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Asilo y refugio

Asilo y refugio

El derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución tiene por objeto establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional.

Extranjería

¿Qué son las situaciones de asilo y refugio?

El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en dicha Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.

A su vez, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 LOEX o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante, LOEX).

La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en el artículo 36 LOEX y en las normas que lo desarrollen, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España.

El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 LOEX, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 LOEX.

En el ámbito de la Unión Europea ha de tenerse en cuenta la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.

Además, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.

En nuestro país se encuentra regulada la institución en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, que derogó la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.

¿Por qué causas se dan las situaciones de asilo y refugio?

Una de las principales novedades de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, es que se detallan y delimitan por primera vez, todos los elementos que integran la clásica definición de refugiado: persecución, motivo de persecución y agente perseguidor.

Así, los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto depersecución en el sentido previsto en el artículo 3 LOEX, deberán:

  • a) ser lo suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, o bien
  • b) ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).

Los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:

  • a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
  • b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria;
  • c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios;
  • d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias;
  • e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley;
  • f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

Los actos de persecución definidos en el presente artículo (art. 6 Ley 12/2009) deberán estar relacionados con los motivos mencionados en el artículo siguiente.

Para valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

  • a) el concepto de raza comprenderá, en particular, el color, el origen o la pertenencia a un determinado grupo étnico;
  • b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de hacerlo, en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones que comporten una opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta;
  • c) el concepto de nacionalidad no se limitará a poseer o no la ciudadanía, sino que comprenderá, en particular, la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o su relación con la población de otro Estado;
  • d) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en particular, la profesión de opiniones, ideas o creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución y con sus políticas o métodos, independientemente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, ideas o creencias;
  • e) se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si, en particular: las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. En ningún caso podrá entenderse como orientación sexual, la realización de conductas tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico español.

Asimismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo.

En la valoración acerca de si la persona solicitante tiene fundados temores a ser perseguida será indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la persecución, a condición de que el agente de persecución se la atribuya.

Finalmente, los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:

  • a) el Estado;
  • b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio;
  • c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves.

El reconocimiento del derecho de asilo se supedita a la existencia de indicios suficientes, fundados temores de persecución o riesgo de la misma.

Los medios de prueba para acreditar los fundados temores de persecución o riesgo de la misma por los motivos de la Convención (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas) son cualesquiera de los válidos en Derecho.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Asilo no exige "prueba plena" para la concesión del asilo, sino que, como señala la jurisprudencia, basta con acreditar indicios razonables de la verosimilitud del hecho de la persecución o riesgo de la misma (lo ocurrido a sus amigos o parientes o a otros miembros del grupo racial o social puede ser indicio suficiente de que sus temores a convertirse más tarde en víctima de persecución son fundados).

Dado que el "temor" es un elemento subjetivo que depende de la personalidad de cada persona, la fundamentación de su existencia (que sea "fundado") es la principal tarea del solicitante de asilo que quiere que le sea reconocido el estatuto de refugiado (véase sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2007, rec. 276/2004).

Será esencial exponer las circunstancias sociopolíticas del Estado o de la zona territorial concreta de la que procede el solicitante y que repercuten en el temor fundado a la persecución.

Ahora bien, la Administración General del Estado velará por que la información necesaria para la evaluación de las solicitudes de protección no se obtenga de los responsables de la persecución o de los daños graves, de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados de que la persona interesada es solicitante de protección internacional cuya solicitud está siendo considerada, ni se ponga en peligro la integridad de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.

El efecto de la presentación de la solicitud de asilo es que, una vez solicitado por cualquier extranjero, no podrá ser rechazado en frontera o expulsado hasta tanto se haya inadmitido a trámite su petición o resuelto sobre la misma.

La autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares por motivo de salud o seguridad públicas, así como la atención a las necesidades humanas inmediatas. Además, la solicitud de asilo basada en cualquiera de las causas previstas en esta Ley suspenderá, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente, o en su caso, la ejecución del mismo. A tal fin, la solicitud de concesión de asilo será comunicada inmediatamente al órgano ante el que tuviera lugar el correspondiente proceso.

