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Competencia judicial

Competencia judicial

La competencia puede definirse como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción. Desde el punto de vista estrictamente subjetivo, la competencia es la facultad que asiste a un órgano jurisdiccional para conocer un asunto concreto y determinado con preferencia sobre los demás órganos judiciales.

Proceso civil

¿Qué se entiende por competencia judicial?

Para el entendimiento del concepto de competencia judicial resulta necesario aludir, aunque sea someramente, al término "Jurisdicción", en el cual encuentra causa y sentido aquélla. Es sobradamente conocido que las comunidades humanas, a partir de un determinado momento de su evolución, se organizan políticamente y atribuyen a ciertos órganos la función de resolver los conflictos surgidos entre los integrantes de la comunidad y entre aquéllos y ésta, eliminando así el uso privado de la fuerza. En el Estado Moderno, tal y como hoy lo concebimos en la actualidad, se inviste de jurisdicción a determinados órganos públicos, los Juzgados y Tribunales, a los que se les confiere en régimen de monopolio el ejercicio de la potestad jurisdiccional, entendiendo por tal la función consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978 dispone que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan". En idéntico sentido se pronuncia nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, la cual indica en su artículo 2.1 que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales".

Pero mientras que la jurisdicción, entendida como la potestad jurisdiccional encomendada exclusivamente a Juzgados y Tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es única, en el sentido de que no se carece de ella, y, como regla de principio, todos los órganos jurisdiccionales estarían investidos de tan digna función, su ejercicio en el caso concreto por parte de los órganos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas de procedimiento, nos pone en conexión con la idea más próxima, cercana y tangible de competencia judicial. La competencia judicial equivale a la medida de jurisdicción que tiene un Juzgado o Tribunal para conocer un asunto o conjunto de asuntos con preferencia a otro u otros.

La competencia puede definirse como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción. Desde el punto de vista estrictamente subjetivo, la competencia es la facultad que asiste a un órgano jurisdiccional para conocer un asunto concreto y determinado con preferencia sobre los demás órganos judiciales. Desde el punto de vista objetivo, la competencia de un órgano judicial comprende el conjunto de asuntos que le son atribuidos por la ley con preferencia sobre los otros Juzgados y Tribunales.

El fundamento de la competencia hay que buscarlo, en primer lugar, en la diferente naturaleza o materia que late bajo los conflictos que surgen entre los particulares entre sí, y entre éstos y los distintos órganos que configuran la Administración de un Estado.

La existencia de conflictos intersubjetivos en el ámbito civil y laboral, y la necesidad de administrar con rectitud las leyes penales que rigen en un determinado territorio, así como el encauzamiento de las reclamaciones que se dirijan frente a la Administración, determinan que no pueda existir un solo órgano judicial sino una pluralidad de órganos integrados en diferentes órdenes jurisdiccionales. Por otra parte, es necesario instaurar una ordenación jerárquica de esos Juzgados y Tribunales para asegurar la revisión más ajustada posible de las decisiones de los órganos inferiores por los colegiados superiores. Por lo tanto, la competencia judicial viene justificada por razones de división del trabajo, de especialización y del aseguramiento de una organización jerarquizada.

Vis atractiva

Literalmente significa fuerza atractiva. Se entiende por tal que una jurisdicción (generalmente la del orden civil) o un órgano administrativo extiende su competencia no solamente sobre la cuestión principal sino sobre las conexas o accesorias relacionadas con la primera, y ello siempre y cuando así se prevea expresamente. Está justificada por razón de los principios de eficacia y de economía.

¿Dónde se regula?

La atribución de la competencia a una determinada clase de órgano jurisdiccional en detrimento de otro, también investido de jurisdicción, solamente puede llevarse a cabo por una norma previamente establecida. En este sentido, el artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978, transcrito en el epígrafe 1 dispone que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan". De igual modo, el artículo 9.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley".

Más claramente, en el proceso civil, resulta muy ilustrativo y paradigmático el artículo 44 de la Ley de Enjuiciamiento de 7 de enero de 2000, el cual dispone que "para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate".

¿Qué son las órdenes jurisdiccionales?

