacantes de la categoría para esta forma de acceso a la judicatura (artículo 311 LOPJ).

En tercer lugar, la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo la ostentan quienes estén destinados en él y "efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de ese Tribunal": eso significa que se pierde la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo si se pasa a desempeñar cualquier actividad pública o privada diferente de las enumeradas en el artículo 348 bis LOPJ.

Además, tienen categoría de miembros del Tribunal Supremo, aunque no estén destinados en ninguna de sus cinco Salas, el Presidente de la Audiencia Nacional (como Presidente de Sala) y el Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (artículo 335.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, esa categoría de Magistrados del Tribunal Supremo era ostentada también por los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional.

¿Qué clases de jueces y magistrados existen?

En función de diferentes criterios es posible clasificar a los jueces y magistrados en distintas categorías. De este modo, en función de la formación jurídica que requiera la ley es posible hablar de jueces juristas (los que requieren la licenciatura o el grado en Derecho) de los jueces legos o no juristas (en el caso de los jueces de paz). Según el grado de permanencia en el ejercicio de sus funciones hay jueces permanentes y jueces ocasionales (por ejemplo, los ciudadanos que forman parte del Tribunal del Jurado).

Es posible hablar también de jueces de carrera (los que han ingresado en la carrera judicial por los medios anteriormente señalados) y de jueces no de carrera (jueces sustitutos y magistrados suplentes, que son licenciados o graduados en Derecho contratados anualmente para cubrir de forma permanente u ocasional determinados destinos judiciales vacantes o para cubrir el quórum en las Salas).

Dentro de los jueces de carrera en activo, se puede hablar de jueces en comisión de servicios, (cuando se les asigna un determinado destino en apoyo del titular en situaciones de sobrecarga de trabajo o de pendencia de asuntos), con o sin relevación de funciones; de jueces de adscripción territorial (que son los jueces que, al no tener destino concreto, quedan a disposición del Presidente del TSJ correspondiente a los efectos de ser destinado a aquellas plazas que quedaran vacantes o hubiera necesidad de refuerzo); de jueces adjuntos (que son los que habiendo ingresado en la Carrera Judicial no disponen aún de destino en propiedad, quedando a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo); los jueces en prácticas (que son los alumnos de la Escuela Judicial, antes de su ingreso en la Carrera, durante su periodo de formación); y los magistrados eméritos (que son los jubilados que continúan ejerciendo sus funciones en apoyo de los órganos jurisdiccionales).

Magistrados especialistas son los que han adquirido esa condición por concurso en los órdenes contencioso-administrativo y social. En la jurisdicción militar, los jueces merecen la denominación de jueces o magistrados togados. Ello al margen de la denominación de cada juez por su pertenencia a un determinado orden jurisdiccional como juez civil, penal, contencioso-administrativo, social o militar.

Hay, asimismo, jueces ordinarios y especiales o excepcionales: los primeros son todos aquellos determinados en virtud de reglas de predeterminación legal, los segundos, proscritos por el artículo 117.6 de la Constitución de 1978, son los jueces designados al caso concreto: a este respecto, se entiende que los miembros del jurado no son jueces especiales o excepcionales, en la medida en que su designación se hace, no discrecionalmente, sino en virtud de reglas objetivas, generales y predeterminadas en la ley.

Mención especial al juez de adscripción territorial

En la reforma Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se incluye un nuevo artículo 347 bis que introduce la nueva figura del denominado Juez de adscripción territorial.

Esta figura tiene la justificación de su existencia en lo que la exposición de motivos de la reforma articula para contribuir a la agilización de la Justicia, y a mejorar los estándares de calidad. Con ello, se añade el establecimiento de lo que se da en llamar «jueces de adscripción territorial» que, por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas otras cuyo titular se prevea que estará ausente por tiempo superior a un mes.

Con ello se pretende evitar en lo posible la interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y potenciar su desempeño por miembros de la Carrera Judicial, lo que sin duda redundará en una ostensible mejora en la calidad del servicio público.

Se trata de jueces profesionales que quedarán constituidos por aquellos que acaben de aprobar la oposición y que queden adscritos en esta categoría para reforzar juzgados.

Así, señala el art. 347 Bis LOPJ que:

1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de adscripción territorial que determine la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

2. Por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de adscripción territorial ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular se prevea que estará ausente por más de tres meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes.

3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá realizar excepcionalmente llamamientos para órganos judiciales de otra provincia perteneciente al ámbito territorial de dicho Tribunal.

4. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.»

Las plazas de Juez de adscripción territorial son ofertadas a los alumnos de la Escuela Judicial que han aprobado las oposiciones a la carrera judicial, una vez que han superado el curso. De entre las plazas que se ofertan en todo el territorio un grupo lo son de esta clase y consisten en adscribir a jueces recién salidos de la escuela judicial para que colaboren con un titular en la llevanza de un órgano judicial.

La adscripción se hace por el Consejo General del Poder Judicial y con distribución de las plazas previamente ofertadas por los Tribunales superiores de Justicia, mediante la adjudicación a cada uno de ellos del número de este tipo de plazas que sean precisos. En la actualidad, la reducción de creación de órganos judiciales motivará que un gran número de jueces puedan ocupar estas plazas para ser adscritos a juzgados para reducir la carga de pendencia. Con ello, se consigue la línea de ir ubicando más jueces en las unidades judiciales para reforzar los más necesitados por sus especiales características.

Recuerde que...

  • Los Jueces y Magistrados "integran" el Poder Judicial.
  • Son titulares de un poder, individualmente o de forma colegiada cuando se integran en las Secciones o Salas de Justicia de los Tribunales y Audiencias.
  • Pueden clasificarse en función de diversos criterios como la formación, grado de permanencia, entre otros.
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