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Comparecencia apud acta del investiga...

COMPARECENCIA APUD ACTA DEL INVESTIGADO EN LIBERTAD PROVISIONAL.

Cuando se acuerda la libertad provisional del investigado o encausado, por no concurrir los presupuestos que justifican la prisión provisional (artículo 503 Ley Enjuiciamiento Criminal), puede apreciarse la concurrencia de un cierto riesgo de fuga, que cabe paliarse mediante su presentación periódica ante el órgano judicial que conozca de la causa, medida que, además, garantiza un cierto control de su persona por parte del órgano judicial. Esta obligación aparece regulada en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente la retención de su pasaporte".

Sobre su naturaleza, situación intermedia entre la prisión y la libertad plena se pronunció la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 1989:

"La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión provisional y la completa libertad, que trata de evitar la ausencia del imputado, que queda así a disposición de la autoridad judicial y a las resultas del proceso, obligándose a comparecer periódicamente. Dicha medida está expresamente prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene determinada por la falta de presupuestos necesarios para la prisión provisional, que puede acordarse con o sin fianza (artículo 529), debiendo el inculpado prestar obligación "apud acta" de comparecer en los días que le fueren señalados por la resolución correspondiente y, además, cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal que conozca de la causa (artículo 530). Por ello, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, no puede deducirse, como hace el recurrente, que la libertad provisional sólo pueda adoptarse cuando concurran los requisitos para adoptar la prisión provisional, ya que en el sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicha medida cautelar es intermedia entre la prisión y la libertad, y tiene por ello sus propios presupuestos, que son los previstos en el artículo 529, distintos de los de la prisión provisional".

El órgano judicial establecerá de forma discrecional los días en que el investigado o encausado debe comparecer en su sede. Lo más habitual es que las comparecencias se señalen los días 1 y 15 de cada mes, pero hoy en día existe una tendencia a fijar períodos quincenales distintos para evitar aglomeraciones innecesarias en los Juzgados. Nada impide que se obligue a comparecer con mayor o menor frecuencia, atendiendo a la naturaleza del delito y a las circunstancias personales del afectado, especialmente su arraigo en España, que se constituye en uno de los indicadores principales para apreciar el riesgo de fuga.

Sobre dichos presupuestos se pronuncia el Auto del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 2004:

"La fijación obligatoria de un domicilio y la prohibición de salida del territorio nacional, impuestas en la presente causa a Apostolos por medio de auto de 6 de febrero de 2004, fueron acordadas a raíz de la presentación de la fianza personal para eludir la medida de prisión incondicional impuesta en su día, y responden a la necesidad de asegurar su presencia en el proceso, teniendo en cuenta que no tiene nacionalidad española, ni residencia habitual en nuestro territorio y de que carece de cualquier arraigo en nuestro país. Ambas medidas traen causa de la sustitución de la prisión incondicional por la libertad provisional, medidas cautelares personales que pretenden, como razón última de su injerencia en la esfera de libertad del sujeto, evitar la frustración de las finalidades del proceso y responden a las especiales circunstancias personales del imputado, cobrando especial importancia en este caso las anteriormente indicadas.

La prohibición de salida del territorio y la fijación del domicilio impuestas encuentran se apoyo en el artículo 530 de la LECRIM, precepto que impone a la persona que ha de permanecer en situación de libertad provisional la obligación de presentarse cuantas veces sea llamado ante el Tribunal que conozca de la causa. Por otra parte, uno de los criterios jurisprudenciales, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, utilizados para valorar la existencia de riesgo de fuga es, precisamente, la existencia de un domicilio conocido del imputado que permita percibir, junto con sus restantes circunstancias personales, laborales, económicas, etc., su mayor o menor arraigo en el territorio su posible sustracción a la acción de la Administración de Justicia"

Para llevar a efecto la presentación, existe en los órganos judiciales un libro de firmas al efecto, custodiado por el Letrado de la Administración de Justicia.

Los plazos de la presentación pueden verse alterados si varían las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su adopción. No existe inconveniente, y así es regla habitual en la práctica de los órganos judiciales, que en los casos en que el investigado viva en lugar distinto a aquel en que se tramita la causa, se autorice la presentación ante el Juzgado de Instrucción que corresponda en atención a su domicilio. Dicho órgano judicial deberá remitir periódicamente los partes de presentación a aquel que acordó la medida, para su adecuado control. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 1989, declaró que la comparecencia personal no supone una restricción indebida al derecho a la libre circulación y derecho a fijar domicilio:

"pues, de una parte, como pone de manifiesto la Audiencia Nacional, la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado instructor es mandato expreso del artículo 530 LECr., que exige la comparecencia "apud acta" de todo imputado en situación de libertad provisional. Y de otra parte, como este Tribunal ha dicho en supuestos similares al que nos ocupa (Auto del Tribunal Constitucional 650/1984), la presentación ante el Juzgado, por ser una medida cautelar legalmente prevista, aunque ciertamente significa una restricción del derecho de libre elección de residencia, no constituye una vulneración al mismo aquella resolución judicial que, como ocurre en el presente caso, impone tal obligación dentro de los supuestos legales y en forma razonada en términos de Derecho. Todo ello sin olvidar que en este caso se ha permitido al recurrente efectuar la comparecencia ante el Juzgado de la ciudad por el elegida como lugar de residencia".

Si no cumpliera el investigado o encausado con su obligación de comparecer podrá acordarse la detención o prisión provisional. Una vez hallado procederá la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 Ley Enjuiciamiento Provisional, y si no diera una explicación satisfactoria, mantener su prisión para eludir el riesgo de fuga.

Como medida complementaria establece el artículo 530 Ley Enjuiciamiento Criminal la retirada del pasaporte, medida que afecta a la libre circulación del imputado. Para su efectividad no resulta bastante la ocupación del citado documento, sino que deberá notificarse la adopción de la medida a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado con competencia para el control de fronteras y aeropuertos.

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