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Abogado

Abogado

Práctica jurídica y gestión de despachos profesionales

I. Concepto

Podemos definir al Abogado como aquella persona, licenciado en derecho, que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. Esta definición la podemos encontrar en el artículo 6 del Estatuto de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, y viene a coincidir con la definición que de Abogado contempla la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuyo artículo 542, número 1, establece que corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado al licenciado en derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento jurídico.

En consecuencia, el concepto de Abogado viene a ser similar, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en su estatuto profesional. Además, el Abogado, por imperativo legal, tiene la exclusividad de la defensa y asesoramiento de las partes en toda clase de procedimientos. El propio artículo 6 del Estatuto de la Abogacía Española, hace mención al carácter exclusivo que se atribuye a la profesión de Abogado, para que sea precisamente quien lleve a cargo la defensa de los intereses de las partes en un proceso o el asesoramiento y consejo jurídico, carácter de exclusividad que también se recoge, como hemos visto, en la definición que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esto no obstante, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de la Abogacía Española contemplan otras notas determinantes en cuanto a la profesión de Abogados, que serían las siguientes:

En su función los Abogados son libres e independientes.

La actuación del Abogado debe sujetarse siempre al principio de la buena fe.

Los Abogados gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por los Tribunales en su libertad de expresión y defensa.

El Abogado tiene obligación de guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozca, por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos.

Estas notas características, que ya recoge el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aparecen reflejadas en el estatuto profesional, que incluso viene a ampliar los derechos y obligaciones del Abogado.

En primer lugar, habremos de decir que el Abogado, para ejercer como tal debe ser persona física, licenciado en Derecho, y debe haberse incorporado a cualquier Colegio de Abogados de los existentes en España. El artículo 9 del Estatuto de la Abogacía Española, establece, con carácter necesario, la nota de incorporación a un Colegio Español de Abogados en calidad de ejercientes, para poder actuar como tal, estableciendo, esto no obstante y a efectos puramente colegiales, dos categorías de Abogados: a) los Abogados ejercientes, que son los que, efectivamente, llevan a cabo su función o profesión, defendiendo intereses ajenos ante los Tribunales o mediante el asesoramiento y consejo jurídico; b) el Abogado denominado no ejerciente o sin ejercicio, entendiendo por tal o bien al Abogado que, tras veinte años de profesión, cesa en la práctica de la abogacía o bien aquel que, incorporado al Colegio profesional, no ejerce efectivamente su profesión y así consta en los registro del referido Colegio, siempre y cuando tenga nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, sea mayor de edad y no esté incurso en causa de incapacidad, posea el título de licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos y satisfaga la cuota de ingreso y demás, que tenga establecidas el Colegio.

II. Ámbito geográfico de la actuación del abogado

El artículo 17 del Estatuto General de la Abogacía Española establece que cualquier Abogado incorporado a cualquier Colegio de Abogados de España, podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del Estado, en el resto de los estados miembros de la Unión Europea y en los demás países, con arreglo a la normativa vigente al respecto, y que de la misma forma los Abogados de otros países podrán hacerlo en España conforme a la normativa vigente. Exclusivamente se contempla, para el caso de actuación de un Abogado en territorio distinto de su colegiación, un deber de comunicación al Colegio en cuyo ámbito haya de intervenir directamente, a través del propio Colegio al que esté incorporado, del Consejo General de la Abogacía Española o del correspondiente Consejo autonómico, en la forma que establezca el Consejo General de la Abogacía Española. Habrá que tener en cuenta que en las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro Colegio, el Abogado está sujeto a las normas de actuación, deontología y derecho disciplinario del mismo. Sólo existe una excepción a la obligación de incorporarse a un Colegio para el ejercicio de la Abogacía, y es para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos en el propio Estatuto General de la Abogacía, para el ejercicio de la misma.

III. Forma de ejercicio de la abogacía y derechos y deberes

El Estatuto General de la Abogacía Española establece tanto el ejercicio individual de la Abogacía, que puede realizarse en despacho propio o en colaboración con otros despachos, o bien el ejercicio por cuenta ajena, bajo régimen laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio se realiza en régimen de exclusividad.

