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Aseguramiento de la prueba en el proc...

ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

I. CONCEPTO DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA

La Ley procesal penal quiere como principio que toda la prueba se practique de forma concentrada e inmediata en el acto del juicio o vista oral, de modo que preparado el mismo, todas las partes del proceso tengan las mismas posibilidades de conocer el material probatorio y de discutirlo y contradecirlo en un mismo acto, el del juicio, donde con toda su extensión se desarrollan además de los principios citados, el no menos importante de publicidad.

Copiosa jurisprudencia de entre la que citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1990, o las del Tribunal Constitucional de 23 de mayo de 1991 y 29 de septiembre de 1997, señala que la regla general de que la prueba válida es la que se practica en el juicio oral "no tiene un alcance absoluto y permite ciertas excepciones, entre las que se encuentra la de otorgar valor de prueba a las diligencias sumariales que sean de imposible o difícil realización en el plenario, siempre que aquellas se hayan practicado observando las garantías legales, y se hayan introducido en el debate procesal en condiciones tales que las partes las hayan podido contradecir".

Efectivamente, es lo cierto que la experiencia demuestra que no siempre se puede esperar al día del juicio -generalmente realizado con mucha separación temporal del día de acaecimiento de los hechos enjuiciados- para practicar todas las pruebas, porque si así fuera, algunas se podrían perder -testifical de persona que fallece, se encuentre en ignorado paradero o incluso extramuros de la jurisdicción del Estado-, y eso, nuevamente desequilibraría la igualdad de armas procesales entre partes, por lo que para evitarlo, en algunos casos y bajo las condiciones que vamos a analizar, la ley permite asegurar la prueba anticipando su ejecución al día del juicio oral donde se practicará el resto: es lo que se llama prueba anticipada, y en otras ocasiones la naturaleza de la infracción impide la reproducción de las circunstancias en que se realizó su aseguramiento, por lo que la ley valida la realización hecha en el momento de su producción: es lo que se conoce como prueba preconstituida.

Finalmente la ley regula el aseguramiento del material probatorio deteriorable a fecha de juicio, en lo que se conoce como realización anticipada de los efectos judiciales en todo lo referente a las piezas de convicción.

Dada la importancia que ha adquirido la colaboración internacional en materia de aseguramiento de pruebas hay que citar a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que deroga a la Ley 18/2006, de 5 de junio:

El Título VII de esta Ley 23/2014, de 20 de noviembre, establece el régimen de reconocimiento de la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitirán por las autoridades judiciales españolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. Es importante destacar cómo el concepto de medida de aseguramiento aplicada a este instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria. Las exigencias del reconocimiento mutuo llevan a comprender en este instrumento una amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, intervención, incautación o puesta en depósito judicial. Todo ello con las debidas garantías que protegen los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

Así, se recoge en el art. 143.3 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que:

“3. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas podrán adoptarse en relación con los objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un procedimiento penal.”

II. PRUEBA ANTICIPADA: REGULACIÓN LEGAL

En el Sumario Ordinario, la anticipación para el aseguramiento de la prueba se recoge en el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente para la testifical, y en el artículo 657.3 LECrim para cualquier diligencia de prueba, posibilitando después el artículo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal su reproducción y lectura en juicio para darles entrada en el mismo y ser, junto con el resto de pruebas practicadas en la vista, objeto del oportuno debate probatorio en la fase de conclusiones.

En el Procedimiento Abreviado, el artículo 777.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal la permite para la declaración del testigo o víctima ante el Juez Instructor, y el artículo 781.1 LECrim in fine, la permite para cualquier tipo de prueba anticipable en general, a condición de que conforme al artículo 785.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, la acuerde y practique el órgano fallador -Juez de lo Penal o Audiencia Provincial-.

III. CASOS EN QUE PROCEDE

  • a) El artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Sumario Ordinario, permite que el Juez Instructor asegure la prueba testifical antes del día del juicio oral cuando este manifieste su imposibilidad de concurrir al acto de la vista por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral.

    Nada impide que la ausencia del testigo se interprete como indisposición de la presencia del testigo a la fecha de juicio -diferente de la muerte o incapacidad posterior al testimonio en fase de instrucción- por cualquiera de las múltiples causas que hagan racionalmente presumirla (como pueden ser: el desarraigo con España, ocasionalidad de su presencia en España por viaje, turismo, destino profesional temporal, etc., modo de vida que haga presumir futuras incomparecencias -mendicidad-, o causas subjetivas como el miedo, por ejemplo en toda la delincuencia vinculada a infracciones cometidas por grupo organizado -singularmente tráfico de drogas, prostitución, inmigración ilegal, etc.-).

