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Condena

Condena

Procesal

Con el término condena se identifica la respuesta o solución que da el juez o tribunal al hecho que ha sido objeto de enjuiciamiento en cualquier orden jurisdiccional. No se trata tan solo de identificar la expresión o término "condena" con el orden penal a la hora de que el juez o tribunal penal dicte una sentencia condenando al acusado a un hecho delictivo a una determinada pena, sino que es este un concepto más amplio que abarca la desestimación de las pretensiones o mecanismos de defensa alegados por la parte a quien se efectúa una reclamación, o, en el orden penal, frente a quien el Ministerio Fiscal o la acusación particular ejercita la acción penal.

Coloquialmente suele utilizarse la expresión condena como decisión del juez o tribunal mediante la que ordena a alguien a realizar alguna actuación en las sentencias que llevan consigo una obligación de hacer por quien es condenado en las sentencias civiles, como por ejemplo, pagar una cantidad por una deuda existente, o devolver la posesión en los interdictos o acciones que tienen por finalidad la recuperación de la posesión frente a quien indebidamente nos la ha quitado, o en el orden laboral, la readmisión de un empresario a un trabajador por un despido improcedente, o en el orden contencioso-administrativo mediante la condena, por ejemplo, a la Administración a llevar a cabo alguna actividad. También puede ocurrir que en el orden civil la condena lo sea a un no hacer o abstenerse de llevar a cabo una concreta actuación, como tiene lugar en las acciones tendentes a requerir a una persona para que cese en una determinada actitud, por ejemplo, en las actividades molestas que puede llevar a cabo un vecino en una comunidad de propietarios.

Sin embargo, en el orden penal la condena supone una decisión que lleva consigo una reacción del Estado ante una persona que ha infringido la ley, por lo que la condena lleva consigo no una obligación de hacer, o no hacer, sino el cumplimiento de una sanción penal que en algunos casos de gravedad puede llevar consigo el ingreso en un centro penitenciario, y en otros medidas complementarias de reeducación, como ocurre en los casos en los que se suspende la ejecución de la pena por ser la impuesta inferior a los dos años de prisión (o de cinco años en los casos de delitos cometidos por personas sujetas a procesos de drogadicción que desean someterse a desintoxicación) y se le impone por el juez como medida para no ingresar en prisión un proceso de reeducación por asistencia a programas formativos.

Ahora bien, la condena solo puede imponerse en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales por sentencia y una vez celebrado el correspondiente juicio en el que habrá comparecido la parte frente a quien se ejercita la pretensión de condena y tras la práctica de la prueba propuesta por las partes.

Ello nos abre una vía de trascendental importancia en el mundo del derecho, cual es la ejecutoria en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. Y se entiende por tal la vía que sirve para incoar, es decir, abrir, la fase del proceso que permite que se cumpla la condena. Sin juicio no puede haber sentencia y sin sentencia no hay condena. Por ello, la condena dictada en una sentencia da lugar, como paso subsiguiente a la incoación de la ejecutoria que será la fase del proceso en el que se hará efectiva la condena y se conseguirá que el Estado de derecho pueda plasmar en la práctica el dictado del juez en la sentencia; de ahí que la propia Constitución Española insista en la esencial función del juez de juzgar y, además, hacer ejecutar lo juzgado, misión sin la cual es ineficaz todo el proceso que ha tenido lugar desde su inicio hasta el dictado de la sentencia.

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