Cabe también la posibilidad de que la Abogacía se ejerza de manera colectiva, mediante la agrupación de varios Abogados bajo cualquiera de las formas lícitas en Derecho, incluida la forma de la sociedades mercantiles, si bien, el Estatuto General de la Abogacía Española exige que dicha agrupación habrá de tener siempre como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía, y estar integrada exclusivamente por Abogados en ejercicio, sin limitación de número. Para el supuesto de que la Abogacía se ejerza de forma colectiva, es decir, por medio de un grupo de Abogados unidos en un despacho colectivo, ninguno de ellos podrá tener despacho independiente del colectivo, y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan, deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo, estará sometida a la disciplina del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, respondiendo personalmente el Abogado que la haya efectuado, pero la obligación de secreto profesional se extiende, esta vez, a todos los miembros del despacho colectivo, así como las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situación de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos.

El artículo 30 del Estatuto General de la Abogacía nos indica que el deber fundamental del Abogado, en cuanto partícipe de la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados, sin que sea lícito, en ningún caso, justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la Abogacía se haya vinculada. Se contemplan, asimismo, otros deberes, tales como el cumplimiento de las normas legales estatutarias y deontológicas, el mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del Colegio en el que ejerza su actividad profesional, comunicar su cambio de domicilio, además de guardar secreto, como ya ha quedado expuesto. Asimismo es obligación esencial del Abogado, para con los órganos jurisdiccionales, la probidad, lealtad y veracidad, en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención. Deben vestir ante los Tribunales toga y, potestativamente, birrete, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, estipulándose en el Estatuto General de la Abogacía, en su artículo 37, que deberán adecuar su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia.

En cuanto a derechos de los Abogados, éstos, en principio, tienen derecho a intervenir ante los Tribunales de cualquier jurisdicción, sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el Tribunal ante quien actúen, debiendo tener delante de sí una mesa y situándose a los lados del Tribunal, de modo que no den la espalda al público, siempre con igualdad de trato con el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado. Tienen derecho a ser auxiliados o sustituidos en el acto de vista o juicio, o en cualquier otra diligencia judicial, por un compañero en ejercicio, para lo cuál bastará la propia declaración del Abogado sustituto y, en el caso de Abogados que se hallen procesados y encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor, pueden usar toga y ocupar el sitio establecido para los Letrados. El Abogado, asimismo, en su actuación profesional, tiene derecho a un absoluto principio de independencia, así como a la libertad de expresión y defensa, como ya establece el artículo del Estatuto General de la Abogacía, en coincidencia con lo dispuesto en el artículo 542, número 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.. En relación con los clientes, el Abogado tiene derecho a la percepción de una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado, compensación económica que recibe la denominación de honorarios profesionales.

IV. Responsabilidad del abogado

El Abogado puede incurrir, en el ejercicio de su función, en una triple responsabilidad:

  • 1.- Responsabilidad civil.- La responsabilidad civil del Abogado nace de la negligencia en el ejercicio de su función, responsabilidad que, generalmente, viene a calificarse dentro de la denominada responsabilidad contractual, en cuanto que la relación con el cliente debe calificarse como de arrendamiento de servicios, sin perjuicio de incurrir en supuestos de responsabilidad extracontractual, regulada en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil.
  • 2.- El Abogado puede incurrir, asimismo, en responsabilidad penal, responsabilidad ésta que viene claramente recogida, como constitutiva de tipos penales específicos, en el vigente Código Penal. Concretamente el artículo 463, número 2, del Código Penal establece la responsabilidad del Abogado como autor de un delito de obstrucción a la justicia, que dejare voluntariamente de comparecer, sin causa justa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, determinando que en este caso la pena a imponer será de tres a seis meses en su mitad superior, o multa de seis a veinticuatro meses, igualmente en su mitad superior y, además, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años. También el artículo 465 del Código Penal castiga al Abogado que, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documento o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, castigándole con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años.

    El Código Penal contempla dos figuras específicas más respecto a delitos que pueden ser cometidos en el ejercicio de la Abogacía: la figura penal contemplada en el artículo 466, que sanciona al Abogado que revelare actuaciones profesionales declaradas secretas por la Autoridad Judicial, con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio, de uno a cuatro años, y el artículo 467 que contempla dos subtipos distintos de deslealtad profesional: en primer lugar al Abogado que, habiendo asesorado o tomado la defensa de alguna persona, sin el consentimiento de éstas, defienda en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, debiéndosele en este caso imponer la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años, y el subtipo delictivo que contempla el número dos del citado precepto, que sanciona al Abogado que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados, en cuyo caso se prevé la imposición de una pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio, de uno a cuatro años. Para el supuesto de que estos hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, de seis meses a dos años.