  • b) Igualmente en el Sumario Ordinario el artículo 657.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a las partes que practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieren motivar su suspensión.

    Este artículo, que se encuadra en la fase del juicio oral, en la diligencia de los escritos de calificación, permite a diferencia del anterior, el aseguramiento de cualquier tipo de prueba, y por cualquier tipo de causa que lleve a temer racionalmente que la misma no se podrá practicar en el acto de celebración de la vista oral o que obligará a su suspensión.

Obviamente si después, frente al temor indicado, la prueba pudiere practicarse en el día del juicio, sin suspenderlo, la valoración judicial deberá analizar la preferencia de la hecha en el juicio con inmediación y publicidad, y las posibles contradicciones o indeterminaciones respecto de la adelantada, que entonces no tendrá más valor que las practicadas en fase de Instrucción.

Las pruebas practicadas de forma anticipada deben entrar en el plenario, en la vista, a través de su lectura para dar cumplimiento al principio de publicidad, y así, determina el artículo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal que podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el Sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.

La jurisprudencia, de entre la que señalamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2003, interpreta la posibilidad de introducir esta prueba en el plenario restrictivamente si se trata de la declaración de un testigo de cargo porque, en ese caso, la previsión del artículo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal choca con el derecho, que al Acusado se reconoce en el artículo 6.3 d) del Convenio Europeo de los Derecho Humanos de 1950 "a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él". Como quiera que este derecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 CE, se integra hoy en el que reconoce el artículo 24.2 CE a un proceso con todas las garantías y tiene, por consiguiente, categoría de derecho fundamental, la eventualidad de que la mera lectura en el plenario de la declaración de un testigo se erija en prueba de cargo debe entenderse igualmente condicionada a que no haya sido posible, durante la instrucción sumarial o en algún momento posterior previo al juicio oral, preconstituir la prueba de la forma establecida en el artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, anticipando la garantía de la contradicción, examinando la Autoridad Judicial al testigo a presencia del procesado y de su Abogado defensor, así como del Fiscal y del querellante si quisieren asistir al acto, y permitiendo a estos hacer al testigo cuantas preguntas tuvieren por conveniente y no fueran, a criterio del Juez, manifiestamente impertinentes.

Es decir, que no es libre el Juez de acordar y las partes de pedir la anticipación de la testifical si, constándoles la hipotética causa de desaparición del testimonio a fecha futura de juicio, no interesan la práctica anticipada de la misma, y esta ocurre, porque como en el caso de la sentencia que citamos -testigo que como efectivamente ocurrió iba a perder la capacidad intelectual necesaria para rememorar y narrar los hechos el día de la vista oral- hacerlo supondría vulnerar una de las garantías del proceso justo derivado del principio de contradicción, cual es la de interrogar o hacer interrogar el Acusado o su Abogado al testigo de cargo.

  • a) Por su parte el Procedimiento Abreviado, dentro de la regulación de las Diligencias Previas, prevé en su artículo 777.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal, igualmente que cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma.

    Del mismo se desprende una más amplia posibilidad de los supuestos en que procede el adelantamiento de la prueba que afecta a testigos o víctimas en el Abreviado respecto del Sumario, pues no bascula su adopción en torno a situaciones extremas de desaparición del testimonio -la ausencia del territorio nacional, muerte o incapacidad física o intelectual del artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal- sino a situaciones de corriente y habitual indisposición por parte de la Justicia de su testimonio, lo que lleva a la jurisprudencia a llenar la expresión de por otro motivo con cualquiera que, racionalmente, haga temer que de no asegurarlo, se podría perder -v. gr. mendigos, desarraigados, extranjeros, indocumentados, extranjeros no legalizados en situación de irregularidad en su estancia en España, extranjeros de paso o en vacaciones, enfermos terminales, ancianos, etc.-, y sin perjuicio, para su valoración como una diligencia instructora más, en el caso de que el temor no se cumpla y aparezca y comparezca el testigo el día del juicio oral.

  • b) Finalmente, el artículo 781.1 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los escritos de acusación permite solicitar la práctica anticipada de aquellas pruebas que no puedan llevarse a cabo durante las sesiones del juicio oral y aunque por un error de redacción se refiere únicamente a los escritos acusatorios, nada lo impide a los de defensa, obviamente, en aplicación del principio de igualdad de armas procesales.

