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Condiciones generales de la contratac...

Condiciones generales de la contratación (Derecho Mercantil)

Las condiciones generales de la contratación son cláusulas-tipo, que no se negocian ni permiten hacerlo a su contraparte y además procura extenderlas a cualquier género de negocio análogo. Estas condiciones se incluyen en contratos celebrados entre un profesional y cualquier persona física o jurídica, quien podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.

Contratación mercantil

¿Qué son las condiciones generales de la contratación?

El régimen normativo consta de la específica Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación, de 14 de abril de 1998 (LCGC); del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TR LGDCU), y de la Directiva Europea 93/13/CEE del Consejo sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores de 5 de abril de 1993.

Las condiciones generales de la contratación están definidas en el artículo 1 LCGC como "las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea exclusivamente imputable a una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos o declaraciones jurídicamente relevantes".

El artículo 2 LCGC concreta el "ámbito subjetivo": "la presente Ley será de aplicación a loscontratosque contengan condiciones generalescelebrados entre un profesional-predisponente- y cualquierpersona física o jurídica-adherente" (núm. 1), quien "podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad" (núm. 3).

En realidad, la Ley de condiciones generales de la contratación en primera instancia protege a cualquier ciudadano al margen de que acabe siendo consumidor, si bien éste logra especialidades en el conjunto del ordenamiento, ya sean las referentes a la legitimación colectiva que se contempla, ya respecto a las condiciones generales que a su vez constituyen cláusulas abusivas. El predisponente resulta siempre profesional, concepto importado que significa "toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada"» (artículo 2.2 LCGC).

Una de las características más sobresalientes de las condiciones generales resulta de su imposición por una parte del contrato a la otra. Luego complementan el acuerdo básico entablado por los concertantes. Las condiciones generales puras o simples de la contratación por hipótesis exigida en su propia naturaleza se reducen a incorporar elementos complementarios del negocio de que versan, tienen carácter accesorio, facilitan la rapidez del tráfico, aseguran su eficacia y abaratan en su conjunto los procesos que ligan a las partes.

¿Qué contratos están excluidos de su aplicación?

El artículo 4 LCGC excluye de su ámbito jurídico a "los contratos administrativos, a los contratos de trabajo, a los de constitución de sociedades, a los que regulan relaciones familiares y a los contratos sucesorios.- Tampoco será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen las disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España sea parte, ni las que vengan reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes". Cabe deducir que dichos tipos contractuales no admiten condición general de ninguna especie, por lo que la cautela legal contra sus efectos negativos se hace superflua.

Las condiciones generales sirven al mercado y participan de sus caracteres de anónimo, globalizado y raudo, en el que aseguran la uniformidad en los usuarios y la reducción de costes, con procesos iguales, ciertos y diáfanos. Abaratan el bien o servicio de que versan, facilitan su producción y puesta en circulación, racionalizan la organización de las grandes empresas suministradoras, prevén y evitan gastos añadidos, proporcionan seguridad en los productos y garantías en los procedimientos.

En contrapartida, son proclives al abuso de la posición dominante también en la esfera jurídica, constituyendo un auténtico nido de cláusulas abusivas; y, en fin, incorporan un menosprecio del contratante débil, que se ve abocado a soportar una oferta rígida y cerrada.

En suma, resultan un fenómeno, como tantos otros, ambivalente, bueno y malo a la vez.

¿Qué relación tienen las condiciones generales y las cláusulas abusivas?

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) distingue, por su parte, en sus artículos 80 a91 LGDCU, las condiciones generales o cláusulas no negociadas individualmente. Por un lado, las condiciones generales prosperan como un signo de la técnica contractual basada en la preponderancia económica de uno de los agentes, que las trae consigo. Complementariamente, las cláusulas abusivas quiebran el equilibrio de prestaciones, ya sea mediante un contrato típico de adhesión o gracias a pactos individualizados, pero impuestos por una sola de las partes.

La protección específica de la LGDCU se dirige contra las condiciones generales y en defensa de quien se adhiere, sufriendo el dominio del predisponente. Figura, esta última, profesionalizada (cfr. artículo 2.1 LCGC); es decir, "toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada" (artículo 2.2 LCGC). Respecto a las cláusulas abusivas, su tratamiento se incorpora dentro de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que se ve modificada de manera honda en este punto.

Las condiciones contrarias a la buena fe o al equilibrio de posturas, se combaten a favor de los consumidores, mientras las generales son observadas en beneficio de todos los afectados, incluidos los intermediarios, pues se considera una merma en la negociación que merece indiscriminada cautela.

Luego la diferencia entre condición general y cláusula abusiva es, sobre todo, de contenido.

En cuanto a su aspecto formal, las condiciones generales añaden a las cláusulas abusivas su tipismo y habitualidad, aunque ambas responden al mismo fenómeno de imposición de uno de los contratantes al otro, por falta de negociación individualizada.

¿Cuáles son los elementos configuradores de las condiciones generales?

Las condiciones generales, con arreglo al artículo 1 LCGC, se pueden definir como cláusulas tipo, es decir, son condiciones predispuestas e incorporadas al contrato por una de las partes, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Es decir, resultan definidas con arreglo a tres notas características; a saber, prerredactadas, impuestas y habituales. Tales cláusulas constan de antemano en poder de una de las partes, que se llama por ello predisponente, aunque provenga su autoría material de un tercero extraño a la relación jurídica entablada.

Esto equivale a reconocer que los profesionales de concretas ramas del tráfico económico utilizan con frecuencia fórmulas de contratación comunes y, a menudo, inducidas por colectivos que defienden corporativamente sus posiciones.

