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Juicio ordinario

Juicio ordinario

En esta voz, junto con el resto de voces complementarias, se detallan todos los aspectos fundamentales del juicio ordinario, su regulación legal, distintas fases y procedimientos.

Proceso civil

¿Qué es el juicio ordinario?

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 regula en su Libro II, con carácter general, dos cauces procesales para obtener la tutela jurisdiccional declarativa: el juicio ordinario y el juicio verbal.

Ambos procesos declarativos están inspirados por los principios de concentración, inmediación y oralidad, pero, mientras en el juicio ordinario la contestación tiene forma escrita y después se convoca la Audiencia donde por regla general se propone la prueba que se practicará en el posterior acto del juicio, celebrado en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia, en el juicio verbal, inicialmente, los actos de contestación, proposición y práctica de la prueba tenían lugar en el mismo acto.

Pues bien, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cambia sustancialmente la configuración del juicio verbal con la incorporación de la contestación escrita del demandado (art. 438.1 LEC), que no estaba prevista en la estructura inicial del juicio verbal en la LEC, que se justifica -más de una década después de su entrada en vigor- en aras a garantizar el derecho de defensa del demandante, que así conocerá las alegaciones del demandado antes del acto de la vista, y también del demandado, que conocerá íntegramente la pretensión del demandante, en cuanto se completa la reforma con la generalización de la demanda ordinaria en el juicio verbal, salvo los supuestos en que, como excepción, se permite presentar demanda sucinta -si se interpone por un particular cuando la postulación procesal no sea necesaria- (art. 437 LEC).

Además, la citada reforma modifica la concentración de actos en la vista del juicio verbal hasta el punto de que puede llegarse al extremo contrario, transcurriendo el juicio íntegramente por escrito si la vista no es solicitada, al menos, por una de las partes o el tribunal no la considera necesaria (art. 438.4 LEC).

Nótese que en el diseño original del legislador para el juicio verbal, siguiendo la tradición consolidada en nuestro ordenamiento jurídico de contar con un procedimiento en el que se ventilen los procesos que presenten una menor complejidad, una vez presentada la demanda -bastaba con una demanda sucinta sin plantear de forma completa la pretensión-, se citaba a las partes directamente a la celabración de una vista en forma concentrada en la que se completaban las alegaciones y se practicaba la prueba.

Así, en el plano procedimental, tras esta reforma, con la introducción de la posibilidad legal de que se realice íntegramente por escrito sin actuación alguna oral, cuando no sea pertinente la celebración de la vista, los principios clásicos que regían en este tipo de juicio, básicamente, los principios de inmediación, publicidad, oralidad y concentración, quedan muy matizados e, incluso, sustituidos por los de escritura y dispersión.

Por el contrario, el panorama para el juicio ordinario apenas ha cambiado.

En cuanto al ámbito de aplicación del juicio ordinario se define y determina para los siguientes procedimientos:

  • 1. Por razón de la materia, cualquiera que sea su cuantía:
    • Derechos honoríficos

      Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

      La atribución al juicio ordinario de este tipo de demandas (que se decidían anteriormente por el juicio de mayor cuantía de la LECiv 1881) parece responder a la consideración de que se trata de cuestiones difícilmente evaluables en dinero pero de la más alta trascendencia personal.

    • Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

      Las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que soliciten la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, excepto las que se refieran al derecho de rectificación.

      En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

    • Impugnación de acuerdos societarios

      Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles (en el caso de acuerdos adoptados en una sociedad no mercantil habría que recurrir a las reglas sobre determinación de la cuantía del art. 251 LEC y acudir, en su caso, bien al juicio verbal, bien al juicio ordinario -vid. ATS de 14 de octubre de 2008-, salvo que el acuerdo impugnado vulnere el derecho fundamental de asociación, en cuyo caso el art. 249.1.2.º LEC asigna trámite de juicio ordinario por razón de la materia, para la cual se establece una tramitación preferente y sumaria).

      El art. 86 ter 2.a) LOPJ confiere a los Juzgados de lo Mercantil la competencia objetiva para conocer las cuestiones que dentro del orden jurisdiccional civil se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

    • Competencia desleal. Defensa de la competencia. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Publicidad

      Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (desde el 1 de diciembre de 2009, arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad se deciden en juicio ordinario, salvo dos excepciones:

      • - acciones personales de condena pecuniaria (reclamaciones de cantidad exclusivamente): los procedimientos judiciales en que se ejerciten estas acciones se tramitan por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.
      • - acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad: los procedimientos judiciales en que se ejerciten dichas acciones se tramitan por el juicio verbal.
    • Condiciones generales de la contratación

      Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

      Excepción: los procedimientos judiciales en que se ejerciten acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios en el ámbito de condiciones generales de la contratación se tramitan por el juicio verbal.

    • Arrendamientos urbanos. Arrendamientos rústicos

      Las demandas que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, excepto cuando se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por expiración del plazo de la relación arrendaticia.