Existe un trámite de inadmisión a trámite de la solicitud que constituye un filtro para impedir solicitudes infundadas cuando concurra en el interesado alguna de las circunstancias siguientes:

  • a) Las previstas en los artículos 1.F y 32.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
  • b) Que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado (véase sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2008, rec. 2189/2004).
  • c) Que se trate de la mera reiteración de una solicitud ya denegada en España, siempre y cuando no se hayan producido nuevas circunstancias en el país de origen que puedan suponer un cambio sustancial en el fondo de la solicitud.
  • d) Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección.
  • e) Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios Internacionales en que sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se indicará al solicitante el Estado responsable de examinar su solicitud. En este caso, dicho Estado habrá aceptado explícitamente dicha responsabilidad y se obtendrán, en todo caso, garantías suficientes de protección para su vida, libertad y demás principios indicados en la Convención de Ginebra, en el territorio de dicho Estado.
  • f) Cuando el solicitante se halle reconocido como refugiado y tenga derecho a residir o a obtener asilo en un tercer Estado, o cuando proceda de un tercer Estado cuya protección hubiera podido solicitar. En ambos casos, en dicho tercer Estado no debe existir peligro para su vida o su libertad ni estar expuesto a tortura o a un trato inhumano o degradante y debe tener protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de Ginebra.

Cuando la solicitud sea presentada en la frontera española, la resolución sobre su inadmisión a trámite deberá ser notificada en el plazo máximo de cuatro días desde la presentación de la misma.

El representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados será informado inmediatamente de la presentación de la solicitud y podrá entrevistarse, si lo desea, con el solicitante.

El solicitante de asilo podrá presentar en el plazo de dos días desde la notificación de la resolución de inadmisión a trámite una petición de reexamen, que suspenderá los efectos de aquélla previstos en el artículo 17 LOEX. Dicha petición será resuelta por el Ministro del Interior, debiendo notificarse la resolución al interesado en el plazo de dos días desde la presentación de la misma. En este caso, también se presentará audiencia al representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con carácter previo a la resolución de la petición de reexamen.

Durante la tramitación de la admisión a trámite de la solicitud, y en su caso, de la petición de reexamen, el solicitante permanecerá en el puesto fronterizo, habilitándose al efecto unas dependencias adecuadas para ello.

El transcurso del plazo fijado para la inadmisión a trámite de una solicitud presentada en frontera o, en su caso, del previsto para resolver una petición de reexamen sin que se notifique dicha resolución al interesado, determinará la admisión a trámite de su solicitud y, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo cuarto, la autorización de la entrada del solicitante en el territorio español.

La STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 5ª, de 30 Junio 2006 Nº rec. 5101/2003 ha interpretado que el plazo de dos días debe computarse de hora a hora, o de momento a momento, y sin exclusión de días inhábiles.

¿Qué efectos tiene la concesión del derecho de asilo o de protección subsidiaria?

La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implicará la protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados internacionales firmados por España, y, como derechos más importantes, la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la expedición de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condición de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección subsidiaria; el acceso a los servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social.

Asimismo, el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero.

Por otra parte, la no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia o que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.

Procederá la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria cuando:

  • a) concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de esta Ley;
  • b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria;
  • c) la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una amenaza para la comunidad.

Dada la situación de vulnerabilidad de los menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos, la ley contempla la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a las solicitudes de protección internacional que efectúen aquellas. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

Las resoluciones que acuerden la inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional si es denegatoria de la solicitud de asilo salvo en el caso de que haya sido presentada la petición de reexamen a que se refiere el artículo 21.4, en que se entenderá que pone fin a la vía administrativa la resolución que decida dicha petición.

Recuerde que…

  • El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado.
  • La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido.
  • Los elementos que integran la clásica definición de refugiado: persecución, motivo de persecución y agente perseguidor.
  • Las resoluciones que acuerden la inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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