Cabe referenciar las materias que conocen los distintos tipos de Juzgados y Tribunales, instituidos en los cuatro órdenes jurisdiccionales conocidos (civil, penal, contencioso-administrativo y laboral o social).

"Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de los juicios de testamentaria y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la autoridad judicial civil competente" (artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

"Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar" (artículo 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

"Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas" (artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

"Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral" (artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

¿Qué particularidades tiene el orden jurisdiccional civil?

La competencia objetiva es la atribución del conocimiento de un determinado tipo de asunto a una clase de órgano judicial (por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Paz) en detrimento de otra clase de órgano judicial perteneciente al mismo orden jurisdiccional. La genérica atribución de un conjunto de asuntos a un órgano integrante de la planta judicial se establece por la ley, en función de criterios cuantitativos (el valor o cuantía de la pretensión) o cualitativos (la naturaleza de la materia). La competencia objetiva en el orden civil viene establecida en los artículos 53 a103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro del Título dedicado a la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales, así como en los artículos 45 a 49 de la Ley de Enjuiciamiento de 2000.

La competencia territorial es la que atribuye el conocimiento de un determinado asunto a un órgano judicial determinado con preferencia a los de su misma clase (por ejemplo, a los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla entre todos los Juzgados de Primera Instancia existentes en toda España). La atribución de competencia al Juzgado de un determinado territorio en detrimento de otro se produce aquí por razones de vinculación, conexidad o proximidad de la materia litigiosa o del domicilio del promovente con el territorio en el que ese Juzgado o Tribunal ejerce su jurisdicción. La competencia territorial en el orden civil viene establecida en los artículos 50 a 60 de la Ley de Enjuiciamiento de 2000.

Por último, la competencia funcional es la que determina el Juzgado o Tribunal al que corresponde conocer de cada acto, etapa o fase del proceso. Este criterio permite saber qué Juzgado o Tribunal es competente para conocer cada una de las etapas o fases del proceso, las incidencias que se suscitaran así como llevar a efecto las providencias y autos que dictare, con especial referencia a la ejecución de la sentencia o convenio o transacción que aprobara. La competencia funcional en el orden civil viene establecida en los artículos 61 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De la lectura de la Ley de Enjuiciamiento de 2000 se desprende que el legislador no ha conferido idéntico tratamiento a los distintos tipos de competencia (objetiva, territorial y funcional). Y así, mientras la falta de competencia objetiva puede apreciarse de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del asunto, incluso en la segunda instancia o con ocasión de la tramitación de un recurso extraordinario (artículo 48 LEC), previéndose igualmente la apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos (artículo 62 LEC), para la competencia territorial, sin embargo, la ley distingue entre determinados asuntos en los que el fuero es imperativo e inderogable, viniendo permitida su apreciación de oficio (artículos 58 y 54 en relación con el artículo 52.1.1.º y 4.º a 15.º y 52.2 LEC), y el resto de asuntos, en los que las normas sobre competencia territorial tienen carácter dispositivo (artículo 54 LEC), estando permitida en tales casos la sumisión expresa o tácita (artículos 55 a57 LEC).

Recuerde que...

  • La competencia puede definirse como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción. Desde el punto de vista estrictamente subjetivo, la competencia es la facultad que asiste a un órgano jurisdiccional para conocer un asunto concreto y determinado con preferencia sobre los demás órganos judiciales.
  • El fundamento de la competencia hay que buscarlo, en primer lugar, en la diferente naturaleza o materia que late bajo los conflictos que surgen entre los particulares entre sí, y entre éstos y los distintos órganos que configuran la Administración de un Estado.
  • La competencia territorial es la que atribuye el conocimiento de un determinado asunto a un órgano judicial determinado con preferencia a los de su misma clase.
  • La competencia objetiva es la atribución del conocimiento de un determinado tipo de asunto a una clase de órgano judicial en detrimento de otra clase de órgano judicial perteneciente al mismo orden jurisdiccional.
  • Por último, la competencia funcional es la que determina el Juzgado o Tribunal al que corresponde conocer de cada acto, etapa o fase del proceso.
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