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Atestado

Atestado

Proceso penal

I. CONCEPTO

Es el conjunto escrito de las actuaciones preprocesales que los funcionarios de Policía judicial desarrollan, incluida la denuncia, para comprobar y averiguar la veracidad de lo manifestado en la misma.

Por ello, se puede decir que el atestado añade a la denuncia, el conjunto de las actuaciones (que cuando se documentan se denominan diligencias) que en comprobación de lo denunciado hacen, motu propio, los cuerpos policiales para verificarlo o descartarlo.

Entre tales diligencias, además de las subjetivas consistentes en declaraciones de los afectados, víctimas, testigos e imputado, incluso detenido, caben otras de carácter más objetivo como la entrada y registro en lugar cerrado, la aprehensión de objetos, efectos o instrumentos del delito y cualesquiera tendentes a asegurar y fijar los elementos que se erijan en fuente de prueba, y que después se van a complementar, una vez incoado el proceso penal, en vía judicial, con el resto de diligencias que el Juez instructor admita para igual fin de averiguar los hechos penales y sus presuntos autores.

Igualmente entre las actuaciones del atestado, últimamente la legislación en los procedimientos por delitos leves y en los de enjuiciamiento rápido, está incorporando actuaciones como el ofrecimiento de acciones, la información de derechos a las partes, o, singularmente las citaciones, que eran más bien propias de realización judicial, y que son de estricto carácter procesal (ahora no jurisdiccional).

La actuación policial no debe en cualquier caso, para posibilitar la garantía judicial, alargarse mucho más allá de las actuaciones a prevención, es decir, aquellas que tienen como fin asegurar lo que en caso contrario se perdería, y determinar las fuentes de prueba (singularmente la identificación y filiación, no sólo de los intervinientes, sino también de los que puedan dar razón de los hechos).

Se contraerá, conforme a lo señalado en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que la policía judicial debe practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar a los Tribunales.

En cualquier caso la actuación policial no debe alargarse ni solaparse con la judicial, ni menos llevarse al margen de su conocimiento, y para que la misma sea rápida y aboque urgentemente en la incoación de proceso penal y por lo tanto en la auténtica instrucción, que es la judicial, el artículo 284 Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que inmediatamente los funcionarios de Policía judicial tengan conocimiento de un delito público, o sean requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la Autoridad judicial -mediante el traslado del atestado normalmente, sus piezas y detenidos, y a veces aunque pendan diligencias de menor grado de necesidad de aseguramiento- o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención, ya que en ese caso, lo harán tan pronto las hubieran terminado, indicando complementariamente el artículo 286 Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Juez puede pedir en cualquier momento su entrega a la policía y el artículo 295 Ley de Enjuiciamiento Criminal que salvo fuerza mayor, no deberán pasar más de 24 horas sin comunicación al Juez o Fiscal de las actuaciones que hayan practicado.

No obstante, cuando no existiera autor conocido del delito, el atestado será conservado por la Policía judicial quien no lo remitirá a la autoridad judicial, sin perjuicio de que dicho atestado estará a disposición tanto del Ministerio Fiscal como del Juez por si éstos los reclamaran. La no remisión del atestado deberá ser comunicada a la víctima del delito cuando, transcurridas setenta y dos horas, el autor no hubiera podido ser identificado. En cualquier caso, el atestado será remitido a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, aún cuando no fuera conocido el autor del delito, cuando:

  • a) Se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción.
  • b) Se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado.
  • c) El Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.

II. CONTENIDO

Por lo tanto, el atestado puede contener:

  • - Denuncias, que generalmente son las que los inician.
  • - Objetos de prueba: con la determinación de posibles fuentes de prueba, que luego ser desarrolladas en el proceso penal.
  • - Pruebas anticipadas objetivas si son irrepetibles, ya que si no, las que se actúen se configuran como meros indicios a comprobar y constatar en la instrucción o en el mismo juicio oral.
  • - Aprehensiones de objetos, instrumentos, documentos y efectos delictivos.
  • - Medidas cautelares como la detención de sospechosos, o sujeciones de bienes para responder de responsabilidades civiles o comisos, al igual que en los casos anteriores, para ser puestos a disposición judicial.
  • - Diligencias de constancia que reflejan actos que sin ser propios de la investigación, adjetivamente la cumplimentan, narrando incidencias importantes acaecidas durante la misma (cambios de instructor, asistencia médica al detenido, reflejo de llamada al Letrado de oficio, etc.).
  • - Diligencias de informe, en las que se constatan extremos necesarios para ayudar a la llevanza judicial de la causa, como son los antecedentes policiales del investigado, la situación administrativa sobre la regularidad o no de su estancia en el territorio nacional, caso de ser extranjero, los antecedentes por violencia de género, etc.

