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Actos de comunicación judicial

Actos de comunicación judicial

Procesal

I. CONCEPTO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL

Podemos definir los de actos de comunicación como aquellos por medio de los cuales se pone en conocimiento de las partes o de terceros que han de intervenir en el proceso todo tipo de incidencia o actuaciones a los efectos de provocar una determinada actividad, de garantizar la posibilidad de la misma y de preservar el principio de publicidad procesal, concepto dado por el Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante D. José María Asencio Mellado.

Los actos de comunicación judiciales vienen regulados en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que comprende desde el artículo 149 al artículo 168.

Aunque doctrinalmente el auxilio judicial es un acto de comunicación judicial, lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Civil lo regula en un Capítulo aparte y en concreto lo regula en el Capítulo VI que tiene como rúbrica "Del auxilio judicial"

II. CLASES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

Excluyendo a los exhortos y siguiendo a la Ley de Enjuiciamiento Civil existirían seis clases de actos de comunicación, que serían las notificaciones, los emplazamientos, las citaciones, los requerimientos, los mandamientos y los oficios.

III. NOTIFICACIONES

Toda vez que serán más ampliamente desarrollada en su voz correspondiente baste decir que la notificación es el acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación.

IV. EMPLAZAMIENTOS

El emplazamiento siguiendo al Diccionario de la Lengua Española es definido como dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo.

Siguiendo lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil el emplazamiento es el acto de comunicación del tribunal que sirve para personarse y para actuar dentro de un proceso.

La importancia del emplazamiento viene reflejada en la Sentencia 99/1997 del Tribunal Constitucional que en los párrafos tercero y cuarto del fundamento jurídico cuarto establece que: "...Hemos de recordar la reiterada doctrina de este Tribunal según la cual, en lo que ahora interesa, el derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 Constitución Española implica la posibilidad de un juicio contradictorio, cuyo soporte instrumental básico es el acto procesal de comunicación, pues sin un debido emplazamiento las partes no podrían comparecer en juicio ni defender sus posiciones. En consecuencia, cobra especial importancia el primer acto procesal de comunicación (emplazamiento o citación) en cuanto traslado por el Juez al demandado de la pretensión deducida por el actor. La citación es, así, algo más que un mero requisito de forma y por ello se hace preciso, desde el punto de vista de la garantía del artículo 24.1, que el órgano judicial asegure en la medida de lo posible su efectividad real (Sentencias del Tribunal Constitucional 157/1987, 242/1991, 180/1995, 80/1996 y 81/1996, entre otras muchas).

Este Tribunal tiene establecido también que, siempre que ello sea posible, ha de asegurarse el emplazamiento personal de quienes hayan de comparecer en juicio como partes, a fin de que puedan defender sus derechos, si resultan conocidos e identificables en las actuaciones judiciales (Sentencias del Tribunal Constitucional 45/1987, 72/1988 y 242/1991).

V. CITACIONES

La citación viene definida por el diccionario de la Lengua Española como la acción de citar, y a la citación la define como el acto de avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio.

Este es exactamente el sentido que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando en el ordinal tercero del artículo 149 dispone que el acto de comunicación del tribunal se denominará citación cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.

VI. REQUERIMIENTOS

El diccionario de la Lengua Española define al requerimiento como la acción de requerir, y requerir la define como intimar, avisar o hacer saber algo con autoridad pública.

Y ese es también el sentido que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil toda vez que en el artículo 149, ordinal cuarto, dispone que el acto de comunicación judicial que se denomina requerimiento es aquél que tiene por objeto ordenar conforme a la ley, una conducta o inactividad.

El requerimiento es el único acto de comunicación que se permite a la persona con la que se entienda que ésta responda al mismo, así viene recogido en el apartado tres del artículo 152, que dispone que las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.

VII. MANDAMIENTOS

Siendo los mandamientos tratados en su voz correspondiente baste decir ahora que el mandamiento es el acto de comunicación judicial por el que se ordena el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantil, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, Notarios, Corredores Colegiados de Comercio o Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

VIII. OFICIOS

Los oficios son los actos de comunicación judicial que tiene por objeto las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el ordinal quinto del artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a la forma de llevar a cabo los oficios hay que estar a lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el secretario Judicial que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, pudiendo utilizarse los medios previstos en el artículo 162 de la LEC. No obstante, si así lo solicitaren, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios. En todo caso, la parte a cuya instancia se libren los oficios y mandamientos a que se refiere este artículo habrá de satisfacer los gastos que requiera su cumplimiento.

