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Irrevocabilidad

Irrevocabilidad

Derechos reales, obligaciones y contratos

Voz de origen latino que significa que no se puede revocar, es decir que no se puede dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Sobre los supuestos en que la revocación es posible. Uno de los ejemplos se contiene en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que determina que: "las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste"; y otro en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la revocación por las Administraciones Públicas de los actos de gravamen o desfavorables "siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".

A sensu contrario son por tanto irrevocables los actos declarativos derechos o favorables, de manera que la Administración no puede volver sobre esos actos dejándolos sin efecto, sin perjuicio de la revisión de oficio permitido por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el ámbito de las relaciones entre particulares nos encontramos con otro supuesto de irrevocabilidad en el artículo 1091 del Código Civil a cuyo tenor "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos". Este precepto establece, pues, la fuerza vinculante que para las partes tienen los contratos de los que nace una relación jurídica que no puede desatarse por la voluntad de uno solo de los contratantes y que: "una vez perfeccionados tienen fuerza de ley entre éstos y han de cumplirse a tenor de lo expresamente pactado, de buena fe y sin tergiversar las obligaciones que cada parte contrajo" (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1989 LA LEY 470-1/1989).

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