    También el Código Penal, en el capítulo dedicado al delito del falso testimonio y, concretamente, en el artículo 461, número dos, establece una agravación de la pena, respecto al delito de presentación en juicio, a sabiendas, de testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, cuando el responsable de este delito fue Abogado y lo hiciere en su actuación profesional o ejercicio de su función, en cuyo caso la pena a imponer deberá ser en su mitad superior, añadiendo, además, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

  • 3.- Responsabilidad disciplinaria.- El artículo 80 del Estatuto General de la Abogacía Española establece que los Abogados también están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos, responsabilidad disciplinaria que puede motiva una sanción impuesta por la Autoridad Judicial en forma de sanción o corrección, o bien una sanción disciplinaria corporativa impuesta por su Colegio profesional. Concretamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en sus artículos 552 y siguientes, la posibilidad de que los Abogados que intervengan en los pleitos y causas, sean corregidos disciplinariamente por su actuación ante los Juzgados y Tribunales, cuando incumplan las obligaciones que les impone dicha Ley Orgánica del Poder Judicial o las Leyes Procesales, sanciones que pueden ser de apercibimiento o multa. El Estatuto General de la Abogacía Española establece la posibilidad de incoar, asimismo, el expediente sancionador en el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria frente al Abogado que lleve a cabo la infracción de los deberes profesionales o normas éticas de conducta, en cuanto afectan a su profesión, estableciendo las correcciones que pueden imponérsele y que van desde la amonestación privada, hasta la suspensión del ejercicio de la Abogacía, por un plazo no superior a dos años, incluso la expulsión del Colegio.

V. Intervención del abogado en el proceso civil

De acuerdo con la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, el Abogado tiene una intervención esencial dentro de las distintas clases de procedimiento de la jurisdicción civil. En concreto, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en su artículo 31, que los litigantes serán dirigidos por Abogados habilitados para ejercer su profesión en el Tribunal que conozca del asunto, sin que pueda proveerse ninguna solicitud que no lleve la firma de Abogado, salvo los juicios verbales, cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en la propia Ley Procesal, así como aquellos escritos que exclusivamente tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. La modificación de este artículo se produjo por la Ley 42/2015 y con ello al señalar ahora que no es preciso la intervención de abogado en juicios verbales "cuya determinación de la cuantía" no exceda de 2.000 euros quiere decir que en todos los juicios verbales por razón de la materia por cuantía que no exceda de 2.000 euros ya es preceptiva la intervención de letrado y procurador como ocurre en los desahucios cuya cuantía no exceda de 2.000 euros.

La intervención del Abogado en el proceso civil es, pues, de singular importancia, de forma tal que no podrá iniciarse procedimiento alguno, salvo en los casos que se han expuesto, sin que el escrito iniciador del proceso lleve la firma de Abogado. La intervención del Abogado, por tanto, es de necesaria observancia e importancia dentro del desarrollo del procedimiento, de forma tal que su ausencia motiva, respecto a la parte que no se encuentre asistida de Letrado, la imposibilidad de continuar el proceso. Así resulta, a modo de ejemplo, en la audiencia previa al juicio, en el procedimiento ordinario, cuando en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se hace mención expresa de que las partes habrán de comparecer en la audiencia, asistidas de Abogado, hasta tal punto de que si quien falta a la audiencia es el Abogado de la parte demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento para que se dice sentencia sobre el fondo, mientras que si faltare el Abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante, en lo que resulte procedente. También el artículo 432 de nuestra Ley Adjetiva Civil, establece, en el propio acto de juicio ordinario, que las partes comparecerán en el juicio, representadas por Procurador y asistidas de Abogado.

En el juicio verbal, como hemos señalado, igualmente debe asistirse siempre con Abogado y Procurador, salvo que la cuantía de la reclamación no exceda de 2.000 euros, de forma tal que la no comparecencia del Abogado supondrá la imposibilidad de continuar la vista, respecto a la parte que se encuentre desasistida de Letrado, de la misma forma que sucede en el procedimiento ordinario.