Ni que decir tiene que la buena redacción del atestado delimita el curso del procedimiento penal. Hay que destacar la importancia del atestado y su correcta posición por parte del instructor policial de las diligencias en cuanto a la forma en la que ocurrieron los hechos.

Con ello se fija la imputación; es decir, se permite dirigir la acción penal por parte del Ministerio Público, y generalmente de la acusación particular, contra una persona.

Importante: Un atestado deficientemente redactado complica más tarde la actuación de la fiscalía, las partes y del propio juez.

Descripción de hechos: Es preciso que en el momento de los hechos los agentes describan de la manera más minuciosa posible lo que presencian intentando trasladar a quien más tarde va a examinarlo la mayor información posible sobre lo ocurrido.

Nótese que aunque más tarde puedan ser citados a declarar los agentes a fin de ratificarse en el informe la presentación del atestado en el juzgado ya delimita de forma directa lo que ha ocurrido y contra quien o quienes se puede ejercitar la acción penal. Además, en los accidentes de tráfico dependiendo de la gravedad de los hechos se debe apreciar que no se incoará proceso penal alguno, habida cuenta la despenalización de las conductas previstas en el art. 621 CP y se tratará de una mera falta de imprudencia, o bien puede ser un hecho más grave delimitador de incoar unas diligencias por un posible delito contra la seguridad vial.

En cuanto a los requisitos del atestado de carácter extraordinario:

  • - Es preciso siempre estar a lo dispuesto en la Instrucción nº 7/1997, de 12 de Mayo sobre elaboración de atestados.
  • - Es preciso no indicar expresiones tales como: actitud sospechosa, informaciones recibidas.
  • - Es preciso ajustarse a lo que se ve o percibe, pero nunca hacer conjeturas o suposiciones.

En los accidentes de tráfico, ello a salvo del informe de conclusiones de cómo ocurrió el siniestro. Este informe es importante en orden a hacer llegar al juez la visión de los agentes acerca de la derivación de la responsabilidad al conductor del vehículo sobre el que los agentes depositan la culpa del siniestro, pero sin entrar en demasiadas valoraciones jurídicas, aunque sí haciendo mención a los preceptos de la normativa administrativa de circulación que se entienden infringidos y quien ha sido el autor de la infracción. Aunque desde el 1 de Julio de 2015 desaparecen las faltas de tráfico, esos atestados seguirán realizándose por si fueran precisos para aportarlos al procedimiento civil o recabados por la autoridad judicial a instancia de las partes.

Si se practica detención es preciso recoger los "motivos racionales bastantes" que de acuerdo con el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento criminal justifican la detención.

IMPORTANTE: no hay que hacer valoraciones o calificaciones jurídicas.

Esto último es de suma importancia, ya que el agente no debe llevar a cabo una labor tipificadora de los hechos, cuya misión queda al juez o al fiscal, sino que debe dar su opinión acerca de las circunstancias de carácter culpabilístico tan solo; es decir, que a raíz de la inspección ocular los agentes deben plasmar en el atestado lo que han presenciado, toman declaración a las partes implicadas y testigos que han podido presenciar los hechos y a continuación elaboran el informe de conclusiones sobre su parecer acerca de quién pudo infringir la normativa, pudiendo hacer mención a la normativa administrativa de seguridad vial en torno a los preceptos de la misma que han podido ser infringidos y por quien, pero no hacer mención a tipos penales en ningún caso, ya que esta labor queda para el fiscal y el juez.

Se aconseja e los agentes policiales que redactan el atestado una cuestión IMPORTANTE: Repasar el caso antes de acudir al juicio a declarar como testigo.

El agente Policial no puede acudir al juicio oral sin haberse leído el atestado que redactó. No puede estar solicitando que se le lea o recuerde lo que escribió, ya que esta actitud ralentiza el juicio y da mala imagen para el cuerpo policial al demostrar que no se ha preparado la intervención en juicio.

Además, una actitud dirigida a no recordar en el juicio datos importantes de los hechos a quién beneficia es al acusado ya que el juez solo puede dictar sentencia en base a la prueba del juicio oral y el atestado solo sirve como una mera denuncia.

