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Artículos de previo pronunciamiento

Artículos de previo pronunciamiento

Proceso penal

I. CONCEPTO

Los artículos de previo pronunciamiento tienen por objeto, que con anterioridad a dictar Sentencia, se resuelvan determinadas cuestiones de naturaleza procesal y material que podrían determinar la imposibilidad de conocer sobre el fondo del asunto.

El concepto aparece perfilado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 2002:

"Con el nombre de artículos de previo pronunciamiento se engloban una serie de instituciones heterogéneas entre sí, unas de naturaleza procesal -la primera y quinta del artículo 666 -, el resto de naturaleza material o sustantiva, que tienen como nexo común su naturaleza de presupuestos procesales que pueden impedir el normal avance de la causa, pudiendo tener, en consonancia con su diversa naturaleza, unos efectos de muy distinto alcance que van desde la absolución en la instancia y remisión al Tribunal competente -declinatoria de jurisdicción-, al dictado de una decisión sobre el fondo equivalente a una sentencia absolutoria -supuestos de cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto-, o bien la suspensión temporal del procedimiento -supuesto de falta de previa autorización-En todo caso, constituyen formas excepcionales de finalizar el proceso, en contraposición con el dictado de la sentencia subsiguiente al Plenario que sería su finalización normal"

II. MATERIAS QUE COMPRENDEN

Aparecen recogidas en el artículo 666 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algunas tienen carácter meramente procesal (declinatoria de jurisdicción y falta de autorización administrativa para proceder), mientras que otras tienen carácter sustantivo (cosa juzgada, amnistía o indulto). La naturaleza jurídica de la prescripción es muy discutida al compartir rasgos procesales y de derecho material. La Jurisprudencia más reciente tiende a resaltar este segundo aspecto.

A continuación analizaremos las cuestiones que pueden abordarse como artículos de procedimiento, remitiendo par su tratamiento más detallado a los correspondientes apartados de esta obra:

1. La de declinatoria de jurisdicción

Dentro de este apartado pueden analizarse cuestiones muy diversas:

1.1) Falta de jurisdicción

La doctrina cita dos supuestos (Gimeno Sendra). El primero la falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles para el enjuiciamiento del delito. Para determinar los supuestos correspondientes, se deberá atender a lo dispuestos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El segundo la posibilidad de un conflicto de jurisdicción, bien con la Administración, o con los órganos jurisdiccionales integrados en la justicia militar (regulados en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente considera que esta no es la vía adecuada para resolver conflictos de jurisdicción internacional. Así se pronuncia de forma terminante la Sentencia de 18 de julio de 2007:

"Efectivamente, cuando el artículo 666 de la Ley procesal contempla los diferentes supuestos susceptibles de ser planteados, como artículos de pronunciamiento previo al enjuiciamiento en los trámites propios del Sumario Ordinario, y, concretamente, al incluir entre ellos la denominada "declinatoria de jurisdicción" (apartado 1º), no está, en modo alguno, refiriéndose a una hipótesis del que podría denominarse como "conflicto de Jurisdicción internacional", sino a las eventuales contiendas de Derecho interno, tales como las que pudieran generarse entre los diferentes órdenes jurisdiccionales o entre los órganos jurisdiccionales y la Administración, respecto de los que el ordenamiento prevé también Salas especiales...".

1.2) Cuestiones de competencia territorial que puedan surgir entre órganos judiciales del mismo grado

No cabe que un órgano subordinado cuestione la competencia de órgano superior (artículo 52 Ley Orgánica del Poder Judicial)

1.3) Incompetencia objetiva por razón de la persona

En este capítulo se comprenden los ciudadanos aforados (artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

1.4) Incompetencia objetiva por razón de la materia

Se trata de aquellos supuestos en que el órgano correspondiente no tiene competencia para el enjuiciamiento de los hechos. Por ejemplo un Juzgado de lo Penal para enjuiciar unos hechos delictivos castigados con una pena en abstracto superior a los cinco años de prisión (artículo 14.3 Ley Enjuiciamiento Criminal)

2. La de cosa juzgada

Como reitera la Jurisprudencia (Sentencias de 22 de septiembre de 2006 ó 28 de junio de 2007) la denominada excepción de cosa juzgada, es una consecuencia inherente al principio "non bis in idem", que debe estimarse implícitamente incluido en el artículo 25 de la Constitución, al estar íntimamente ligado a los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones, principio que se configura como un derecho fundamental del sancionado, y que impide castigar doblemente por un mismo delito.

