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Administrador judicial

Administrador judicial

Proceso civil

¿A qué nos referimos con administrador judicial?

Los campos de actuación del administrador judicial son realmente extensos, así como el tipo de procedimientos donde puede verificarse la medida. Se puede interesar en el curso de procesos especiales, como por ejemplo en las medidas preventivas relativas al fallecimiento de una persona (así el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que el hecho el inventario de los bienes que integran el haber patrimonial del fallecido, entre otras medidas, se nombrará a un administrador de tales bienes, que podrá ser el viudo/a, heredero, legatario de parte alícuota, o a un tercero).

Se puede interesar en el curso de procesos de ejecución. Está prevista a este respecto la designación de un administrador judicial, en el caso de embargo de empresas o grupo de empresas o cuando se embargaren acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas o adscritos a su explotación. (Artículo 630 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Igualmente lo está para garantizar una traba de los frutos y rentas cuando el Juez crea aconsejable la medida si la naturaleza de los bienes y derechos productivos, y su importancia así lo aconseje, o cuando la entidad que tiene la orden de retener tales frutos o rentas incumpla la obligación de pago o retención acordada por el Juzgado (artículos 630 LEC, en relación al art. 622.2 y 622.3 LEC, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Conforme a la reforma procesal de los artículos 622.2 LEC y art. 622.3 LEC es el Letrado de la Administración de Justicia quien puede acordar el nombramiento de administrador judicial.

Especialmente regulado se encuentra la administración judicial de la finca o del bien hipotecado en el artículo 690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que por su singularidad merece un tratamiento especial.

Finalmente debe exponerse que la figura del administrador judicial puede igualmente interesarse como una medida preventiva o cautelar, y que puede solicitarse del Juez al tiempo de interponerse una demanda, o bien anteriormente con el compromiso de interponer la misma en el plazo de 20 días.

Así el artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene que podrán acordarse entre otras las siguientes medidas cautelares...2ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea primordial interés para la efectividad de la condena que pudiera recaer. Entonces no se exigirán los requisitos del aseguramiento de embargo, pues no cumple esta finalidad sino otra propia e independiente, cual es o bien garantizar la efectividad de la resolución que se dicte en el pleito principal (artículo 726.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o bien anticipar sus efectos (artículo 726.2 LEC).

¿Cómo se constituye y designa un administrador judicial?

Ello dependerá del concreto proceso en que nos encontremos, ya que los trámites admiten ciertas singularidades respecto del proceso en que se admita la medida. Los trámites para la designación de un administrador judicial del caudal hereditario serán los previstos al respecto en los artículos 797 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras que cuando se interese un administrador judicial como medida cautelar el trámite para su designación será el propio previsto para el proceso de medidas cautelares que se contiene en los artículos 721 a747 LEC, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, sí que puede hablarse en el orden civil, de un singular proceso de constitución de la administración judicial, al margen de los condicionamientos de los procesos donde se adopta, cual es el contenido en los artículos 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y una especialidad que se contiene en el ámbito de la ejecución hipotecaria.

Para constituir la administración judicial en el primero de los casos (traba de empresas, grupos, acciones o participaciones sociales mayoritarias, frutos y rentas), es necesario convocar una comparecencia al que pueden asistir las partes (ejecutante/ejecutado), los administradores de la sociedad ejecutada (de ser distintos del ejecutado) y los socios o partícipes cuyas acciones o participaciones no se hayan embargado.

Esta convocatoria tiene la misión de que puedan ponerse de acuerdo sobre la designación de la persona del administrador judicial, pero puedan también convenir los temas relacionados con el contenido del cargo y con las facultades y forma de actuación del nombrado, e incluso sobre la conveniencia de mantener la administración existente hasta ese momento. En caso de que alguno de los llamados no compareciera a esa audiencia se le tiene por conforme con lo que en ella se acuerde.

A la vista de esta comparecencia se decidirá o no la constitución del administrador judicial. Si se tratare de que el objeto de la administración fuere una empresa o grupo de empresas, se deberá igualmente nombrar un interventor que será designado por el titular de la empresa embargada, y si sólo fueren partes de la misma, bien sea de su capital social o de sus bienes o derechos adscritos a la explotación, se nombraran dos interventores, uno por los afectados mayoritarios y otro por los minoritarios.

¿Cuáles son las facultades del administrador judicial?

Por norma general lo que se va a pretender es que el administrador judicial vaya a sustituir la administración preexistente, que al fin y al cabo no ha dado el rendimiento que se esperaba de ella. Ahora bien, puede suceder que se mantenga la administración anterior, bien fiscalizada con carácter general, o que se limite su esfera de actuación. En estos casos habrá que estar al contenido de la resolución judicial que deberá determinar los actos que corresponde realizar a cada cual.

Pero como ya he dicho, la administración judicial supondrá la sustitución de la anterior. Y si no se dispone otra cosa, al administrador judicial le va a corresponder realizar y ejercitar todos los derechos, obligaciones y facultades (con las responsabilidades propias) del administrador sustituido. Ahora bien, está limitado por norma, salvo que se le excuse expresamente. Así el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que necesitará autorización del Letrado de la Administración de Justicia para enajenar, o gravar, participaciones en la empresa o de ésta en otras, bienes inmuebles o cualesquiera otros que por su naturaleza o importancia el órgano judicial hubiere expresamente señalado.