Es fundamental, pues, que el agente que es citado a un juicio conozca con detalle las particularidades del caso y debe haber examinado el atestado que redactó en su momento antes de ser interrogado, pero sin exigir en el plenario que se le exhiba, ya que debió haber comprobado antes por la copia de que debe disponer en sus dependencias las circunstancias del caso.

III. REGULACIÓN LEGAL

Respecto de la forma de su realización señala el artículo 292 Ley de Enjuiciamiento Criminal que los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito.

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos.

El atestado (artículo 293 Ley de Enjuiciamiento Criminal) será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas.

Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón.

A veces la necesidad de la urgencia y la rapidez de la intervención lleva a la policía a redactar mini atestados que se conocen con el nombre de minutas y que igualmente tienen cobertura legal, en el artículo 294 Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando establece que si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria.

El tiempo para su confección se regula en el artículo 295 Ley de Enjuiciamiento Criminal que indica que en ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de Policía judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la Autoridad judicial o el Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieren practicado, a excepción de aquellas diligencias que, conformen a la previsión del artículo 284.2 Lecrim., deben quedar conservadas por la propia policía al no haber autor conocido.

Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 1.000 pesetas- véase el anacronismo que por la ley de instauración del euro debe traducirse a ellos por la paridad de las 168 Pts, euro-, anacronismo aún más llamativo si se tiene en cuenta que este mismo precepto ha sido reformado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre-, si la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes.

Los que, sin exceder el tiempo de las veinticuatro horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas, y, además, esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy graves las restantes.

Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal (artículo 296 Ley de Enjuiciamiento Criminal), comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado. Es lo que corrientemente se llaman diligencias ampliatorias del atestado. Si lo amplían, pero por incidencias conocidas por la propia Policía, sin intervención judicial, las diligencias que las reflejan se conocen como referentes.

IV. ESPECIALIDADES PROCESALES

En los procedimientos especiales por delito, las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado, y singularmente, las Urgentes para su enjuiciamiento rápido, se da tanto valor al atestado que, prácticamente con escasas actuaciones judiciales, entre la que es imprescindible la declaración judicial del imputado, si están confeccionados de manera completa, la causa puede pasar a la fase intermedia en busca de calificación.

Esa es la razón por la que el artículo 772 Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las funciones que por esta Ley se les encomiendan y extenderán el atestado de acuerdo con las normas generales de esta Ley y lo entregará al Juzgado competente, poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiere, y remitiendo copia al Ministerio Fiscal.

Igualmente los artículos 769y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relacionan las concretas singularidades en las actuaciones policiales en ese tipo de procesos, y el artículo 771 Ley de Enjuiciamiento Criminal le encomienda, adelantando a la fase preprocesal, auténticas diligencias de carácter procesal, para acelerar. En idéntico sentido, pero con mayor vocación de desarrollarlo por completo, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, en su artículo 796 Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende la exhaustividad con el atestado, de modo que con la práctica judicial de las imprescindibles diligencias judiciales del artículo 797 Ley de Enjuiciamiento Criminal se pueda pasar a la fase de calificación, y sobre todo e incluso, al enjuiciamiento por conformidad en la consideración de que el Juez Instructor no ha sido "imparcial" porque la conformidad se ha propiciado por lo completo del atestado y la labor negociadora del Ministerio Fiscal.

Tras la despenalización de las faltas por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, se ha sustituido el procedimiento de juicio de faltas por el procedimiento por delitos leves en la Lecrim y en este caso se ha procedido a la reforma de los arts. 962 y ss LECrim y en concreto el art. 962 LECrim señala que:

«1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 109 bis, 110y 967 LECRIM., así como aquellos otros que le correspondieren conforme a la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.

Cuando las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado envíen el atestado al juez de instrucción se procederá conforme al art. 963 LECrim que apunta que: «1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones: 1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias: a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.

V. EL VALOR PROCESAL DEL ATESTADO

Las diligencias contenidas en el atestado, tienen el valor procesal de la mera denuncia, por lo que en principio deben asimismo ser objeto de prueba, es decir, deben ser introducidas para su debate contradictorio en juicio oral por las partes, a través de su ratificación y el interrogatorio de quienes lo han conformado, pues sólo contienen indicios que sin verificación no pueden tenerse por probados en el juicio oral.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1985 ya decía que el atestado policial tiene valor de denuncia y no de prueba, y para que se convierta en auténtico elemento probatorio en el proceso no basta con que se dé por reproducido en el juicio oral, sino que es preciso que sea reiterado y ratificado ante el Órgano judicial, donde se dará la posibilidad de ser contradicho.