Para su apreciación debe constarse:

  • - Identidad sustancial de los hechos motivadores de la sentencia firme y del segundo proceso.
  • - Identidad de sujetos pasivos, de personas sentenciadas y acusadas; y
  • - Resolución firme y definitiva en que haya recaído un pronunciamiento condenatorio o excluyente de la condena.

Su estimación determina el sobreseimiento libre de las actuaciones.

3. La de prescripción del delito

Reitera la Jurisprudencia que la prescripción significa la expresa renuncia, por parte del Estado, del derecho a juzgar, en razón de que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción. Transcurrido un plazo razonable, fijado por la norma, desde la comisión del delito, la pena ya no es precisa para la pervivencia del orden jurídico, al no cumplir sus finalidades de prevención social (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1992, 4 de junio de 1993, 1 de diciembre de 1999, 30 de junio de 2000, 14 de abril de 2002, 6 de mayo de 2004 y 21 de junio de 2006, entre otras muchas).

La Jurisprudencia hace hincapié en su naturaleza mixta como institución de derecho adjetivo y material, pues, de una parte, y para poderse concretar como existente, es necesario acudir a las normas procesales que determinan la realidad del trámite y los correspondientes plazos del mismo, y, de otra, y también es necesario entender que la prescripción contiene un carácter sustantivo o de fondo, ya que nada menos y a su través, puede llegarse a conclusión o resolución tan importante como es la extinción de la responsabilidad penal con todas las demás consecuencias favorables para el presunto reo.

Por todo ello, considera el Tribunal Supremo que podrá invocarse al margen del trámite propio de los artículos de previo pronunciamiento, e incluso después de dictarse Sentencia, al formular el correspondiente recurso (Sentencias de 1 de diciembre de 1999, 30 de junio de 2000 ó 13 de junio de 2007).

En este ámbito, manifiesta la Sentencia de 8 de junio de 2007:

"Es excepcional, por tanto, esa resolución sobre la prescripción del delito en la forma anticipada que se adoptó en el caso presente. Y tal posibilidad excepcional solo cabe cuando el tema a resolver se presenta con la necesaria claridad, de modo que, si hay dudas fácticas al respecto, no es posible esa decisión que habrá de someterse entonces a la tramitación propia de los artículos de previo pronunciamiento, según acabamos de decir, o, en todo caso, como una cuestión más a debatir dentro del trámite del juicio oral y a resolver en sentencia".

4. La de amnistía o indulto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.i de la Constitución, la única manifestación vigente del derecho de gracia es el indulto, regulado todavía por la Ley de 18 de junio de 1870.

Para que el indulto pueda operar es necesario que ya haya recaído Sentencia condenatoria firme (artículo 2 de la Ley de 18 de junio de 1870)

5. La falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a leyes especiales.

La única representación vigente de esta prerrogativa es el preceptivo suplicatorio para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores, cuando se les imputan delitos cometidos durante su mandato y en el ejercicio de sus funciones. Se recoge en el artículo 71.2º de la Constitución y el trámite se desarrolla en los Reglamentos del Congreso y del Senado.

Si se apreciara su concurrencia por el Tribunal, mandará subsanar inmediatamente este defecto, quedando entretanto en suspenso la causa, que se continuará según su estado, una vez concedida la autorización. Si la Cámara denegara el suplicatorio, será nulo todo lo actuado y se sobreseerá libremente la causa (artículo 677 Ley Enjuiciamiento Criminal).

6. La posibilidad de alegar la nulidad de actuaciones por vicio en el procedimiento generadores de indefensión por este cauce.

La nulidad de actuaciones por esta causa ha sido admitida por el Tribunal Supremo como cuestión de previo pronunciamiento, a pesar de no aparecer recogida en el artículo 666 Ley Enjuiciamiento Criminal (Sentencias de 31 de mayo de 1982 ó 7 de diciembre de 1984). Esta posibilidad resulta innecesaria una vez contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial el incidente de nulidad de actuaciones (artículos 238 a 243 LOPJ)

III. TRAMITACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO

El trámite no es uniforme para los distintos procedimientos penales.

1. Juicio sumario

Podrán proponerse en el término de tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos. (667 Ley Enjuiciamiento Criminal).