Esto no obstante, cuando la intervención del Abogado y Procurador no sea preceptiva, es decir, respecto a los Abogados cuando se trate de juicios verbales cuya determinación de la cuantía no exceda de 2.000 euros, o se trate de la petición inicial de los procedimientos monitorios o, en su caso, se trate de los escritos cuya finalidad sea personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión urgente de vistas o actuaciones, en el caso de que posteriormente exista una condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales, deberán excluirse los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie que la parte condenada en costas ha actuado con evidente temeridad, o que el domicilio de la parte representada y defendida por los profesionales, Abogado y Procurador, cuya intervención no resultaba preceptiva, se encuentre en lugar distinto a aquel en que se hubiere tramitado el juicio. Así lo establece el artículo 32, número 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En materia de recursos, tras la primera instancia, es decir, recursos de apelación, recursos de casación y recursos extraordinarios por infracción procesal, se hace preciso igualmente la intervención de Abogado en la tramitación de los mismos, y lo mismo cabe decir respecto a todo el proceso de ejecución de las sentencias y demás títulos ejecutivos.

Ahora bien, en la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía se han introducido algunas modificaciones en materia de intervención letrada en el proceso civil, ya que en el número 1.º del apartado 2 del artículo 31 relativo a cuando no será precisa la asistencia letrada se señala que frente a la cifra anterior de 900 euros, ahora no lo será en "1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley."Pero en la Ley 42/2015 se ha realizado la adición antes expuesta a los arts. 23 y 31 LEC.

También, en el apartado 1 del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se recoge:

"1. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales.

Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros."

En la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles se contempla la figura de la mediación como una nueva vía que los abogados van a tener de participar como mediadores para intentar poner de acuerdo a las partes de un conflicto. La metodología de designación se dirigirá por medio de su colegio profesional al inscribirse en ellos como mediadores, a fin de que puedan ser designados cuando se requiera por dos partes a un mediador de ese colegio profesional. Para que ello sea así, el colegio se deberá haber inscrito previamente como instituto de mediación.

¿Qué requisitos debe reunir un abogado para ser mediador?

En los artículos 11 a 15 se configura el régimen legal del mediador como eje central subjetivo del sistema. Y lo hace con un carácter muy amplio aunque circunscrito a los siguientes aspectos esenciales:

  • 1. Que el mediador se halle en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. En el proyecto se añadía la exigencia de que estuvieran en posesión de título oficial universitario o de educación profesional superior, lo que en el texto actual se ha suprimido.
  • 2. Sin embargo, aunque no se exija esa acreditación de la titulación sí que en el artículo 11.2 se admite que el mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico.

    En la disposición final 5ª del Real Decreto Ley se añade que "El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir.", lo que quiere decir que se fijarán normas mínimas que deben cumplir los mediadores, por lo que si los colegios profesionales quieren intervenir como instituciones de mediación deberán realizar sus colegiados cursos de mediación en las materias propias para las que según su cualificación y preparación se les pueden reclamar sus servicios. Y no solamente unos cursos habilitantes, sino que la disposición final 5ª hace mención a la formación continua.

  • 3. Seguro de RC. Pero el mediador, como los administradores concursales en el concurso o los administradores judiciales es o puede ser responsable de causar daños y perjuicios a las partes de un proceso de mediación, por lo que se exige en el apartado 3º que el mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

    También en la disposición final 5ª de este Real Decreto-Ley se añade que Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores.

  • 4. Características de la praxis del mediador en el proceso.

El objetivo del mediador es conseguir el acuerdo entre las partes, no intentar tan solo llevar a cabo una actividad que por sí misma pueda desembocar en la evitación del litigio. El artículo 13 adopta una serie de líneas de actuación dirigidas expresamente a conseguirlo. Y así se le transfieren al mediador las siguientes funciones:

  • 1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.
  • 2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes.
  • 3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste aquélla.
  • 4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad, y además se relacionan las causas en el apartado 5º que le exigen dar a conocer a las partes causas que puedan hacer dudar de su imparcialidad similares a las de abstención de los peritos en el proceso civil.