En ese sentido, el propio texto del artículo 297 LECrim establece que los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio -siempre que en tal calidad sean reproducidas en el juicio oral para propiciar la contradicción-.

En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1987, interpretando este precepto dispone que los atestados formados por la Policía judicial y las manifestaciones que los miembros de ella hicieren serán considerados como denuncias a efectos legales, y en lo que se refiere a las manifestaciones tiene su complemento en el artículo 717 Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que en lo que respecta a su contenido resulta anticuado y anacrónico, dado que dentro de dichos atestados se encuentran diligencias que por su naturaleza objetiva no es posible desdeñar.

Se trata de aquellas actuaciones que relacionan elementos del atestado que suponen actuaciones objetivas exteriorizables (aprehensión de cuerpos y objetos, piezas de convicción) o la realización de pericias irrepetibles (test de alcoholemia o de análisis de sangre, partes de sanidad), que son en sí mismo medio de prueba material.

Resumiendo, el valor probatorio del atestado policial se resume en las siguientes consideraciones:

  • 1) Solo puede concederse al atestado valor de autentico elemento probatorio si es reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los agentes de Policía firmantes del mismo (Sentencias del Tribunal Constitucional 100/1985, 101/1985, 173/1985, 49/1986, 145/1987, 5/1989, 182/1989, 24/1991, 138/1992, 301/1993, 51/1995 y 157/1995). Ello es así porque únicamente pueden considerarse autenticas pruebas las practicadas en el acto del juicio oral, con posibilidad de debate contradictorio y en presencia del Juzgador para conseguir así, en su caso, la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados, mediante el contacto directo con los elementos utilizados.

    El atestado policial, así como los datos de investigación policiales que constan en el mismo, tienen en principio, únicamente, valor de denuncia, lo que deriva del artículo 297 Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instrucción previa, se llame Diligencias Previas o de cualquier otro modo, tiene una naturaleza análoga, si no idéntica a la del Sumario, y, como éste, su finalidad consiste en la averiguación del delito y la identificación del delincuente, siendo su función procesal la preparación del juicio oral (artículo 299 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Ahora bien, lo dicho no significa que las diligencias sumariales (en sentido amplio) e incluso las policiales, carezcan de eficacia probatoria. No cabe negarles tal cualidad para desvirtuar la presunción de inocencia si fueron obtenidas con las garantías que la Ley y la Constitución Española exigen y son reproducidas en el acto de la vista con posibilidad de contradicción por el acusado. En consecuencia, vulnera el derecho a la presunción de inocencia la sentencia condenatoria que se dicte sobre la única base del atestado policial no ratificado (Sentencia del Tribunal Constitucional 303/1993).

  • 2) No obstante lo anterior, el atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser planos, croquis, huellas, fotografías que, sin estar dentro del perímetro de las pruebas preconstituidas o anticipadas, pueden ser utilizadas como elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes (Sentencia del Tribunal Constitucional 132/1992, 157/1995) por cuanto ninguna de las enumeradas son practicables directamente en el juicio oral por ser imposible su reproducción en idénticas circunstancias.

    Por lo mismo, las pericias técnicas que se adjuntan al atestado no pierden por ello su propio carácter y constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez probatoria si son incorporadas debidamente al proceso.

  • 3) Por último, en cuanto al carácter de prueba documental del atestado policial cabe precisar que el atestado, con independencia de su consideración material de documento, no tiene, como regla general, el carácter de prueba documental, pues incluso en los supuestos en los que los agentes policiales que intervinieron en el atestado presten declaración en el juicio oral, las declaraciones tienen la consideración de prueba testifical (Sentencia del Tribunal Constitucional 217/1989, Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1996, 2 de diciembre de 1998, 10 de octubre de 2005 y 27 de septiembre de 2006).

    Solo en los casos antes citados -planos, croquis, fotografías, etc., el atestado policial puede tener la consideración de prueba documental, siempre y cuando, como hemos subrayado, se incorpore al proceso respetando en la medida de lo posible los principios de inmediatez oralidad y contradicción (Sentencia del Tribunal Constitucional 175/1997 de 14 de octubre).

  • 4) Tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los artículos 714y 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el periodo procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase "preprocesal" que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía.

    Por eso el Tribunal Constitucional en el año 2010, como antes en los años 1989, 1994, 1995 y 2003, concluye: Procede, en consecuencia, declarar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), al haberse tomado en cuenta para fundar la condena un testimonio prestado ante la policía que no reunía en este caso los requisitos de validez exigibles constitucionalmente. (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 29 de mayo de 2012, rec. 11834/2011).

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