La parte que lo plantee acompañará al escrito correspondiente los documentos justificativos de los hechos en que lo funde, y si no los tuviere a su disposición, designará clara y determinadamente el archivo u oficina donde se encuentren, pidiendo que el Tribunal los reclame a quien corresponda, originales o por compulsa, según proceda. Deberá aportar copia para su entrega al resto de las representaciones (artículo 668 Ley Enjuiciamiento Criminal), que contestarán en el término de tres días, acompañando también los documentos en que funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en que se hallen, pidiendo en este caso que el Tribunal los reclame en los términos expresados en el artículo precedente (artículo 669 Ley Enjuiciamiento).

Transcurrido el término de los tres días, el Tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo (artículo 670 LECrim).

En el caso de que el Tribunal accediera a la presentación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el término necesario, que no podrá exceder de ocho días. El Tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los Jefes o encargados de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, determinando si han de remitir los originales o por compulsa. No se admitirá en este incidente la prueba testifical (artículos 671 y 672 LECrim)

Transcurrido el término de prueba, el Tribunal señalará inmediatamente día para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las partes si éstas lo pidiesen, resolviendo por auto al día siguiente (artículos 673 y 674 LECrim)

Si una de las cuestiones planteadas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el Tribunal la resolverá antes que las demás. Si la estimara, mandará remitir los autos al Tribunal o Juez que considere competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás (artículo 674 LECrim)

Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números 2º, 3º y 4º del artículo 666 LECrim (cosa juzgada, prescripción o indulto), se sobreseerá libremente, mandando que se ponga en libertad al procesado o procesados que no estén presos por otra causa (artículo 675 LECrim).

Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2ª, 3ª y 4ª del artículo 666 LECrim, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia.

La regulación de los recursos es consecuencia de la reforma del artículo 676 LECrim operada por la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 5/95 de 22 de mayo, del Tribunal Del Jurado.

Esta reforma planteó un problema importante. El único recurso que cabe para cuestionar el contenido de las resoluciones dictadas por una Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo es el de casación. El recurso de apelación es el pertinente ante el Tribunal Superior de Justicia pero sólo en el procedimiento de jurado. Por tanto, resultaba necesario concretar si se mantenía el recurso de casación contra las resoluciones prevista en el artículo 676 LECrim, cuando el trámite no era el jurado sino el sumario ordinario.

Esta cuestión fue sometida al Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su reunión de 8 de mayo de 1998, que aprobó el siguiente texto:

"El actual artículo 676 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su modificación por Ley orgánica 5/95, de 22 de mayo, debe interpretarse en el sentido de que la apelación que en él se contempla es únicamente admisible en el ámbito competencial que la LO 5/95 atribuye al Jurado, y su decisión en este limitado campo corresponde al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Fuera de ese ámbito procesal el recurso que corresponde es el de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de lo dispuesto en el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal."

Lo resuelto en el citado acuerdo ha sido desarrollado en una ya abundante Jurisprudencia, de la que son ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1998, 22 de enero de 2004 ó 13 de junio de 2007.

Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria (artículo 678 LECrim).

Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, se comunicará nuevamente la causa por término de tres días a la parte que la hubiere negado para que presente escrito de calificación en el término de cinco días (artículo 679 LECrim)

2. Procedimiento de Jurado

En el procedimiento de Tribunal de Jurado el artículo 36 de la Ley Orgánica 5/95, que lo regula permite, que al tiempo de personarse, las partes planteen la concurrencia de las excepciones previstas en el artículo 666 Ley Enjuiciamiento Criminal, o cualquier alegación sobre la competencia o inadecuación del procedimiento.

Se amplía el marco de las alegaciones de esta naturaleza que pueden efectuarse incluyendo:

  • - Vulneración de algún derecho fundamental.

    En este apartado se incluiría la nulidad de actuaciones, que como anteriormente se ha señalado, ha sido admitida por el Tribunal Supremo entre las cuestiones de previo y especial pronunciamiento.

  • - Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.
  • - Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.

Si se plantea alguno de estos incidentes se le dará la tramitación establecida en el sumario.

3. Procedimiento abreviado

El artículo 786.2 Ley Enjuiciamiento Criminal establece que el juicio oral comenzará con la lectura por el Secretario de los escritos de acusación y defensa. Seguidamente, siempre que lo solicite alguna de las partes, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión del juicio oral, nulidad de actuaciones, ente otras cuestiones.

El Juez, tras oír al resto de las partes, resolverá en ese momento. Frente a la resolución adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia.

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