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Da mihi factum dabo tibi ius

Da mihi factum dabo tibi ius

Proceso civil

¿Qué significa la expresión Da mihi factum dabo tibi ius

El principio de aportación de parte o de rogación, esencial en el ámbito procesal civil tiene como una de sus formulaciones más típicas el brocardo “Da mihi factum dabo tibi ius” (literalmente ,"dame un hecho, yo te daré el derecho") que resume la facultad de las partes de suministrar al Tribunal, mediante sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen conveniente en apoyo de sus pretensiones, y la obligación del juzgador de resolver el litigio conforme a la norma que resulte aplicable. En este sentido, establece la STS de 2 de septiembre de 1998, rec. 1300/1994, que se rebasan los límites concedidos al Juzgador por los principios da mihi factum, daba tibi ius e iura novit curia, al no respetar el componente fáctico y jurídico de la acción ejercitada que resulta sustituida por otra u otras distintas, sin que pueda hablarse de un cambio en el punto de vista jurídico autorizado por dichos principios.

El principio está estrechamente ligado a iura novit curia, principio que permite a los Jueces y Tribunales resolver los litigios con aplicación de normas distintas de las invocadas por los litigantes, respetando los hechos alegados. Así, la STS de 17 de noviembre de 2014, rec. 3802/2011 establece que "expresada tradicionalmente en los axiomas iura novit curia y narra mihi factum, dabo tibi ius , que le permiten no ajustarse estrictamente a los argumentos jurídicos utilizados por las partes al motivar las sentencias, pudiendo apoyarse en razones de carácter jurídico distintas pero que conduzcan a la propia decisión de aceptar o rechazar las pretensiones cuestionadas, y que el principio procesal plasmado en los indicados aforismos permite al Juez fundar el fallo en las normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por ellos, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados".

¿Qué establece la ley al respecto?

El artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone bajo la rúbrica de “Principio de justicia rogada” que: “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”.

En correspondencia con ello, el artículo 217 de la norma distribuye entre las partes la obligación de acreditar los hechos traídos al proceso y el 218 establece que las sentencias habrán de ser “congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes”, y prohíbe al Tribunal acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.

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