    • Retracto

      Las demandas en que se ejercite una acción de retracto de cualquier tipo.

    • Propiedad horizontal

    Las demandas en que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, excepto cuando versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.

  • 2. Por razón de la cuantía, las demandas cuya cuantía exceda de 6.000 euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Por lo tanto, su ámbito de aplicación por razón de la cuantía es sumamente amplio (más de 6.000 euros- y asuntos de cuantía indeterminada).

¿Cuáles son sus principales características?

Las notas fundamentales que caracterizan al juicio ordinario son, primeramente, la de ser un proceso, o sea, una serie de actividades en que interviene el Juez, en cuanto tal, sin que el nombre de "juicio" que le da la ley suponga corrección alguna a este respecto, ya que, conforme se dice en el preámbulo o exposición de motivos de la Ley, los términos "juicio" y "proceso" se siguen utilizando como sinónimos.

En segundo lugar, la de ser un proceso de cognición, o declarativo lato sensu, porque lo que con él se tiende a obtener es una declaración, y no una manifestación de voluntad, del órgano jurisdiccional, terminando, por tanto, normalmente, con una sentencia y con una entrega o transformación judicial (propio de los procesos de ejecución).

En tercer lugar, la de ser un proceso ordinario, puesto que está pensado para hipótesis generales y no para casos particulares y concretos y, dentro de los dos tipos ordinarios, el de mayor entidad cuantitativa. Y, por último, la de tener el significado de ser el proceso residual o común y, con una cierta ambigüedad, el modelo tipo.

Partiendo de la norma general de que la clase de juicio por razón de la cuantía, solo se aplicará en defecto de norma de determinación por razón de la materia, procede plantear, sin perjuicio de las específicas consideraciones que se hacen al analizar la demanda en el juicio verbal, particularmente en materias arrendaticias, las siguientes cuestiones dubitadas:

  • Impugnación de acuerdos de sociedades sin contenido mercantil y sin ánimo de lucro, que no se encuentren comprendidas en los artículos 116 y 122 del Código de Comercio. Ante la falta de regulación deberá de acudirse al juicio declarativo que corresponda a la cuantía, conforme a los criterios del artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Cuestiones de contenido patrimonial derivadas de la ruptura de la pareja de hecho. Siendo claro que las discrepancias derivadas exclusivamente de la guarda y custodia de los hijos menores y de los alimentos, se tramitarán conforme a los artículos 748 y siguientes de la LEC, procede entender que las cuestiones económicas derivadas de la ruptura de la pareja conviviente, deben de sustanciarse por los cauces del juicio declarativo que corresponda a la cuantía de la pretensión litigiosa
  • Arrendamiento de industria. Si la cuestión planteada deriva de la mera reclamación de rentas debidas, debe de acudirse al proceso que corresponda por razón de la cuantía; por el contrario, si la acción ejercitada es la de desahucio, debe de acudirse al proceso del artículo 250.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere genéricamente al impago de rentas, sin distinguir si el vínculo arrendaticio está sujeto a la legislación específica o la código civil.
  • Protección de los derechos fundamentales. Ante la derogación de las cuestiones procesales de la Ley 62/1978 de 26 diciembre, por la Disposición Derogatoria Única 2.3 de la Ley procesal civil, todas las acciones tendentes a la protección de derechos fundamentales, deben de articularse por el cauce del juicio ordinario, ya se trate de los derechos citados en le artículo 249.1.2º LEC, como cualquier otro de los referidos en el artículo 53 de la Constitución Española.
  • Proceso para determinar las discrepancias sobre la cuantía de la renta debida. Ante la específica dicción del artículo 249.1.6º de la LEC, debe de acudirse al juicio ordinario.
  • Proceso para la reclamación de rentas debidas de un contrato de arrendamiento ya extinguido. Considerando que el artículo 249.1.6º LEC, en su redacción por la Ley 19/2009, se refiere a cuestiones que versen sobre "cualesquiera asuntos de arrendamientos urbanos", pero con exclusión de las reclamaciones de rentas parece que deben de excluirse todas las reclamaciones de renta, aunque deriven de contratos de arrendamiento ya extinguidos y cualquiera que sea la cuantía reclamada se tramitarán por juicio verbal.
  • Pequeñas reclamaciones de hacer o de no hacer en materia de propiedad horizontal. Aunque la cuantía del proceso sea escasa no existe otro remedio procesal más que acudir la juicio ordinario, ante la contundente redacción del artículo 249.1.8º de la norma procesal.

Recuerde que...

  • En el juicio ordinario la contestación tiene forma escrita y después se convoca la Audiencia donde por regla general se propone la prueba que se practicará en el posterior acto del juicio.
  • Es un proceso de cognición, o declarativo lato sensu, porque lo que con él se tiende a obtener es una declaración, y no una manifestación de voluntad.
  • Está pensado para hipótesis generales y no para casos particulares y concretos.
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