Esta autorización entiendo que debe ser previa. Ahora bien, cabe plantear la posibilidad de que siendo tal autorización un complemento de capacidad pueda obtenerse la misma con posterioridad, pero antes de que se retire la oferta o se ponga de manifiesto la impugnación del acto controvertido. No obstante, ello se complicará cuando existieran interventores designados, pues con carácter previo estos deben ser citados a comparecencia por el administrador con la finalidad de poder ser oídos.

¿A qué nos referimos con la contravención de las decisiones del administrador judicial?

En realidad, las personas a las que se refiere, el artículo 631 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueden impugnar las decisiones del administrador judicial ante el juez del proceso. No se establece porqué mecanismo, pero entiendo que bastaría una simple exposición del hecho, y una audiencia a los posibles afectados, para que por providencia se adoptara la decisión correspondiente. Es criticable quizás que por una simple providencia se pueda resolver una cuestión de este tipo que puede ser ciertamente compleja, pero debe recordarse que se permiten las providencias motivadas, por lo que se minimiza los efectos de la forma de resolución elegida, al admitirse una motivación decisoria. Además, siempre existirá para los perjudicados y afectados la vía de la oposición a la rendición final de cuentas, que al extinguir su mandato, debe verificar el administrador. Esta podrá impugnarse en el plazo de cinco días, que puede prorrogarse hasta treinta por razones de complejidad. De la impugnación se dará traslado a la contraparte, y el juez resolverá a través de un auto, que será susceptible de recurso de apelación directo. Todo este sistema se ha visto alterado por la reforma de 2009, por cuanto las decisiones competen al Letrado de la Administración de Justicia habiéndose previsto de modo expreso que las decisiones de este sobre la materia puedan ser revisadas por el juez tal y como recoge el art 632.3 LEC. La rendición final también se lleva a cabo ante el Letrado de la Administración de Justicia quien decidirá tras dar audiencia a las partes por medio de decreto, igualmente revisable ante el Juez.

El cargo de administrador será esencialmente retribuido. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre este particular, su retribución será fijada por el Letrado de la Administración de Justicia. Normalmente para ello se suele tener en cuenta tanto el ámbito de actuación del administrador, como el volumen y entidad de la empresa o patrimonio que debe administrarse. A veces se fija una retribución mensual, en otras ocasiones se fija por día, aunque en este último caso se suelen excluir los inhábiles.

Pero en ocasiones para su actuación deberá prestar caución en cualquiera de las formas admitidas en derecho (generalmente con dinero en efectivo o por aval solidario a primer requerimiento suscrito por una entidad financiera o de crédito).

¿A qué peculiaridad hipotecaria nos referimos en relación con el administrador judicial?

Esta se contiene en la redacción del artículo 690 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Y viene a suponer la concesión al acreedor hipotecario de la ventaja de poder solicitar la administración de la finca hipotecada directamente. Puede solicitarse por el acreedor hipotecario una vez se ha verificado el requerimiento de pago al deudor. En este sentido participa de muchos de los caracteres de la administración judicial al uso, con la peculiaridad que las rentas y frutos percibidos los hará suyas y las aplicará a su crédito, una vez haya satisfecho de modo preferente los gastos de conservación y explotación de los bienes administrados.

Esta administración que propiamente tiene un carácter provisional, en la medida en que se tramite el proceso de ejecución (aunque limitada a dos años en caso de hipoteca inmobiliaria y uno si es mobiliaria o naval), debe ser notificada al ocupante del inmueble, en caso de ser distinto del deudor, para comunicarle que queda obligado a realizar los pagos al administrador en vez de al propietario del inmueble.

En caso de resultar más de un acreedor hipotecario, esta facultad podrá ser interesada en primer lugar por quien sea preferente conforme al Registro de la Propiedad. En caso de inexistencia de preferencia y petición por ambos, el Letrado de la Administración de Justicia decidirá a quien concede tal administración según su prudente arbitrio.

Finalmente, como corresponde con toda administración, el acreedor deberá proceder a rendir cuentas finales de su gestión, que deberán ser aprobadas por el Letrado de la Administración de Justicia, como requisito imprescindible para continuar con el proceso de ejecución.

Generalmente en este caso, el acreedor viene libre de prestar caución que garantice la buena gestión en su administración, pero se excepciona el supuesto de que la hipoteca recaiga sobre un vehículo de motor. En estos casos la caución será la que se estime pertinente y deberá consistir bien en dinero en efectivo, por aval solidario pagadero a primer requerimiento o por cualquier otro medio que garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate a juicio del Letrado de la Administración de Justicia de la ejecución.

Recuerde que...

  • Para constituir la administración judicial es necesario convocar una comparecencia al que pueden asistir las partes, los administradores de la sociedad ejecutada y los socios o partícipes cuyas acciones o participaciones no se hayan embargado.
  • Se designará a un administrador judicial en el caso de embargo de empresas o acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas o adscritos a su explotación.
  • El acreedor hipotecario tienen de la ventaja de poder solicitar la administración de la finca hipotecada directamente.
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