guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Alta dirección

Alta dirección

La relación laboral especial del personal de alta dirección

I. CONCEPTO

Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe dicha titularidad (artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto).

II. REGULACIÓN NORMATIVA

Se contiene en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, y en él se otorga particular relevancia a la voluntad de las partes recogida en el contrato individual de trabajo.

Serán de aplicación las normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto de los Trabajadores 2015, sólo en los supuestos de remisión expresa por el reiterado Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, y por el contrato individual de trabajo.

En lo no regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, o por pacto entre las partes, se estará a lo dispuesto en la legislación civil o mercantil y a sus principios generales.

Se excluye del ámbito del citado Real Decreto la actividad delimitada en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 2015 (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), esto es, la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.

III. INTERPRETACIÓN POR LA JURISPRUDENCIA

Con carácter general, habrá de analizarse en cada caso concreto, para determinar la naturaleza del vínculo y la posición de la persona que desarrolla las tareas o funciones en la organización de la sociedad, y sobre éstos datos, de necesario conocimiento, se deberá sustentar la conclusión sobre la naturaleza jurídica de la concreta relación que vincula a las partes (ad exemplum, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de fecha 14 de junio de 1990), pues la naturaleza de los contratos depende de su verdadero contenido y no de la denominación que le puedan atribuir las partes.

No obsta a la consideración de alta dirección, el hecho de que determinadas facultades le hayan sido atribuidas al alto directivo de forma mancomunada con otros dos o tres sujetos, pues, habrá de determinarse, en definitiva, si se trata de facultades atinentes al ejercicio de "poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa".

Resta señalar que la prescripción de que hayan de ejercitarse "con autonomía y plena responsabilidad" ex artículo 1.2 del precitado Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, no ha de entenderse como exigencia de exclusividad (es decir, como ejercicio y responsabilidad no compartidos) sino como expresión global y completa, y al mismo tiempo como correlato adecuado del amplio ámbito de poder de dirección expresamente conferido (Ad exemplum, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de fecha 13 de noviembre de 1991, Recurso nº 882/1990).

1. Alta dirección y relación mercantil

La cuestión de la determinación de la naturaleza jurídica de una relación en que concurra la doble condición de miembro de los órganos de Administración y la de ejercicio de los poderes inherentes a la titularidad de la empresa, ha sido abordada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de fechas 29 de septiembre de 1988, 21 de enero de 1991 y 18 de junio de 1991, que sientan la doctrina, que debe aquí reiterarse, de que "la relación de colaboración en una determinada sociedad mercantil tiene en principio este exclusivo carácter en los casos de desempeño simultáneo de actividades de administración de la sociedad y de alta dirección o gerencia de la Empresa de la que aquélla es titular" pues al no existir en nuestro derecho distinción entre los cometidos inherentes a miembros de los órganos de administración de las sociedades y los poderes inherentes a la titularidad de la empresa que son propios del trabajo de alta dirección, se infiere "que no es el contenido de las funciones sino la naturaleza del vínculo lo que determina la naturaleza de la relación" puntualizando la Sentencia de fecha 18 de junio de 1991, antes citada, que "si existe una integración orgánica de la persona que desempeña el trabajo de dirección en el Consejo de Administración social, cuyas facultades son las que se actúan directamente o mediante delegación interna, la relación no será laboral sino mercantil; lo que, visto desde otro ángulo, implica como regla general que sólo en los casos de realización de trabajo en régimen de dependencia no calificables como alta dirección cabe admitir el desarrollo simultáneo de cargos de administración de la sociedad y de una relación de carácter laboral."

Ha de tenerse en cuenta, además, la reiterada doctrina de nuestro Tribunal Supremo, sentada en Unificación de Doctrina, en las Sentencias de 27 de enero de 1992, 29 de abril de 1991, 13 de mayo de 1991, 3 de julio de 1991, 18 de junio de 1991, 21 de enero de 1991, y 28 de septiembre de 1988 y en la más reciente de 22 de diciembre de 1994, en la que se determina que aquellos que forman parte del órgano directivo de la sociedad como personas naturales que lo componen e integran esos mismos órganos, tienen una naturaleza societaria y no de carácter laboral, señalando que "cuando se ejercen funciones de esta clase la inclusión o exclusión del ámbito laboral no puede establecerse en atención al contenido de la actividad, sino que debe realizarse a partir de la naturaleza del vínculo y de la posición de la persona que las desarrolla en la organización de la sociedad", así como que "la identificación por tal posición con la titularidad empresarial impide que la actividad pueda ser calificada con las notas de dependencia y ajeneidad...", recalcando además que "... cuando se ostenta un puesto en los órganos de administración de una sociedad, si las funciones que luego se realizan son las propias de un gerente de la empresa, no cabe imputar el título por el que esos servicios se prestan a un contrato de trabajo, por cuanto que esas tareas son las inherentes al cargo de administrador societario y en consecuencia entre en juego la exclusión legal prevista en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores".

2. Alta dirección y relación laboral común

A falta de pacto en contrario, se entiende que la relación de trabajo común en los supuestos de "promoción interna" a trabajo de alta dirección permanece subyacente en situación de suspensión (artículo 9.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto), pudiendo reanudarse a opción del trabajador al extinguirse la relación laboral especial (artículo 9.3 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto).

No obstante lo anterior, es válido, el pacto de "sustitución" o absorción de la relación laboral común por la relación especial de alta dirección (artículo 9.2), que hace desaparecer del todo el vínculo generado por aquélla entre las partes, si bien la eficacia de tal pacto se hace depender, de dos requisitos, cuales son la constancia expresa del mismo en el documento escrito del contrato de alta dirección (artículo 9.2 en relación con el 9.1), y el transcurso de un período mínimo de dos años "desde el correspondiente acuerdo novatorio" (artículo 9.2).

Así pues, habrá que entender, salvo declaración expresa en contrario, que en el acuerdo por el cual el trabajador es promovido a un puesto de alta dirección no hay voluntad extintiva de la relación laboral común, sino, por el contrario, de conservación de ésta a través del instituto de la suspensión (Ad exemplum, Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 1985 y de 23 de septiembre de 1986).

3. Peculiaridades del régimen extintivo

El Real Decreto 1382/1985 de 1 agosto, admite el desistimiento empresarial por escrito y sin causa con una indemnización mínima de siete días de salario por año de servicio y hasta un máximo de seis mensualidades y el despido basado en un incumplimiento grave y culpable, remitiéndose al Estatuto de los Trabajadores 2015 en cuanto a su forma y efectos, y con una indemnización de veinte días de salario por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades cuando es declarado improcedente (artículo 11). En cualquier caso, son frecuentes los pactos indemnizatorios y los denominados "blindajes" contenidos en los contratos de trabajo, en aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes.

En los supuestos de despido improcedente o nulo, el empresario y el alto directivo acordaran si se produce la readmisión o el abono de la indemnización pactada o legal antes significada, entendiéndose en caso de desacuerdo entre las partes que se opta por el abono de la indemnización correspondiente (artículo 11.3).

Subir