Para ser mediador es preciso realizar un curso de formación de 100 horas e inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia aunque este último extremo es voluntario aunque recomendable y para poder ejercer en conflictos de circulación a tenor del art. 14 RD 8/2004 modificado por la Ley 35/2015 aprobatoria del nuevo baremos haber realizado un curso que le acredite como especialista en derecho de la circulación aunque no exige un número de horas, pero sí al menos la acreditación de la formación.

VI. Intervención del abogado en el proceso penal

En el procedimiento penal, la intervención del Abogado cobra una singular importancia, toda vez que su función puede ser en varios sentidos:

  • a) En el procedimiento penal el Abogado puede intervenir defendiendo los intereses de la parte que ostente la condición de acusador particular o querellante.
  • b) El Abogado puede intervenir defendiendo a aquel frente a quien se dirija el procedimiento, al ser acusado, imputado o procesado en una causa penal.
  • c) El Abogado puede intervenir también defendiendo los intereses de quien figure como actor civil en el proceso, es decir, quien reclame exclusivamente frente a quien se dirija el procedimiento penal en el ejercicio de una acción civil.
  • d) Finalmente, el Abogado puede intervenir en defensa de quien sea traído al proceso como posible responsable civil, defendiendo los intereses de tal parte desde la óptica exclusivamente civil.

La intervención del Abogado en el proceso se hace necesaria e imprescindible en el procedimiento por delito, siendo potestativa la intervención del Abogado defendiendo a cualquiera de las partes en el juicio de faltas. En el caso de delito la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal exige la intervención del Abogado en defensa de los intereses de la persona a quien se impute un acto punible, tal y como establece el artículo 118 de la citada Ley Procesal Penal, precepto que establece que para ejercitar el derecho de defensa, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, hasta el punto que deberá designárseles de oficio cuando no los hubieren nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.

En este tema se ha modificado el art. 118 LECRIM por la L.O. 5/2015, de 27 de abril, que aclara que Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:

  • a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
  • b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
  • c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
  • d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.
  • e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
  • f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
  • g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
  • h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita

Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.

La intervención del Abogado en el proceso penal también es necesaria, para el caso de formular querella, ya que el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de que la querella se presente con firma de letrado pero, fundamentalmente, es en ámbito de la defensa donde tiene una especial preponderancia la intervención del Abogado en el proceso penal, toda vez que cualquier diligencia, declaración o instrucción que se lleve a cabo en relación a la persona frente a la que se dirige el procedimiento, exigirá la presencia del Abogado en la práctica de dicha diligencia. Así resulta en las propias declaraciones del denunciado, acusado o imputado o procesado en el curso del procedimiento penal, en las diligencias de reconocimiento en rueda, en la denominada diligencia indagatoria tras el auto de procesamiento, etcétera. Para el caso de que las fuerzas policiales procedan a la detención de una persona, deberá la fuerza policial citar inmediatamente para su presentación al Abogado que el detenido designe o, en su caso, al que el Colegio de Abogados haya procedido a designar de guardia ese día, al objeto de que asista a la declaración del detenido ante la Autoridad o Agente de la Policía Judicial.

VII. Adenda de actualización

El cliente de un Abogado formula contra el mismo demanda de responsabilidad por presunta negligencia profesional al haberse apreciado la excepción de inadecuación del procedimiento. En concreto reprocha al Abogado haber interpuesto, por cauce del juicio de menor cuantía, una demanda de declaración de dominio sobre unos terrenos condenada al fracaso, por ser procedente, según el valor de los terrenos, la interposición de una demanda de mayor cuantía. El Tribunal Supremo (Sala Primera), en Sentencia de 22 de octubre de 2008, concluye que no figura suficientemente acreditado que la interposición de una demanda de menor cuantía no pudiera resultar justificada, en aras de obtener una mayor celeridad y menor coste del proceso, por la existencia de dudas objetivas acerca del valor de los terrenos. El hecho de prosperar una excepción de inadecuación del procedimiento no presupone por sí misma la existencia de responsabilidad para el Abogado, especialmente si existían posibles dudas objetivas sobre el valor de los terrenos, que determinaron que el Juez ordenara la práctica de un dictamen pericial y esperara al momento de la sentencia para pronunciarse acerca de la misma.

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