IX. LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Excluyendo los exhortos siguiendo la enumeración de los actos de comunicación que realiza la Ley de Enjuiciamiento Civil y que serán objeto de estudio en su voz correspondiente, los actos de comunicación que prevé a Ley de Enjuiciamiento Criminal son los siguientes: las notificaciones, las citaciones, los emplazamientos, los mandamientos, los oficios y las exposiciones.

En cuanto a las notificaciones, citaciones y emplazamientos la Ley de Enjuiciamiento Criminal que los regula en el Título VII del Libro I comprendiendo desde el artículo 166 al artículo 182 no los define por lo que en cuanto a su concepto hay que acudir al ya dicho de la Ley de Enjuiciamiento Civil que anteriormente hemos dado.

En cuanto a los requerimientos la Ley de Enjuiciamiento Criminal no los contempla de forma general no regulándolo en el título VII antes citado, aunque por supuesto a lo largo de toda la Ley de Enjuiciamiento Criminal hacer referencia concreta del mismo así por ejemplo en diversos artículos que regulan la tramitación de las cuestiones de competencia y también en la diligencia de la entrada y registro, estableciendo el artículo 570 que cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse terminado, el que lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, para que permita la continuación durante la noche. Si se opusiere, se suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 546 y 550, cerrando y sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren.

Por lo que se refiere a los mandamientos se habrán de utilizar siguiendo lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores de la Propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento.

Los oficios y las exposiciones se utilizarán siguiendo lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera.

Siendo utilizados los oficios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con las Autoridades, funcionarios, agentes y Jefes de fuerza armada, que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales, se comunicarán éstos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa.

Por último por lo que se refiere a las exposiciones el artículo 196 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estable que los Jueces y Tribunales se dirigirán en forma de exposición, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, a los Cuerpos Colegisladores y a los Ministros de la Corona, tanto para que auxilien a la Administración de Justicia en sus propias funciones como para que obliguen a las Autoridades, sus subordinadas, a que suministren los datos o presten los servicios que se les hubieren pedido.

X. NOTIFICACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN

El único precepto que el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedica a cuál debe ser la forma de personación del demandado en la fase de ejecución es el apartado segundo del artículo 533, en dicho precepto es el que regula la notificación del auto despachando ejecución al ejecutado: "El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario Judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado, o en su caso, al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones".

Del precepto citado, se desprende en primer lugar que en el ejecutado no será nunca ni citado, ni emplazado para que se persone en la ejecución, sino que únicamente le será notificado el auto en el que se acuerde el despacho de la ejecución, y a partir de esa notificación le empezará al ejecutado a contar los distintos plazos para ejercer su defensa en la ejecución (dispone el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella...) teniendo estos plazos siempre un carácter preclusivo (así lo establece el 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone "Transcurrido un plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate) como cualquier plazo en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El primer problema que plantea el apartado segundo del artículo 553, es a quien se le ha de efectuar la notificación del auto despachando la ejecución si al ejecutado o al Procurador del ejecutado en el caso en que lo tenga de la fase declarativa.

Aun cuando la nueva redacción del artículo 553 mejora la redacción primitiva en cuanto a dar la posibilidad de notificar la demanda de ejecución al Procurador de la parte en la fase declarativa, toda vez que en la anterior redacción decía "El auto que despache ejecución, con copia de la demanda ejecutiva, será notificado al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones", y por tanto no preveía expresamente la notificación a través del Procurador, no es menos cierto no dice expresamente que podrá ser a través del Procurador de la fase declarativa, pudiendo generar problemas de interpretación, aunque de todos modos la interpretación más lógica es que no se puede referir a otro procurador que al de la fase declarativa ya que si se está refiriendo a la notificación de la primera resolución de la fase de ejecución no existe otro procurador que el de la fase declarativa.

El mantenimiento de la representación del Procurador en fase de ejecución, no siendo necesario un nuevo otorgamiento de poderes a favor del Procurador, también viene sostenido en lo dispuesto en el ordinal segundo del apartado primero del artículo 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que en dicho ordinal se prevé expresamente que cuando se solicite la ejecución de un título judicial conforme a lo previsto en el apartado segundo del artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (dicho artículo dispone que cuando el título ejecutivo sea una resolución del Secretario Judicial o una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda), el ejecutante no tendrá que aportar poder de representación procesal si ya consta en las actuaciones, por lo que hay que concluir que es la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, la que entiende en este precepto también que la representación del Procurador no cesa con el dictado de la sentencia.

También avala la postura de que es válida la notificación al Procurador del auto despachando ejecución, por la contundencia en que se expresa el apartado primero del artículo 28 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al fijar de forma clara dos premisas, la primera que la representación del Procurador dura hasta que la sentencia sea totalmente ejecutada, y la segunda de ellas que la notificación al Procurador tiene la misma fuerza que la notificación personal al poderdante.

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