IV. FORMA EN QUE SE ASEGURA LA PRUEBA ANTICIPADA

Para la testifical en fase de instrucción, el artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que se realizará a presencia del procesado, y de su Abogado defensor, y a presencia asimismo del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a estos hacerle cuantas preguntas tengan por conveniente, excepto las que el Juez desestime como manifiestamente impertinentes.

Es decir, que se trata de reproducir un mini juicio, dado que se procura la presencia de quienes tienen necesariamente que estar en el mismo: el investigado y las partes personadas, y se reparten los papeles de la misma forma que si ya se estuviera actuando en la vista oral, procurándose la participación y contradicción propias de esta, con el papel moderador del Juzgador.

La jurisprudencia no obstante ha atemperado la necesidad de que esté presente el investigado, y con que lo esté el Abogado defensor, para asegurar la efectividad de su papel, basta. De igual manera tampoco es relevante que el acuerdo de su práctica se haga por Auto o Providencia siempre que en esta última- para posibilitarse su recurribilidad - se indique al menos la razón de acordara anticipadamente.

En ese sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1992 y 15 de marzo de 2002 o la Sentencia de la Audiencia Provincial 15ª Madrid, por ejemplo, validan la declaración anticipada de testigos/víctima en delitos de determinación coactiva en el ejercicio inconsentido de la prostitución entre súbditas extranjeras irregulares en España en banda organizada, como prueba anticipada, y siempre que se haya garantizado la efectiva participación contradictoria de las partes implicadas, "ya sea asistiendo a su práctica personalmente o por medio de la debida representación legal" porque lo realmente importante es que los intereses del investigado hayan sido defendidos y nada mejor que a través de la intervención de sus Letrados, que podrán hacer cuantas preguntas pertinentes deseen a los interrogados, en las mismas condiciones de contradicción que si las hubieran hecho el día del juicio oral.

En el caso de que el testigo sea menor de edad, incluso es obligatorio que no haya confrontación visual con el inculpado, y para ello, se permiten los medios técnicos, videoconferencia singularmente, que procedan (artículo 448.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El párrafo 2 del artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal añade que por el Secretario Judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia será firmada por todos los asistentes.

Para el resto de pruebas a practicar por pedirlo cualquiera de las partes con sus escritos de calificación, el artículo 657 Ley de Enjuiciamiento Criminal no señala la manera, que por tanto tendrá que hacerse en la indicada en el artículo 448 Ley de Enjuiciamiento Criminal, como se haría en el propio juicio, pero sí el momento que es casi inmediato tal y como se desprende de la expresión que se practiquen desde luego.

Para el Procedimiento Abreviado, el artículo 777.2 exige que la práctica inmediata de la prueba se asegure en todo caso dando la posibilidad de contradicción de las partes y añade que la diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario Judicial, con expresión de los intervinientes. Por lo que también en este extremo, la regulación más completa para este tipo de delitos, igualmente trata de adaptarse a las técnicas que ofrecen las nuevas tecnologías con el objeto de que lo adelantado pueda ser apreciado por todos -partes y público- en el acto posterior de la vista, mediante su visionado o reproducción. Para el caso de que no existan o funcionen las tecnologías reproducibles para la vista oral, la documentación se hará en acta por el Letrado de la Administración de justicia.

Advertir que a la importancia de que la práctica de la prueba adelantada se haga con participación contradictoria de las partes al modo en que se haría en el momento del juicio oral, hay que añadir, como señala el tercer apartado del citado artículo 777.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730.

Del artículo 785.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal se desprende que la práctica de las pruebas anticipadas pedidas en los escritos de calificación se decidirá y realizará ante el Órgano competente para el enjuiciamiento, y no ante el Juez Instructor, tal y como permite entender la expresión legal de prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba anticipada, y otra de las razones en este caso que pueden decidir su realización puede ser el tiempo que el Órgano decisor sabe restará hasta que se fije fecha concreta para el juicio en la Agenda de señalamientos del mismo.