La sentencia de Pleno del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012, en el marco de una acción colectiva de cesación de las condiciones generales de contratación, interpretando el art. 1 LCGC, y la doctrina al respecto, fija los siguientes requisitos:

  • a) Contractualidad: se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.
  • b) Predisposición: la cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. En particular en el caso de los contratos de adhesión.
  • c) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes –aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula.
  • d) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse.

Añade que para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de contratación resulta irrelevante:

  • a) La autoríamaterial, la apariencia externa, su extensión y cualesquiera otras circunstancias.
  • b) Que el adherente sea un profesional o un consumidor –la Exposición de Motivos LCGC indica en el preámbulo que "[l]as condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores".

Por otro lado, "No podrá entenderse que ha habidoaceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no hayainformado expresamente al adherente acerca de su existencia, y no le haya facilitado un ejemplar" (artículo 5.1 LCGC, párrafo 2º).

Y así, en el art. 98 de la LGDCU, en sus apartados 4 a 7 se exige que si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución, tal como se refiere en el artículo 97.1 LGDCU, apartados a), b), e), i) y p).

Finalmente, el empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio.

A su vista, "la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho" (artículo 5.5 LCGC), contenido que se repite en el artículo 80 del texto refundido de la LGDCU de 2007, que añade todavía más explicaciones: "con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual". El hecho constituye un nuevo indicio de la uniformidad de régimen jurídico aplicable a las condiciones generales y las cláusulas abusivas.

¿Cuándo las condiciones generales resultan nulas o pasan a integrarse en el contrato?

El artículo 8 LCGC recoge la disciplina de "nulidad" en el sentido siguiente: "serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención".

La primera idea que provoca comentario es el aserto relativo a que sólo sean nulas las condiciones que se opongan a norma imperativa si perjudican al adherente; y ello por varios motivos. El prioritario es que la sanción general descrita en el Código Civil para los actos opuestos al ordenamiento es su nulidad de pleno derecho (véase el artículo 6.3 del Código civil).

El aludido perjuicio pone de relieve un absurdo incomprensible, máxime cuando el origen mismo de las condiciones generales impuestas a uno de los contratantes ya supone para él, sobre todo si las impugna, un rasgo de negatividad que de suyo justifica resistir a su simple aceptación gracias a la postura de fuerza del predisponente. Ergo siempre le dañan, de un modo u otro, por hipótesis, pero lesión que a menudo se compensa con los beneficios que obtiene a cambio.

Según el muy superfluo artículo 8.2 LCGC, en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Como es lógico, las cláusulas abusivas resultan proscritas del ordenamiento mediante la medida ordinaria de ineficacia por razones materiales. Así se declara en su norma específica que no hacía ninguna falta repetir: "Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas." (artículo 83 LGDCU). Tal advertencia se impone de suyo, pero ha de ser completada con las normas de la interpretación contractual, que disponen los artículos 1281 y siguientes del Código Civil.

Este asunto invoca el problema de la integración del contrato que se ve sustraído de diversas condiciones generales declaradas nulas o por no puestas. En pleno paralelo con el régimen previsto en el ya reproducido artículo 83 TR LGDCU para las cláusulas abusivas, el artículo 10.2 LCGC alude a que "la parte del contrato no afectada por la (...) nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo"; y el artículo 6.3 LCGC que, dentro de las "reglas de interpretación", establece que, para "lo no previsto en el mismo, serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los contratos". Por último, el artículo 9.1 LCGC expresa rotundamente que "la declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual".

En todo caso, se trata de verificar si el resto del contrato puede subsistir, sin la cláusula, sin que proceda integrar el contrato reformulando el resto del mismo no afectado por la nulidad.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 (C-618/2010), sostiene que el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CE y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. Es decir, el juez nacional no tiene una facultad, sino una obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Se razona que, si el juez nacional tuviera la facultad de integrar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el art. 7 de la Directiva 93/13/CE; pues contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores.

Esto es, si el contrato se corrige, los profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales. El propio Tribunal Supremo en la mencionada sentencia de 9 de mayo de 2013, considera que la declaración de nulidad exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica.

En conciencia, si el contrato puede subsistir sin la cláusula, simplemente se expulsa a la misma del contrato. Si no lo puede hacer, no se integra con nuevo contendido, y queda el mismo sin efecto.

¿Qué quiere decir el beneficio del adherente y de las cláusulas singulares?

Las reglas especiales que se instauran provienen de aplicar los principios básicos que guían la materia y han sido expuestos con la extensión suficiente. Con arreglo al artículo 6 LCGC: "1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las específicamente previstas para el contrato concreto, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones particulares. 2. Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en el mismo, serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre interpretación de los contratos."

Recuerde que…

  • Las condiciones generales se integrarán en contratos celebrados entre un profesional y cualquier persona física o jurídica, quien podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.
  • Las cláusulas generales de la contratación resultan definidas con arreglo a tres notas características; a saber, prerredactadas, impuestas y habituales.
  • Tanto las condiciones generales como las cláusulas abusivas responden al mismo fenómeno de imposición de uno de los contratantes al otro, por falta de negociación individualizada, aunque se diferencian en su contenido.
  • Sólo sean nulas las condiciones que se opongan a norma imperativa si perjudican al adherente.
  • Declarada por el juez una cláusula como abusiva, si el contrato puede subsistir sin ella, simplemente se expulsa la misma del contrato, y este continuará vigente.
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