Se admite en el Procedimiento Ordinario por el artículo 657.3, que al regular los escritos de conclusiones provisionales faculta a las partes para pedir que se practiquen "desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se puedan practicar en el Juicio Oral, o que pudieran motivar su suspensión". Norma que tiene en el Procedimiento Abreviado su correspondencia en los artículos 781.1 LECrim, apartado tercero, y artículo 784.2 LECrim, que permiten a la acusación y a la defensa, respectivamente, solicitar "la práctica anticipada de aquellas pruebas que no pueden llevarse a cabo durante las sesiones del Juicio Oral". En uno y otro procedimiento la excepcionalidad se limita a la anticipación de la práctica probatoria que se desarrolla en un momento anterior al comienzo del juicio oral. En lo demás, se han de observar las reglas propias de la prueba, con sometimiento a los mismos principios de publicidad, contradicción e inmediación ante el Tribunal juzgador que prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba anticipada (artículo 785.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

V. PRUEBA PRECONSTITUIDA

Por otra parte, también la ley asegura la prueba en aquellos casos en que por su propia naturaleza, la misma no puede ser reproducida en juicio, como ocurre en la llamada prueba preconstituida que alcanza a numerosas manifestaciones entre las que las principales son:

  • - La realización de las pruebas alcoholométricas (en aire aspirado, en sangre).
  • - La entrada y registro domiciliario (y sobre todo la ocupación de objetos que supone).
  • - La intervención de comunicaciones personales (ya sean telefónicas, telemáticas, la videograbación, etc.).
  • - Las intervenciones corporales (y pruebas derivadas, como el análisis de saliva, sangre, ADN, etc.).
  • - Los análisis periciales (de droga, de disco duro de ordenador, etc.).

Se diferencian de las pruebas anticipadas en que éstas pueden teóricamente repetirse o reproducirse en el juicio oral, pero ante ciertos racionales temores de que igual no, se adelantan, mientras que las preconstituidas, son de práctica imposible o irrepetible en el acto de la vista, porque de no practicarse en su momento, desaparecen.

La diferencia entre ambas reside pues en la disponibilidad y la repetibilidad que presenten en relación con el acto del juicio oral.

En la realización de la prueba preconstituida es importante la observación de todas las garantías legales anexas que les sean implícitas, especialmente aquellas que afectan a los derechos fundamentales, que permitirán su aplicación cuando además de útiles sean necesarias, no alternativas con menor sacrificio y proporcionales al beneficio social de su realización, y a la posibilidad de ser conocidas y contradichas, de modo que las obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales, directa o indirectamente - por conexión de antijuridicidad- devendrán ilícitas y por tanto nulas (artículo 11.1 Ley Orgánica del Poder Judicial).

También, y siguiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2009 a la hora de diferenciar la prueba preconstituida con la anticipada se puede decir que en la preconstituida la práctica de la prueba no tiene lugar ante el Tribunal Juzgador sino ante el Juez de Instrucción, con lo cual la inmediación desaparece al menos como inmediación espacio-temporal, y queda reducida a la percepción del soporte en que la prueba preconstituida se documente y refleje. A veces, se le denomina prueba "anticipada en sentido impropio" para reservar el término de "preconstituida" a las diligencias sumariales de imposible repetición en el Juicio Oral por razón de su intrínseca naturaleza y cuya práctica -como sucede con una inspección ocular y con otras diligencias- es forzosamente única e irrepetible. Se llame de una o de otra forma, este supuesto es el de las pruebas testificales que ya en la fase sumarial se prevén como de reproducción imposible o difícil por razones que, aún ajenas a la propia naturaleza de la prueba, sobrevienen en términos que permiten anticipar la imposibilidad de practicarla en el juicio Oral.

Estos supuestos se dan en el procedimiento abreviado y en el ordinario:

  • 1) En el abreviado se rigen por lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual "cuando por razón de lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el Juicio Oral o pudiera motivar su suspensión, el Juez de instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes". Como es obvio que ante el Juez de Instrucción no se satisface debidamente la inmediación, el precepto busca garantizar al menos una inmediación de segundo grado o menor al exigir que esa diligencia ante el instructor se documente en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, o bien previendo quizás la secular falta de medios de la Justicia española, por medio de acta autorizada por el Letrado de la Administración de justicia con expresión de los intervinientes;
  • 2) En el procedimiento ordinario los preceptos correspondientes se encuentran en el artículo 448 y 449 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyas exigencias son:
    • a) en cuanto al presupuesto condicionante: que haya motivo racionalmente bastante para temer la muerte del testigo o su incapacidad física o intelectual antes de la apertura del Juicio Oral, o bien que el testigo al hacerle la prevención referida en el artículo 446 acerca de su obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello, manifieste la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional;
    • b) en cuanto al modo de practicarse: que en el término de veinticuatro horas se provea de Abogado al reo por su designación o de oficio para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo; que se le examine "a presencia del procesado" y de su Abogado defensor -salvo el supuesto del artículo 449 - y a presencia del Fiscal y del querellante si quisieran asistir al acto, permitiéndoles las preguntas convenientes; y que por el Letrado de la Administración de justicia se consignen las contestaciones a estas preguntas y la diligencia que se extienda al efecto sea firmada por los asistentes;
    • c) en cuanto a su introducción en el Juicio Oral: que en el acto de la vista se proceda a la lectura o reproducción de esta diligencia de prueba, preconstituída o anticipada; exigencia que, sin estar expresada en el art. 448, es de cumplimiento necesario por elemental observancia de los principios de inmediación, publicidad, y contradicción. Así lo evidencia además que lo exija el artículo 777 en el Procedimiento Abreviado, sin que tenga justificación alguna prescindir de lo mismo en el ordinario, cuando está referido a delitos de mayor gravedad; y
    • d) que además la imposibilidad anticipadamente prevista durante el sumario para comparecer al Juicio Oral, legitimamente de su práctica anticipada ante el Juez de Instrucción, subsista después, puesto que si por cualquier razón desapareciera luego la imposibilidad de acudir al Juicio Oral, no puede prescindirse del testimonio directo en ese acto ni se justifica sustituirlo por la declaración prestada al amparo del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El tercer supuesto lo regula el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que cubre los casos en que no siendo tampoco posible, como en los anteriores, prestarse la declaración testifical en el Juicio Oral, sin embargo, a diferencia de ellos, la imposibilidad procede de factores sobrevenidos e imprevisibles. En ese ámbito el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que podrán leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que por causa independiente de la voluntad de aquéllas no pueden ser reproducidas en el Juicio Oral.

VI. REALIZACIÓN ANTICIPADA DE LOS EFECTOS JUDICIALES

Son efectos judiciales, todos los bienes puestos a disposición judicial, ya sean embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal.

Si alguno de ellos, por su propia naturaleza -bienes deteriorables, consumibles o fungibles-, o por el peligro potencial o real que comporte su almacenamiento o custodia -explosivos, armas, etc.- son de innecesaria conservación, se puede decretar su destrucción anterior al juicio oral, siempre que se dejen muestras suficientes de ellos y una vez se oiga sobre el parecer al Ministerio Fiscal, y al propietario - si fuere conocido- o a la persona en cuyo poder fueron hallados.

Expresamente la ley prevé la destrucción obligatoria de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (artículo 367 ter Ley de Enjuiciamiento Criminal), previa audiencia también del Ministerio Fiscal y las partes, obligando a conservar muestras suficientes de las mismas para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y sin perjuicio de que, motivadamente, el órgano judicial considere necesario la conservación de la totalidad.

De toda destrucción se extenderá la oportuna diligencia, debiendo quedar constancia en autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida, y si no hubiese tasación anterior, también se dejará constancia de su valor cuando su fijación fuere imposible después de su destrucción.

Lo mismo se puede hacer con los efectos intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, una vez peritados y asegurada la conservación de las muestras que resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones.

Y si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez debe disponer lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

La ley permite incluso que algunos efectos judiciales se realicen -transformen en dinero- sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo, siempre que sean de lícito comercio, no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento y sean:

  • - perecederos.
  • - objetos abandonados por su propietario.
  • - de gastos de conservación mayores que su valor en sí.
  • - de conservación peligrosa para la salud o la seguridad pública, o de uso, valor o funcionamiento minorable.
  • - de depreciación sustancial con el transcurso del tiempo.
  • - de propietario que requerido sobre su destino, no se pronuncie.

La realización, es decir, la transformación en equivalente, generalmente monetario, del efecto, debe ser autorizado por el Juez que lleva la causa, y si es extranjero - v.gr. en aplicación de la ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales- también por la autoridad foránea.

Cuando el efecto sea de ínfimo valor o se prevea de realización antieconómica, la ley permite que sea entregado a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas.

Caso contrario, el producto de la venta se ingresa en la cuenta de consignaciones del Juzgado o Tribunal y queda afecto al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren en el procedimiento, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza -conservación, ejecución, etc.- que se hayan producido.

Para el caso del tráfico ilícito de drogas, el artículo 374 del Código Penal y la ley 17/2003, de 29 de mayo, que regula el fondo de bienes decomisados por tal delito, establecen normas especiales de preferente aplicación, aunque este artículo ha sido modificado de forma notable tras la reforma del Código Penal por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por existir una completa regulación específica del decomiso en los arts. 127 a 127 octies CP donde se contempla todo lo concerniente al decomiso.

La aprehensión de armas dará, por su parte, lugar a su envío al organismo adecuado - Intervención de Armas de la Guardia Civil o del Ejército- para su depósito.

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